La participación fomenta el debate y aumenta las posibilidades de que cualquier toma de decisión contará con la aprobación de una mayoría consciente.
Conchi : Increíble, la rapidez para demoler éstas y no las miles de edificaciones que adornan nuestro país.
Conchi : Marbella recuerda una fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él ........
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Publicado el 06/10/2008 a la(s) 11:42
Por Plataforma 29-marzo
Los principales escándalos de corrupción y delincuencia organizada destapados en los últimos años en la provincia de Málaga siguen pendientes de sentencia
F. J. PÉREZ / J. VIÚDEZ - Málaga - 05/10/2008
Malaya, Hidalgo, Ballena Blanca, Troya, Astapa... Estos nombre en clave han marcado la actualidad en la Costa del Sol durante el último lustro. Los grandes sumarios judiciales contra la corrupción y la delincuencia organizada forman una maraña por la que resulta difícil orientarse. Lo que sigue es una guía práctica para conocer el estado actual de una decena de estas causas, todavía pendientes de juicio.
Uno de los guardias imputados por la trama del aeropuerto ya ha fallecido
"La instrucción del 'caso Nilo' duerme el sueño de los justos", afirma un abogado
Caso Malaya Un mes a tiempo completo
La gran causa iniciada en noviembre de 2005 por el magistrado Miguel Ángel Torres contra la corrupción en Marbella es, sin duda, la más compleja. En las tres grandes fases de detenciones de la operación -marzo, julio y noviembre de 2006- fueron detenidas casi cien personas, encabezadas por el ex asesor de Urbanismo municipal Juan Antonio Roca, a quien el juez considera verdadero alcalde en la sombra de la ciudad tras la muerte de Jesús Gil. Finalmente, el juez Torres procesó a 86 personas, entre ellas 20 ex concejales, y fijó fianzas de responsabilidad civil por 5.000 millones de euros.
La causa principal, sobre la "estructura criminal" que tenía como objetivo "el control político del Ayuntamiento para conseguir beneficios económicos", está pendiente de que el nuevo juez instructor, Óscar Pérez, dicte el auto de conclusión del sumario, que supera los 40.000 folios, para que la Audiencia Provincial de Málaga pueda dar traslado a las partes para que presenten sus escritos de calificación. El fiscal anticorrupción de Málaga encargado del caso, Juan Carlos López Caballero, calcula que la redacción de su escrito le llevará "al menos un mes a tiempo completo". López Caballero tiene intención de empezar a escribir antes de fin de año para ganar tiempo.
Del núcleo central del caso Malaya se han desgajado al menos seis piezas separadas, que se juzgarán aparte. Dos de ellas tienen que ver con el ex alcalde Julián Muñoz, acusado de blanqueo de capitales y fraude a la Hacienda Pública. En el procedimiento está implicada la tonadillera Isabel Pantoja y su ex mujer Mayte Zaldívar.
Caso Alhaurín Una causa, cuatro jueces
El 18 de enero de 2007, el alcalde de Alhaurín el Grande, Juan Martín Serón, del PP, y su concejal de Urbanismo, Gregorio Guerra, fueron detenidos en Marbella tras asistir a un mitin de Mariano Rajoy. La policía y la Fiscalía Anticorrupción les acusaban de exigir 121.600 euros de comisión a cambio de no paralizar las obras de un promotor del pueblo. Durante los registros policiales, al regidor se le intervinieron 63.000 euros en metálico en su casa y 7.000 en el despacho municipal. En una segunda fase, en junio de 2007, fueron arrestados 19 empresarios locales, acusados de pagar comisiones a cambio de licencias de obra. La tramitación de la llamada Operación Troya se ha ralentizado por el hecho de que han sido cuatro los jueces que han llevado adelante la investigación. La instrucción sigue abierta a la espera de que el juez cierre las diligencias previas y decrete la apertura de juicio oral.
Policías de Ronda Sigue la instrucción
Siete agentes de Policía Nacional de Ronda, entre ellos el inspector jefe al cargo de la comisaría, fueron detenidos en febrero de 2007 tras varios años de pesquisas de Asuntos Internos por supuestamente cobrar a las prostitutas extranjeras por arreglarles los papeles y avisar a los dueños de clubes de las redadas, a cambio de dinero o de relaciones sexuales con las chicas. Tres de los detenidos ingresaron en prisión preventiva. El pasado julio, el juez instructor ordenó la celebración de unos careos.
Guardias Civiles del aeropuerto Calificación próxima
En febrero de 2006, 19 agentes de la Guardia Civil destinados en las aduanas del aeropuerto de Málaga fueron arrestados por reclamar supuestamente cantidades económicas a cambio de "omitir o agilizar" los trámites de inspección de maletas. Los detenidos, casi la mitad de la plantilla de la Sección Fiscal del aeródromo, se cebaban en los ciudadanos chinos, a los que exigían 50 euros por no retenerles el equipaje. Cinco agentes ingresaron en prisión por aquellos hechos, cuya calificación fiscal está próxima a conocerse, según fuentes de la defensa. De los 19 agentes detenidos, "dos o tres" han vuelto al servicio y el resto está de baja por depresión. Hace tres semanas, uno de los implicados en el caso, de 52 años, falleció. Las defensas han interpuesto gran cantidad de recursos durante la instrucción. Sin embargo, el Tribunal Supremo malbarató una de las principales líneas de defensa al considerar válidas las grabaciones realizadas en los cuartos de cacheo del aeropuerto.
Caso Udyco Secreto levantado
El caso de los cuatro policías de la unidad contra la droga y el crimen organizado (Udyco) que supuestamente sustrajeron objetos intervenidos en el registro al chalé de un narcotraficante, como una televisión de plasma de 42 pulgadas y una riñonera con 1.000 euros en metálico, continúa en fase de instrucción, aunque el juez ha levantado totalmente el secreto del sumario. Las defensas están esperando a que el magistrado les entregue un disco compacto con las escuchas realizadas por Asuntos Internos.
Policías del CIE de Málaga Pendientes de Honduras
Uno de los escándalos de corrupción policial más serios que se han visto en Málaga ocurrió tras las paredes del centro de internamiento de extranjeros. Allí, en julio de 2006, siete policías fueron detenidos por celebrar fiestas con las mujeres inmigrantes custodiadas como paso previo a su expulsión. Tres de ellos ingresaron en prisión acusados de abusos sexuales a seis internas. El resto quedó imputado por no hacer nada por evitar la conducta de sus compañeros. Una de las mujeres, embarazada de tres meses y medio, sufrió un aborto. El escándalo costó el cese al director del CIE. De las seis internas que denunciaron abusos, al menos cuatro fueron expulsadas a sus países durante la instrucción. Ahora, la tramitación se encuentra estancada a la espera de que Rusia y Honduras localicen a las víctimas de los supuestos abusos para que testifiquen desde su país. El juzgado de Instrucción número 9 de Málaga emitió las comisiones rogatorias el pasado febrero y todavía no se sabe cuándo serán respondidas. Fuentes de las defensas calculan que una vez recogido el testimonio de las dos expulsadas se tardará un mes más en que el juez dicte el paso a procedimiento abreviado y las distintas partes puedan presentar los escritos de calificación.
Operación Nilo Más de un año de retraso
La expulsión a su país de origen de gran parte de los imputados está entorpeciendo la tramitación judicial de la llamada Operación Nilo, uno de los mayores despliegues policiales contra un grupo de delincuentes organizados de la historia de España, con 300 detenidos en un mismo día, suficiente para llevar el colapso a la prisión de Alhaurín de la Torre. La operación contra la estafa de la lotería nigeriana fue desarrollada en julio de 2005 por el grupo de Fraudes de la Comisaría Provincial de Málaga, y se calcula que unas 60.000 personas en todo el mundo sufrieron estafas gracias al envío masivo de cartas en las que se informaba al destinatario que le había tocado un premio de la lotería española y se le pedía una cantidad de dinero para tramitar el cobro. La causa acarrea, según fuentes de la Fiscalía Anticorrupción, más de un año de retraso derivado, en parte, por la pretensión del juzgado de Instrucción número 6 de inhibirse en favor de la Audiencia Nacional. La Fiscalía malagueña recurrió esta inhibición y la Audiencia Nacional decidió el regreso de la causa a Málaga. Además, desde enero de 2007 se han enviado comisiones rogatorias a Nigeria para localizar a varios de los imputados. "La instrucción está durmiendo el sueño de los justos", asegura el abogado de dos imputados expulsados a Nigeria. Los tres fiscales anticorrupción tienen previsto trabajar en el escrito de calificación.
Ballena Blanca La única calificada
Sólo una de las grandes causas judiciales abiertas en Málaga en los últimos años cuenta ya con el escrito de calificación del Ministerio Fiscal. Se trata de la Operación Ballena Blanca, destapada en marzo de 2005 y uno de los casos de blanqueo de capitales más famosos de España. El pasado septiembre, el fiscal Juan Carlos López Caballero entregó en el juzgado de Instrucción número 5 de Marbella el escrito en el que detalla la trama organizada para supuestamente blanquear 12 millones de euros procedentes de la actividad de grupos del crimen organizado a través del despacho de abogados que dirigía Fernando del Valle. Entre los 21 imputados figuran dos notarios, el equipo de Del Valle y varios de sus clientes. El abogado chileno, según el fiscal, tenía participaciones en 194 sociedades extranjeras, la inmensa mayoría de las cuales estaban radicadas en paraísos fiscales. Tras la presentación de la calificación del fiscal, le llega el turno al juez instructor de decretar la apertura de juicio oral.
Caso Hidalgo Juzgado colapsado
El otro gran caso de blanqueo en la Costa del Sol, la llamada operacion Hidalgo, se ha estancado. Desde julio, fecha en la que el juez Francisco de Urquía fue apartado por su implicación en un proceso derivado del caso Malaya, han ocupado y abandonado el sillón del juzgado de Instrucción número 2 de Marbella dos jueces. Entre los bienes intervenidos hay 92 millones de euros, 553 viviendas en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol, y 60 automóviles de lujo, además de joyas, una cantidad superior a la incautada en la Operación Ballena Blanca. El caso Hidalgo, centrado en el despacho del abogado Rafael Cruz-Conde, le ha generado a Urquía su segunda imputación en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El magistrado apartado y otras dos personas están acusados de exigir dinero a varios de los imputados en el caso Hidalgo por sacarles de la cárcel o levantar un embargo judicial.
Astapa, un nombre erróneo para un gran caso
F. J. P. / J. V - Málaga - 05/10/2008
El último, o seguramente penúltimo, caso de corrupción destapado en la provincia de Málaga tuvo un bautizo erróneo. A la operación centrada en el Ayuntamiento de Estepona la Policía la denominó Astapa, creyendo que ese era el nombre fenicio de la localidad. En realidad, Astapa es la denominación romana de Estepa (Sevilla) y el topónimo original de Estepona es Astabbuna. Sin embargo, al margen de debates terminológicos, la Operación Astapa, como pasará a la historia, no deja de crecer. Tras la detención en junio de 25 personas, entre ellas el ex alcalde socialista Antonio Barrientos y otros siete concejales del PSOE y del Partido Estepona (PES, posgilista), además de técnicos municipales y empresarios de distintos sectores, la Policía ha reactivado el caso. En septiembre fueron citados a declarar tanto en Estepona como en Madrid al menos 17 personas más, casi todos empresarios y familiares de los arrestados en la primera fase. Todos ellos deberán prestar declaración en las próximas semanas ante la juez instructora del caso, Isabel Conejo, titular del juzgado de Instrucción número 2 de Estepona.
Barrientos sigue en prisión, al igual que los concejales posgilistas Juan Ignacio Crespo y Manuel Reina, y el ex jefe de gabinete de Alcaldía, José Flores. Durante estos meses, el nuevo alcalde, David Valadez (PSOE), quien puso a la juez sobre la pista de los casos de corrupción, ha entregado a la instructora numerosa documentación que permitirá ahondar en la investigación.
En los cajones del Ayuntamiento se guardan facturas sin reflejo en los presupuestos municipales por valor de 16 millones de euros. Una cantidad similar constituye el desfase encontrado por Hacienda en los ingresos urbanísticos previstos y los finalmente declarados. Las irregularidades han dejado de ser un rumor en el pueblo para convertirse en materia de investigación y en titulares de prensa. En estos días se ha conocido que el Ayuntamiento contrataba como empleados de "alta dirección" a jardineros y secretarias, que ediles ahora imputados alquilaban al Ayuntamiento locales de su propiedad, que un técnico de Urbanismo cobraba 2.000 euros por cada tasación falsa que certificaba en los convenios urbanísticos o que el ex alcalde Barrientos autorizó el pago de obras irregulares por valor de 1,2 millones de euros. Y, como dijo Juan Simón, un abogado imputado, "hay Astapa para rato".
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Guia/juicios/esperados/Costa/elpand/20081005elpand_2/Tes
Publicado el 06/10/2008 a la(s) 11:22
Por Plataforma 29-marzo
Los municipios aseguran que las normas del parque limitan el crecimiento
PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 04/10/2008
Primero fue Alcalá de los Gazules. Después se han sumado Medina Sidonia, Benalup, Arcos, Los Barrios, Jimena, Tarifa, San José del Valle, Benaocaz, Prado del Rey, El Bosque y Ubrique. Once consistorios con término municipal en el parque natural de Los Alcornocales coinciden en reclamar a la Junta una flexibilización de la normativa que rige este espacio protegido. Las actuales reglas, según los regidores locales, limitan las posibilidades económicas de los ayuntamientos y las posibilidades de los pequeños propietarios y ganaderos. Ante la avalancha de reclamaciones, la mayoría de alcaldes del PSOE, la Junta no tuvo más remedio ayer que anunciar que estudiará estas peticiones para adaptar el parque a las exigencias de las actividades tradicionales.
"Hay limitaciones restrictivas que afectan al desarrollo"
El alcalde de Alcalá, Arsenio Cordero, lo veía venir tras anunciar la moción en la que instaba a la Junta a reformar el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y de Gestión (PRUG) de Los Alcornocales para que estos cambios supongan una mayor integración del territorio y una mejor percepción por parte de los ciudadanos. "Yo he sido el primero pero vendrán más", adelantó. Y así ha sido. Cordero encontró ayer el apoyo de otra decena de ediles. La mayoría de los ayuntamientos afectados por el parque están gobernados por el PSOE y respaldan sin fisuras la petición realizada por Alcalá. El más activo ha sido el de Medina Sidonia. Su alcalde, Francisco Carrera, introducía ayer en comisión de gobierno una iniciativa similar a la realizada en el consistorio alcalaíno. "La excesiva protección que hay en el parque natural ha afectado negativamente a todos los municipios de la Janda y el Campo de Gibraltar que están dentro del espacio protegido", explicó ayer el regidor.
Las razones son las mismas que las aportadas por el responsable municipal de Alcalá. En Medina, donde un tercio del pueblo está dentro del parque, cualquier vecino que quiera rehabilitar su casa necesita tener una propiedad superior a las 50 hectáreas. También hay trabas para construir aperos y naves para ganado y retrasos en la incorporación de empleados a las labores forestales debido a los permisos que exige la normativa del parque. Es lo que también ha denunciado el alcalde de Los Barrios, Alonso Rojas, y el de Jimena, Pascual Collado, ambos del PSOE. "El parque es nuestra identidad pero hay demasiadas cortapisas. Necesitamos más agilidad para que no sea un obstáculo para nuestro desarrollo", mantiene Rojas. "Pedir que se den salidas a los pequeños propietarios no es incompatible con el desarrollo sostenible", añade Collado. La alcaldesa de Arcos, Josefa Caro, también socialista, se mostró a favor del diálogo y de escuchar a los regidores municipales porque son, según dijo, los que experimentan día a día los problemas de estas normas.
Las peticiones de los alcaldes socialistas se vieron respaldadas ayer por Luis Pizarro. El vicesecretario general del PSOE andaluz, natural de Alcalá, se solidarizó con los ayuntamientos afectados. "Se están produciendo en determinados casos unas interpretaciones muy restrictivas que afectan al desarrollo de los municipios", expresó en un comunicado.
También los ayuntamientos gobernados por otros partidos respaldan la iniciativa alcalaína. "Se limitan a unos niveles exacerbados los usos ganaderos y turísticos y se condena a los propietarios con fincas dentro del parque a que tengan una explotación muy baja", se quejó el alcalde de San José del Valle, del PP. Su compañero de partido, el alcalde de Benaocaz, Juan María Mangana, comparte esa visión. "Cualquier persona que esté dentro un parque no tiene las mismas oportunidades", aseguró ayer. El andalucista Javier Cabezas, alcalde de Ubrique, respalda un consenso entre todos para reformar la normativa.
Ante la avalancha de solicitudes, la delegación provincial de Medio Ambiente de la Junta emitió un comunicado con extraordinaria y extraña rapidez. En él, el Gobierno andaluz anuncia que "ya está trabajando en la adaptación de las normas que rigen el parque natural de Los Alcornocales a su nueva realidad socioeconómica con la idea de garantizar la continuidad de sus actividades tradicionales y seguir siendo motor del desarrollo sostenible". La delegada, Gema Araújo, sostuvo que las modificaciones del PORN y el PRUG se realizarán bajo consenso.
La reforma promovida por los ayuntamientos encontró también un respaldo matizado del portavoz de Ecologistas en acción, Juan Clavero. "No hay un exceso de protección. Ojalá. Lo que hay es un mal criterio en la normativa. Se permiten nuevos hoteles o recalificaciones pero al propietario de una pequeña casa se le ponen limitaciones absurdas para mejorarla".
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Once/alcaldes/Alcornocales/piden/proteccion/elpepuespand/20081004elpand_2/Tes
Publicado el 03/10/2008 a la(s) 17:08
Por Plataforma 29-marzo
El alcalde socialista dice que el parque natural impide el desarrollo del pueblo
PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 03/10/2008
"No podemos permitir que esto sea inhabitable e impracticable como el Serengeti" (????? http://images.google.es/images?hl=es&q=alcornocales&gbv=2. )
El alcalde de Alcalá de los Gazules (Cádiz, 5.673 habitantes), Arsenio Cordero, del PSOE, encabezó ayer una reclamación que, a su entender, tiene la mayoría de sus vecinos. El parque natural de los Alcornocales se presenta como un enemigo al desarrollo económico del pueblo (???? http://www.alcornocales.org/ ) "Existe un rechazo generalizado porque su reglamentación se ha hecho desde un despacho sin conocer cómo se vive aquí". Por unanimidad, con los votos también del PP y de IU, aprobó ayer una moción para instar a la Junta de Andalucía a cambiar los planes que rigen este parque que, según él, frenan oportunidades, favorecen la emigración del campo y condenan actividades turísticas. "Queremos abrir un debate que empiece desde abajo porque somos nosotros los que sufrimos las consecuencias", se justificó Cordero.
Alcalá de los Gazules tiene el cuarto término municipal más grande de la provincia de Cádiz. De sus 47.000 hectáreas, más de 30.000 están afectadas por la protección que exige el parque natural. Fue en 2004 cuando la Junta aprobó dos documentos que en Alcalá se ven con malos ojos: el Plan de Ordenación de Recursos Naturales (PORN) y el Plan Rector de Uso y Gestión (PRUG). Son las normativas que, por ejemplo, restringen la construcción de naves y viviendas dentro del parque, limitan los crecimientos turísticos o marca las condiciones de cualquier trabajo forestal o cinegético.
El alcalde está acostumbrado a recoger las quejas de sus vecinos contra esta normativa supramunicipal. "Si uno tiene una vivienda en el campo y quiere rehabilitarla, necesita tener una finca de 50 hectáreas. Eso favorece los latifundios", se queja. Según un estudio encargado por el Ayuntamiento, más de un tercio de las pequeñas propiedades del parque han desaparecido en los últimos años. "Lo que hay que favorecer es que se viva y se trabaje en el campo, no lo contrario".
La moción aprobada ayer insta a la Junta a modificar el PORN y el PRUG, aunque Arsenio Cordero aspira a que su debate sea mucho mayor. "Queremos implicar a todos los colectivos afectados para que se den cuenta de que un parque natural debe ser algo positivo y no una condena". Niega que detrás de la moción haya intereses inmobiliarios. "Nos hemos pasado de proteccionistas y la percepción que tienen los ciudadanos es que estas reglas son un obstáculo para el desarrollo del parque".
El alcalde espera que otros municipios aviven el debate
Alcalá de los Gazules es uno de los 17 municipios afectados por los planes que rigen el parque natural de Los Alcornocales. La normativa auspiciada por la Consejería de Medio Ambiente hace cuatro años incide especialmente en el desarrollo económico y la ordenación urbanística de estos pueblos, que tienen que pasar antes por este control supramunicipal. La novedad que trajeron el PORN y el PRUG, y una de las principales quejas de los ayuntamientos, es la vinculación directa que realiza de la construcción a la superficie. Se podrá alterar naves y viviendas siempre que la parcela afectada tenga unas dimensiones mínimas. Con esta regla se pretendía frenar el crecimiento urbanístico descontrolado pero el alcalde de Alcalá cree que se ha pecado con exceso. "El espíritu reglamentista no puede ir contra la lógica", se queja Arsenio Cordero.
Un ejemplo. Para rehabilitar viviendas familiares ligadas a una explotación el PRUG recoge que la finca debe poseer una superficie mínima de 50 hectáreas, algo muy difícil de conseguir en Alcalá donde siempre han primado los pequeños propietarios. La iniciativa del alcalde es la primera tomada en Andalucía, aunque él cree que le imitarán otros. "Es necesario abrir un debate en el que estén todos. Desde el que está en el despacho hasta el que brega con las cabras", afirma.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Alcala/pide/proteccion/Alcornocales/elpepuespand/20081003elpand_11/Tes
Publicado el 01/10/2008 a la(s) 19:53
Por Plataforma 29-marzo
El Ayuntamiento desmantela cinco asentamientos formados por 28 personas y 14 tiendas de campaña tipo 'iglú' SEVILLA, 1 Oct. (EUROPA PRESS) – El Ayuntamiento de Sevilla ha intervenido en los últimos cinco días, a través de dispositivos coordinados, en cinco asentamientos que se estaban instalando en zonas de la ciudad y ha procedido a su desmantelamiento en un operativo que ha contado con la participación de más de 25 efectivos entre Lipasam, Policía Local, Parques y Jardines y Cecop-Social, destacando la colaboración ciudadana que informó al Cecop de la existencia de uno de estos asentamientos. En este sentido, con este operativo que el gobierno municipal mantiene activo desde el verano pasado, se evita que estos asentamientos se consoliden en parques y vías públicas de la ciudad, procediendo en este caso a desmantelar 14 tiendas de campaña tipo 'iglú' donde 28 personas habían acumulado gran cantidad de enseres. Según informó el Consistorio hispalense en un comunicado, una de estas actuaciones tuvo lugar en las inmediaciones de la calle Torneo, donde el dispositivo municipal localizó un asentamiento con tres focos y seis personas, dos de origen marroquí, otra de nacionalidad boliviana y las otras cuatro nacidas en España. Asimismo, el dispositivo municipal localizó abundantes restos y enseres en este punto, retirándose una tienda de campaña, diversos colchones, chatarra y otros efectos. Las personas que había en la zona permanecían ocultas bajo las ramas de unos árboles, de manera que fue necesaria la intervención de una cuadrilla de Parques y Jardines para desbrozar y rebajar las copas de los árboles, evitando que vuelvan a asentarse en la zona. Otros dos asentamientos fueron desmantelados en la zona de Triana, quitándose 12 tiendas tipo 'iglú' que utilizaban 16 personas, todas ellas de origen rumano. El resto de las intervenciones han tenido lugar en Sevilla-Este, donde había cuatro personas y una construcción de madera, y en Ingeniero la Cierva, donde el operativo municipal localizó a una persona. El operativo dispuesto por el Ayuntamiento de Sevilla, coordinado por las delegaciones de Convivencia y Seguridad y Bienestar Social, constata que la localización de los asentamientos tiene lugar con mayor prontitud, reduciéndose el tiempo de estancia y ocupación del espacio de manera ilegal, y en consecuencia, con menos acopio de enseres. TÉCNICAS PARA PASAR "DESAPERCIBIDOS" Por otra parte, se detecta que cada vez más las personas que hay en estos asentamientos utilizan el ingenio para pasar desapercibidos, ubicando las tiendas en zonas de arbolado bajo, detrás de matorrales altos o, incluso, situándose en espacios muy reducidos para no ser vistos. Estas personas ocupan irregularmente la vía pública con tiendas de campaña por periodos de tiempo cortos y esconden las tiendas, una vez desmontadas, en las copas de los árboles o entre matorrales. Por último, el Ayuntamiento destacó que, cada vez que se interviene en un asentamiento, el dispositivo establecido informa a estas personas de los recursos municipales que existen en la ciudad, prestándole todo tipo de ayuda. Fuente: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-ayuntamiento-desmantela-cinco-asentamientos-formados-28-personas-14-tiendas-campana-tipo-iglu-20081001182539.html
Publicado el 30/09/2008 a la(s) 10:20
Por Plataforma 29-marzo
JOSÉ MANUEL ATENCIA 30/09/2008
También yo he leído Los hombres que no amaban a las mujeres. Se cita el libro en muchos foros y la novela se ha convertido en un tremendo éxito. Su autor, el sueco Stieg Larsson, murió sin haberla visto publicada. Se trata de una novela negra que, sin embargo, lleva implícita algunas de las valoraciones periodísticas más rotundas que he leído en mucho tiempo. Es más, se podría decir que algunas de ellas son proféticas, a tenor de lo que está ocurriendo con el actual sistema económico.
El protagonista de este libro, Mikael Blomkvist, es un periodista, al igual que el autor de la novela. Un periodista especializado en economía que cuestiona el periodismo económico que realiza la mayoría de sus colegas y que siente un absoluto desprecio por un trabajo que, a su juicio, adolece de algo muy simple: la falta de moral. Blomkvist se expresa con una sencillez contundente: "Un director de banco que, por pura incompetencia, pierde cientos de millones en disparatadas especulaciones no debe conservar su puesto de trabajo. Un empresario que se dedica a negocios con empresas tapadera debe ir al trullo. El dueño de una inmobiliaria que obliga a los jóvenes a pagar una pasta, en dinero negro, por un cuchitril con retrete en el patio debe ser denunciado y expuesto al escarnio público".
En la novela se plantea que el cometido del periodista económico es el de vigilar y desenmascarar a los tiburones financieros. Esos que provocan crisis y que especulan con los pequeños ahorros de la gente en chanchullos sin sentido de empresas puntocom. También se cuestiona por qué a un reportero político nunca se le pasaría por la cabeza llevar a los altares al líder de un partido, mientras muchos medios de comunicación son capaces de tratar a tantos mediocres mocosos de las finanzas como si fuesen estrellas de rock. Por ello, el protagonista de la novela llega a una tremenda conclusión: "En el mundo económico se le rinde homenaje al sinvergüenza de más éxito".
No, no voy a hablar en este artículo de ese liberalismo que acepta un cheque del Estado de 700.000 millones de dólares. Ni de las hipotecas basuras ni de Wall Street ni de Lehman Brothers ni de Merrill Lynch. Voy a hablar de empresas más cercanas, ya que también en Andalucía, como en España, hemos festejado a muchos mediocres mocosos como si fueran estrellas de rock. Especialmente en el sector inmobiliario, llenando páginas y páginas de reportajes sobre empresas y supuestos empresarios nacidos de la nada y encumbrados en unos meses hasta el olimpo económico. Y sólo por disponer de una impresionante cuenta de resultados que el tiempo ha demostrado virtual o por lograr un patrimonio de valor tan efímero como los pisos que han dejado sin terminar.
Se nos fue la mano con el culto al ladrillo, a las licencias de obras, a las toneladas de cemento, a la segunda residencia, a los ingresos en las arcas públicas por el IBI o por el IVA, y al supuesto dinamismo de una economía que, al final, ha terminado siendo de usar y tirar. Y ahora ese culto nos deja un litoral alicatado, un montón de parados, millones de hipotecados de por vida y una economía con una absoluta falta de competitividad. Sin olvidar, además, que ese culto ha beneficiado, como no, a la cuenta de resultado de los propios medios de comunicación, que tanto prosperaron con anuncios de pisos y urbanizaciones.
Decir que la economía está a punto de naufragar es una tontería. Lo dice Blomkvist, al final del libro, cuando la bolsa de su país se va a pique. La economía está formada por la suma de todos los servicios y mercancías que se producen en un país. Y los bienes productivos, la investigación y el desarrollo, y los empresas serias y competitivas siguen. Lo que naufraga es el modelo del humo y la burbuja. La avaricia de los especuladores. Y ese periodismo que, demasiadas veces, los ha encumbrado.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/aman/dinero/elpand/20080930elpand_4/Tes
Publicado el 29/09/2008 a la(s) 20:53
Por Plataforma 29-marzo
14:55 - 29/09/2008La Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA) anunció hoy que, junto con las federaciones adscritas, ha decidido remitir a la Fiscalía "todas las denuncias sobre aquellos que permitan construir en suelo no urbanizable".
EL PUERTO DE SANTA MARÍA (CÁDIZ), 29 (EUROPA PRESS)
La Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA) anunció hoy que, junto con las federaciones adscritas, ha decidido remitir a la Fiscalía "todas las denuncias sobre aquellos que permitan construir en suelo no urbanizable".
En un comunicado, la CAVA explicó que esta fue una de las conclusiones a las que llegó el pasado fin de semana tras las jornadas realizadas en El Puerto de Santa María (Cádiz) sobre urbanismo, con el fin de "poner punto y final" a la situación de "irregularidad urbanística que se está llevando a cabo en casi todos los puntos de Andalucía"
Para ello, indicó, pretende motivar un pacto entre grupos parlamentarios, para la "corresponsabilidad entre administración y parcelistas a la hora de asumir responsabilidades y medidas a la hora de legalizar". Así, crearán comisiones de trabajo donde participarán afectados, no afectados y administraciones para valorar qué puede legalizarse. La CAVA hizo hincapié en que la legalización debe suponer "un coste cero para todos".
Según dijo, su objetivo es "perseguir a todo aquel que participe o se vea involucrado en actividades que incurran en delito, tales como la construcción de viviendas en suelo fuera de planeamiento urbano". Además, anunció que también tramitará a la Fiscalía las denuncias que se hagan hacia ayuntamientos y Administraciones Públicas por "dejadez en sus funciones".
La CAVA aludió al informe presentado el año pasado por Greenpeace, que catalogó la costa andaluza como "la más saturada" ya que, según dicho informe, sólo en el litoral andaluz hay proyectadas "casi 700.000 viviendas y en la costa 41.800 son ilegales. Además también hay proyectados 200 campos de golf y varios espacios naturales sufren el acoso urbanístico".
Asimismo, destacó la importancia de que "a la hora de legalizar algunas urbanizaciones no debe invertirse dinero público, coste cero para las administraciones", ya que, según indicó, muchas de estas viviendas "no cuentan ni con alcantarillado, agua, luz o servicios de saneamiento", una serie de infraestructuras que, en la mayoría de los casos, "se sufraga con el dinero que los ayuntamientos reciben de los impuestos de todos los contribuyentes".
Fuente: http://ecodiario.eleconomista.es/legislacion/noticias/775460/09/08/La-CAVA-remitira-a-la-Fiscalia-todas-las-denuncias-sobre-quienes-permitan-construir-en-suelo-no-urbanizable.html
Publicado el 29/09/2008 a la(s) 20:19
Por Plataforma 29-marzo
La situación de la Fiscalía de Baleares es especialmente complicada, ya que sólo tiene un funcionario
CADENA SER 29-09-2008 La Fiscalía General del Estado ha denunciado la preocupante carencia de medios de la mayoría de las fiscalías que se ocupan de delitos urbanísticos.
En la Memoria de la Institución Pública de 2007 también se critica la falta de colaboración de los ayuntamientos para perseguir este tipo de delitos. Colaboración que se hace más frecuente cuando los consistorios están inmersos en procesos electorales. A pesar de esta situación, las condenas han aumentado un 35 % en el último año.A pesar de ello, las condenas han aumentado un 35% en el último año.
La Memoria del Ministerio Público de 2007 recoge las reclamaciones de las Fiscalías, que señalan lo difícil que es perseguir la corrupción urbanística, con los escasos medios materiales y humanos con los que cuentan.
La situación de Baleares es "especialmente complicada", ya que a pesar de los importantes asuntos urbanísticos delictivos descubiertos últimamente en las islas, sólo cuentan con un funcionario disponible.
En fiscalías como la de Las Palmas o la de Bilbao, la falta de conexión con los Juzgados hace que sea habitual que existan procesos por delitos urbanísticos tramitados desde hace años sin que el Fiscal los conozca.
Otras fiscalías, como la de Teruel, llegan a reclamar instrumentos tan básicos como un ordenador portátil. En la actualidad, el fiscal ni siquiera puede visionar los atestados policiales que le llegan en formato electrónico.
Faltan cárceles
La Fiscalía también ha apuntado que es "imprescindible" la construcción de nuevas prisiones para evitar el hacinamiento y ha considerado que la pena de trabajos en beneficio de la comunidad impuesta de forma masiva incidirá "negativamente" pues plantea dificultades como una escasez de plazas para su cumplimiento.
En la Memoria también se anuncia que los conductores que acumulen al menos tres sanciones administrativas por conducir bajo los efectos del alcohol tendrán que instalar el dispositivo 'alcolock"' que detecta el aire espirado y puede impedir que el vehículo arranque.
Aumentan las agresiones a padres
La Fiscalía del Estado ha detectado además en 2007 un alto porcentaje de agresiones de hijos a padres e incluso abuelos, un tipo de situación en la que son factores determinantes el consumo de estupefacientes y alcohol, y la exclusión social.
Fuente: http://www.cadenaser.com/espana/articulo/fiscalia-denuncia-carencia-medios-perseguir/csrcsrpor/20080929csrcsrnac_4/Tes
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