La participación fomenta el debate y aumenta las posibilidades de que cualquier toma de decisión contará con la aprobación de una mayoría consciente.
Conchi : Increíble, la rapidez para demoler éstas y no las miles de edificaciones que adornan nuestro país.
Conchi : Marbella recuerda una fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él ........
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Publicado el 28/02/2009 a la(s) 19:15
Por Plataforma 29-marzo
EDITORIAL
Corrupción intolerable
28.02.09
LA detención del alcalde de Alcaucín, dos de sus hijas y otras diez personas constituye un nuevo episodio de supuesta corrupción urbanística por el que instituciones habrían sido utilizadas para el enriquecimiento fraudulento. Los delitos imputados distan de ser singulares, dado que los indicios acumulados por la Guardia Civil y la Fiscalía apuntan a que se beneficiaban de la construcción, mediante la concesión de licencias ilegales, de viviendas en suelo rústico de alto valor medioambiental. La implicación en los hechos del alcalde, el socialista José Manuel Martín Alba, pero también de un responsable del Servicio de Arquitectura de la Diputación, obliga a llegar hasta el fondo de la investigación ante la posible e inquietante porosidad de la actividad institucional ante la tentación delictiva. Una tentación que, como apuntan los sucesivos casos de corrupción detectados en nuestro país, se multiplicó en los años de la bonanza urbanística al calor de una reglamentación que concedía amplísimos poderes a los ayuntamientos y de una política demasiado laxa por parte de los partidos en la erradicación del fraude en sus propias filas. La decisión del PSOE de expulsar a todos los militantes que sean acusados en el curso de las investigaciones supone una respuesta tan ineludible como necesaria para desactivar los gritos de ánimo con que algunos vecinos de Alcaucín despidieron ayer a su alcalde cuando fue arrestado. Una actitud que no por minoritaria deja de reflejar la condescendencia social que dificulta la identificación de estas prácticas delictivas en toda su gravedad, como un mal que corrompe la democracia; pero que también proyecta la indiferencia partidaria ante las evidencias de las presuntas irregularidades, que en este caso tuvieron que ser denunciadas por organizaciones ecologistas.
Fuente: http://www.diariosur.es/20090228/opinion/corrupcion-intolerable-20090228.html
Publicado el 27/02/2009 a la(s) 12:32
Por Plataforma 29-marzo
La laxitud política ha permitido miles de viviendas ilegales en la comarca
FERNANDO J. PÉREZ - Málaga - 08/06/2008
Mientras políticos y medios de comunicación centraban su foco en el enladrillamiento sin fin de la Costa del Sol occidental, con Marbella como ciudad-símbolo, la comarca de la Axarquía -29 municipios costeros y de interior en el tercio oriental de Málaga- se ha convertido, casita a casita y casi en silencio, en uno de los mayores desastres urbanísticos de Andalucía.
Muchas casas carecen de toma de agua y se abastecen comprando cubas
La presión judicial comienza a agobiar a los alcaldes, casi todos imputados
Entre 10.000 y 21.468 viviendas ilegales, según si el cálculo lo realiza la Junta o los ecologistas, se han desparramado sin orden alguno por valles y laderas, sobre todo en los pueblos de la segunda línea de costa.
Las construcciones en suelo rústico -habituales cuando la zona vivía mayoritariamente de la agricultura- se han multiplicado en la última década, especialmente por la demanda de ciudadanos de media Europa ansiosos de sol y campo. Pueblos como Alcaucín, de 2.286 habitantes censados, han pasado de tener 1.015 parcelas edificadas en 1998, a 1.169 en 2002 y a 1.538 en 2007, según los datos de la Dirección General del Catastro. En Algarrobo, las nuevas casas construidas en lo alto de los montes carecen de toma de agua y se abastecen comprando cubas. En Arenas se han levantado adosados en pleno monte. Y así sucesivamente.
El descontrol urbanístico ha degradado, quizá irreversiblemente, un territorio privilegiado. Y lo ha hecho en la misma cara de las administraciones públicas. Por un lado, los alcaldes se han visto desbordados por un fenómeno que ha enriquecido a muchos de sus vecinos y contra el que carecían de instrumentos -tanto legales como humanos- para actuar. Tampoco es que a los municipios les haya sobrado voluntad, ya que negarse a conceder licencias de obra o intentar poner un mínimo orden en el urbanismo es arriesgarse a perder las elecciones, sobre todo cuando un vecino que acondiciona su casa de campo por unos 48.000 euros, la puede vender por 360.000. "Los alcaldes que han consentido más tropelías son los que luego sacan más concejales", afirma Rafael Yus, presidente del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía (GENA),
Por otro lado, la Junta de Andalucía no aprobó hasta julio de 2006 el Plan de Ordenación del Territorio (POT) de la Axarquía, que rige el urbanismo de toda la comarca. Y ello tras doblegar la voluntad de los alcaldes, sobre todo los del PSOE, rebelados contra un documento que dejaba definitivamente fuera de la legalidad -y por lo tanto expuestas a un posible derribo- a cientos de viviendas en suelo rústico. Para lograr la adhesión de los regidores, la Junta se comprometió a crear un consorcio que estudiaría la legalización de aproximadamente el 85% de las viviendas ilegales a cambio de compensaciones en forma de reforestación con especies autóctonas y de que los propietarios costeasen sus servicios de agua, luz saneamiento y basuras.
También se anunció la creación de un consorcio entre Junta, ayuntamientos y Diputación Provincial que se encargaría de autorizar los proyectos, lo que en la práctica supondría aliviar a los alcaldes de la presión urbanística. Dos años después no se ha movido un papel y todavía el viernes el presidente de la Diputación, Salvador Pendón, anunciaba la creación de una "mesa de trabajo" con los alcaldes para "buscar soluciones a los problemas urbanísticos de la Axarquía". Vuelta a la casilla de salida.
Muchos regidores denuncian que los sucesivos cambios que ha sufrido el POT, con la entrada en vigor del Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA) y las modificaciones sobre el crecimiento de población y viviendas de los municipios les han impedido tener listos sus Planes Generales de Ordenación Urbana (PGOU), con los que pretenden legalizar la inmensa mayoría de las casas.
Rafael Yus ha presentado más de 650 denuncias por delitos contra la ordenación del territorio en la comarca. Muchos de estos escritos han acabado archivados, pero unos cuantos están propiciando un goteo de causas que agobia a casi todos los alcaldes axárquicos. Pendón afirmó que las "situaciones de ilegalidad deben ser abordadas por la vía del derecho administrativo y nunca con carácter general desde el aspecto penal", y reclamó que se dejen para los tribunales "las irregularidades que de ninguna manera admiten posible legalización". Entre estas aberraciones se encuentran, por ejemplo, las decenas de casas levantadas en el área de protección del embalse de la Viñuela, y cuyas aguas sucias acaban directamente en el mayor embalse de la provincia, o las construcciones junto al castillo de Benthomiz, en Arenas. La alcaldesa de este pueblo, Basilia Pareja (PSOE) ha intentado, sin éxito, ceder a la Junta de Andalucía las competencias de urbanismo.
Sin embargo, todos los partidos están de acuerdo en que la bicicleta de la construcción no debe detenerse. "Existe un gran desequilibrio entre las zonas costeras y el interior que ha llevado a la Fiscalía a denunciar a muchos alcaldes por seguir adelante con proyectos verdaderamente necesarios" afirma el vicepresidente de la Diputación, Francisco Salado, del PP. Por su parte, Pendón habla de "reconocer el carácter singular de la Axarquía (...) con una importante demanda que hay que satisfacer".
Muchas de las viviendas ilegales se han levantado por decreto de las alcaldías mediante la figura legal del proyecto de actuación, que permite construir una casa vinculada a una explotación agraria. Ahora, la mayoría de los agricultores axárquicos se llaman Ronald, Terry, Michael o Patrick. Muchos de los proyectos de viviendas unifamiliares han acabado conviertiéndose en "urbanizaciones encubiertas", según define Rafael Yus, donde las casas de dos o tres plantas con torreones y piscinas, construidos sobre enormes escolleras de piedra para salvar las pendientes han sustituido a los tradicionales cortijos de planta baja. Justamente lo que el POT pretende evitar.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Axarquia/catastrofe/ladrillo/cal/elpepuesp/20080608elpand_4/Tes
Publicado el 27/02/2009 a la(s) 12:24
Por Plataforma 29-marzo
Agentes de la Guardia Civil registran desde primeras horas de la mañana el Ayuntamiento de Alcaucín (PSOE) en una operación contra la corrupción urbanística.- Junto al primer edil se han detenido a otras 12 personas
ELPAÍS.com / AGENCIAS - Málaga - 27/02/2009
La Guardia Civil ha detenido hoy a trece personas en las provincias de Huelva y Málaga en una operación contra la corrupción urbanística. El alcalde de la localidad malagueña de Alcaucín, el socialista José Manuel Martín Alba, se encuentra entre los arrestados, según han informado fuentes de la investigación. Además entre los detenidos están, según las mismas fuentes, dos hijas del alcalde, el jefe del servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, promotores inmobiliarios y gestores.
Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil están practicando desde primera hora de la mañana registros en el Ayuntamiento de Alcaucín y en el servicio de arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, en el marco de esta operación. Aunque el Ayuntamiento de Málaga está dirigido por el edil del PP Francisco de la Torre, la Diputación tiene mayoría socialista (15 diputados frente a 14 populares y dos miembros de IU).
La operación ha sido ordenada por el titular del Juzgado número 3 de Instrucción de Velez (Málaga), según fuentes de la investigación. En la misma participan también la fiscalía especial contra la corrupción y la fiscalía de Medio Ambiente y Urbanismo. Según las fuentes citadas, entre otros asuntos, se investiga la promoción, construcción y posterior comercialización de una urbanización de viviendas en la comarca malagueña de la Axarquía -29 municipios costeros y de interior en el tercio oriental de Málaga.
Martín Alba, albañil de profesión, ha ganado por mayoría absoluta las cinco últimas elecciones municipales. Alcaucín, de 2.286 habitantes censados, ha pasado de tener 1.015 parcelas edificadas en 1998, a 1.169 en 2002 y a 1.538 en 2007, según los datos de la Dirección General del Catastro.
500 denuncias de Ecologistas
El Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, GENA-Ecologistas en Acción, ha presentado desde finales de los años noventa 500 denuncias por infracciones urbanísticas en la comarca malagueña de la Axarquía, de las que más de cien han correspondido al municipio de Alcaucín. Tras conocer la operación contra la corrupción urbanística en la que ha sido detenido el alcalde de Alcaucín, José Manuel Martín (PSOE), y otras doce personas, el presidente de GENA, Rafael Yus, ha explicado que su colectivo ha denunciado en numerosas ocasiones el proceso urbanizador en suelo rústico que se ha desarrollado en este municipio.
"Con la excusa de la vinculación agrícola, se ha ido cubriendo todo el suelo rústico de viviendas unifamiliares hasta un extremo insostenible (...) Alcaucín no tenía PGOU ni les interesaba hacerlo, porque con las normas subsidiarias podían seguir construyendo", ha indicado Yus.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/Detenido/alcalde/localida/malaguena/Alcaucin/elpepuesp/20090227elpepunac_5/Tes
Publicado el 26/02/2009 a la(s) 21:48
Por Plataforma 29-marzo
Según Adenex, «supone la construcción de un resort turístico con campo de golf, puerto, playa artificial, 600 viviendas de chalets y un pueblo tradicional»
EUROPA PRESS
26.02’2009
La asociación ecologista Adenex aseguró ayer que la Comisión Europea ha abierto expediente sancionador a la Junta de Extremadura «por infracción de normativa comunitaria» en la aprobación del proyecto urbanístico turístico 'Marina Isla de Valdecañas', dentro de la ZEPA del embalse de Valdecañas .
Un procedimiento que, según aseguró la asociación en nota de prensa, se inicia a raíz de las denuncias de Adenex por infracción de varias directivas, entre las que cita aves, hábitats, evaluación de impacto ambiental, evaluación de planes y programas, acceso a la información, aguas y contratación pública.
Asegura Adenex que la Comisión Europea le ha confirmado el inicio de dicho expediente de sanción, aunque hasta el momento no conocen «cual o cuales de estas infracciones han motivado la apertura del expediente».
Recuerda la asociación que el proyecto Marina Isla de Valdecañas, cuya construcción fue iniciada en verano de 2007 tras su aprobación en abril del mismo año por la Junta de Extremadura como Proyecto de Interés Regional, «supone la construcción de un resort turístico con campo de golf, puerto, playa artificial, 600 viviendas de chalets y un pueblo tradicional, además de toda la obra de urbanización exterior, como una carretera con puente y canal, central eléctrica, depuradora.
Entorno para aves
Todo ello está previsto «en un espacio, hasta entonces ocupado por miles de aves acuáticas, ubicado en el Embalse de Valdecañas, declarado Zona de especial Protección para las aves (ZEPA) en 2003».
Adenex recordó que también recurrió este proyecto ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) y actualmente se encuentra en fase de formulación de demanda, y también interpuso una denuncia ante la fiscalía, «por un posible delito contra la ordenación del territorio y los recursos naturales (al urbanizarse un espacio protegido) y daño a las aguas».
Adenex mostró su confianza en que «con las acciones legales emprendidas, espera poder detener múltiples réplicas de Marina Isla de Valdecañas que ya habían sido presentadas a estudio a la Junta de Extremadura».
Respuesta de la Junta
Por su parte, la Junta ha asegurado que el expediente sancionador abierto es un procedimiento administrativo que puede acabar sin castigo. La Junta ha explicado que la Comisión Europea ha solicitado a la Consejería de Industria, Energía y Medio Ambiente información sobre el proceso seguido para conceder la autorización administrativa a la empresa promotora del proyecto.
Se trata, a su juicio, de un procedimiento administrativo que inicia la CE para determinar si se ha cumplido con los requisitos que exige la normativa comunitaria en vigor, desde el punto de vista de la conservación de los valores ambientales de la zona.
Fuente: http://www.hoy.es/20090226/regional/abre-expediente-sancionador-junta-20090226.html
Publicado el 24/02/2009 a la(s) 19:14
Por Plataforma 29-marzo
Blog Malayo
Toda la actualidad de Marbella
por Hector Barbotta
23 Feb 2009 Víctimas de la situación de la justicia
El comité de huelga de los jueces –convengamos, suena raro– estableció unos servicios mínimos para su convocatoria del miércoles. No se suspenderían ni las bodas, ni los levantamientos de cadáveres –todo un detalle–, ni las actuaciones con detenidos o presos. La inédita protesta tuvo un elemento singular: no hubo polémica por los servicios mínimos. En cualquier otra huelga en la que se ven afectados servicios esenciales, el guión marca que la comunidad autónoma los fija, el comité de empresa los recurre por excesivos, o la empresa por escasos, y un juez acaba decidiendo
En este caso, los propios jueces decidieron qué servicios mínimos se aplicaban, y a nadie se le ocurrió denunciarlos ante otro juez, que posiblemente no hubiera atendido el asunto porque estaría de huelga. Lo que se llama juez y parte. En la entrevista televisiva con el periodista David Frost recreada ahora en la película ‘El desafío’, Nixon dijo que su actuación era legal porque quien la hacía era el presidente. Aquella frase evaporó para siempre el escaso prestigio que le quedaba al ex mandatario norteamericano tras su dimisión por el ‘caso Watergate’. No sabemos qué repercusiones tendrá la huelga, ni si después del caso Tirado (mal llamado ‘caso Mariluz’) y la reacción corporativa que lo siguió, a los jueces les queda todavía algún prestigio para evaporar.
Diez de los doce jueces titulares de Marbella se sumaron a la insólita protesta, en la que el respetable, al parecer, no se vio especialmente afectado. Queda por saber si porque los servicios mínimos estuvieron bien planificados o porque el peso del trabajo en los juzgados recae sobre otras personas, seguramente con más motivos para protestar. También el día de la huelga. Estando el personal tan acostumbrado a que los asuntos judiciales se dilaten hasta la desesperación, seguramente un día más de retraso para resolver cuestiones no tendrá especial incidencia en la úlcera de nadie, pero habrá servido para que los señores de la toga manden su recadito, no sólo al Gobierno sino a toda la sociedad. Tienen el poder para decidir sobre vidas y haciendas, pero también para paralizar la justicia. Algo que todo el mundo ya sabía.
Quienes sufren desde hace años la situación de la justicia no son los jueces, sino los vecinos de Marbella. Cuando Gil vivía y cometía las tropelías que arruinaron a la ciudad, no fue precisamente la justicia un muro en el que se estrellaran sus prácticas mafiosas. Todo lo contrario. Aún se recuerdan con rubor las jornadas jurídicas en las que los señores magistrados venían a ser atendidos a cuerpo de rey en la misma ciudad que era sistemáticamente saqueada por quien los invitaba. Ahora toca esperar a que se resuelvan las causas interminables y que regrese el patrimonio robado. De momento, la Seguridad Social ha aceptado ir tomando en garantía de pago de la millonaria deuda municipal los bienes incautados que la justicia, cuando toque, vaya entregando a Marbella. Se trata de un aspecto secundario de un acuerdo que dará un respiro, con un plan de pagos más desahogado a cambio de una reducción de gastos que incluye la nómina municipal.
En el Ayuntamiento se valora en voz no muy alta el cambio de talante en la negociación de la deuda, que alcanza los 175 millones de euros, desde que Jesús Caldera se fue del Ministerio de Trabajo para dejar su lugar a Celestino Corbacho, quien al parecer exhibe toda la sensibilidad de quien antes de ser ministro ejerció como alcalde durante 14 años y al que le cuesta poco ponerse en la piel de otro alcalde aunque no comparta colores. Sin embargo, el acuerdo alcanzado ha dado lugar a la enésima bronca. El equipo de gobierno vendió como propio el logro, y el PSOE, en lugar de hacer lo mismo y poner en valor la flexibilidad mostrada por el gobierno de Zapatero, optó por criticar la gestión municipal de los asuntos económicos y su incapacidad para cumplir los compromisos.
No fue más que el enésimo capítulo de un enfrentamiento que se encona por días y que en esta semana se ha focalizado en las cuestiones pecuniarias. El desencadenante fue el nombramiento del secretario local del PSOE, José Bernal, al frente de la empresa pública Acosol, dependiente de la Mancomunidad de Municipios. El PP criticó la designación y sacó a colación los elevados emolumentos del cargo, 110.000 euros anuales. Pero ya se sabe, hablar de nombramientos a dedo en algunos organismos es abrir la caja de Pandora. El PSOE contraatacó con el nepotismo que reina en las oficinas que el PP controla en la Mancomunidad, y el asunto no parece que vaya a quedarse allí. Ante la atónita mirada del presidente del organismo –el alcalde de Casares, Juan Sánchez– populares y socialistas parecen haber encontrado un nuevo ring para dirimir sus debates de nivel. Bajo.
Publicado el 23/02/2009 a la(s) 14:40
Por Plataforma 29-marzo
LA VENTANA INDISCRETA
Tras la borrachera, la resaca
Manel Pérez | 22/02/2009 | Actualizada a las 03:31h | Economía
Supongamos por un momento, y va a ser mucho suponer, que todo lo que está pasando es sólo el estallido de una burbuja financiera, ciertamente enorme, pero que no estamos, además, atrapados en un precipitado descenso al infierno de una gran depresión. Es difícil asumir esta idea por cuanto es cada vez más evidente que el desarrollo de esta crisis reincide en las etapas que marcaron la enorme debacle de los años 30 del siglo XX. Y aún nadie ha descubierto la manera de ponerle freno. Sea una cosa o la otra, incluye también el estallido de una burbuja, independientemente de que además tengamos otras cosas peores en el horizonte. Y cuando las manías especulativas se desintegran, siempre dejan al descubierto las vergüenzas de los que durante algún tiempo pasaron por ser los más listos, es decir, los que hacían mucho más dinero que el común de los mortales, más rápido y de forma más fácil e inverosímil. Cuanto más rutilante es la burbuja, más pirotécnico es el escándalo que acompaña a su estallido. Como señalaba Galbraith al analizar El crash de 1929,"el derrumbe (de la especulación) precipita la tasa de descubrimiento" (de los comportamientos ilegales o reprochables).
En eso, entre otras cosas, andamos precisamente ahora en España. Hasta hace dos años hubo en el país dos grandes burbujas. Una, mayoritaria, que atrapó las voluntades y los ahorros de muchos: la inmobiliaria. La segunda, la bursátil, más selecta, pero que cimentó igualmente grandes fortunas y dejó a muchos damnificados sin sus ahorros. Ahora tiene a buen número de empresas sometidas al macabro baile de la depresión de sus cotizaciones.
Es parte de la tradición española que los protagonistas de los pelotazos bursátiles nunca paguen la factura. El regulador de los mercados está siempre tan preocupado en rellenar formularios que nunca es capaz de cazar a los que trincan gracias al manido recurso de echar mano de la información privilegiada. Ni tan sólo cuando se les ha advertido con antelación en las portadas de los diarios. La mediocridad en general y la del regulador en particular sigue gozando de gran indulgencia moral en España. Tan tolerante con unos, y tan intransigente con otros.
Pero la que ahora está en el centro de atención es la otra burbuja, la inmobiliaria. Esa que creó tanto dinero que adormeció las alarmas de todo el circuito económico, desde la banca a la de las grandes empresas, y que también ablandó el rigor moral de muchos responsables políticos.
Como que la borrachera del ladrillo fue en España colosal, del mismo calibre está siendo el terremoto que está causando su descomposición.
La enumeración del rosario de corporaciones locales afectadas por la corrupción urbanística desborda ampliamente las posibilidades de este espacio. Estos días está de actualidad una de ellas, la que investiga el juez Garzón. La red que encabezaba supuestamente el ahora famoso Francisco Correa comenzó contratando la organización de actos con el PP y gracias a esas credenciales dio el gran salto al que era el verdadero negocio, las recalificaciones de terreno en los ayuntamientos de su órbita. Un clásico de la historia pícara de la economía española.
Centrada sobre todo en ámbitos de poder local, municipios y algunas comunidades autónomas, es otro episodio en el que el dinero oscuro de la avaricia inmobiliaria acaba remansado en bolsillos en los que no debería.
Aún no sabemos si lo que ha aflorado hasta ahora, en este caso y en todos los anteriores, como el de Marbella, colmará nuestra capacidad de asombro e indignación o todavía nos queda mucho más por ver. El salario del pecado que sigue tras las épocas de abuso continuará pasando su factura.
Podemos intentar imaginar próximos episodios. Esta misma semana, la prensa anglosajona ponía la lupa sobre los problemas de algunos clubs de fútbol españoles que gracias a las grúas de la construcción que crecieron como setas en sus zonas de influencia se encaramaron a la cima europea y ahora apenas si pueden pagar las nóminas de sus estrellas.
Probablemente, algunas empresas habrán hecho cosas inconfesables que aflorarán cuando no les quede más remedio que llevar los libros a los juzgados... o les reclamen sus acreedores. En fin, tiempos convulsos.
Fuente: http://www.lavanguardia.es/economia/noticias/20090222/53646139497/tras-la-borrachera-la-resaca-galbraith-marbella-garzon-pp.html
Publicado el 22/02/2009 a la(s) 21:31
Por Plataforma 29-marzo
Los jueces no se aclaran respecto a las viviendas irregulares. Green Hills es un ejemplo de que siguen saliendo sentencias opuestas para casos similares
22.02.09 - M. J. CRUZADO
Las promotoras están demandando a los compradores para que escrituren
El PGOU regulariza estas viviendas sin licencia de obras o primera ocupación
En septiembre de 2007 el juzgado de Primera Instancia 3 de Marbella denegó la devolución a dos compradores británicos del dinero entregado a cuenta por un piso de la urbanización Santa María Green Hills, en Elviria Sur. Año y medio después, una nueva sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Málaga ha estimado la apelación de los compradores, ha resuelto el contrato de compraventa y ha condenado a la promotora, Marbella Vista Golf, a devolver el anticipo (126.016 euros) más intereses. El primer magistrado aseguraba que las irregularidades administrativas o urbanísticas en las que pudiera haber incurrido el Ayuntamiento -las viviendas están construidas en suelo calificado para vivienda unifamiliar adosada, viario público y zona verde según el PGOU vigente- no eran imputables a la promotora. El segundo magistrado apunta ahora todo lo contrario: «La venta de una vivienda sin estar legalizada debidamente supone un grave incumplimiento del vendedor».
No es el primer caso de sentencias contradictorias en casos similares en una misma urbanización, unas favorables a la empresa, otras a los compradores. Distintos criterios para casos idénticos. El caso ha llegado a tal extremo que los propietarios de los pisos supuestamente ilegales no saben a qué atenerse. Muchos de ellos se negaron a escriturar al saber las irregularidades administrativas en las que presuntamente estaba inmersa la construcción.
El caso de Green Hills no es el único, aunque sí el más llamativo. Las viviendas de esta urbanización tienen licencia de primera ocupación por silencio administrativo y la de obras está impugnada por la propia Junta de Andalucía en la vía contencioso-administrativa. Las supuestas irregularidades que han motivado el retraso en la entrega de los pisos ¿son achacables a la constructora o al Ayuntamiento? Lo que está claro es que los compradores no quieren cargar con la culpa.
Para complicar aún más el asunto, la aprobación provisional del nuevo Plan General regulariza la situación de dichas viviendas. Aún así muchos de los compradores de Green Hills insisten en resolver el contrato, a pesar de que su principal argumento, la posible ilegalidad de las viviendas, se cae por su propio peso con el nuevo PGOU. Unos por los problemas que les han ocasionado los retrasos, otros porque en época de crisis, la inversión ya no es rentable.
Paradoja
La promotora, por su parte, está recurriendo una por una todas las sentencias que le son desfavorables, consiguiendo en muchos casos que se estimen los recursos. Además, está contraatacando en el mismo procedimiento, una figura jurídica que se llama demanda reconvencional. La situación llega a ser paradójica: el demandado se convierte en demandante y viceversa.
Fuentes judiciales apuntan a que existen cientos de casos similares al de la urbanización Santa María Green Hills. Muchas de ellas, construcciones que ahora 'legaliza' el nuevo Plan urbanístico. Al final, todo depende del juez que les toque.
Fuente: http://www.diariosur.es/20090222/marbella/otra-arena-20090222.html
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