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Conchi : Increíble, la rapidez para demoler éstas y no las miles de edificaciones que adornan nuestro país.
Conchi : Marbella recuerda una fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él ........
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Publicado el 13/06/2009 a la(s) 19:20
Por Plataforma 29-marzo
EL PAÍS - Málaga - 13/06/2009
El primer estudio que se realiza para cuantificar el stock de viviendas invendidas ha confirmado las estimaciones realizadas hasta ahora por los distintos agentes del sector. La investigación realizada por el Ministerio de Vivienda determina que en Andalucía hay 104.881 casas construidas sin vender, a las que hay que sumar otras 77.488 que estaban en distinta fase de construcción a lo largo de 2008 sin que tampoco tuvieran comprador.
Según el estudio, el año pasado había 121.688 casas en construcción, de las que sólo se lograron vender poco más de una tercera parte, 44.182.
Las provincias costeras son las que acumulan mayor número de viviendas construidas sin vender. Sólo Málaga, Cádiz y Almería acaparan más de la mitad del stock total construido, 54.458 casas, un porcentaje muy importante de ellas con características de segunda residencia, lo que dificulta que puedan acogerse al plan de la Junta de favorecer la venta del stock a personas que necesitan una casa para vivir.
Málaga es la que provincia con más casas acabadas sin vender, seguida de Sevilla (17.125), Almería (18.240), Cádiz (15.218), Granada (11.422), Córdoba (7.960), Jaén (7.432) y Huelva (6.374).
En cambio, viviendas invendidas en construcción hay más en Granada (15.086), Sevilla (15.109) y Jaén (14.533).
La Junta confirmó ayer que en no menos de 15 días saldrá la convocatoria pública para que los promotores informen de las viviendas que tienen sin vender y sus características para estudiar las que puedan ser susceptibles de ser incluidas en los planes de vivienda de la administración autonómica, lo que obligará a rebajas de precios. Hasta el momento, los promotores andaluces han pedido reconvertir en VPO 3.879 casas.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/promotores/acumulan/182000/casas/vender/elpepiespand/20090613elpand_7/Tes
Publicado el 12/06/2009 a la(s) 18:13
Por Plataforma 29-marzo
Casi la mitad de esas casas se concentran en el litoral mediterráneo y el 61,3% de las viviendas en construcción están en venta
CADENA SER/ AGENCIAS 12-06-2009
El número de viviendas de obra nueva terminadas en venta asciende a 613.512 a 31 de diciembre 2008, de las cuales el 45,7 por ciento se concentran en la costa mediterránea y 51.034 están en la Comunidad de Madrid, según el primer informe sobre el ''stock'' de vivienda nueva presentado por el Ministerio de Vivienda.
---> El alcalde de Seseña califica de "incierto" el futuro de la macrourbanización de 'El Pocero'
Del total de las viviendas sin vender, se estima que el 70% será primera residencia mientras que el 30 por ciento tendrá uso vacacional o se destinará a otros usos teniendo en cuenta la ubicación geográfica de las viviendas terminadas sin vender y la distribución actual del parque de viviendas según su uso reflejado en la última estadística del Ministerio correspondiente a 2007. Así, en dicha estadística, el 68,5 por ciento de las viviendas constituyen la residencia habitual de los hogares, el 21,3 por ciento son viviendas secundarias utilizadas ocasionalmente por los hogares en periodos vacacionales y el 11,2 por ciento restante se destina a otros usos.
Barcelona y Madrid, a la cabeza
Por provincias, Barcelona con 55.315 viviendas sin vender, Madrid con 51.034, Alicante con 46.366, Valencia con 30.038, Murcia con 27.279 y Málaga con 21.092 concentran el 37,7 por ciento del ''stock''.
La media de las viviendas sin vender en España se sitúa en 13,3 por cada 1.000 habitantes. Por provincias, Castellón con 30, Toledo con 29,1, Lleida con 27,6 y Almería con 27,3 encabezan el ranking, mientras que Ceuta y Melilla (2,2), Vizcaya (3,8), Cantabria (4,6) y Cáceres (5) presentan los porcentajes más bajos.
626.691 vviviendas en construcción
Otro de los resultados que presenta el informe es el número de viviendas en construcción. A finales del año 2008, había en España 626.691 viviendas en construcción, de las que el 61,3 por ciento estaban en venta (384.050 viviendas) y el 38,7 por ciento ya están vendidas (242.641 viviendas).
Clasificadas éstas, según el estado de la obra, el 70,8 por ciento de estas viviendas están en fase de terminación, (443.673 viviendas), el 22,9 por ciento en cubierta (143.268 viviendas), 27.526 en estructura, el 4,4 por ciento y 12.224 en cimentación, el 1,9 por ciento.
Por comunidades autónomas, en Andalucía está el 19,4 por ciento de las viviendas en construcción; en Cataluña, el 12,7 por ciento; la Comunidad Valenciana tiene el 11,6 por ciento, Galicia, el 8,5 por ciento; y Castilla y León, el 7,8 por ciento. El periodo medio de construcción de una vivienda es de 24 meses.
Fuente:
http://www.cadenaser.com/economia/articulo/espana-hay-613000-viviendas-nueva-construccion-vender/csrcsrpor/20090612csrcsreco_2/Tes
Publicado el 12/06/2009 a la(s) 12:24
Por Plataforma 29-marzo
Las urnas han premiado a los políticos del PP imputados en distintos escándalos
La escasa cultura cívica y el exceso de conservadurismo explican la paradoja
GABRIELA CAÑAS 12/06/2009
En enero pasado, el pequeño pueblo canario de Mogán fue noticia destacada. La policía detenía de nuevo a su alcalde y a otros cuatro colaboradores y funcionarios. La acusación: prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. Ese alcalde se llama Francisco González y es del Partido Popular. Cinco meses más tarde, ese partido ha aumentado su apoyo electoral en el pueblo logrando el 69% de los votos en las elecciones europeas.
Encuesta:
Está extendida la idea de que el abuso es inherente al político Begoña Alonso: "La gente conservadora es acrítica con su propia ideología"
El caso de Carlos Fabra, presidente de la Diputación de Castellón, es paradigmático. Este dirigente del PP ha dado a su partido una victoria electoral tras otra a pesar de ser perseguido por la Justicia y estar imputado por la Fiscalía Anticorrupción por fraude fiscal y delitos contra la Administración pública. Su partido ha superado los ya espléndidos resultados de 2004.
Tras la aplastante victoria de las elecciones municipales en 2007, Carlos Fabra proclamó que el PP había sido absuelto con sobresaliente cum laude por los ciudadanos. Ahora, tras las europeas de 2009, ha declarado: "La gente es muy lista y le preocupa más el paro que saber si Carlos Fabra o Paco Camps somos culpables o inocentes".
Análisis electorales diversos demuestran que, en España, para desánimo de muchos, Carlos Fabra tiene razón y que incluso se queda corto en sus valoraciones. Las urnas no castigan la corrupción, sino que en muchas ocasiones parece que la premian. "En efecto, todo hace pensar que la corrupción da votos", comenta el cabeza de lista de IU para el Parlamento Europeo, Willy Meyer, mientras pasea por Gran Vía. "Es como si la sociedad española no considerara la ética civil".
¿Es este fenómeno exclusivo de la joven democracia española? ¿Por qué las urnas no han pasado factura al PP y, sin embargo, sí han castigado a los socialistas allá donde se han destapado casos de corrupción similares como ha ocurrido en los pueblos de Lorca, Arrecife o Alcaucín, por citar unos pocos?
El caso Berlusconi hace sospechar que hay otros electorados que, como el español, parecen insensibles al escándalo y la presunta corrupción de algunos políticos. El catedrático de Ciencias Políticas Julián Santamaría habla de una cultura de la derecha mediterránea que genera similitudes entre España e Italia frente a los países anglosajones y los nórdicos, donde los electorados son extremadamente exigentes.
Los profesores en Ciencia Política Fernando Jiménez, de la Universidad de Murcia, y Manuel Villoria, del Instituto Ortega y Gasset y de la Universidad Rey Juan Carlos, se han centrado en el comportamiento electoral español. Para empezar, Villoria considera que en España hay una menor cultura cívica y una visión más negativa sobre los políticos que en el resto de Europa. "Se ve en los datos del CIS. Hay poca afiliación, poco compromiso social", añade. El perfil medio del español se traduciría, por tanto, en un votante menos sensible a la corrupción.
Del franquismo, dice Meyer, "los españoles sacaron la conclusión de que la política es un negocio y eso permanece en las mentes conservadoras". Así que, como varios coinciden en señalar, es idea generalizada en España que "todos los políticos son iguales" y que la corrupción es casi consustancial al desempeño de un cargo público.
Tales principios, sumados a la polarización bipartidista de la vida política actual, genera en el electorado, según Villoria, una defensa a ultranza de sus líderes políticos aunque éstos estén acusados de corrupción. Si todos son corruptos, prefiero a mi político corrupto que al de enfrente, que también lo es, sería el resultado lógico de ello.
¿Inmadurez democrática? "No lo creo", dice el profesor de Cambio Social en la Universidad a Distancia UNED Ramón Adell. "Es puro pragmatismo. Antes los políticos eran aficionados. Ahora son profesionales de la política. Ya no hay ideología y el bipartidismo español produce un desapego por la política".
En efecto, dada la elevada abstención de las recientes elecciones, todo parece indicar que sólo se han acercado a las urnas los militantes, los convencidos. Y en ese escenario, la agresión contra dirigentes políticos por casos de presunta corrupción ha generado una identificación con el líder atacado. "El nivel de linchamiento ha beneficiado al PP en Valencia y otros de sus feudos", ratifica Francesc Homs, jefe de campaña de Convergència i Unió. Es lo que Homs y el propio Jaime Mayor Oreja, cabeza de lista del PP a la Eurocámara, llaman "efecto bumerán". "El PP juega al victimismo allá donde dispone de un amplio poder mediático y financiero", explica Antonio Hernando, responsable de política municipal del PSOE. Es evidente que ha ganado esa partida.
Tanto Hernando como Meyer tienen por seguro que la corrupción le sale gratis a la derecha; no a la izquierda. En principio, los datos de las recientes elecciones al Parlamento Europeo les dan la razón. Allá donde ha habido casos públicos de presunta corrupción por parte de líderes socialistas, el PSOE ha perdido votos, algo que al PP no le suele ocurrir. La mayoría de los consultados hablan de un electorado de izquierdas más estricto, con un alto nivel de exigencia ética. Hernando añade el lastre que pesa todavía sobre la izquierda tras la década de los noventa, con Felipe González en el poder, cuando a la crisis económica se unió el desgaste del poder y casos de escándalo y corrupción.
La profesora de Conflicto Social de la UNED Begoña Alonso tiene un elaborado discurso al respecto. "La incertidumbre trastoca al ser humano y los cambios generan incertidumbre", explica Alonso. "La gente más conservadora es acrítica hacia su propia ideología. No quiere cambiar su posición porque le genera incertidumbre. A la hora de votar se podría decir que el conservador aplica el dicho de más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer".
Frente a esa derecha que se resiste al cambio, la izquierda sería más dinámica, variopinta y crítica, especialmente con sus propias posiciones y sus líderes políticos. Y Alonso añade: "La religión es un factor importante y recordemos que hay una identificación evidente entre la derecha y la cúpula eclesiástica. Y no olvidemos que el pecado se perdona, pero que en la izquierda nunca hay absolución".
Es de suponer que en el PP se revolverían contra tales afirmaciones. En el partido han remitido a las declaraciones públicas de la secretaria general, María Dolores de Cospedal, y su presidente, Mariano Rajoy. Ambos han considerado que los ataques hacia sus líderes han sido exagerados y que los ciudadanos les han exculpado con sus votos en las europeas.
"Ese juego del PP de intentar resolver en las urnas lo que hay que resolver en los tribunales le va a pasar factura a medio y largo plazo", señala Hernando. "Hasta ahora han obstaculizado la acción de la justicia, pero llegarán las condenas y entonces la gente no les perdonará".
A favor de la tesis de que la izquierda paga un precio mayor por sus desmanes podría sumarse el caso de Reino Unido, donde los laboristas han sufrido un serio revés electoral, a pesar de que las prebendas y abusos de los políticos salpican a todos los partidos, si bien es cierto que este caso requiere un análisis más profundo que tenga en cuenta la crisis de liderazgo del primer ministro Gordon Brown. Julián Santamaría señala todavía un aspecto distintivo más que suele darse entre derecha e izquierda en los países nórdicos y anglosajones: "Los escándalos económicos suelen castigar más a la izquierda. Los escándalos sexuales o que tienen que ver con la moral familiar suelen castigar más a la derecha".
Pero no todo el mundo está de acuerdo en que los comportamientos electorales de la derecha y la izquierda respecto a la corrupción sean distintos. Así lo viene a demostrar a nivel nacional el estudio conjunto publicado por la Fundación Alternativas de Jiménez y Villoria respecto a las elecciones municipales de 2007. Estos dos expertos en la corrupción política y sus consecuencias analizaron los resultados de 133 municipios salpicados por la presunta corrupción de sus regidores.
El 70% de los alcaldes sospechosos ganaron en las urnas y mantuvieron sus cargos. Y no hubo diferencias entre PSOE y PP. El porcentaje de victorias y derrotas fue similar.
Pero el análisis de Jiménez y Villoria desvela un resultado llamativo: en las municipales, a pesar de los primeros análisis periodísticos, la corrupción sí que pasa factura a los partidos políticos; incluido el PP. "Atendiendo a la ganancia o pérdida de apoyo electoral sobre censo en relación con 2003", dice el estudio, "se ve que sólo el 30% de los alcaldes [presuntamente corruptos] mantuvieron o ganaron en 2007 más apoyo sobre censo que en 2003, mientras que el 70% perdió apoyo en términos relativos".
Homs también se resiste a analizar comportamientos distintos a un lado y otro. "Tal diferencia la desmiente el 14-M. Cuando se engaña y se miente, cuando el electorado percibe un comportamiento éticamente incorrecto, lo sanciona en las urnas", dice este político de CiU. Mientras tanto, con los recientes éxitos electorales del PP en la mano, la izquierda siente cierta frustración. "Todo da lo mismo y se vota masivamente a Mayor Oreja, un eurodiputado que no ha dado un palo al agua", dice Meyer. "Sí, es frustrante, pero esto no nos va a disuadir de seguir persiguiendo la corrupción", asevera Hernando. "Me preocupa que no haya un pacto de Estado contra la corrupción firmado por los grandes partidos", añade Villoria. "Si se acusan pero no hacen nada, lo único que logran es dañarse mutuamente y aumentar la degradación de la política y la tradicional visión cínica del poder de la ciudadanía española".
Fuente: http://www.elpais.com//articulo/sociedad/corrupcion/sale/gratis/elpepunac/20090612elpepisoc_1/Tes
Publicado el 10/06/2009 a la(s) 23:11
Por Plataforma 29-marzo
Respuesta al manifiesto de los alcaldes socialistas
Mayte Cortés / Vélez-málaga | Actualizado 10.06.2009 - 05:01
Ante el manifiesto que los alcaldes socialistas de la Axarquía han entregado al ministro de Justicia, Francisco Caamaño, como adelantó este periódico el lunes, el Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (Gena-Ecologistas en Acción), que denunció lo ocurrido en Alcaucín, ha respondido con otro escrito para el titular de esta cartera. Si los mandatarios locales piden que los delitos contra la ordenación del territorio sean tramitados por vía administrativa y no penal, el presidente del colectivo, Rafael Yus invita a Caamaño a que hable con la Fiscalía de Medio Ambiente de la Audiencia Provincial de Málaga, para que le informe sobre estos supuestos, y que "se dé un paseo por la Axarquía para que vea los 20.000 proyectos de actuación que bajo el eufemismo de casas de aperos, se han desparramado por todo el solar rústico no urbanizable de la Axarquía, para pena de generaciones venideras".
Yus recordó a los alcaldes que la única vivienda autorizada para el suelo no urbanizable es simplemente una casa de aperos. "Ellos admiten que ya no existe actividad agrícola y permiten una vivienda de dos pisos, azotea y sótano, piscina, es decir, una vivienda tipo mansión de lujo". Además, defendió que los proyectos de actuación para cuya aprobación tienen autonomía los regidores y por el que la mayoría están imputados, deben estar justificados como actuaciones de interés público. Sin embargo, a su juicio "han estado abusando de esta figura, para consentir o impulsar desde los ayuntamientos la actividad inmobiliaria y residencial, por sus claros beneficios temporales para las arcas municipales y por sus réditos políticos". En este sentido, Yus apuntó que en muchos casos el proyecto de actuación incluía una reparcelación sin fin agrícola.
En el aspecto legal, el presidente de Gena apuntó que los alcaldes confunden la iniciativa administrativa con la judicial. A su juicio aunque la Junta de Andalucía tiene competencias para la intervención administrativa, también la Fiscalía de Medio Ambiente puede hacerlo en un proceso judicial "porque ha estimado que se han vulnerado las leyes urbanísticas y se ha cometido delito sobre la ordenación del territorio".
Con respecto a la regulación del territorio que tienen como máxima la LOUA, Yus expuso que esta confiere autonomía a los ayuntamientos "siempre que se ajuste y no vulnere el ordenamiento comarcal y regional." "Por lo tanto, no es cierto que una autonomía local sea una patente de corso para cualquier iniciativa de la administración central, y es obligación de ésta intervenir si, como sucede a menudo, se vulneran la ordenación de carácter supramunicipal, sea desde la Comisión Provincial de Urbanismo o desde el Contencioso Administrativo".
El único punto de coincidencia entre el colectivo y los mandatarios socialistas residen que "la Junta de Andalucía ha cometido errores de organización de su sistema jurídico para la regulación del urbanismo en Andalucía y que algunos de los artículos de las leyes son excesivamente interpretables, impidiendo a veces una correcta interpretación incluso para el poder judicial."
Fuente: http://www.malagahoy.es/article/provincia/444586/ecologistas/recuerdan/gobierno/las/casas/ilegales/la/axarquia.html
Publicado el 08/06/2009 a la(s) 13:30
Por Plataforma 29-marzo
El Consejo Consultivo resolvió 65 expedientes urbanísticos de toda la comunidad en 2008.
Sólo Marbella concentra 994 permisos irregulares pendientes de dictamen PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA
Lunes 08 de junio de 2009
Marbella es ya un ejemplo de legalidad para el Consejo Consultivo de Andalucía, el máximo órgano de consulta jurídica para las administraciones públicas de la comunidad autónoma. No todos opinan lo mismo. El grupo Ecologistas en Acción calcula que la ciudad quizá lo sea dentro de más de 20 años, fecha para la que se habrán revisado los 994 expedientes de obras ilegales autorizadas durante el mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL):
El Consejo resolvió 771 asuntos de diversa índole de los 808 planteados por instituciones en 2008, tal y como figura en su memoria anual. Es decir, dos al día. De todos ellos, 65 pertenecían a materia urbanística, "el 8,4% del total que le quedan por revisar tan solo a una localidad andaluza, Marbella", indicó.
Espacio.
Este ritmo le preocupa al grupo ecologista. Con esta gestión, "solo hay espacio para la preocupación de los ciudadanos normales y la tranquilidad de los corruptos", indicó el portavoz de este colectivo en la localidad costera, Rafael Ávila. Aunque no son simplemente los datos los que considera alarmantes.
Las afirmaciones del presidente del Consejo Consultivo, Juan Cano Buesa, suponen un auténtico "balón de oxígeno" para todas aquellas personas que estén imputadas por un delito urbanístico, añadió
Cano Buesa celebró la pasada semana con el presidente de la Junta de Andalucía, José Antonio Griñán, de testigo el "retorno" a la legalidad de Marbella y Estepona, ciudades que han protagonizado los casos de corrupción mas escandalosos de España e incluso de Europa.
Para ello, se basó en la importancia de la revisión de las licencias concedidas por los gobiernos que permanecen aún bajo sospecha y pendientes de juicio. "Si van contra la Ley, estos permisos son nulos de pleno derecho", afirmó. Sin embargo, no tuvo en cuenta que el Ayuntamiento marbellí se ha limitado a trasladar al órgano jurídico que preside tan solo un centenar de expedientes en dos años. "Su mayor parte en nada tiene que ver con asuntos urbanísticos", concretó Ávila.
No obstante, éstas no son las declaraciones mas "sorprendentes", de acuerdo con los ecologistas. El titular del Consejo Consultivo de Andalucía llegó a considerar que el buen y regular funcionamiento de las administraciones públicas es mucho mas un problema de conocimiento que de mala fe. Una afirmación realizada en el año en que mas alcaldes, concejales y técnicos presuntamente corruptos han sido investigados y puestos a disposición de la justicia. "Cuanto menos es un ejemplo de peligrosa ingenuidad", advirtió el portavoz de la asociación de defensa de la naturaleza.
Nada que ver con la actitud de la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, que manifestó su alegría por las declaraciones de Cano Buesa. "Son un aliciente y orgullo para seguir en la misma dirección de trabajo", declaró.
Una dirección que, para Ecologistas en Acción, va camino de legalizar 30.000 viviendas sin buscar culpables y ponerle un sencillo punto y final a los peores 15 años de la historia de la ciudad de la excelencia turística y la escasez de equipamientos públicos.
Fuente: http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009060800_4_265121__Municipios-Marbella-tardara-revisadas-licencias-ilegales
Publicado el 08/06/2009 a la(s) 13:25
Por Plataforma 29-marzo
De la Torre no retocará los puntos más polémicos del planeamiento urbano
DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 08/06/2009
Sostenella y no enmedalla. El Ayuntamiento de Málaga, que preside Francisco de la Torre (PP), no va a modificar los proyectos incluidos en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que han sido considerados como "inviables" en los distintos informes sectoriales emitidos por otras administraciones.
La tercera parte de las viviendas estará en suelos que la Junta ha preservado
El pleno de Málaga celebrará mañana una sesión extraordinaria para aprobar una serie de modificaciones al documento para dar cumplimiento a estos informes sectoriales y para corregir errores, pero no se tocarán proyectos que han tenido algún reparo como la construcción en Arraijanal, última parcela libre en primera línea de playa, las torres de Repsol o el desarrollo de los suelos que ocupó la antigua central térmica junto a la playa de La Misericordia. El Ayuntamiento prevé ingresar 170 millones de euros por los convenios firmados con los propietarios de estos terrenos.
En total, el pleno verá 162 modificaciones que, según la asesoría jurídica municipal, no suponen una alteración sustancial del planeamiento aprobado provisionalmente el 14 de agosto de 2008. Por ello, no será necesario convocar un nuevo periodo de información pública.
Especialmente significativa es la desconsideración del consistorio hacia el informe de impacto ambiental que emitió la Consejería de Medio Ambiente. Este departamento considera inviables proyectos como la urbanización en Arraijanal, en los terrenos al norte de la ronda de circunvalación y en la vega del río Campanillas, lo que afecta a unas 8.000 viviendas, prácticamente la tercera parte de las proyectadas en el nuevo PGOU.
Los 500.000 metros cuadrados de Arraijanal ya se preservan como suelo no urbanizable en el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Málaga (POTAUM) a punto de ser aprobado por el consejo de Gobierno de la Junta. Pese a que el Ayuntamiento de Málaga conocía esta consideración, firmó con la promotora Vallehermoso un convenio para construir 664 viviendas, hoteles y equipamiento comercial por el que recibirá 28 millones de euros.
El Ayuntamiento considera que el informe ambiental es una invasión de competencias municipales por parte de la Junta. En noviembre, el consistorio pidió a la consejería que modificara su estudio de impacto amparándose en un informe de la asesoría jurídica municipal. El equipo de gobierno sí ha modificado nueve puntos derivados del informe de impacto ambiental, pero sobre cuestiones menores.
Una vez aprobado por el pleno, el Ayuntamiento remitirá el paquete de modificaciones a la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio, que es a la que compete la aprobación definitiva del PGOU, y que, a la vista de la persistencia de estos proyectos ambientalmente inviables, decidirá presumiblemente dejarlos en suspenso. La oposición ha criticado la actitud del alcalde, Francisco de la Torre. El portavoz de IU, Pedro Moreno Brenes, entiende que trata de "eludir los controles de las demás Administraciones", y considera que se requeriría una nueva aprobación provisional con información pública porque sí hay modificaciones sustanciales. El portavoz del PSOE, Rafael Fuentes, critica que el alcalde "se empeña en la defensa de los intereses privados de unos cuantos". Las torres de los terrenos de Repsol conservan su altura
La Dirección General de Aviación Civil, dependiente del Ministerio de Fomento, conminó al Ayuntamiento de Málaga a reducir las alturas de ocho edificios de más de 100 metros proyectados por el nuevo PGOU en los suelos que ocuparon los depósitos de petróleo de Repsol y en el área de la desaparecida central térmica junto a la playa de La Misericordia al considerar que afectaban a la seguridad aérea. A diferencia de lo ocurrido con los informes de impacto ambiental, que han sido ignorados, el equipo de gobierno de Francisco de la Torre sí ha introducido modificaciones al plan para dar cumplimiento al texto de Aviación Civil, pero sin llegar a la reducción taxativa de las alturas, que se contemplan como una mera posibilidad.
Para la reordenación de los suelos de Repsol, favorecidos además por el soterramiento de las vías del tren que lo atraviesan, el Ayuntamiento contempla un conjunto de edificaciones. Entre ellas se incluye el que será rascacielos más alto de la ciudad, un bloque de 45 plantas con 186 metros de altura. Además, se proyectan otras tres torres de 131, 124 y 117 metros; de entre 31 y 27 plantas. La modificación introducida consiste en añadir a la consideración de máximas de estas alturas en la ficha urbanística la posibilidad de que se puedan reajustar a la baja "en función de las superficies limitadoras de las servidumbres aeronáuticas reflejadas en el plano o en su caso la que finalmente se establezca por la administración competente en dicha materia". El Ayuntamiento aún confía en que Aviación Civil pueda revisar su informe.
La modificación contempla además de que en caso de que se produjera la rebaja de alturas se haga un reparto de la volumetría entre el resto del sector para no perder la edificabilidad prevista y acordada por el consistorio con los promotores del proyecto, que abonarán 84 millones de euros.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/PGOU/Malaga/mantiene/proyectos/inviables/medio/ambiente/elpeputec/20090608elpand_4/Tes
Publicado el 07/06/2009 a la(s) 13:20
Por Plataforma 29-marzo
La mayoría corresponde a concesiones administrativas realizadas durante la etapa del GIL
07.06.09 - C. GONZÁLEZ / H. BARBOTTA| MARBELLA
Marbella está a la cabeza de los municipios andaluces en respeto a la legalidad. Quien esta semana hizo esta afirmación tan contundente no fue un alto cargo del Partido Popular, sino el presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, que resaltó que Marbella «tiene en este momento una actividad de revisión de actos ilegales muy clara y decidida por parte de su alcaldesa, y en ese sentido en el Consejo Consultivo encuentra apoyo constante y el asesoramiento que precise para esta tarea encomiable».
Pese a que Cano Bueso subrayó sobre todo la vuelta a la legalidad urbanística, el Ayuntamiento de Marbella ha destacado por pedir informes en relación a otro tipo de asuntos.
En concreto, desde que Ángeles Muñoz es alcaldesa de Marbella ha solicitado al Consejo Consultivo su dictamen sobre 33 asuntos. En su mayoría están relacionados con concesiones administrativas realizadas por el Ayuntamiento durante la etapa del GIL sin que se cumplieran los requisitos legales, pero también cesiones o traspasos de bienes, permutas, contrataciones administrativas o asuntos relacionados con reclamaciones patrimoniales.
De todos estos asuntos, sólo uno corresponde a la revisión de una licencia de obras, y fue por obligación. El Ayuntamiento tuvo que pedir al consejo que se pronunciara sobre el permiso concedido en 2003 por Julián Muñoz para construir 36 viviendas en Río Real, y ello después de que un Juzgado ordenara al gobierno municipal que revisara la licencia.
La política activa puesta en marcha por la gestora, desde abril de 2006 hasta junio del año siguiente, de revisar una por una todas las licencias de obras ilegales firmadas por los sucesivos alcaldes del GIL, de modo de conseguir su nulidad, tuvo un drástico freno con la llegada al poder municipal de equipo encabezado por Ángeles Muñoz.
La alcaldesa fundamenta esta postura en dos premisas: evitar posibles reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento por ir contra sus propios actos y esperar a la aprobación del nuevo Plan General, de modo que sea el nuevo documento urbanístico el que regularice por sí solo la situación. Los críticos con esta postura destacan que el Ayuntamiento pierde su principal arma jurídica a la hora de reclamar a los promotores beneficiarios de las licencias ilegales una compensación por los beneficios obtenidos.
Confianza
Ajeno a esta polémica, Cano Bueso explicó a este periódico el sentido de sus palabras al afirmar que no estuvieron basadas en expedientes concretos que hubiera tramitado la institución que preside, sino en una serie de trabajos que el Ayuntamiento está realizando con discreción para devolver la legalidad a Marbella. Para el presidente del Consejo Consultivo, la nueva situación de legalidad que subrayó en el acto de esta semana ha permitido infundir confianza a los agentes económicos.
Cano Bueso recordó que durante los años del GIL al frente del Ayuntamiento de Marbella, la relación entre ambas instituciones fue nula, situación sobre la que se produjo un punto de inflexión a partir de la disolución de la corporación municipal y la constitución de la gestora. Después, según el presidente, ha habido continuidad en esta relación con el gobierno del PP.
Entre los trabajos que el consejo realiza con el Ayuntamiento destacan los relacionados con el nuevo PGOU a punto de aprobarse, y en ese sentido, el presidente del consejo es contundente: «la legalidad urbanística no son sólo las licencias de obras».
Fuente: http://www.diariosur.es/20090607/marbella/munoz-pidio-dictamenes-consejo-20090607.html
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