Con fecha 13-VI-09, el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA-Ecologistas en Acción ) ha dirigido un escrito a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, en el que denuncia las últimas declaraciones del presidente de la Diputación sobre la regularización de las viviendas ilegales de la Axarquía.

                En efecto, en su comparecencia pública el día 12-VI-09 en la Mancomunidad de la Costa del Sol Oriental (Torre del Mar), el presidente de la Diputación Provincial de Málaga, D. Salvador Pendón, expresó su interés por legalizar las viviendas ilegales de la Axarquía, añadiendo como justificación el hecho de “no entender cómo en Marbella se habla de normalizar 30.000 casas y en esta comarca de imputar a los alcaldes”.

                Para GENA-Ecologistas en Acción, estas desafortunadas palabras, expresadas por el máximo mandatario de una institución supramunicipal como la Diputación Provincial, que debería regirse por la aceptación de la legalidad vigente, tal como su juramento de cargo exigía, no hace más que repetir la cantinela de los alcaldes de la Axarquía de escurrir la acción judicial para solucionar las cosas en un despacho, deseo transmitido recientemente en un escrito al propio Ministro de Justicia del Gobierno de España.

                Lo penoso de estas declaraciones es que, además de basarse en una información inexacta (no es la Junta de Andalucía la que quiere normalizar las 30.000 viviendas en Marbella, sino la alcaldesa, incluso en contra de la opinión de los redactores del PGOU marbellí) y no comparable con la Axarquía (pues mientras que en Marbella son viviendas que están en el casco urbano en la Axarquía las viviendas están desperdigadas por el campo), está admitiendo la legalidad de los delitos urbanísticos cometidos hasta la fecha y alentando la amnistía de los inculpados hasta ahora.

                Esta noticia se solapa con el nefasto poder de la “política de los hechos consumados” según lo cual, una vez perpetrado el delito, en muchos casos con la connivencia de la administración local, sólo hay que esperar un tiempo para “normalizarlos” y, por la misma regla de tres, lograr que adquieran carta de normalidad en otros municipios por la aplicación de la norma implícita de “agravio comparativo”. Así es como se ha extendido el fenómeno de las viviendas ilegales en toda la provincia de Málaga. Tanto en Marbella como en Mijas y la Axarquía, se ha estado consintiendo un urbanismo ilegal y si en alguna de estas zonas se logra resolver el problema, automáticamente lo exigen por derecho las demás. Con lo cual, los ayuntamientos jamás van a cumplir su papel de garantes de la legalidad y sus PGOUs son papel mojado, retórica que será sorteada ilegalmente por la iniciativa privada.

                Todo esto se politiza ante una administración que aparentemente tiene dos varas de medir a la hora de administrar la política de ordenación del territorio. Nos referimos concretamente a la reciente noticia de la aprobación, por parte de la Junta de Andalucía, de la construcción de 4.000 viviendas en Rincón de la Victoria, por encima de la autovía en su PGOU, un municipio ya de por sí suficientemente congestionado y cuya previsión de crecimiento poblacional es nula, teniendo en cuenta de que actualmente tiene muchísimas más viviendas que personas censadas. Esto no se entiende cuando al mismo tiempo la Junta niega esta posibilidad por encima de la autovía en el municipio de Málaga, precisamente de donde viene la demanda de viviendas que ahora pretende absorber Rincón de la Victoria con su nuevo PGOU, consolidándose así como municipio dormitorio de Málaga. Ante esta inexplicable contradicción, y aplicando la norma del “agravio comparativo” es lógico que los regidores de Málaga exijan a la Junta un trato igual.

                De este modo, la arbitrariedad de la aplicación de criterios urbanísticos por parte de la Junta de Andalucía, según el signo político de los ayuntamientos, junto a la declarada voluntad de los alcaldes y, consiguientemente, la Diputación Provincial, lograrán establecer el principio de “alegalidad” en materia urbanística, de falta de criterio y voluntad para aplicar las leyes actualmente existentes, sucumbiendo a la “política de hechos consumados” que, para postre, son hechos consentidos y muchas veces alentados desde los mismos ayuntamientos.

                Como consecuencia de todo ello, y en aras de recuperar la autoridad y responsabilidad de las instituciones centrales en materia de urbanismo, GENA-Ecologistas en Acción solicita a la Consejería de Urbanismo y Ordenación del Territorio de la Junta de Andalucía, que sea perseverante y ecuánime en la aplicación de la legislación urbanística, conteniendo los procesos especulativos en suelo rústico tanto en Mijas como en la Axarquía, y las ansias injustificadamente expansionistas de municipios como Rincón de la Victoria, con lo que se evitará la imagen de arbitrariedad y de laxitud de la administración central.


Rafael Yus
GENA-Ecologistas en Acción