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Conchi : Increíble, la rapidez para demoler éstas y no las miles de edificaciones que adornan nuestro país.
Conchi : Marbella recuerda una fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él ........
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Publicado el 17/06/2009 a la(s) 23:31
Por Plataforma 29-marzo
NOTICIAS RELACIONADAS
---> Pendón aboga por legalizar en la Axarquía.
---> Mijas pretende ganar tiempo para normalizar.
---> Marbella busca que no haya ningún derribo.
Pendón defiende que las viviendas irregulares de la Axarquía pueden ser legalizadas. Mijas frenará las multas mientras revisa el PGOU. Ángeles Muñoz promete que no habrá derribos
M. ALBARRAL. / P. SÁNCHEZ. MÁLAGA
17 de junio de 2009
La Axarquía, Marbella y Mijas. Interior y litoral. Partidos de diferentes signo político. Todos se unen bajo un mismo objetivo: regularizar las viviendas ilegales que sea posible y no castigar así al comprador de buena fe.
El presidente de la Diputación Provincial, Salvador Pendón, aseveró ayer que la situación de las viviendas ilegales de la Axarquía se puede solucionar con su regularización y dijo no entender cómo en Marbella se habla de normalizar 30.000 casas y en dicha comarca de "imputar a los alcaldes".
Pendón informó de que la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio "está implicada en una solución favorable", ya que se observan "ciertas posibilidades de poderlo hacer" y añadió que no "es descabellado" pensar en un plan de regularización a semejanza del que se está llevando a cabo en otras municipios andaluces.
El presidente de la Diputación y secretario de Vivienda y Ordenación del Territorio del PSOE-A dijo además que la tramitación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en la Axarquía está "muy avanzada", por lo que "tampoco es descabellado" cambiar algunos aspectos que "haría posible incluir una nueva remesa de esas edificaciones hasta ahora irregulares".
Pendón indicó que "sólo en casos muy concretos" dichas construcciones tienen determinadas limitaciones en relación con el territorio en el que está ubicadas, ya que la mayor parte de las edificaciones "no están en suelo que soporte algún tipo de protección", por lo cual, cualquier tipo de regularización es "posible". Para el mandatario del ente supramunicipal la imputación de los alcaldes debería ser "el último paso". "Lo que procede es no demonizar una situación que comporta signos de irregularidad pero que no excede de la que se da en otros lugares de la comunidad autónoma", declaró.
Mijas. El alcalde de Mijas, Antonio Sánchez, anunció ayer por su parte "la suspensión de las multas coercitivas a los propietarios de las viviendas irregulares del municipio". La asesoría jurídica del Ayuntamiento ha estado trabajando en este asunto hasta que ha logrado encontrar una fórmula para que no se siga produciendo esta situación.
Así pues, el Consistorio decretará orden de demolición en las construcciones, lo que supone lograr "un amplio margen de tiempo" hasta hacerla efectiva. De esta manera, el procedimiento se alargaría, aproximadamente, un año y medio. "Con esta medida no sólo dejarán de pagar multas los afectados, sino que el margen de tiempo es mayor por lo que nos da tiempo desde el Ayuntamiento a realizar la revisión del PGOU (Plan General de Ordenación Urbana) y a legalizar las que se puedan", aseguró el regidor.
Sánchez convocó ayer la mesa de trabajo de la comisión de seguimiento de esta problemática para anunciarles la decisión del equipo de gobierno. Tanto el PP como el concejal no adscrito apoyaron la iniciativa que se presentará en el pleno corporativo de julio como una moción institucional. Según la ley las actuaciones no se pueden aplicar con carácter retroactivo, pero a quienes se les haya notificado ya alguna multa sí dejarán de recibir las sucesivas. Por otra parte, el alcalde adelantó que "el catálogo de construcciones en suelo no urbanizable que elabora el Ayuntamiento tiene ya unas 400 referencias registradas". En Mijas se estima que existen más de 3.000 viviendas en situación irregular.
Marbella. También se expresó sobre este asunto la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que dijo querer ser fiel a su compromiso electoral. Prometió que no se derribaría ni una sola vivienda habitada de las 18.000 que están en la lista de las irregulares.
Ayer, lo recordó. "Cambiaremos el documento para que lleve la impronta de nuestro compromiso político", afirmó tras reconocer que el equipo de gobierno mantiene importantes discrepancias con el equipo redactor del Plan General de Ordenación Urbana. El último PGOU, remitido esta misma semana al Consistorio para su segunda aprobación provisional prevista para julio, no incluye en el proceso de normalización a alrededor de 1.000 inmuebles, según explicó ayer Muñoz. De ellos, en torno a 400 son especialmente sensibles para la regidora por estar habitados por familias desde hace años. Son los complejos Banana Beach, de alrededor de 300 apartamentos, y dos promociones ubicadas en la urbanización de El Alicate y Río Real.
Fuente:
http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009061700_4_267467__Municipios-Diputacion-Marbella-Mijas-plantean-legalizar-40000-casas
Publicado el 16/06/2009 a la(s) 20:41
Por Plataforma 29-marzo
Apdo. 321, 29600 Marbella
Tel: 666.380.696 , Email : marbella@ecologistasenaccion.org
- NOTA DE PRENSA -
La falta de cumplimiento de las más elementales normas de protección ambiental ha sido y es la causa de la crisis que atraviesa Marbella y la costa en general.
Para Ecologistas en Acción, las afirmaciones realizadas por el Presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga, el Sr Santiago Herrero, de que “una protección ambiental conduciría a una ruina en vez a un desarrollo” en relación a la tramitación de la revisión del PGOU, son sencillamente ilegales.
Justifica el Sr Herrero que “no se puede jugar con los intereses económicos y empresariales de este territorio” y sin embargo, según él sí se puede jugar con la ley e ignorarla, se pueden olvidar los derechos, reconocidos en la Constitución, a un medio ambiente adecuado al conjunto de la ciudadanía.
Recientemente el Parlamento Europeo ha aprobado el llamado Informe AUKEN, un informe que denuncia los excesos e ilegalidades cometidos por empresarios de la construcción que precisamente despreciaban la protección ambiental y una clase política sin escrúpulos, en todo el territorio nacional y concretamente en las zonas costeras.
Marbella ha sido el paradigma de estos excesos urbanísticos y de esta corrupción política, unas actuaciones donde la falta de respeto a la legalidad y a la legislación ambiental ha generado infinidad de problemas ambientales y sociales que ahora sufrimos.
En la cabeza de aquellos dirigentes y empresarios sólo había una máxima: “sus intereses y su bolsillo” a costa de lo que fuera; el presidente de la Confederación de Empresarios de Málaga con sus últimas declaraciones, precisamente en Marbella, ha recuperado esa máxima. “lo único que cuenta son los intereses económicos de los empresarios de este territorio”.
Las declaraciones del señor Herrero dan voz a lo que piensa el conjunto de los empresarios de la construcción; la protección ambiental de un espacio que es de todos, es una carga, que hay que eliminar.
Marbella se enfrenta hoy a más de 18.000 viviendas ilegales, se enfrenta a un territorio que tiene más de 16.000 viviendas vacías, cuando más de 5.000 ciudadanos no pueden acceder al mercado de la vivienda, se enfrenta a 1.000 licencias de obras ilegales que el equipo de Gobierno del PP no quiere revisar, se enfrenta a un exceso de oferta de viviendas y de suelo hotelero que ha desestabilizado el sector de la hostelería y el turismo residencial, se enfrenta a unos tortuosos procesos judiciales, se enfrenta a la falta de suelo para poder atender a las necesidades más elementales de educación, de salud, de esparcimiento, de justicia etc, pero los constructores, en boca del señor Herrero, siguen apelando públicamente a un mercado inmobiliario salvaje, sin reglas y sin respeto a las normas de protección ambiental.
Los empresarios, y no sólo las decenas de imputados en el caso Malaya y otros autos, siguen sin reconocer su parte de culpa en la especulación salvaje que ha asolado este territorio, siguen sin reconocer sus responsabilidades y obligaciones en la restitución y restauración del daño causado, y por si ello fuera poco siguen interesados, y hacen alarde de ello, en repetir los mismos errores del pasado.
En la ciudad de Marbella a 16 de Junio de 2009.
Portavoz Ecologistas en Acción Marbella.
Rafael Ávila
Publicado el 16/06/2009 a la(s) 19:19
Por Plataforma 29-marzo
El documento entregado el viernes al Ayuntamiento mantiene fuera de ordenación al Banana Beach y viviendas de Río Real y Alicate
16.06.09 - HUGO SIMÓN| MARBELLA
El equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Marbella tiene ya en sus manos el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Se la ha remitido el equipo redactor después de incorporar las distintas modificaciones en virtud de las alegaciones admitidas tras su primera aprobación provisional. El texto fue entregado el pasado viernes al Ejecutivo local y también a la Consejería de Vivienda de la Junta de Andalucía. Se trata de un documento en el que, según pudo saber este periódico, el personal comandado por el arquitecto jerezano Manuel González Fustegueras mantiene fuera del proceso de normalización medio millar de viviendas ilegales repartidas en tres promociones habitadas.
El edificio Banana Beach, que acoge más de 300 apartamentos, conserva para los redactores del plan su estigma de símbolo de las edificaciones irregulares levantadas en Marbella bajo la época gilista, por lo que el texto corregido sigue sin incluirlo entre las cerca de 18.000 viviendas fuera de ordenación que serán normalizadas en el nuevo PGOU. Las otras construcciones que también continúan ajenas al proceso de legalización son un grupo de casas en Río Real que se asientan sobre un yacimiento arqueológico y una treintena de viviendas en El Alicate, en la zona de La Víbora.
Una patata caliente
La decisión de los redactores de no incluir finalmente estas edificaciones en el sistema de compensaciones que recoge el plan supone toda una patata caliente para el Gobierno municipal del PP, que se enfrenta a la disyuntiva de mantener el documento en estos términos o modificar el texto para legalizar las cerca de 500 viviendas antes de llevarlo a pleno para su segunda aprobación provisional y remitirlo a la Junta de Andalucía, que tendrá la última palabra. En cualquier caso, la presentación del nuevo PGOU ante la sesión plenaria sólo tendrá lugar cuando el Ejecutivo local haya examinado con lupa todo el documento para constatar que el equipo de González Fustegueras ha dado curso a todas las alegaciones admitidas, de las más de 8.500 presentadas.
Quizás porque preveía que la tramitación del plan llegaría a este punto, el equipo de Gobierno en el Consistorio marbellí ha buscado en los últimos meses el consenso con el Gobierno autonómico en las cuestiones más espinosas relacionadas con el documento urbanístico. El Ayuntamiento pretende que la Consejería de Vivienda y Ordenación de la Junta dé su visto bueno al plan antes de su aprobación definitiva, con el objetivo de evitarse sorpresas desagradables en forma de rechazo al documento, lo que generaría un conflicto institucional entre ambas administraciones, así como para agilizar los trámites y Marbella disponga cuanto antes de su nuevo PGOU.
El PP ya rebajó en más de 250 viviendas el número de inmuebles ilegales que quedaban fuera del proceso de regularización. Lo hizo después de dar curso a las alegaciones presentadas a la aprobación inicial del documento, que fue llevado a pleno por los populares en julio de 2007 sin modificar un ápice del texto urbanístico elaborado por la Junta. Entonces se incorporaron al sistema de compensación las promociones de Jardines del Príncipe y Jardines de la Costa, edificaciones que inicialmente se situaban al margen del sistema de legalización. Estos cambios permanecían inalterables en el plan corregido por el equipo redactor.
Compensaciones
Las modificaciones llevadas a cabo en aquel momento por el equipo de Gobierno incluían además un artículo para eximir a los propietarios de viviendas ilegales de asumir las compensaciones para la normalización de sus inmuebles, cargas a las que deberán hacer frente los promotores. El documento inicial elaborado por el Gobierno autonómico cuando poseía las competencias urbanísticas de Marbella disponía, por el contrario, que en el caso de que dichas empresas no asumieran los gastos del proceso de compensación serían los propietarios de los inmuebles quienes deberían hacerlo.
La normalización de las 18.000 viviendas ilegales que contempla el nuevo PGOU permitirá recuperar 1,8 millones de metros cuadrados de suelo para equipamientos y zonas verdes. La inversión global para el desarrollo del plan asciende a 2.250 millones de euros, de los que el 65 por ciento se corresponde con inversión privada, que generará 60.000 puestos de trabajo. El documento prevé además la creación de más de 3,8 millones de metros cuadrados de suelo para equipamientos.
Fuente: http://www.diariosur.es/20090616/marbella/equipo-redactor-pgou-resiste-20090616.html
Publicado el 15/06/2009 a la(s) 18:59
Por Plataforma 29-marzo
Los alcaldes de los municipios pequeños buscan el foco para hacer valer la presión social y, como sucedió en la localidad costera, tratar de buscar acuerdos ventajosos para las causas judiciales por delitos contra el territorio
Redacción / Málaga | Actualizado 15.06.2009 - 01:00
El próximo 16 de julio el alcalde de Viñuela, Juan Millán (PSOE), se sentará en el banquillo de los acusados para ser juzgado por conceder entre 2001 y 2003 dos licencias de obras para construir en terreno no urbanizable. Ochenta y un días después lo hará el ex alcalde de Manilva Pedro Tirado, antiguo GIL y luego independiente, acusado de cobrar dinero para elevar la densidad residencial en una finca conocida como La Parrada. El primero se enfrenta a 18 meses de cárcel y 17 de inhabilitación. El segundo a dos años de cárcel, 3 millones de multa y siete de inhabilitación.
Ambos son sólo los dos casos más próximos de la cara oculta segunda fase del boom inmobiliario. Primero fue la Costa con epicentro en Marbella la que sucumbió al cóctel de ladrillo, poder y política. Después, con todas las lupas ya sobre Gil y sus secuelas, desde Julián Muñoz hasta Marisol Yagüe, la presión inmobiliaria y las sospechas de delitos contra el territorio se fueron extendiendo hacia pueblos pequeños alejados del litoral y de los focos, pero enclavados en parajes naturales de gran valor paisajístico.
La Consejería de Obras Públicas ya reconocía en 2005 que habían comenzado a crecer las denuncias por construcciones irregulares en el interior. Aquel mismo año, la memoria de la Fiscalía de Medio Ambiente hacía constar que las ilegalidades urbanísticas se estaban desplazando hacia el interior de la provincia y la organización Ecologistas en Acción corroboraba que el fenómeno estaba socavando la Axarquía.
Cuatro años después prácticamente el 25% de los alcaldes de los cien municipios de la provincia tiene abierto algún procedimiento judicial relacionado con su gestión pública y de ellos al menos 15 están imputados en causas contra la ordenación del territorio o delitos como prevaricación, cohecho o alteración del precio de las cosas vinculados al negocio inmobiliario.
Los rasgos comunes de esta segunda etapa del lado oscuro del ladrillo residen en que afecta a autoridades de municipios pequeños. Entre ellos figuran el alcalde de Carratraca, Óscar Román (IU), que se enfrenta a 18 meses de prisión y 10 de inhabilitación por permitir en 2002 una segregación de suelo en terreno presumiblemente no urbanizable, el de Tolox, Juan Vera (Convergencia Andaluza); a quien el fiscal atribuye 23 delitos urbanísticos por autorizar entre 2002 y 2006 un total de 2.000 viviendas supuestamente ilegales. Además, la Fiscalía reclama 30 años de prisión y 111 de inhabilitación para el alcalde de Valle de Abdalajís, Tomás Gómez (PP), por 12 presuntos delitos de prevaricación urbanística.
El ex alcalde de Gaucín Francisco Corbacho (PA) también está pendiente de sentarse en el banquillo acusado por el Ministerio Público de un delito continuado contra la ordenación del territorio por autorizar en 2003 diez licencias para construir en suelo que se considera no urbanizable. Corbacho, ya condenado por malversación, se enfrenta a 18 meses de cárcel y 10 años de inhabilitación.
En fases previas de tramitación hay abiertos procedimientos judiciales por actuaciones relacionadas con la ordenación del territorio contra el alcalde de Colmenar, Pedro Fernández (PSOE); el concejal de Hacienda y ex concejal de Casares Juan Sánchez (IU), Canillas de Aceituno, José Manuel Aranda (PSOE) o Sayalonga, José Luis Navas (PSOE), así como contra el ex alcalde de Coín Juan José Rodríguez Osorio (PA) por autorizar una edificación, luego paralizada por el actual regidor, Gabriel Clavijo (PSOE), lo que le valió una querella de los propietarios del terreno. Además, se ha admitido otra denuncia contra el ex alcalde y actual concejal de Urbanismo de Manilva, el independiente Emilio López Berenger, por autorizar una promoción de viviendas libres en suelo de uso educativo.
Además, se instruye otra causa contra el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón (PP), imputado en el caso Troya, iniciada por la Fiscalía Anticorrupción por presunto cohecho y prevaricación en actuaciones vinculadas a la contratación de obras.
También está en el ojo del huracán el ex alcalde de Estepona, Antonio Barrientos, expulsado del PSOE tras su detención hace ahora un año, en el caso Astapa contra la corrupción política, al tiempo que acaba de salir de la cárcel el regidor de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, expulsado de las filas socialistas tras su arresto por presunto cohecho, blanqueo, prevaricación, falsedad documental y prevaricación urbanística.
La caída de Manilva y Estepona en la sospecha de la corrupción política fueron consecuencia inmediata de la presión ejercida sobre Marbella. Los demás municipios, en cambio, aparecieron como un refugio discreto para los intereses que buscaban negocio fácil y enriquecimiento rápido. Fuera de la primera línea, no se ha tenido una idea cabal de las magnitudes que podría haber alcanzado el fenómeno hasta muchos años después.
Pero los alcaldes de los pueblos pequeños no quieren discreción y han reaccionado para situarse en el centro del foco. Animados por una supuesta absolución en las urnas, que ha revalidado prácticamente los mandatos de todos los imputados, quieren seguir el ejemplo de Marbella, hacer valer el impacto social de las causas judiciales abiertas y sacar ventaja. No en vano, en Marbella están en vías de legalización la abrumadora mayoría de las viviendas ilegales y los imputados por delitos contra la ordenación del territorio han sellado un favorecedor pacto con la Fiscalía.
En este sentido 17 de los 31 alcaldes de la Axarquía pidieron a comienzos de junio al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, que se les aplique la legislación contencioso administrativa en lugar del Código Penal.
Es decir pretenden que se obvie el impacto penal de su gestión y únicamente se analice la legalidad de sus actos administrativos. En la práctica esto significa que sería la jurisdicción más colapsada, con una demora media de cuatro años, la que se encargaría de analizar la validez de sus licencias urbanísticas. Y en el supuesto de que se tratara de actos ilegales las consecuencias las pagarían las arcas municipales que, además, también deberían hacerse cargo de la defensa de los actos administrativos de los alcaldes y demás cargos públicos.
Fuente: http://www.malagahoy.es/article/malaga/448459/todos/somos/marbella.html
Publicado el 15/06/2009 a la(s) 15:12
Por Plataforma 29-marzo
@S. McCoy - 15/06/2009
Es la noticia más leída del Telegraph en el último mes, elecciones y escándalos parlamentarios incluídos. En Estados Unidos la crisis, que amenaza con llevarse por delante las debilitadas finanzas de numerosas corporaciones municipales, ha provocado que algunos Ayuntamientos se estén planteando reducir sustancialmente la dimensión de sus urbes a través de la demolición y reforestación de todas aquellas barriadas que la actual recesión ha convertido en fantasmas. Una propuesta sorprendente no exenta de sentido.
No he podido evitar –ya saben que el modo de pensar de McCoy es un tanto colateral y persigue más suscitar ideas y anticipar tendencias que dictar sentencia, como ha ocurrido con el polémico artículo sobre la amenaza potencial que supone Google de este fin de semana- una asociación de pensamientos con la decisión de Francisco Hernando, El Pocero, de abandonar el proyecto que lleva su nombre en el municipio toledano de Seseña, erial en mitad de la nada, que hemos conocido esta misma semana. Papelón el de Urdaci, si Letizia era la periodista de la década, ¿qué no será su actual patrón? Dime con quién andas…
Es una evidencia que en España hay una sobre oferta de viviendas, concentrada fundamentalmente en aquellos lugares donde se ha hecho una utilización intensiva del suelo para el que no había una demanda sostenible en el tiempo, segunda vivienda en costa a precios desmesurados y nuevas planificaciones urbanas en la periferia de las grandes ciudades. Al cambiar el escenario que sustentaba tal construcción residencial, la ilusión de un crecimiento infinito de los compradores, la posición competitiva de tales desarrollos desaparece casi automáticamente, como lo hace el interés de los inversores e incluso de los adquirentes de vivienda habitual. A igual precio entre segunda y primera línea de costa, no hay discusión, y entre el centro de la ciudad y los nuevos barrios de las afueras, puede que tampoco.
El problema es que, aunque las corporaciones locales han delegado como parte del proceso de concesión de licencias el desarrollo urbanístico a las constructoras, a cambio igualmente de las cesiones de suelo correspondientes, lo cierto es que a partir del momento de la entrega de las casas el gasto corriente y recurrente corresponde a la municipalidad, como parte de un contrato implícito por el cual los Ayuntamientos se cobran tales servicios a través de los distintos impuestos municipales. El problema aparece cuando las casas no se venden, y las promotoras carecen de liquidez para hacer frente a tales cargos, o los barrios se encuentran tan deshabitados que su deterioro se acelera a la vez que sus contribuciones son cada vez más exiguas.
Es verdad que, a diferencia de lo que está ocurriendo en Estados Unidos, donde gran parte de los barrios que se están demoliendo son en esencia viejas vecindades dormitorio industriales, en España ocurre justamente lo contrario: es la vivienda construida hace menos de cinco años la que cuenta con dificultades para encontrar inquilinos. El modelo de ciudad de aquel país dista mucho, además, de asemejarse al español donde prima el edificio frente a la vivienda unifamiliar. La sacralidad, legítima, del derecho de propiedad en nuestra nación implica que cualquier proceso de desplazamiento dirigido de la población de unos lugares de la ciudad a otros se pueda encontrar con el rechazo, natural, de la ciudadanía. Por último, a los precios actuales el trade off o relación de intercambio entre compras hoy y costes futuros a soportar es difícil de afrontar por parte de ninguna institución pública.
Sin embargo, sí que creo, y llego de esta manera a la razón principal de la pieza de hoy, que estamos ante una oportunidad histórica en nuestro país para dotar de racionalidad su modelo urbanístico, de convertir un exceso doloroso de purgar en coste y tiempo en una mejora sustancial de nuestro parque inmobiliario. Un modo muy distinto de afrontar un problema que ha venido para quedarse durante una temporada. Una solución que pasa por cuatro pilares fundamentales: una, rehabilitación a través de los procesos de revisión de edificaciones de más de x años de antigüedad ya impuestos en la mayoría del territorio nacional; dos, lucha taxativa contra la ilegalidad tanto ex ante como ex post y con penalización directa o indirecta tanto al infractor como al constructor y al supervisor; tres, control exhaustivo de la acción urbanística municipal mediante la incorporación de la fe pública a todo el proceso y el establecimiento de cauces interpuestos externos de control; cuatro y último, procesos de planificación ordenada que persigan integrar más la ciudad en el medio y recuperar esa España verde de la que hablaba Félix Rodríguez de la Fuente y que nunca debimos dejar morir.
Un poco de utopía de lunes nunca viene mal. Buena semana a todos.
Fuente: http://www.cotizalia.com/cache/2009/06/15/opinion_58_demoler_barrios_enteros_solucion_crisis.html
Publicado el 14/06/2009 a la(s) 20:49
Por Plataforma 29-marzo
El equipo de gobierno y la Junta están de acuerdo en que no se decida sobre las demoliciones hasta que esté aprobado el PGOU
CRISTINA GONZÁLEZ| MARBELLA
14 junio 2009
La última sentencia afecta a un grupo de viviendas de la mercantil Fuentealoha S. A. y el Ayuntamiento ya ha pedido la suspensión del derribo hasta que esté el PGOU.
Las resoluciones, siempre positivas, van llegando con cuentagotas
El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anula la licencia urbanística de 76 viviendas en Marbella ya habitadas. La noticia saltaba hace apenas unos días. Un juez volvía a pronunciarse sobre un permiso para construir otorgado en la era GIL que vulneraba el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) y lo hacía siete años después de que la Junta impugnara la licencia y reclamase la demolición de lo edificado ilegalmente. De nuevo un magistrado le daba la razón al Gobierno andaluz y obligaba a restituir la legalidad, esto es, a usar la temida piqueta. O al menos así reza sobre el papel.
Desde la época en que la comisión gestora se hizo con las riendas el Ayuntamiento, en consonancia con la Junta, mantiene una misma postura ante este tipo de sentencias. Con la tramitación del nuevo Plan General sobre la mesa lo más acertado, a juicio de los responsables municipales de entonces y de los de ahora, es esperar a su aprobación para ver en qué situación quedan las viviendas y si cabe su regularización mediante el pago de compensaciones por parte de los promotores. Caso contrario, se podría dar la rocambolesca situación de hacer añicos algo que luego podría volver a construirse.
Resolución positiva
No se trata de una decisión unilateral. Cada vez que se le notifica al Ayuntamiento una sentencia que anula una licencia y obliga a la demolición de viviendas ilegales los servicios jurídicos municipales solicitan al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) que se suspenda la ejecución hasta que el nuevo PGOU esté sobre la mesa. Y la lista es ya abultada. Hasta el momento, según informaron fuentes del equipo de gobierno, se ha solicitado el aplazamiento de la ejecución de más de un centenar de demoliciones que afectan a otras tantas edificaciones, ya sean urbanizaciones, bloques, viviendas unifamiliares e incluso naves industriales. Las resoluciones van llegando con cuentagotas pero en todos los casos atienden la solicitud, dado que la parte demandante, la Junta de Andalucía, se muestra de acuerdo con esta tesis y también aboga por esperar al PGOU antes de iniciar el procedimiento de derribo, más en los casos en que se trata de inmuebles habitados donde la situación se complica aún más.
Algunos de los casos de suspensiones del TSJA a la ejecución de órdenes de demolición que han trascendido en los últimos meses benefician a la nave que la empresa construcciones La Juanita tiene en la carretera de Ojén, a un bloque en Trapiche y a seis viviendas en Miraflores, así como a los bloques 6, 7, 8 y 9 de la urbanización Playa Golf Río Real, curiosamente una de las promociones construidas durante el gilismo que el planeamiento no legaliza, al menos tras su primera aprobación. El Plan General camina ahora hacia su segunda aprobación provisional, momento en que se conocerá la postura final del equipo de gobierno ante las viviendas que aún no han encontrado acomodo. Luego le tocará el turno a la Junta, que tendrá la última palabra antes de su entrada en vigor.
En uno de los autos citados, el que atañe a los edificios de Río Real y que se encuentran habitados, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del alto tribunal andaluz estimó la petición de todas las partes. «Nos solicitan que la respuesta jurisdiccional a la petición de ejecución se vincule a la revisión del planeamiento urbanístico. La parte actora (la Junta), porque considera que la demolición será inevitable una vez que se haya aprobado el mismo, y la Corporación municipal, así como la mercantil codemandada y la parte interesada, porque vinculan el supuesto de inejecución material (la imposibilidad de derribar) a esta aprobación definitiva», abundó.
«Escenario patológico»
Los argumentos además de ser contundentes dieron alas a muchos propietarios que no veían futuro a sus viviendas. El magistrado matizó que la demolición es una «consecuencia necesaria» pero que no toda anulación de un permiso conduce al derribo. Aludió precisamente a una modificación del planeamiento como una de las causas que puede llevar a la imposibilidad de ejecutar la sentencia y puso el acento en la paradoja que sería demoler algo que podría ser autorizado en un nuevo Plan General y en que, actualmente, ese nuevo planeamiento para Marbella no está ni aprobado ni publicado; precisamente, dice, el «escenario patológico», la falta de un referente legal, que dio lugar a la emisión de la licencia anulada y a más de un millar de permisos en la misma situación.
Pero el equipo de gobierno no se ciñe únicamente a las sentencias que ordenan derribos. Las peticiones de aplazamiento también tienen a la controvertida revisión de licencias como protagonistas. El equipo de gobierno se niega a revisar los permisos otorgados por el GIL por el temor a reclamaciones patrimoniales y a la espera de que el Plan General sea una realidad palpable y pide que se suspenda esta orden. En este caso no hay consenso. La Junta ha reclamado insistentemente al Ayuntamiento que pase revista a las licencias que provocaron el desaguisado urbanístico.
Fuente: http://www.diariosur.es/20090614/marbella/ayuntamiento-pedido-tsja-aplazamiento-20090614.html
Publicado el 13/06/2009 a la(s) 23:03
Por Plataforma 29-marzo
13-06-09 ,
por Roberto Casado Londres
Inversores británicos denuncian a inmobiliarias por no completar sus casas en la costa. A la vez, bancos y cajas españoles amenazan a los morosos ingleses con embargos en su país.
Marbella, Estepona, Torrevieja y Menorca empiezan a ser lugares bien conocidos para los jueces británicos, que durante las últimas semanas se están encontrando en sus tribunales con un fuerte incremento de los pleitos relacionados con la crisis inmobiliaria española.
Por un lado, inversores británicos han iniciado procedimientos judiciales en el Tribunal Supremo de Reino Unido contra promotores inmobiliarios, por supuesto incumplimiento de contratos para la construcción de viviendas en España. Por otro, entidades financieras españolas están amenazando con embargar bienes en Reino Unido de algunos británicos que han dejado deudas hipotecarias en sus viviendas de la costa.
Esa es la doble cara de la judicialización que ha provocado el drástico desplome del sector del ladrillo español, en el que los británicos tienen invertidos unos 20.000 millones de euros.
El pleito más sonado en Reino Unido es el de Ocean View Properties, empresa a la que se acusa de defraudar 100 millones de euros a 700 británicos por una promoción en Estepona que nunca se ha desarrollado.
En otro caso, el ex futbolista Geoff Hurst y otras cinco personas reclaman en el Supremo británico más de dos millones de euros que dieron a una inmobiliaria que prometía hacer viviendas de lujo en Marbella. “Estoy muy enfadado por las mentiras que me dijeron. Voy a acometer las acciones que sean necesarias, en Inglaterra y en España si hace falta”, afirma Hurst.
Según Siobhan Lomasney, abogado de DMH Stallard, que representa a Hurst en el caso contra Royal Marbella Group, “cientos o miles de británicos han sido engañados al intentar comprar la casa de sus sueños en España”. En muchos casos, los dueños de las inmobiliarias denunciadas también son británicos.
El abogado Ignacio Morillas-Paredes, del bufete Brethertons, representa a unos cincuenta clientes de Ocean View. “Como esta empresa es una cáscara vacía, sin dinero, hemos denunciado por negligencia profesional a los abogados que asesoraron a los inversores sin advertirles de los defectos en los contratos”, explica Morillas.Fuentes de Ocean View, que está en suspensión de pagos, aseguran que su promoción en Estepona se paró por los obstáculos de las autoridades locales y por los problemas económicos de sus socios en España: la inmobiliaria Aifos y la promotora Tremón.
En otro frente, bancos y cajas de ahorros españoles se han lanzado a perseguir a morosos ingleses que dejaron sin pagar hipotecas concedidas para adquirir viviendas en zonas como Baleares, Valencia o Andalucía.
Muchos morosos británicos devolvieron las llaves de su vivienda en España al banco, pensando que ahí acababan sus problemas. Pero Isaac Marrache, socio director del bufete Marrache. explica que “según la ley, las entidades pueden embargar bienes de los británicos en su país para compensar la deuda que han dejado en España”.
El directivo de un banco español en Londres asegura que una de sus tareas de los últimos meses ha sido el envío de cartas a centenares de sus clientes británicos, amenazándoles con ir a los tribunales si no pagan su deuda en España. “Alrededor de un 10% de los amonestados por carta ha aceptado arreglar su situación”, asegura.
Esa advertencia ha resuelto algunos casos. Pero otras veces, hay que pasar a mayores. Alfonso Valero, abogado de la firma Nockolds, indica que “algunas cajas ya han iniciado procedimientos para embargar en Reino Unido, aunque ninguno se ha resuelto todavía”. A juicio de Isaac Marrache, “la mayoría de entidades es cautelosa y quiere investigar los bienes de sus clientes británicos y analizar bien el proceso judicial y sus costes antes de lanzarse”.
En esos procesos hay que medir la diferencia entre los derechos español y británico y la posible disputa sobre la jurisdicción competente. Pero como advierte un banquero, “en cuanto se gane el primer pleito, habrá un aluvión”.
Ladrillazos en los tribunales
- Unos setecientos británicos acusan a Ocean View Properties en el Tribunal Supremo de Reino Unido de un fraude de 100 millones de euros por una promoción en Estepona.
- El ex futbolista Geoff Hurst y otros cinco inversores reclaman en el Tribunal Supremo más de dos millones de euros que adelantaron a la sociedad Royal Marbella Group por unas viviendas.
- Bancos y cajas españoles han iniciado trámites para embargar bienes en Reino Unido con los que recuperar la deuda dejada por morosos británicos en sus hipotecas de España.
Una agradable siesta convertida en pesadilla
El 34% de las 425.000 casas que los británicos poseen fuera de su país está en España, según la consultora inmobiliaria Savills. El siguiente país elegido para tener viviendas es Francia, con un 23% del total.
La preferencia de los británicos por el mercado español se explica, según fuentes del sector inmobiliario, por su atractivo como lugar para pasar las vacaciones o para retirarse. Tópicos como la vida relajada, la siesta, el sol, la playa, la cerveza y la sangría siguen funcionando para seducir a los ingleses. En 2007, último año antes del desplome inmobiliario, la inversión estimada de los británicos en viviendas españolas ascendió a 1.500 millones de libras (1.750 millones de euros).
Desde el final de 2007, la caída de precios de las viviendas y la devaluación de la libra frente al euro ha dificultado a los británicos el pago de las hipotecas y los intereses en España. Algunos han optado por dar las llaves de su vivienda al banco, sin saber que sus propiedades en Reino Unido pueden ser embargadas para satisfacer la deuda en España. Algunas estimaciones indican que más del 10% de las hipotecas de británicos en España tiene problemas de morosidad. Pero tras la corrección de precios y la mala experiencia, algunos creen que la demanda puede resurgir.
Según una encuesta de Savills, el 26% de los británicos todavía ve España como el lugar ideal para su segunda vivienda. Un banquero español dice que “se empieza otra vez a dar hipotecas a los británicos para adquirir propiedades en España, aunque con condiciones estrictas”. En el primer trimestre de 2009, según datos oficiales, 484 casas en España fueron compradas por no residentes.
Fuente: http://www.expansion.com/2009/06/12/empresas/construccion/1244839107.html
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