La participación fomenta el debate y aumenta las posibilidades de que cualquier toma de decisión contará con la aprobación de una mayoría consciente.
Conchi : Increíble, la rapidez para demoler éstas y no las miles de edificaciones que adornan nuestro país.
Conchi : Marbella recuerda una fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él ........
|
2 conectados
86636 visitantes
Publicado el 15/09/2008 a la(s) 19:19
Por Plataforma 29-marzo
14.09.08 - HÉCTOR BARBOTTA
A regañadientes, sin disimular la falta de entusiasmo y casi de soslayo, pero el Ayuntamiento ha tenido que anunciar esta semana que finalmente habrá demoliciones en Marbella. La alcaldesa informó el martes de la decisión del equipo de gobierno de ordenar el derribo de dos inmuebles a medio construir que no encuentran acomodo en el nuevo Plan General.
La perspectiva de la piqueta y las excavadoras ha venido provocando pánico en los promotores que llenaron sus redes en el río revuelto del GIL y en no pocos compradores (de buena y regular fe) que en algún momento actuaron como si realmente se vieran en el improbable paisaje de los bártulos en la calle y las viviendas reducidas a escombros.
Nadie tiene de qué preocuparse. Las estructuras que se echarán abajo son casos muy excepcionales dentro de la maraña de ilegalidades consumadas que salpican el mapa de la ciudad. Uno de los edificios que se tirará no está levantado bajo la cobertura de una licencia ilegal cocinada en el despacho de Roca y untada con abultados sobres. Está hecho sin licencia. Directamente. En el otro inmueble, el Ayuntamiento ha llegado a un acuerdo amistoso con el constructor. Otra excepción.
SOLUCIÓN INDESEADA
Motivos para preocuparse
Una de las personas a quien más inquieta el panorama de la piqueta es la propia alcaldesa. Desde el principio de su mandato, incluso desde antes de ganar las elecciones, Ángeles Muñoz se ha mostrado contraria a esta solución. A la alcaldesa le preocupa perder el apoyo de los compradores asustados, le preocupan las posibles reclamaciones patrimoniales contra el Ayuntamiento, le preocupan los problemas de imagen que podrían surgir tras la foto de un edificio de Marbella reducido a escombros y también le preocupa, por qué no decirlo, disgustar a los empresarios. Caben pocos reproches ante esta postura, porque seguramente nadie de quienes creían que las excavadoras debían reponer la legalidad en Marbella votó al PP en las elecciones municipales. Y el PP ganó por mayoría absoluta.
ADELANTO DEL PGOU
Un acuerdo con contrapartidas
Pero el Ayuntamiento ha tenido que ceder porque el acuerdo alcanzado con la Junta de Andalucía para adelantar la ejecución del PGOU, y consumar de alguna manera el indulto urbanístico al que nadie quiere llamar indulto urbanístico, tenía contrapartidas. El gobierno andaluz reclama demoliciones para que se vea en todos lados que no admite la impunidad en este terreno. Licencias por adelantado sí, pero también alguna demolición para la galería y revisión de licencias ilegales. En esto último el Ayuntamiento se está revelando más remolón. La Junta quiere una imagen para que todos, especialmente los alcaldes del resto de la costa andaluza, vean que el viva la pepa urbanístico se ha acabado. Y sabe que no hay fotografía con más difusión que la que se toma en Marbella. Por eso, semanas atrás pasó al Ayuntamiento una tímida lista de seis edificios que no pueden seguir en pie. Pero al gobierno municipal la lista de la Junta le pareció excesiva.
IMAGEN
El debate que volverá a abrirse
Finalmente habrá imágenes de piquetas en Marbella para regocijo de las televisiones, que tendrán minutos para llenar, y volverá a abrirse el debate de si serán imágenes positivas o negativas para el prestigio de la ciudad. Habrá quien crea que los derribos crearán una imagen de seguridad jurídica, y quienes opinen que los derribos demuestran exactamente lo contrario. Nadie puede escandalizarse ante la afirmación de que el prestigio de Marbella ya está suficientemente menoscabado como para que una piqueta lo empeore. Que esta ciudad dé una vez ejemplo de respeto a la ley no puede ser malo.
La imagen es importante, pero cuando la imagen no es reflejo de la realidad pierde sentido como expresión de lo que en verdad sucede. ¿Quién se puede creer que en Marbella no se han derribado edificios porque todos cumplen con la legalidad? En ese escenario, la ausencia de demoliciones sería más bien una prueba de impunidad. Con esta solución a la que han llegado Junta y Ayuntamiento tendremos un escenario contradictorio. Habrá derribos y también habrá impunidad.
CONTRATOS BAJO SOSPECHA
Un problema legal, ético y estético
Y ya que estamos con la imagen, la del equipo de gobierno municipal ha sufrido esta semana el primer golpe serio de este mandato tras saberse que el Ayuntamiento otorgó a una empresa de la que el concejal Espada es socio al 50 por ciento dos contratos que suman más de 220.000 euros. El equipo de gobierno y el PSOE se han enfrascado en una discusión sobre si las adjudicaciones son o no son legales. Pero después de todo lo que ha pasado en Marbella no se trata ya de que el asunto sea legal o no. Ni siquiera es necesario entrar en el resbaladizo terreno de la ética, del que el equipo de gobierno ha huido a la hora de dar explicaciones sobre este caso. Hemos llegado a un punto en el que hay que hablar de estética. Y este asunto es feo.
Fuente: http://www.diariosur.es/20080914/marbellaestepona/imagen-unico-problema-20080914.html
Publicado el 15/09/2008 a la(s) 11:55
Por Plataforma 29-marzo
La Junta de Andalucía y el alcalde de Carboneras apoyaron durante años la obra del Algarrobico
M. J. LÓPEZ DÍAZ - Almería - 14/09/2008
¿Cómo puede levantarse un hotel de 20 plantas a 28 metros del mar y en terreno protegido? ¿Cómo pudo la promotora Azata del Sol erigir su mole en el parque natural del Cabo de Gata, en Almería, con todos los permisos y que, 20 años después del primer trámite, el juez falle que la licencia es ilegal? Sólo el apoyo continuado del Ayuntamiento de Carboneras y la Junta de Andalucía, del PSOE, explica que el hotel del Algarrobico, símbolo de la destrucción del litoral, haya llegado tan lejos. Esta es la historia de la tramitación del proyecto y de cómo la Junta modificó sus propios planos -"de forma burda", según el juez- para legalizarlo.
Los planos públicos fueron manipulados "de forma burda", según el juez
Aunque la justicia tire el hotel, la empresa puede construir al lado
Hace 20 años, el suelo de Almería casi se regalaba. Desde 1983 ya era alcalde de Carboneras Cristóbal Fernández, del PSOE. El 26 de mayo de 1988 la Junta aprobó el plan del hotel, 411 habitaciones pegadas al mar. El acuerdo no llegó al boletín oficial hasta el 8 de agosto. Las fechas son relevantes porque entre medias, el 4 de agosto, se aprobó la Ley de Costas, que fijaba una franja de 100 metros de protección de la costa. Cualquier plan urbanístico posterior al 1 de enero de 2008 debía adecuarse a la ley. El juez de lo contencioso-administrativo número 2 de Almería, Jesús Rivera, consideró la semana pasada que ya entonces la Junta y el ayuntamiento debieron anular el plan. El Ministerio de Obras Públicas, a través de Costas, alertó al ayuntamiento el 15 de febrero de 1988 de que debía respetar los 100 metros.
En 1990, las normas subsidiarias del municipio pasaron otra vez por la comisión autonómica de urbanismo. El hotel no suscitó debate, pero la crisis de principios de los 90 durmió el proyecto. En 1994, la comunidad amplió el parque del Cabo de Gata y calificó la zona del hotel C1, "incompatible con el uso urbanístico", según la sentencia que acaba de declarar ilegal el hotel. Pero la comunidad modificó la planimetría para decir que el hotel estaba en una zona urbanizable (D2). Con un bolígrafo, una mano anónima convirtió la C en D sobre un plano. Los siguientes cambios fueron más sofisticados. El 11 de marzo pasado, en un escrito el jefe de gabinete de planificación de la Junta, Antonio Garzás, explicó que la calificación como no urbanizable fue "un error", ya que era urbanizable antes de la llegada del parque, y que rectificaron "por vía de hecho", cambiando los planos sin hacerlo público. El juez considera que ese cambio dio "apariencia de legalidad a lo que es manifiestamente ilegal" y ha pedido al fiscal que investigue "la burda maniobra" por si ve delito. En 1997 ya era dueña del terreno la promotora Azata del Sol; sus directivos cuentan que fue muy barato. Entre 1997 y 2003 el proyecto recibió los parabienes de cuatro consejerías de la Junta. El Ministerio de Medio Ambiente seguía sin concluir el deslinde que delimita la zona pública y privada de playa. Las obras comenzaron en 2003 y sólo el recurso de 2005 de la Asociación Salvemos Mojácar logró en 2006 paralizarlas cautelarmente.
Juan José Luque y Cristóbal Fernández han participado en todo el proyecto. El primero fue delegado de Medio Ambiente de la Junta en Almería entre 1998 y marzo de 2008. Siempre insistió en que el hotel era legal y que no había habido ningún cambio de planos. Ocurría, decía, que el publicado en el boletín oficial era pequeño y no quedaba claro, pero que el hotel estaba en zona urbanizable. Luque es ahora director de la empresa pública Acuamed, del Ministerio de Medio Ambiente, en Almería. El otro es el alcalde, que ha insistido en que "el hotel está y estaba fuera del parque natural" y ha anunciado que recurrirá la sentencia. En los últimos 25 años Fernández sólo ha dejado el cargo seis meses al ser condenado por delito electoral. Con su renuncia dio tiempo al Gobierno socialista a indultarle; se volvió a presentar y ganó con mayoría absoluta. El juez critica que las dos administraciones actuaron con "abulia y desidia" y no defendieron el interés general.
A estos hay que sumar a Fuensanta Coves, consejera de Medio Ambiente entre 2000 y marzo de 2008, que defendió que el hotel era feo pero legal. Desde marzo preside el Parlamento Andaluz. En 2007, cuando el hotel era ya un quebradero de cabeza para la Junta, cambió del discurso. Entonces se sumó al recurso de Salvemos Mojácar contra la obra, pidió la demolición y comenzó a negociar con la empresa la expropiación. La Junta sostenía que la distancia legal para edificar era 50 metros del mar, criterio contrario al del juez, la Audiencia Nacional y el Ministerio de Medio Ambiente. Aun así, la administración de Manuel Chaves afirma que la sentencia le da razón y resalta que en 2007, con el nuevo plan del Cabo de Gata, aumentó al protección de los terrenos, "que pasaron de D2, urbanizables, a C3", terrenos construidos que hay que recuperar. Sin embargo, si, como dice el juez, el terreno era desde 1994 de máxima protección el nuevo plan rebaja la protección de la playa. Fuentes del actual equipo de Medio Ambiente, dirigido por Cinta Castillo, afirman que la Junta está determinada a demoler el hotel. Castillo ha calificado como "opiniones personales del juez" partes de la sentencia que le son contrarias. La ex ministra Cristina Narbona, siempre muy crítica con la obra, señaló que era legal y estaba dispuesta a pagar una indemnización pública.
El portavoz de la promotora en la zona, Antonio Baena, no entiende que la administración diga que es ilegal, ya que el ayuntamiento le eximió de los impuestos municipales para desarrollar el pueblo y, si la obra se hubiese terminado, la Junta habría ayudado con más de 2,5 millones de euros, el 10% de la inversión, a través de una subvención del Ministerio de Economía.
Aunque el hotel es ilegal (a falta del recurso), aún quedan pleitos pendientes en el Algarrobico. La promotora tiene dos recursos contra el deslinde de 100 metros que en 2006 concluyó el ministerio, y los ecologistas han recurrido el plan del Cabo de Gata. La Junta ha presentado otro recurso porque dice que la empresa no le informó cuando compró el terreno y quiere ejercer el derecho preferente sobre el suelo del parque.
Azata es dueña de terrenos junto al hotel que siguen siendo urbanizables. Es decir, que aunque la justicia tire el hotel (falta mucho para decidir quién paga eso y cómo), la empresa puede llegar a construir justo al lado. El Algarrobico puede que no vuelva a ser virgen nunca.
Fuensanta Coves
El hotel se construyó mientras era consejera de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía. Esta legislatura es presidenta del Parlamento Andaluz
Antonio Baena
Portavoz de la empresa Azata del Sol, la promotora del hotel. Azata es dueña de otros terrenos en la playa que siguen siendo urbanizables
Cristóbal Fernández
Alcalde de Carboneras desde 1983. Defiende el proyecto argumentando que la zona de servidumbre marítimo-terrestre es de 20 metros en el Algarrobico
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/anos/bendiciones/hotel/ilegal/elpepiesp/20080914elpepinac_12/Tes
Publicado el 15/09/2008 a la(s) 11:42
Por Plataforma 29-marzo
JAVIER MARÍAS
14/09/2008
Han sido dos pequeñas noticias que han pasado casi inadvertidas y que ni siquiera tuve la prudencia de guardar, por lo que no las recuerdo con exactitud. Una hablaba de un alcalde de una población granadina, creo, que se había declarado en huelga de hambre para protestar por la "asfixia económica" a la que están sometidos los ayuntamientos en general y supongo que el suyo en particular. La otra se hacía eco de las quejas de los alcaldes de España por el "escaso poder" de que disponen, y se anunciaba una reforma con vistas a incrementárselo; y, si no me equivoco, en este mismo diario hubo un editorial que les daba la razón (!). ¿Asfixia económica? ¿Escaso poder? O estoy muy mal informado y veo visiones a mi alrededor -no lo descarto-, o nuestros primeros ediles son unos jetas. Lo que sé con certeza es que no soy el único ante esta disyuntiva o con esta perplejidad.
Un notabilísimo número de ayuntamientos de este país se distingue por las desvergonzadas recalificaciones de terrenos y los consiguientes pelotazos inmobiliarios con que se benefician, tanto en las grandes como en las pequeñas ciudades como en los pueblos, en las costas como en el interior, en el norte como en el sur como en el este como en el oeste. De todos es sabido que España se ha convertido en los últimos años en el reino de la especulación, la barbarie urbanística, la destrucción del paisaje y del medio ambiente, la edificación salvaje y sin sentido y el dinero negro o mafioso que todo ello trae consigo; y que nada de esto habría sido posible sin la connivencia o complicidad de los ayuntamientos, que son los que otorgan permisos, expropian terrenos, hacen concesiones a los constructores y cobran grandes cantidades a cambio. No son pocos, además, los que lo hacen sin ni siquiera una apariencia de legalidad, y estamos hartos de leer en la prensa sobre casos de corrupción municipal aquí o allá, con gobiernos del PP, del PSOE o de San Juan Crisóstomo, tanto da. Pero no es sólo eso: en cualquier ciudad -pero empezando por Madrid, que se lleva siempre la palma-, a uno lo asaltan las continuas y demenciales obras que las más de las veces son o parecen enteramente innecesarias, esto es, sólo explicables como manera de que hagan caja tanto los ayuntamientos que las inventan, propician, autorizan y encargan como las empresas que las ejecutan. La impresión que tiene cualquiera es justamente la contraria de la que ha movido a ese excéntrico alcalde granadino a iniciar una melodramática huelga de hambre, a saber: que los ayuntamientos se hinchan a ganar dinero -a costa del tormento de sus ciudadanos-, y que les sobra tanto que además pueden endeudarse hasta las cejas (ya saben que sólo los riquísimos están facultados para contraer monstruosas deudas).
En cuanto a su "escaso poder", uno tiene asimismo la sensación contraria: los alcaldes abusan del que se les otorga y éste es excesivo a todas luces, con la agravante de que lo que acometen suele ser irreversible, además de hortera y dañino en general. Destrozan las ciudades y eso no tiene vuelta de hoja, y las utilizan como si fueran el salón de su casa, sin que nada ni nadie los pueda frenar. ¿Y exigen más poder todavía? Es una tendencia de la España actual: con el pretexto de la descentralización, conveniente y necesaria en muchos aspectos, hay un afán por trocear cada vez más las parcelas. Es como si legiones de españoles precisaran mandar, en algún sitio, aunque sea en un patio de vecinos. Y la única forma de contentar y aplacar a esos millones de megalómanos ansiosos de algún poder, es repartir éste hasta la brizna y blindar las competencias de cada uno de ellos en su menudencia.
Los alcaldes y concejales han pasado a contarse, como dije aquí hace algún tiempo, entre los villanos de la nación. Hacen lo que les da la gana, destruyen sus localidades. El de Madrid va a destripar, dentro de nada, el Paseo del Prado -maldita la falta que hace tocarlo: uno de los pocos lugares bonitos de la capital- y la calle de Serrano, lo cual supondrá el más sádico martirio y el más absoluto caos. El de Soria -ciudad que conozco bien- va a excavar un aparcamiento en pleno centro y se va a cargar la ribera del Duero y la visión de las ruinas de Numancia con la construcción de un polígono industrial totalmente superfluo y para el cual, en todo caso, sobraba terreno más propicio en una provincia extensa y semivacía; y lo va a hacer no sólo con el apoyo de su grupo socialista -cuando al PSOE le da por el negocio hay que temerlo tanto como al PP-, sino de los demás sin excepción y de la Junta de Castilla y León, y en contra del criterio de todas las Academias y organismos, nacionales y extranjeros, que defienden la cultura, la historia, las artes, el paisaje y la conservación del entorno. Esa gente sabia y responsable, al ayuntamiento cafre de Soria y a la vandálica Junta les parecen unos capullos y se la pasan por el forro.
A todos estos alcaldes españoles que piden más y más, y nos quitan más y más, se les olvida que están de paso y que nadie se va a acordar nunca de ellos, como no sea para maldecirlos. La prueba, el más famoso de la democracia, Tierno Galván: la gente se echó folklóricamente a la calle para verlo enterrar, pero hoy ya nadie sabe qué hizo o dejó de hacer. Sólo que escribía unos bandos chistosos y que una noche lo fotografiaron junto a una actriz con las tetas al aire. Qué legado.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/portada/Danina/gente/paso/elpepusoceps/20080914elpepspor_6/Tes/
|
