La participación fomenta el debate y aumenta las posibilidades de que cualquier toma de decisión contará con la aprobación de una mayoría consciente.
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Conchi : Increíble, la rapidez para demoler éstas y no las miles de edificaciones que adornan nuestro país.
Conchi : Marbella recuerda una fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él ........
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Publicado el 15/09/2008 a la(s) 11:55
Por Plataforma 29-marzo
La Junta de Andalucía y el alcalde de Carboneras apoyaron durante años la obra del Algarrobico
M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 14/09/2008
¿Cómo puede levantarse un hotel de 20 plantas a 28 metros del mar y en terreno protegido? ¿Cómo pudo la promotora Azata del Sol erigir su mole en el parque natural del Cabo de Gata, en Almería, con todos los permisos y que, 20 años después del primer trámite, el juez falle que la licencia es ilegal? Sólo el apoyo continuado del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía, del PSOE, explica que el hotel del Algarrobico, símbolo de la destrucción del litoral, haya llegado tan lejos. Esta es la historia de la tramitación del proyecto y de cómo la Junta modificó sus propios planos -"de forma burda", según el juez- para legalizarlo.
Los planos públicos fueron manipulados "de forma burda", según el juez
Aunque la justicia tire el hotel, la empresa puede construir al lado
Hace 20 años, el suelo de Almería casi se regalaba. Desde 1983 ya era alcalde de Carboneras Cristóbal Fernández, del PSOE. El 26 de mayo de 1988 la Junta aprobó el plan del hotel, 411 habitaciones pegadas al mar. El acuerdo no llegó al boletín oficial hasta el 8 de agosto. Las fechas son relevantes porque entre medias, el 4 de agosto, se aprobó la Ley de Costas, que fijaba una franja de 100 metros de protección de la costa. Cualquier plan urbanístico posterior al 1 de enero de 2008 debía adecuarse a la ley. El juez de lo contencioso-administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, consideró la semana pasada que ya entonces la Junta y el ayuntamiento debieron anular el plan. El Ministerio de Obras Públicas, a través de Costas, alertó al ayuntamiento el 15 de febrero de 1988 de que debía respetar los 100 metros.
En 1990, las normas subsidiarias del municipio pasaron otra vez por la comisión autonómica de urbanismo. El hotel no suscitó debate, pero la crisis de principios de los 90 durmió el proyecto. En 1994, la comunidad amplió el parque del Cabo de Gata y calificó la zona del hotel C1, "incompatible con el uso urbanístico", según la sentencia que acaba de declarar ilegal el hotel. Pero la comunidad modificó la planimetría para decir que el hotel estaba en una zona urbanizable (D2). Con un bolígrafo, una mano anónima convirtió la C en D sobre un plano. Los siguientes cambios fueron más sofisticados. El 11 de marzo pasado, en un escrito el jefe de gabinete de planificación de la Junta, Antonio Garzás, explicó que la calificación como no urbanizable fue "un error", ya que era urbanizable antes de la llegada del parque, y que rectificaron "por vía de hecho", cambiando los planos sin hacerlo público. El juez considera que ese cambio dio "apariencia de legalidad a lo que es manifiestamente ilegal" y ha pedido al fiscal que investigue "la burda maniobra" por si ve delito. En 1997 ya era dueña del terreno la promotora Azata del Sol; sus directivos cuentan que fue muy barato. Entre 1997 y 2003 el proyecto recibió los parabienes de cuatro consejerías de la Junta. El Ministerio de Medio Ambiente seguía sin concluir el deslinde que delimita la zona pública y privada de playa. Las obras comenzaron en 2003 y sólo el recurso de 2005 de la Asociación Salvemos Mojácar logró en 2006 paralizarlas cautelarmente.
Juan José Luque y Cristóbal Fernández han participado en todo el proyecto. El primero fue delegado de Medio Ambiente de la Junta en Almería entre 1998 y marzo de 2008. Siempre insistió en que el hotel era legal y que no había habido ningún cambio de planos. Ocurría, decía, que el publicado en el boletín oficial era pequeño y no quedaba claro, pero que el hotel estaba en zona urbanizable. Luque es ahora director de la empresa pública Acuamed, del Ministerio de Medio Ambiente, en Almería. El otro es el alcalde, que ha insistido en que "el hotel está y estaba fuera del parque natural" y ha anunciado que recurrirá la sentencia. En los últimos 25 años Fernández sólo ha dejado el cargo seis meses al ser condenado por delito electoral. Con su renuncia dio tiempo al Gobierno socialista a indultarle; se volvió a presentar y ganó con mayoría absoluta. El juez critica que las dos administraciones actuaron con "abulia y desidia" y no defendieron el interés general.
A estos hay que sumar a Fuensanta Coves, consejera de Medio Ambiente entre 2000 y marzo de 2008, que defendió que el hotel era feo pero legal. Desde marzo preside el Parlamento Andaluz. En 2007, cuando el hotel era ya un quebradero de cabeza para la Junta, cambió del discurso. Entonces se sumó al recurso de Salvemos Mojácar contra la obra, pidió la demolición y comenzó a negociar con la empresa la expropiación. La Junta sostenía que la distancia legal para edificar era 50 metros del mar, criterio contrario al del juez, la Audiencia Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente. Aun así, la administración de Manuel Chaves afirma que la sentencia le da razón y resalta que en 2007, con el nuevo plan del Cabo de Gata, aumentó al protección de los terrenos, "que pasaron de D2, urbanizables, a C3", terrenos construidos que hay que recuperar. Sin embargo, si, como dice el juez, el terreno era desde 1994 de máxima protección el nuevo plan rebaja la protección de la playa. Fuentes del actual equipo de Medio Ambiente, dirigido por Cinta Castillo, afirman que la Junta está determinada a demoler el hotel. Castillo ha calificado como "opiniones personales del juez" partes de la sentencia que le son contrarias. La ex ministra Cristina Narbona, siempre muy crítica con la obra, señaló que era legal y estaba dispuesta a pagar una indemnización pública.
El portavoz de la promotora en la zona, Antonio Baena, no entiende que la administración diga que es ilegal, ya que el ayuntamiento le eximió de los impuestos municipales para desarrollar el pueblo y, si la obra se hubiese terminado, la Junta habría ayudado con más de 2,5 millones de euros, el 10% de la inversión, a través de una subvención del Ministerio de Economía.
Aunque el hotel es ilegal (a falta del recurso), aún quedan pleitos pendientes en el Algarrobico. La promotora tiene dos recursos contra el deslinde de 100 metros que en 2006 concluyó el ministerio, y los ecologistas han recurrido el plan del Cabo de Gata. La Junta ha presentado otro recurso porque dice que la empresa no le informó cuando compró el terreno y quiere ejercer el derecho preferente sobre el suelo del parque.
Azata es dueña de terrenos junto al hotel que siguen siendo urbanizables. Es decir, que aunque la justicia tire el hotel (falta mucho para decidir quién paga eso y cómo), la empresa puede llegar a construir justo al lado. El Algarrobico puede que no vuelva a ser virgen nunca.
Fuensanta Coves
El hotel se construyó mientras era consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta legislatura es presidenta del Parlamento Andaluz
Antonio Baena
Portavoz de la empresa Azata del Sol, la promotora del hotel. Azata es dueña de otros terrenos en la playa que siguen siendo urbanizables
Cristóbal Fernández
Alcalde de Carboneras desde 1983. Defiende el proyecto argumentando que la zona de servidumbre marítimo-terrestre es de 20 metros en el Algarrobico
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/anos/bendiciones/hotel/ilegal/elpepiesp/20080914elpepinac_12/Tes
Publicado el 15/09/2008 a la(s) 11:42
Por Plataforma 29-marzo
JAVIER MARÍAS
14/09/2008
Han sido dos pequeñas noticias que han pasado casi inadvertidas y que ni siquiera tuve la prudencia de guardar, por lo que no las recuerdo con exactitud. Una hablaba de un alcalde de una población granadina, creo, que se había declarado en huelga de hambre para protestar por la "asfixia económica" a la que están sometidos los ayuntamientos en general y supongo que el suyo en particular. La otra se hacía eco de las quejas de los alcaldes de España por el "escaso poder" de que disponen, y se anunciaba una reforma con vistas a incrementárselo; y, si no me equivoco, en este mismo diario hubo un editorial que les daba la razón (!). ¿Asfixia económica? ¿Escaso poder? O estoy muy mal informado y veo visiones a mi alrededor -no lo descarto-, o nuestros primeros ediles son unos jetas. Lo que sé con certeza es que no soy el único ante esta disyuntiva o con esta perplejidad.
Un notabilísimo número de ayuntamientos de este país se distingue por las desvergonzadas recalificaciones de terrenos y los consiguientes pelotazos inmobiliarios con que se benefician, tanto en las grandes como en las pequeñas ciudades como en los pueblos, en las costas como en el interior, en el norte como en el sur como en el este como en el oeste. De todos es sabido que España se ha convertido en los últimos años en el reino de la especulación, la barbarie urbanística, la destrucción del paisaje y del medio ambiente, la edificación salvaje y sin sentido y el dinero negro o mafioso que todo ello trae consigo; y que nada de esto habría sido posible sin la connivencia o complicidad de los ayuntamientos, que son los que otorgan permisos, expropian terrenos, hacen concesiones a los constructores y cobran grandes cantidades a cambio. No son pocos, además, los que lo hacen sin ni siquiera una apariencia de legalidad, y estamos hartos de leer en la prensa sobre casos de corrupción municipal aquí o allá, con gobiernos del PP, del PSOE o de San Juan Crisóstomo, tanto da. Pero no es sólo eso: en cualquier ciudad -pero empezando por Madrid, que se lleva siempre la palma-, a uno lo asaltan las continuas y demenciales obras que las más de las veces son o parecen enteramente innecesarias, esto es, sólo explicables como manera de que hagan caja tanto los ayuntamientos que las inventan, propician, autorizan y encargan como las empresas que las ejecutan. La impresión que tiene cualquiera es justamente la contraria de la que ha movido a ese excéntrico alcalde granadino a iniciar una melodramática huelga de hambre, a saber: que los ayuntamientos se hinchan a ganar dinero -a costa del tormento de sus ciudadanos-, y que les sobra tanto que además pueden endeudarse hasta las cejas (ya saben que sólo los riquísimos están facultados para contraer monstruosas deudas).
En cuanto a su "escaso poder", uno tiene asimismo la sensación contraria: los alcaldes abusan del que se les otorga y éste es excesivo a todas luces, con la agravante de que lo que acometen suele ser irreversible, además de hortera y dañino en general. Destrozan las ciudades y eso no tiene vuelta de hoja, y las utilizan como si fueran el salón de su casa, sin que nada ni nadie los pueda frenar. ¿Y exigen más poder todavía? Es una tendencia de la España actual: con el pretexto de la descentralización, conveniente y necesaria en muchos aspectos, hay un afán por trocear cada vez más las parcelas. Es como si legiones de españoles precisaran mandar, en algún sitio, aunque sea en un patio de vecinos. Y la única forma de contentar y aplacar a esos millones de megalómanos ansiosos de algún poder, es repartir éste hasta la brizna y blindar las competencias de cada uno de ellos en su menudencia.
Los alcaldes y concejales han pasado a contarse, como dije aquí hace algún tiempo, entre los villanos de la nación. Hacen lo que les da la gana, destruyen sus localidades. El de Madrid va a destripar, dentro de nada, el Paseo del Prado -maldita la falta que hace tocarlo: uno de los pocos lugares bonitos de la capital- y la calle de Serrano, lo cual supondrá el más sádico martirio y el más absoluto caos. El de Soria -ciudad que conozco bien- va a excavar un aparcamiento en pleno centro y se va a cargar la ribera del Duero y la visión de las ruinas de Numancia con la construcción de un polígono industrial totalmente superfluo y para el cual, en todo caso, sobraba terreno más propicio en una provincia extensa y semivacía; y lo va a hacer no sólo con el apoyo de su grupo socialista -cuando al PSOE le da por el negocio hay que temerlo tanto como al PP-, sino de los demás sin excepción y de la Junta de Castilla y León, y en contra del criterio de todas las Academias y organismos, nacionales y extranjeros, que defienden la cultura, la historia, las artes, el paisaje y la conservación del entorno. Esa gente sabia y responsable, al ayuntamiento cafre de Soria y a la vandálica Junta les parecen unos capullos y se la pasan por el forro.
A todos estos alcaldes españoles que piden más y más, y nos quitan más y más, se les olvida que están de paso y que nadie se va a acordar nunca de ellos, como no sea para maldecirlos. La prueba, el más famoso de la democracia, Tierno Galván: la gente se echó folklóricamente a la calle para verlo enterrar, pero hoy ya nadie sabe qué hizo o dejó de hacer. Sólo que escribía unos bandos chistosos y que una noche lo fotografiaron junto a una actriz con las tetas al aire. Qué legado.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/portada/Danina/gente/paso/elpepusoceps/20080914elpepspor_6/Tes/
Publicado el 12/09/2008 a la(s) 17:49
Por Plataforma 29-marzo
El grupo Riviera Coast Invest se dedica a la venta de complejos residenciales que ofrece a inversores con el compromiso de alquilarlos después a través de una filial
INMA ALJARO. MÁLAGA
Casi un centenar de las miles de personas que se calculan afectadas por la empresa alicantina Riviera Coast Invest presenciaron la detención en directo. Llevaban varios días haciendo guardia en el aeropuerto de Altet (Alicante) para que "no escaparan". La noche del miércoles vieron sus deseos hechos realidad. La policía detenía a la cúpula del holding levantino justo en el momento en el que se disponía a abandonar el país en un avión privado rumbo a Marruecos.
Los seis detenidos, entre los que se encuentra el empresario francés Claude Roch Tabarot, están acusados de un supuesto delito de estafa inmobiliaria que podría afectar a un millar de personas, entre los que podría haber decenas de malagueños.
El número exacto de damnificados aún no se ha concretado. "Hay gente de Málaga que todavía no sabe que la empresa se dedicaba a esta actividad fraudulenta porque el caso ha sido más sonado en Levante. Ahora comenzarán a salir los perjudicados", explicó ayer a este periódico el abogado de la Asociación de Perjudicados por el Grupo Riviera, José Luis Escobar.
Sin fondos.
La actividad a la que se refiere el letrado, que ha sido investigada por la unidad de Delitos Económicos del Cuerpo Nacional de Policía y será instruida por el juez Santiago Pedraz -el que fuera responsable de la dirección del caso Forum-Afinsa-, consistía en la construcción y venta de complejos residenciales temáticos: para el colectivo universitario (Ulyss), personas mayores (Jardines del Edén), ejecutivos (Business City) y turísticos (Delfín).
En Málaga tenían prevista la construcción de un complejo hotelero que ellos mismos calificaban de ´alto standing´ destinado a personas mayores y ubicado en la Avenida Principal del Candado. Este proyecto estaba previsto en una parcela de más de 6.000 metros cuadrados y que fue presentado en la última edición del Mercado Internacional de Profesionales inmobiliarios (MIPM) el pasado mes de marzo.
Al parecer, Riviera Coast Invest ofrecía a sus clientes la posibilidad de destinar sus ahorros a la compra de apartamentos o estudios en esas promociones con el compromiso de que, una vez construidos y pagados, ellos mismos los alquilarían a través de una filial.
La empresa prometía con este sistema, que los convertía en promotores y gestores, beneficios de entre el 6 y el 7 por ciento. Sin embargo, los propietarios de los apartamentos, según las denuncias recibidas por la asociación, no han cobrado ese dinero y algunos de los perjudicados compraron pisos que supuestamente estaban libres de cargas y que luego resultaron estar hipotecados.
"Muchas de esas promociones no se construían, por lo que los contratos eran rescindidos y ofrecían a cambio pagarés sin fondos o le daban al cliente opciones de compra de apartamentos en otras provincias como Granada, Murcia o Alicante, donde se encuentra la mayoría de los afectados", indicó Escobar en referencia a las estafas que probablemente habrán sufrido los inversores malagueños.
Algunos de estos propietarios observaron consternados cómo, a finales de julio, dos de las empresas que formaban parte del grupo Riviera Coast Invest presentaban una demanda voluntaria de concurso acreedores o, lo que es lo mismo, suspensión de pagos, según publicó entonces El boletín.
¿Víctimas de víctimas? En declaraciones a este semanario, un directivo de Riviera Invest aseguraba que la decisión había sido tomada por la situación del sector y se declaraban "unas víctimas más de la crisis del ladrillo". Asimismo garantizaba que el dinero se devolvía o se daban alternativas para recuperar la inversión y que los cheques sin fondo no respondían a una falta de liquidez.
Fuente: http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008091200_2_204762__Malaga-Detenidos-seis-directivos-promotora-estafo-miles-clientes-entre-ellos
Publicado el 12/09/2008 a la(s) 16:41
Por Plataforma 29-marzo
La urbanización obligaba a grandes desmontes en una zona de valor ecológico
FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 12/09/2008
Ni reduciendo el número de viviendas, ni agrupándolas para que ocupen menos suelo, ni presentando un nuevo proyecto. La Consejería de Medio Ambiente ha declarado "no viable" el plan para construir un total de 1.466 viviendas -tanto en forma de chalés como de bloques de hasta 9,5 metros de altura- en el Barranco Blanco, un paraje de 146,7 hectáreas de alto valor ecológico en Alhaurín el Grande (Málaga). Esta declaración negativa cierra la vía administrativa para la urbanización, promovida por la empresa vizcaína Ondobide SA.
En la zona hay "numerosos rastros" de animales y plantas protegidos
Se trata de la segunda declaración de impacto ambiental negativa que recibe la urbanización, situada en plena sierra entre los municipios de Coín, Mijas y Alhaurín el Grande. La primera fue emitida en julio de 2007, pero el Ayuntamiento de Alhaurín, gobernado por Juan Martín Serón (PP), aportó a la Junta documentación complementaria del proyecto que contemplaba disminuir la superficie construida y concentrar las viviendas en el centro del sector. Todo fue en vano.
La declaración de impacto ambiental de Plan Parcial de Ordenación Barranco Blanco es el último acto administrativo del ya ex delegado de Medio Ambiente de la Junta en Málaga, Ignacio Trillo, que cesó el pasado 2 de septiembre. El documento pone reparos muy graves al proyecto. En primer lugar, señala que el plan parcial propuesto por Ondobide "no se adapta a las condiciones topográficas" al "ubicar viviendas y otras infraestructuras en zonas muy escarpadas" y "con pendientes por encima del 40%". Acomodar las casas en estas zonas obligaría a "desmontes de gran envergadura" y "taludes casi verticales", que causarían un "gran impacto visual y paisajístico" en este "corredor ecológico" situado entre las sierras de Mijas, Alpujata, Blanca, Bermeja y de Coín.
La Junta considera el proyecto inviable por las afecciones a los acuíferos, tanto por el abastecimiento del complejo residencia como por el destino de las aguas depuradas. Los promotores pretendían obtener 17 litros por segundo de un acuífero que presenta un déficit hídrico de 54 hectómetros cúbicos anuales. "Los recursos disponibles son insuficientes para servir con garantías de calidad y cantidad las demandas actuales", se lee en la declaración de la Junta. Además, se alerta del riesgo de contaminar los acuíferos de los que se abastecen para el consumo humano las localidades de Coín y Monda en caso de que fallara el sistema de depuración propuesto por la promotora.
La urbanización afectaría al río Alaminos considerado Lugar de Importancia Comunitaria por la Unión Europea desde el año 2006. En la zona, los técnicos de Medio Ambiente hallaron "gran número de rastros" de especies protegidas como el gato montés, la gineta, la comadreja o la garduña. La sierra es, además, área de alimentación de aves vulnerables como el águila perdicera, el águila real o el halcón peregrino.
En cuanto a la flora, el 96% del sector que se pretendía urbanizar presenta comunidades contempladas en las directivas europeas de conservación.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Medio/Ambiente/frena/construccion/1466/casas/Alhaurin/Grande/elpepuespand/20080912elpand_8/Tes
Publicado el 12/09/2008 a la(s) 13:27
Por Plataforma 29-marzo
El juez Ismael Moreno dice que a finales de 1998 el déficit del Ayuntamiento alcanzaba los 46,4 millones de euros.
Aclara que Gil creó 31 sociedades a las que cedía fondos públicos que así escapaban del control del pleno.
Las empresas deben 163 millones a la Seguridad Social
JOSÉ ANTONIO SAU. MÁLAGA
La atención de la Justicia por Marbella es muy anterior a ´Malaya´. El titular del Juzgado Central de Instrucción número 2 de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha emitido un auto en el que transforma las diligencias previas abiertas por el ´caso Saqueo II´ en procedimiento abreviado -penas menores a nueve años de cárcel-, procesa a 36 personas y solicita tanto a la Fiscalía como a las partes que realicen su escrito de acusación y especifiquen en él si desean la apertura del juicio oral o el sobreseimiento de las actuaciones.
El auto, al que ha tenido acceso La Opinión de Málaga, es una radiografía clara de lo que ocurrió en Marbella desde 1991 y pone en evidencia el despilfarro y el descontrol sobre la cosa pública que impuso Jesús Gil en su administración. Esta instrucción comenzó a principios de 2003, una vez que la Fiscalía remitió al juez Moreno una querella basada en el informe de fiscalización que el Tribunal de Cuentas realizó entre el 96 y el 99 sobre la contabilidad de las sociedades municipales. El análisis anterior, 91-95, dio como resultado el ´caso Saqueo I´, que se juzgará en dos semanas, mientras que está por ver qué hace la Fiscalía con el último periodo analizado (hasta la detención de Yagüe).
Gilismo.
Básicamente, el instructor ha tratado de determinar la forma en que Gil y su aparato despatrimonializaron el Consistorio por medio de ceder los fondos municipales a las 31 sociedades públicas que fueron creadas a partir del 91, cuando llegaron al poder.
Entre los 36 imputados están los ex regidores Julián Muñoz y Marisol Yagüe; el ex abogado asesor de Gil José Luis Sierra; Juan Antonio Roca Nicolás y un total de 25 ex concejales que han participado en las cuatro corporaciones del ex presidente del Atlético de Madrid. Completan el núcleo de procesados abogados ligados a Gil y arquitectos, como ocurre con Carlos Monteverde, pieza central de toda la investigación ya que habría cobrado presuntamente dinero en efectivo que después no se justificó y por proyectos que no se realizaron.
Las pesquisas.
Según Moreno, tras la victoria del GIL en junio del 91, sus partidarios pudieron "controlar la totalidad de la actividad municipal y disponer de los fondos municipales en su propio beneficio, en detrimento de los intereses públicos, evitando cualquier tipo de control al que pudieran someterse desde el propio Consistorio".
"A tal fin crearon 31 sociedades públicas desde 1991 hasta 1999, fecha en la que se inicia la fiscalización del Tribunal de Cuentas", aclara. Estas empresas estaban dirigidas por los ediles.
"Éstas eran dotadas con fondos públicos municipales transferidos por el Ayuntamiento, quedando los mismos fuera del control del pleno municipal y en manos de los imputados. La ausencia de control permitió a éstos apoderarse de parte de los fondos o su uso para finalidades distintas a las asignadas", reflexiona el juez en el auto, al tiempo que indica que, cuando los pagos debidos de estas sociedades no eran satisfechos, el Ayuntamiento los asumía. Por ese motivo, las entidades pagaban con talones al portador o en efectivo, "ocultando así al destinatario del dinero".
Contabilidad.
La disposición de los fondos no se reflejaba en la contabilidad de las sociedades y las transferencias desde el Ayuntamiento se calificaban como "créditos pendientes, sin que en las cuentas se reflejara la existencia de tales deudas, por lo que tampoco los estados contables del Ayuntamiento reflejaban la verdadera situación contable", añade Moreno. El Tribunal de Cuentas contabilizó, según el magistrado, un déficit de 46,4 millones de euros hasta el 1 de diciembre del 98. "Algunas sociedades carecían incluso de libros de contabilidad", apunta.
Por otro lado, "consta el cobro de fondos públicos por parte de algunos de los concejales por servicios no prestados o por actividades no desarrolladas". Y, por último, la instrucción ha tratado de esclarecer las deudas contraídas por Ayuntamiento y sociedades públicas con la Seguridad Social hasta el 99: el instructor sitúa la misma en 163,07 millones de euros.
Estos hechos han sido calificados, tras más de cinco años de instrucción, como delitos de malversación de caudales públicos, falsificación y contra la Seguridad Social.
Fuente: http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008091200_2_204753__MALAGA-instruccion-Saqueo-concluye-procesados
Publicado el 12/09/2008 a la(s) 12:04
Por Plataforma 29-marzo
Por Belén García - MARBELLAÚltima actualización 12/09/2008@01:42:38 GMT+1
Izquierda Unida acusó ayer a la alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, de estar realizando la “política del calamar” en alusión a que “cuando ve que se le va a atacar lanza una mancha de tinta para continuar sus acciones bajo cuerda”.
Esa es la opinión del portavoz de la coalición, Enrique Monterroso, quien consideró que la tramitación de la aprobación definitiva del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), está siendo “oscura y sin contar con los movimientos sociales ni políticos”.Al respecto advirtió a la regidora que, si se está modificando el documento en puntos relativos a los sistemas generales de los suelos, la calificación de los suelos o el cambio de suelos no urbanizables, éste deberá volver a someterse a la aprobación inicial. “Cuándo se aprobó inicialmente el Plan-recordó Monterroso- la alcaldesa ya advirtió que lo modificaría por que ese no era su Plan sino el de la Junta de Andalucía”.
Desde la coalición creen que el PGOU “se está cocinando entre la Junta y el PP sin dar explicación alguna, mucho nos tememos que este otoño nos convoquen un día para su aprobación definitiva sin darnos la oportunidad de conocer el documento”.Inciden en que han solicitado en los últimos meses la comparecencia del consejero de Urbanismo para solicitar explicaciones e información “sin haber recibido contestación”.
Por otra parte informó de una próxima reunión con el Fiscal de Urbanismo de Málaga para que investigue la legalidad de dar licencias “en precario” o provisional es hasta la entrada en vigor del texto. IU anuncia que quiere “conocer la opinión del fiscal” antes de emprender acción alguna ya que creen que “hay jurisprudencia sobre el tema y el concepto 'en precario' no es aplicable en este caso”.
Para la coalición de izquierdas un plan ideal debe “ser asumido por todos, dotar de infraestructuras, recuperar los equipamientos perdidos y dotar de suelo suficiente y de calidad para las VPOs”.
Gestión General
Izquierda Unida tuvo también palabras para la gestión general de los populares que, consideran, adolece de falta de “micropolítica” y recordaron que “atender a las necesidades de los ciudadanos en motivos clave como la seguridad es igual o más importante que la política en sí”.Consideraron que ejemplo de ello es la “oleada de robos” que se están registrando en los barrios más populares y pidieron una “policía más cercana al ciudadano”.
Una opinión similar tienen sobre el estado de la limpieza en el municipio que valoraron “ha caído en picado” determinadas zonas.“Lugares que tradicionalmente se han cuidado sobremanera ahora presentan acumulaciones de basura citando casos como el del polideportivo Paco Cantos”.
Caso Belmonsa
Enrique Monterroso valoró además la reciente resolución judicial referente al conocido como caso Belmonsa, en el que creen “insólito” que el juez se base en que el inmueble “se prevea legalizarse según la aprobación inicial del PGOU” ya que “se ha aventurado a afirmar algo aún no decidido por la soberanía del Ayuntamiento”.IU, que ejerce la acusación particular en el caso, cree que la pena impuesta al abogado y asesor urbanístico Jose Luis Sierra, es “muy corta”.
Fuente: http://www.latribunademarbella.com/noticia.asp?ref=10454
Última actualización 12/09/2008@06:58:52 GMT+1
El concejal de IU y secretario general de la formación en Marbella, Antonio Monterroso, reconoce tener ciertas “dudas” sobre la legalidad de la moción aprobada en Pleno el pasado 25 de julio que permitía al Consistorio marbellí conceder licencias con carácter provisional a los edificios fuera de ordenación y que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prevé regularizar.Por ello, Monterroso anunció ayer que IU pedirá a la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente de Málaga que investigue si el Pleno “cumple la legalidad”.
El documento que se aprobó en sesión ordinaria fue elaborado por el Ayuntamiento de Marbella y consensuado con la Junta de Andalucía y permitirá adelantar la ejecución del plan urbanístico “entre seis u ocho meses” hasta su aprobación definitiva, prevista para el primer trimestre de 2009, según anunció hace dos meses la alcaldesa de la localidad, Ángeles Muñoz.
Asimismo, en relación a la aprobación provisional del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de la ciudad, el secretario general de IU acusó al Ayuntamiento y a la Junta de Andalucía de mantener una negociación “bajo cuerda, sin dar participación al movimiento ciudadano, ni siquiera a IU”, apostilló. A su juicio, “diez o quince personas no pueden decidir el futuro de Marbella” que pasa una nueva ordenación del territorio. Para el edil el proceso de estudio y respuesta de alegaciones que ha durado más de un año, “no ha sido transparente”.
En este punto, Monterroso denunció la “falta de verdad, de transparencia” y el “engaño” al que está sometiendo la regidora marbellí al pueblo de Marbella. En palabras del dirigente de IU, Muñoz está aplicando la “política del calamar, que cuando se ven amenazados lanzan una cortina de tinta”. Mientras, desde la oposición “peleamos y reclamamos a los agentes políticos del PP, redactores del Plan, presidente del Colegio de Arquitectos y al coordinador del PGOU, para que den cuentas sobre el estado del Plan, porque no sabemos nada”, espetó Monterroso.
Finalmente, auguró que IU “no apoyará un plan que no recupere el patrimonio perdido y dote de equipamiento a la ciudad”. Más si cabe, en caso de que en la etapa actual se modifique cualquier aspecto del sistema general de equipamientos y zonas libres, suelo no urbanizable o la calificación prevista del suelo. En este sentido, Monterroso está convencido de que el PP “está modificando el Plan”.
La gestión del Gobierno de Muñoz “hace aguas” en servicios básicos
Con el inicio del curso político, el secretario de comunicación de IU en Marbella, Miguel Díaz, quiso hacer hincapié ayer en el “malestar ciudadano” que existe ante las pruebas “más que evidentes” de que la gestión del Gobierno de Muñoz “hace aguas” en servicios elementales como la seguridad y la limpieza. Díaz lamentó que los populares no refuercen la seguridad ante las oleadas de robos que están sufriendo barrios como la Divina Pastora o Las Albarizas. Asimismo, denunció la acumulación de basuras en puntos turísticos de la ciudad y la reducción del número de limpiadoras en los colegios e institutos públicos.
Fuente: http://www.marbellaexpress.es/noticia.asp?ref=2933
Publicado el 12/09/2008 a la(s) 12:03
Por Plataforma 29-marzo
El delegado de Educación en Málaga, José Nieto, criticó ayer durante la presentación del nuevo curso 2008-2009 los problemas que ponen algunas administraciones locales a la hora de ceder suelo para la equipación educativa, entre ellas el Ayuntamiento de Marbella donde la Junta quiere construir al menos, dos nuevos centros educativos en Bello Horizonte y Xarblanca para acabar con la masificación de las aulas.
A. SALAZAR / M. J. CRUZADO
El delegado de Educación en Málaga, José Nieto, criticó ayer durante la presentación del nuevo curso 2008-2009 los problemas que ponen algunas administraciones locales a la hora de ceder suelo para la equipación educativa, entre ellas el Ayuntamiento de Marbella donde la Junta quiere construir al menos, dos nuevos centros educativos en Bello Horizonte y Xarblanca para acabar con la masificación de las aulas.
«No estoy aquí para criticar la labor de otras instituciones, pero está claro que hay ayuntamientos que facilitan más el trabajo a la administración educativa y otros que no lo facilitan tanto», señaló Nieto. En este sentido, apuntó que la Delegación lleva tiempo solicitando la cesión de suelos en zonas determinadas de la provincia, como Marbella, y sus peticiones no han sido atendidas en todos los casos. Además, dijo, «faltan centros escolares en Estepona, Fuengirola, Rincón de la Victoria y en algunas zonas de expansión de Málaga capital como Santa Rosalía-Maqueda».
El próximo lunes comenzarán el curso el alumnado de Infantil, Primaria, Segundaria y Educación Especial. Una semana más tarde, será el turno de quienes cursen Bachillerato, Ciclos Formativos, Enseñanzas de Régimen Especial y Educación Permanente de Adultos.
No obstante, un total de 1.000 puestos escolares de la provincia malagueña se cursarán en las 24 aulas, 19 como «solución transitoria». Del resto de aulas prefabricadas culpó a los Ayuntamientos «que no han cedido los terrenos necesarios para la construcción». Estas se ubican en Marbella, en el barrio malagueño de Santa Rosalía, en Fuengirola, Estepona y Rincón de la Victoria.
Fuente: http://www.diariosur.es/20080912/marbellaestepona/delegado-educacion-critica-falta-20080912.html
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