Blog de Plataforma 29-Marzo

A la vista de la confusa situación surgida del conflicto de intereses en la resolución de los problemas urbanísticos existentes en nuestra ciudad, hemos considerado de utilidad y de la máxima conveniencia para el bien común la creación de una plataforma que acoja en su seno a los CIUDADANOS AFECTADOS POR LAS EDIFICACIONES ILEGALES, que somos absolutamente todos, y EN DEFENSA DEL INTERÉS PÚBLICO DE MARBELLA

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El pueblo de Suárez aprueba las normas urbanísticas que triplicarán su población

Publicado el 29/09/2008 a la(s) 12:22

Por Plataforma 29-marzo

ICAL. 29.09.2008

-> El Ayuntamiento de Cebreros (Ávila) ha aprobado de forma provisional las normas que posibilitan la urbanización 'Las Dehesillas'.
-> La promoción prevé la construcción de más de 3.500 viviendas, un campo de golf y una zona hotelera.
-> El 85% del territorio de Cebreros se ubica en una zona protegida.

El pleno del Ayuntamiento de Cebreros, localidad conocida fuera de la provincia por ser el lugar de nacimiento del ex presidente de Gobierno Adolfo Suárez, ha aprobado de forma provisional las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de la localidad, que prevén un crecimiento de más del 120 por ciento del suelo urbanizable y posibilitan la ejecución de la urbanización ‘Las Dehesillas', promovida por el constructor cebrereño Enrique Ventero, que incluye la construcción de 3.532 viviendas, un campo de golf y zona hotelera, entre otros.

Además de la urbanización, el Ayuntamiento prevé la construcción de 6.400 viviendasEn esta aprobación se incluyen las alegaciones presentadas en los procesos de información pública, así como los detalles de la ejecución de ‘Las Dehesillas'. Ahora, esta normativa urbanística deberá ser examinada por la Comisión Territorial de Urbanismo de Castilla y León.

Las Normas Urbanísticas Municipales (NUM) de Cebreros, promovidas por el Ayuntamiento, prevén un crecimiento del 127 por ciento del suelo urbanizable y urbano del municipio, que permitiría multiplicar la actual población de 3.200 habitantes hasta los 24.000. Asimismo, las NUM contemplan la construcción de más de 6.400 viviendas, pese a que el 85 por ciento del término municipal se ubica en zona protegida como Zepa (Zona de especial protección para las Aves) y LIC (Lugar de Interés Comunitario).

Estas normas clasifican un total de 540,29 hectáreas de suelo urbano y urbanizable en el municipio, lo cual, supone un incremento del 127,78 por ciento con respecto a la ordenación vigente en las Normas Subsidiarias Municipales de 1991. El incremento daría lugar a la construcción de un total de 6.428 viviendas. Asimismo, el documento señala que se podrían alcanzar 19.200 nuevos habitantes, sumados a los 3.200 que habitan ya en la localidad.

Se descarta la urbanización La Pizarra

En las NUM también se mencionan las dos urbanizaciones proyectadas en Cebreros, separadas del núcleo tradicional y destinadas a segunda residencia, que llegan a suponer el 43 por ciento del suelo urbanizable clasificado. Se descarta la ejecución de la urbanización ‘La Pizarra', que "aparece desgajado del núcleo tradicional y ocupa una extensión 406.249 metros cuadrados en la ZEPA y LIC de los Pinares del Bajo Alberche".

Con esta recalificación el suelo urbanizable crece en un 120%

La urbanización 'Las Dehesillas' implica una reclasificación de una zona de 195,6 hectáreas que supondrá, además de la creación de 3.532 viviendas y un campo de golf, zona hotelera, estación depuradora de aguas residuales, estación de tratamiento de agua potable y puente de acceso.

Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/415587/0/urbanizacion/cebreros/avila/

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Un imputado por el caso Malaya intenta el "pelotazo urbanístico" en un pueblo de Ávila

Publicado el 29/09/2008 a la(s) 12:14

Por Plataforma 29-marzo

El Ayuntamiento, popular, guarda silencio ante la amenaza de expropiación de tierras a los vecinos

D.MARTÍN

Un grupo de vecinos de la localidad abulense de Cebreros ha denunciado el supuesto “pelotazo urbanístico” que, con el beneplácito del Ayuntamiento gobernado por el Partido Popular, quiere llevar a cabo en la población Enrique Ventero Terleira, imputado en el caso Malaya por cohecho. Este “pelotazo” consiste en la construcción de una urbanización de 3.500 viviendas, dos campos de golf y un centro comercial. El problema es que algunos vecinos no están dispuestos a vender sus tierras a Ventero a 60 céntimos el metro cuadrado, tal y como pide el empresario.

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"Desde hace más de cinco años venimos sufriendo una campaña de acoso y presión para vender nuestras tierras a este empresario de dudosa trayectoria”, sostiene el grupo de vecinos que ha denunciado la situación que se vive en Cebreros. Según estos ciudadanos Ventero está estableciendo un precio “unilateral” a sus terrenos, y han sido informados por sus intermediarios de que “si no vendemos seremos expropiados a un precio inferior al marcado por él”.

“Pelotazo urbanístico”
“Expropiar viñas para hacer casas tiene un nombre: pelotazo urbanístico”, sostienen los vecinos descontentos, quienes aseguran que no tienen nada en contra de que Ventero obtenga beneficios con su proyecto, matizando que no quieren que ese beneficio se obtenga “expropiando nuestro suelo, sabiendo de antemano que se va a recalificar”.

El papel del PP
¿Y qué hay del Ayuntamiento? Obviamente los propietarios se han puesto en contacto con el alcalde por el PP, Ángel Luis Alonso. Ante él y sus concejales los vecinos aseguran sentirse “indefensos”, pues no les ha dado su apoyo en esta causa. De hecho, según los descontentos, Alonso afirmó que “o se expropiaba o no se hacía el proyecto, ya que el promotor así lo exigía”.

Descontentos con el PSOE
Pero este grupo de vecinos no está sólo en desacuerdo con la actitud del Partido Popular, sino también con la de los concejales socialistas del municipio, a los que acusan de haber actuado como intermediarios en la compraventa de terrenos al haber publicitado “mediante carteles expuestos en diferentes comercios de la localidad” la oferta de Ventero, “indicando su nombre y su número de teléfono”.

La versión socialista
Pedro José Muñoz, concejal en Cebreros y diputado por el PSOE, tiene una versión diferente de lo ocurrido. Muñoz sostiene que los vecinos sabían desde el principio en qué se iban a emplear sus tierras, más aún teniendo en cuenta que Ventero no es un extraño en Cebreros. Según Muñoz el empresario simplemente quería poner en marcha su proyecto y para eso necesitaba comprar las tierras de varios vecinos. Sin embargo, Muñoz afirma que algunos de estos vecinos han decidido esperar a última hora para vender sus tierras con el objetivo de obtener un precio mayor, de ahí que según sus palabras puedan llegar a enfrentarse a la expropiación.

“No tiene valor medioambiental”
El terreno donde va a construirse la macrourbanización “no tiene valor medioambiental”, sostiene Pedro José Muñoz. Si lo hubiera tenido, el socialista insiste en que su grupo, como ha hecho en otras ocasiones, se habría opuesto frontalmente. Pero Muñoz recuerda que hay agua para abastecer la urbanización y que es una idea que puede ser buena para el pueblo. Tampoco acepta que se le critique por su abstención en el Pleno en el que el Ayuntamiento votó las nuevas normas urbanísticas. Estas normas favorecerán la creación de la urbanización en los terrenos que originaron la polémica, y el PSOE las ha recurrido ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León porque los populares, aun teniendo algunos de los concejales tierras en la zona, no se abstuvieron como los socialistas.

Precedentes abulenses
Éste no es el primer conflicto que surge en la provincia de Ávila motivado por la construcción de una macrourbanización. Villanueva de Gómez y Las Navas del Marqués son otros dos ejemplos de proyectos de este tipo. La diferencia es que en los casos anteriores los proyectos no contaban con agua para abastecer las viviendas o perjudicaban de forma notable el medio ambiente.

Metro a euro
De cualquier modo el descontento de algunos vecinos continúa siendo grande. “No nos cabe ninguna duda”, insisten “de que la actuación de los ediles municipales es ética y moralmente reprobable y moralmente inaceptable”. Por ello denuncian su situación después de haber recibido una carta en la que se les informa que sus tierras serán compradas finalmente por un euro el metro cuadrado. Disponen de un mes para manifestarse sobre la venta. Si no, se procederá a la expropiación automáticamente.

Fuente: http://www.elplural.com/politica/detail.php?id=20794

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El catálogo más negro de Marbella

Publicado el 29/09/2008 a la(s) 11:40

Por Plataforma 29-marzo

POR MARIANO CALLEJA. | MADRID

Domingo, 28-09-08

El expolio que se llevó a cabo en el Ayuntamiento de Marbella entre el 1 de enero de 2002 y el 21 de abril de 2006 (fecha en que tomó posesión la Comisión Gestora, tras la disolución del Consistorio por las numerosas y cuantiosas irregularidades cometidas), es apabullante. El presidente del Tribunal de Cuentas (TC), Manuel Núñez, ha presentado esta semana en la Comisión Mixta Congreso-Senado el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella y sus Sociedades Mercantiles Participadas, donde se recoge una lista con las irregularidades detectadas en la contratación de obras y suministros entre los ejercicios 2002 y 2006, en los que se sucedieron en la Alcaldía Jesús Gil, Julián Muñoz y Marisol Yagüe. No hay irregularidad imaginable que no se encuentre en esa relación. «Es un caso récord», resumió Núñez.

El TC ha detectado un desequilibrio financiero conjunto en el consistorio marbellí de, al menos, 335 millones de euros, lo que representa algo más del 181 por ciento del presupuesto inicial y una deuda por habitante de 2.669 euros.

Farolas que se pagaron, pero nunca se pusieron; barandilla del Paseo Marítimo por 388.000 euros que nunca se ejecutó; obras en la Capilla Virgen del Carmen que no existieron; trabajo de asfaltado que no se realizó; un alumbrado «fantasma» del Parque del Calvario (136.779 euros); facturas no justificadas en la remodelación del estadio de Las Chapas (2,6 millones de euros); alquiler de vallas que no existió (10.340 euros)... La lista de irregularidades es interminable.

El Tribunal, que por primera vez ha podido disponer de toda la documentación acreditativa de las obras y suministros disponible en los archivos municipales y ha podido hacer un análisis en profundidad, ha denunciado: la realización de obras sin la existencia de proyectos técnicos que incluyesen memorias, pliegos de condiciones técnicos y presupuestos; la existencia de presupuestos de obras no amparados en proyectos técnicos; la adopción de acuerdos en la Comisión de Gobierno para la aprobación de proyectos inexistentes; la realización de obras sin la previa autorización del gasto y la inexistencia de expedientes de contratación administrativa.

La lista de irregularidades no acaba ahí: hubo designación directa de empresas constructoras sin ningún procedimiento objetivo de selección. En ocasiones, los objetos sociales no tenían relación con las obras que encargaba el Ayuntamiento. Además, se designaba a la misma empresa para la ejecución de actuaciones de muy distintas características (alumbrado, asfaltado, instalaciones deportivas, etcétera). También se admitían gastos por cuantía superior a los presupuestos aprobados.

Facturas sin control

Pero en el «agujero» de Marbella fue especialmente sangrante el apartado de las facturas, aceptadas sin ningún control. El TC denuncia que se asumieron facturas tras haber transcurrido dos o tres años desde su emisión. Incluso hay cargos de la misma fecha y por idénticos conceptos con precios distintos. Se facturaron obras y suministros de materiales sin que se concretaran el lugar o destino, y se produjeron cargos por unidades de obra o de suministros no ejecutados.

Así, en el catálogo de irregularidades se incluye la facturación de unidades por volumen superior a lo realmente ejecutado, o bien a precios abusivos, e incluso eludiendo la intervención de los técnicos competentes. En determinadas obras se firmaron las facturas por personas no competentes.

En total, el Ayuntamiento no justificó adecuadamente operaciones por 21,8 millones de euros. Pero el catálogo de irregularidades no acaba ahí. Durante el periodo fiscalizado, el Ayuntamiento mantuvo relaciones con 125 asesores y consultores que originaron un gasto de 14,8 millones de euros. Ninguna consultoría fue contratada conforme a la ley.

En cuanto a los convenios con particulares, el TC ha detectado que las irregularidades y anomalías hicieron que el Ayuntamiento no percibiera al menos 7,34 millones de euros por incrementos de edificabilidad en determinadas fincas, y se produjeron perjuicios a los intereses públicos, por enajenaciones a precios inferiores a los de mercado, en al menos 58,8 millones de euros. Además, algunas transmisiones posteriores han puesto de manifiesto importantes plusvalías a favor de los terceros que formalizaron convenios con el Ayuntamiento. Se han advertido plusvalías que van desde el 123 por ciento en el mismo día de la enajenación del Ayuntamiento hasta el 360 por ciento generada en 16 meses.

Altas retribuciones

El TC recoge también un análisis de las retribuciones de determinados trabajadores, muy superiores a las previstas en los convenios colectivos. El gerente de Planeamiento 2000 SL tuvo unas retribuciones, en el periodo analizado, de 526.350,23 euros. En 2003, por ejemplo, se abonó a sí mismo 46.231,71 euros en concepto de «gratificación por Plan Especial», que no figura aprobada por ningún órgano colegiado de la sociedad. El coordinador económico de las Sociedades Municipales estuvo contratado simultáneamente por tres sociedades municipales que, en conjunto, determinaban una dedicación de trabajo de 14 horas diarias. El total de retribuciones de 2002 a abril de 2006 fue de 837.149,57 euros.

Fuente: http://www.abc.es/20080928/nacional-sucesos/catalogo-negro-marbella-20080928.html

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El dueño de Montenmedio desmantela la casa-club

Publicado el 29/09/2008 a la(s) 10:57

Por Plataforma 29-marzo

PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 27/09/2008

Los primeros enseres de la casa-club de Montenmedio han comenzado a retirarse. El propietario de este complejo turístico y deportivo ubicado entre las localidades gaditanas de Vejer y Barbate, Antonio Blázquez, ha empezado a ejecutar la orden de derribo que pesa sobre este edificio, que alberga restaurantes, tiendas y una recepción a los clientes, desde 1999. La demolición se produce tras un acuerdo entre el promotor y la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio para restablecer la legalidad urbanística y afectar lo menos posible a la actividad del recinto.

Fue en 1996 cuando la Junta interpuso el recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía contra la licencia que el Ayuntamiento de Barbate había concedido a Blázquez para construir la casa-club en Montenmedio. Tres años más tarde el alto tribunal atendía la demanda de la Junta y dictaba la primera orden de derribo. Después vendría un largo litigio de recursos que tuvieron su último capítulo en febrero de 2008 cuando el propietario llegó hasta el Constitucional para intentar frenar el derribo.

Derribo pactado

Finalmente Blázquez ha asumido la demolición, que ha pactado con la administración. La Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio actúa por mandato judicial. Una sentencia firme del TJSA obligaba a la Junta a restablecer la legalidad urbanística de manera subsidiaria ante la falta de actuación del promotor. El acuerdo alcanzado entre ambas partes ha tratado de cumplir lo exigido en el fallo judicial, con el consiguiente derribo del edificio, y evitar que queden afectados los intereses de la empresa, que afirma emplear a 300 personas.

Blázquez ha solicitado ya en el Ayuntamiento de Barbate licencia para proceder al derribo de la casa-club, que comenzará el uno de octubre, aunque los trabajos de desmantelamiento ya han comenzado. El derribo afectará a más de la mitad de la superficie de la actual casa-club, aunque una parte quedará en pie, según el proyecto de la promotora.

La Junta ha aceptado que los servicios de restaurante y bar que se ofrecen en la casa-club se trasladen a una carpa en terrenos aledaños. El Ayuntamiento de Barbate, gobernado por el PSOE, cuenta ya con una solicitud de Blázquez para construir un recinto aún mayor que el que será derribado. Su tramitación deberá esperar a que se apruebe el nuevo plan general.

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/dueno/Montenmedio/desmantela/casa-club/elpepiespand/20080927elpand_7/Tes

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La demolición de la casa club de Montenmedio es cuestión de días

Publicado el 26/09/2008 a la(s) 17:26

Por Plataforma 29-marzo

Antonio Blázquez pacta con la Junta el derribo para acatar la sentencia del TSJA. Busca la fórmula que asegure la actividad y los puestos de trabajo en el centro

J. Garret / F. S. Zambrano / Cádiz |
Actualizado 26.09.2008 - 11:40

El empresario Antonio Blázquez confirmó ayer que prepara la inminente demolición parcial de la casa club de Montenmedio, el complejo turístico-deportivo situado entre Vejer y Barbate. Ya cuenta con el proyecto de demolición del palacete y, según admitió, lo hará efectivo a principios del mes de octubre para cumplir con la sentencia de derribo que pesa sobre la instalación, declarada ilegal por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) después de doce años de litigio.

El proceso de demolición está en una situación extremadamente delicada por el futuro de los más de 300 empleados del complejo -200 contratos fijos y otro centenar, indirectos-. El objetivo de Antonio Blázquez es garantizar la vigencia de la mayoría de los puestos de trabajo y la actividad en el complejo utilizando las instalaciones que no están afectadas por la demolición para atender a sus clientes en sustitución de la casa club (un edificio que sirve de recepción, con una tienda, un bar y otros servicios). Personal de la empresa trabaja desde hace varias semanas en el acondicionamiento de estas dependencias con el objetivo de que no haya ningún perjuicio para los clientes.

Sin embargo, el empresario tiene el temor de que la publicidad de la noticia del derribo afecte a la imagen de Montenmedio, uno de los complejos más relevantes del mundo en la hípica de alto nivel, y provoque la cancelación de los contratos que tiene en cartera o en negociación para los próximos meses, tanto con clientes nacionales como internacionales.

La pérdida de estos contratos provocaría "irremediablemente" el despido de la mayor parte de la plantilla de Montenmedio, según ha alertado el empresario y han venido corroborando los empresarios y las centrales sindicales.

El último dictamen judicial del TSJA sobre la casa club, de enero de este año, refrendaba la sentencia emitida por el mismo Tribunal en junio de 2002 en la que ordenaba la demolición del inmueble al considerar que la licencia de obras concedida en su día por el Ayuntamiento de Barbate era ilegal. Días después de ese último dictamen, Antonio Blázquez expresó por primera vez su "total agotamiento" con el proceso judicial y con los constantes rechazos a sus recursos, y declaró que acataría la sentencia de derribo pese a considerarla un "error monumental". "Será una ruina para La Janda, un desastre, sobre todo para Vejer y Barbate, pero estoy cansado, agotado, y no puedo recurrir más", lamentó.

Blázquez, respaldado en todo momento por las sucesivas corporaciones municipales de Barbate y Vejer, volvió a reclamar a la Administración autonómica un acuerdo político que evitase el derribo, argumentando la relevancia económica del complejo turístico y el -a su juicio- agravio comparativo que se comete con respecto a otros inmuebles sobre los que pesan sentencias parecidas en Andalucía.

El único acuerdo que consiguió arrancar el empresario con la Junta fue el de fijar un plazo para efectuar por su propia iniciativa la demolición de la casa club, plazo que expira el próximo mes.

El futuro del complejo turístico, hípico y de golf tras el derribo de su recepción es una incógnita. Antonio Blázquez ha amenazado con llevarse las prestigiosas competiciones internacionales del complejo a otro país, pero admite que su deseo es permanecer en Cádiz y seguir trabajando en el desarrollo de Montenmedio.

Tras confirmar Blázquez a principios de este año que daba por finalizada su guerra judicial y que procedería a derribar la casa club, la Junta de Andalucía no disimuló su satisfacción. El consejero de Obras Públicas, el sanluqueño Luis García Garrido, se manifestaba el pasado febrero a favor de esta medida. "Las decisiones judiciales hay que cumplirlas y, por tanto, si el propietario es quien quiere resolver el asunto, es una decisión que toma en cumplimiento de la sentencia", aseveró en referencia al propio Blázquez.

De todas las sentencias y autos judiciales que jalonan este largo pleito que culminará con el derribo del palacete, las más importantes son las dictadas por el Tribunal Supremo en noviembre de 2001 y por el TSJA en junio de 2002. En esta última sentencia, el Tribunal Andaluz afirmaba con contundencia que la construcción de la casa club "era ilegal, la licencia (dada por el Ayuntamiento en 1995) nula e insubsanable y la consecuencia no puede ser otra que la restitución de la situación física injustamente alterada". También se rechazaba entonces la segunda licencia municipal de obra concedida con posterioridad a la construcción. "Pretender ahora que la consumación deliberada de unos hechos que nunca debieron producirse pueda imponerse al Derecho es una pretensión inoportuna, vana y contraria al mismo que en modo alguno debe tolerarse", subraya la sentencia del TSJA.

Fuente: http://www.diariodecadiz.es/article/provincia/238649/la/demolicion/la/casa/club/montenmedio/es/cuestion/dias.html

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Bruselas investigará 250 urbanizaciones españolas que no tienen el agua garantizada

Publicado el 26/09/2008 a la(s) 14:25

Por Plataforma 29-marzo

EFE. 26.09.2008 - 13:15h
Lo ha confirmado el comisario europeo de Medio Ambiente. La medida puede poner en entredicho legal centenares de miles de viviendas que se construirán en zonas de escasez hídrica.

La Comisión Europea (CE) ha pedido información a España sobre más de 250 urbanizaciones proyectadas o en fase de construcción que no disponen de recursos hídricos suficientes, según ha anunciado el comisario europeo de Medio Ambiente, Stavros Dimas, en respuesta a una pregunta parlamentaria.

Los proyectos, ubicados en Andalucía, Castilla-La Mancha, Murcia y la Comunitat Valenciana, cuentan con permiso de construcción o están pendientes de su obtención pese a no haber recibido el visto bueno de las confederaciones hidrográficas autonómicas, según informó el eurodiputado español David Hammerstein, quien formuló la pregunta a Dimas.

En su respuesta escrita, Dimas afirma que pidió a las autoridades españolas "una lista de urbanizaciones que, a pesar de contar con una opinión negativa de la confederación hidrográfica respectiva sobre la disponibilidad de recursos hídricos, hayan recibido una aprobación definitiva por parte de la autoridad competente".

Según Hammerstein, del grupo europeo de Los Verdes, la investigación de la CE "puede poner en entredicho legal centenares de miles de viviendas que se proyecta construir en zonas con una escasez hídrica endémica".
Fuente: http://www.20minutos.es/noticia/415180/0/bruselas/investiga/urbanizaciones/

Lista de proyectos urbanísticos investigados por la CE
Lee la lista (formato excel) remitida por el grupo de Los Verdes al comisario de Medio Ambiente

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/CE/investiga/250/urbanizaciones/espanolas/recursos/hidricos/suficientes/elpepuesp/20080926elpepunac_6/Tes

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Tribunal de Cuentas presenta hoy en el Congreso la fiscalización del Ayuntamiento de Marbella 2002-2006

Publicado el 24/09/2008 a la(s) 11:20

Por Plataforma 29-marzo

El informe señala que durante este periodo y los anteriores desde 1990, en el Consistorio marbellí "se estructuró una organización administrativa que permitió la apropiación indebida" de fondos públicos

24/Septiembre/2008 - Marbella

El presidente del Tribunal de Cuentas, Manuel Núñez, acudirá hoy al Congreso de los Diputados para presentar en comisión el informe de fiscalización del Ayuntamiento de Marbella (Málaga) y sus Sociedades Mercantiles Participadas, en el período comprendido entre el 1 de enero de 2002 y el 21 de abril de 2006.

En el informe, se señala que durante este periodo y los anteriores desde 1990, en el Consistorio marbellí "se estructuró una organización administrativa que permitió la apropiación indebida" de fondos públicos, caracterizada por "la ausencia de una justificación racional de las obligaciones y de los pagos, mediante un entramado societario que anulaba los controles de la gestión de fondos públicos, con abuso de la posición mayoritaria que el equipo gobernante ostentaba en los órganos municipales". "Se eludió la intervención del pleno, delegándose todas las competencias posibles en las comisiones de gobierno; el alcalde, en ocasiones y sin ser competente, aprobó enajenaciones de inmuebles; no se elevó a Pleno las modificaciones de las características urbanísticas del PGOU convenidas con terceros, se adquirieron y constituyeron sociedades mercantiles sin aprobación del Pleno, se convocaron sesiones urgentes para limitar la acción de control de la oposición y no se presentaron regularmente cuentas", precisa el texto.

Hasta abril de 2006 se suscribieron por los diferentes alcaldes al menos 650 convenios de permuta y urbanísticos, según el informe, en el que se concluye que "la planificación urbanística municipal fue sustituida por la firma de convenios particulares en que se pactaban los parámetros urbanísticos de determinadas fincas sin contar con una visión global del desarrollo de todo el municipio". En este sentido, se manifiesta que a pesar de que los convenios quedaban supeditados a la aprobación de la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), el Ayuntamiento "vendió terrenos con la nueva calificación no aprobada y negoció y transmitió los excesos de aprovechamiento sin que fuesen aún efectivos". En este apartado, se incide especialmente en que el Ayuntamiento "ha determinado los precios de las transmisiones de forma arbitraria y para dar apariencia de objetividad utilizó los servicios de tasadores externos". "Esta forma de determinar el precio no ajustado a mercado ha determinado que en las enajenaciones de parcelas y aprovechamientos urbanísticos fiscalizados se produjeran perjuicios a los intereses municipales por, al menos, 189,8 millones de euros", concluye.

Otra de las irregularidades descritas en el documento es la organización de subastas "con el adjudicatario previamente decidido", habiéndose, en algunos casos, "pactado antes con particulares la modificación de las características urbanísticas". Según el Tribunal de Cuentas, se llegó a dar el caso de que se negoció con inmuebles que no eran de su propiedad.

En ese periodo estudiado "la actividad económico-financiera se desarrolló al margen de las normas vigentes sobre haciendas locales y siempre dentro de una gran opacidad", dice la fiscalización que, además, determina que "se creó una estructura organizativa societaria que permitió gestionar la mayor parte de la actividad de la Corporación eludiendo el control de la Intervención, la secretaría y, en su caso, los servicios competentes".

De esta forma, se precisa que las sociedades municipales, que pasaron de una empresa mixta y dos organismos autónomos en 1991 a tres organismos y 34 sociedades mercantiles, "actuaron de forma completamente arbitraria, sin respeto a los intereses propios de una administración pública, comportándose simultáneamente como comprador y vendedor, determinando el bien y el precio con el consiguiente perjuicio para quien soportaba la realidad del pago, es decir, los fondos públicos municipales". "El sistema así constituido pudo permanecer en el tiempo, en primer lugar, por la contratación de personal laboral no sujeto a régimen estatutario seleccionado sin ninguna garantía de transparencia y por la existencia de personal de confianza en puestos de trascendencia de la organización --vocales, administradores, gerentes, tasadores-- y de asesores externos --jurídicos y tributarios--", manifiesta el informe. En este punto, se indica que en 1990 eran 763 trabajadores frente a los 3.016 que figuraban en la plantilla de la organización municipal a finales de 2005.

No obstante, también reconoce que la situación se pudo mantener "porque nunca existió ningún tipo de control a posteriori que hubiera podido comprobar la aplicación de las cantidades destinadas a obras y suministros, salvo el realizado por los equipos de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Andalucía y del Tribunal de Cuentas, a pesar de que la legislación obliga al interventor municipal a ejercer un control financiero e informar al Pleno".

Esta "insuficiencia" de controles económicos y financieros, según apuntó el documento, "facilitó una gestión no ajustada a la legalidad con ausencia de garantías en la correcta utilización de los fondos públicos que ha ocasionado graves perjuicios al Ayuntamiento.

Fuente: http://www.diariosol.es/php/noticia.php?id_categoria=78435ee1f962d61e0ad4be2bbbd0066c&id_noticia=4a29e495d3a1473a4b35242751cea666

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ICAL. 29.09.2008

Lee la lista (formato excel) remitida por el grupo de Los Verdes al comisario de Medio AmbienteFuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/CE/investiga/250/urbanizaciones/espanolas/recursos/hidricos/suficientes/elpepuesp/20080926elpepunac_6/Tes

Lee la lista (formato excel) remitida por el grupo de Los Verdes al comisario de Medio Ambiente

Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/CE/investiga/250/urbanizaciones/espanolas/recursos/hidricos/suficientes/elpepuesp/20080926elpepunac_6/Tes