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Conchi : Increíble, la rapidez para demoler éstas y no las miles de edificaciones que adornan nuestro país.
Conchi : Marbella recuerda una fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él ........
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Publicado el 29/04/2008 a la(s) 10:12
Por Plataforma 29-marzo
Los ex alcaldes cumplirán entre seis meses y un año de prisión y evitarán pasar por el banquillo
EFE - Málaga - 29/04/2008
La Fiscalía ha llegado a un acuerdo de conformidad con los ex ediles del Grupo Independiente Liberal (GIL) imputados en algún procedimiento urbanístico para no celebrar los juicios con la condición de que admitan su culpabilidad y acepten su ingreso en prisión por ello. El acuerdo estipula que aquellos ex alcaldes imputados, como Marisol Yagüe y Julián Muñoz, podrán evitar el banquillo si aceptan cumplir penas de prisión de seis meses a un año y ser inhabilitados por diez años.
Fuentes de la Fiscalía han explicado que en dicho acuerdo de conformidad "cada procedimiento tendrá su sentencia y que no será posible sustituir o suspender la prisión por multa", además de que cada ex edil tendrá que personalizar su caso porque cada uno tiene una situación concreta.
El pacto sólo está sujeto a los procedimientos urbanísticos por conceder licencias contrarias al planeamiento vigente en Marbella, pero quedan excluidos los convenios urbanísticos y otras irregularidades como cohecho, malversación y cobros ilegales, entre otros.
Las fuentes han explicado que cada acusado tendrá una pena por cada uno de los delitos y dichas condenas oscilarán de seis meses a un año de prisión y diez años de inhabilitación, aunque con ello evitarán pasar por el banquillo. Para llegar a dicha conformidad se ha tenido en cuenta por parte de la Fiscalía que la ley impone como máximo el triple de la pena máxima impuesta por cada delito que tenga o pueda tener conexidad.
En este sentido, las fuentes han subrayado que aunque la Administración de Justicia celebre setenta juicios y los ex ediles del GIL sean condenados a setenta años no pueden cumplir más del triple de la pena máxima. La pena por la que podrían ser condenados estos ex concejales por cada delito oscila desde una pena de multa de 12 a 24 meses o prisión de seis meses a dos años e inhabilitación de cargo público de siete a diez años.
La Fiscalía se ha mostrado satisfecha con el acuerdo porque aunque los ex ediles en algunos casos podrían haber sido condenados, según contempla la ley, a la mencionada multa, en el marco de este pacto estos siempre serán condenados a penas de seis meses a un año de prisión, así como diez de inhabilitación. La Administración de Justicia también ha señalado que con la medida consigue ahorrar en recursos materiales y humanos, al no tener que celebrar cada uno de los más de setenta juicios pendientes.
Tanto Marisol Yagüe como Julián Muñoz -el regidor con más causas judiciales abiertas en España- podrán acoger el pacto, aunque éste deberá ser estudiado por el acusado y su defensa, dado que si aceptan el mismo admitirán su culpabilidad en la concesión de presuntas licencias urbanísticas contrarias al planeamiento vigente en Marbella.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/Fiscalia/ofrece/pacto/ex/ediles/marbellies/imputados/corrupcion/elpepuesp/20080429elpepunac_8/Tes
Publicado el 24/04/2008 a la(s) 19:13
Por Plataforma 29-marzo
Decenas de sentencias firmes siguen sin cumplirse tras décadas de litigio. Las administraciones son las primeras incumplidoras y las que amparan las situaciones de ilegalidad.
MARTA GALLUP - Madrid - 24/04/2008 21:25
Es imposible saber cuántas sentencias por daños al medioambiente quedan sin cumplir en España. No lo busque, porque éste no es un dato para las estadísticas ni las memorias oficiales. Pero un repaso por los casos que han hecho historia en las dos últimas décadas sirve como sondeo: minas devoradoras de espacios protegidos, construcciones impúdicas amparadas por los ayuntamientos, hidroeléctricas que devastan ríos. Son muchas las sentencias firmes que nunca llegan a ejecutarse.
Todos los expertos consultados coinciden en que, cuanto más se alarga el proceso, más difícil será hacer posible la ejecución de la sentencia. "Para empezar, por la política de los hechos consumados", apunta Cristina Álvarez Baquerizo, abogada ambientalista. "Cuando el mal está hecho y no es reversible materialmente, lo único que te queda es una victoria moral. Por eso es tan importante denunciar apenas se conozca el primer paso de la irregularidad, como la concesión de una licencia".
También es fundamental la figura de las medidas cautelares. Por ejemplo, en el caso del Alto del Cuco, en Cantabria, donde el tribunal ha paralizado la urbanización de la ladera antes de que el destrozo vaya a más. Sin embargo las paralizaciones cautelares no son habituales, porque exigen a la parte denunciante avales económicos, a menudo de muy alta cuantía.
Si no hay paralización cautelar, la actividad denunciada continúa, y cuando llega la sentencia firme, a veces ya está concluida. Pero incluso con sentencia firme, la actividad tampoco se para. ¿Por qué?
La guinda de la tarta: el proceso de ejecución de la sentencia
Muchos ciudadanos que se meten en este via crucis judicial no saben que después de una sentencia firme aún queda otro tormento más: la ejecución de sentencia. Si ésta no se pide, todos los desvelos anteriores habrán sido inútiles: una victoria pírrica. "Además, el proceso que comienza, repite el esquema de lo ya vivido: de nuevo las partes presentan alegaciones, y la parte condenada ya se encarga de que vuelva a durar años", añade Álvarez Baquerizo. La organización cántabra ARCA consiguió su primera sentencia firme en el año 2000 y aún no se ha ejecutado.
Una de las razones de que las sentencias no se ejecuten es el remoloneo de las administraciones. "Si el juez anula una licencia y hay que derribar una casa, el que tiene que poner las máquinas es el ayuntamiento. Y éstos no suelen estar por la labor. Es más bien todo lo contrario". En otras sentencias la responsabilidad de ejecutar recae en la autoridad autonómica, por ejemplo el cierre de una mina.
Hay casos, como el de la mina a cielo abierto Feixolín, en León, en donde la resistencia de la administración es tan recalcitrante que se ha abierto un proceso penal contra algunos cargos.
La vía penal, piedra de toque
La aparición de la vía penal supone un punto de inflexión en la evolución del proceso. Hasta ese momento la justicia no actúa contra una persona concreta, porque la vía contencioso-administrativa se encarga sólo de controlar la correcta actuación de la administración.
"Pero en la vía penal se personalizan las responsabilidades y éstas trascienden a personas concretas. No obstante, acceder a la vía penal requiere la prueba de las imputaciones realizadas y, lógicamente, la prueba de la intencionalidad o la negligencia del imputado, lo que en materia medioambiental no siempre es sencillo", explica Jorge Agudo González, codirector del informe Urbanismo y democracia, Alternativas para evitar la corrupción , documento en el que se analizan 159 supuestos casos de irregularidades en esta materia desde el año 2000.
Es decir, que hay que demostrar que los responsables actuaron con intención o con imprudencia. En los últimos dos años, muchos de los casos de ilegalidad urbanística están siendo absorbidos por la Fiscalía. Ya se refleja así en la Memoria referida al año 2006, y en el boletín informativo del mes de febrero de esta institución se dedica al tema un apartado específico destacando un botón de muestra, que en Granada se han triplicado en un año las sentencias de derribo de edificios ilegales.
También se subraya las directrices dadas por el Fiscal Especial de Medio Ambiente y Urbanismo, Antonio Vercher, a los fiscales delegados para que se cumplan las sentencias de demolición y evitar así la sensación de impunidad.
¿Hay soluciones?
La irrupción de la vía penal se apunta como una de las esperanzas de cumplimiento de las sentencias, sobre todo desde la creación de la figura del Fiscal coordinador para los delitos ambientales y de corrupción urbanística.
La activa y decidida actuación de Antonio Vercher está empezando a obtener los primeros resultados. Pero a juicio de algunos expertos, como el catedrático de derecho administrativo Luciano Parejo, "la absorción de lo contencioso-administrativo por lo penal no es la solución. Implica una cierta perversión del funcionamiento del sistema el que las administraciones no cumplan la legalidad."
Lo cierto es que el miedo a la cárcel es lo único que parece funcionar. "Lo que revela un problema de fondo muy grave: a pesar de las buenas intenciones y de los eslóganes en favor de la sostenibilidad, en realidad una parte relativamente importante de nuestros políticos relega la protección del medio ambiente en favor de otros intereses, y en muchos casos, lamentablemente, cometiendo irregularidades cuyo freno sólo parece producirse con la amenaza de responsabilidades penales", reflexiona Agudo González.
Una falta de sensibilidad a la que no son ajenos incluso algunos jueces. En la misma memoria de la Fiscalía también se hace notar que en los juzgados de algunas provincias, como Ciudad Real o Burgos, tienden a absolverse a los infractores en materia urbanística al considerarse una conducta de menor gravedad.
Otra solución posible sería que los propios juzgados se encargaran de la ejecución de la sentencia, una competencia que les otorga la Constitución. "Si no la ejercen es porque no tienen medios, y deben delegar en las administraciones", apunta Jesús Jordano, profesor de derecho de la Universidad de Sevilla. "Sólo el estadio de la capital andaluza costó más de 200 millones de euros. Todos los juzgados de lo contencioso de España han costado menos de esa cantidad."
Los casos más destacados
Una ladera sembrada de casas
“Esto es una burla”, lanza sin dudarlo Gonzalo Canales, biólogo y presidente de la Asociación para la Defensa de los Recursos Naturales de Cantabria (ARCA), la organización ecologista con más éxitos ante los tribunales españoles. Una decena de sentencias firmes les dan la razón frente a actuaciones urbanísticas ilegales: viviendas levantadas en suelo rústico, construídas en bosques de especial protección o en el Parque Natural de las Marismas de Santoña.........Hasta 500 viviendas tienen sentencia firme de derribo, pero ninguna ha recibido la visita de la piqueta.
El caso que más eco mediático les ha proporcionado es el del Alto del Cuco, por el impacto visual del destrozo de una ladera, y porque un juez ha parado las obras, pero lo cierto es que aún no cuenta con sentencia firme. Sí la tiene, sin embargo el ayuntamiento de otro pequeño pueblo en expansión, Argoños, en donde son cinco las urbanizaciones declaradas ilegales. “La obcecación del alcalde en hacer caso omiso ha llegado a tal extremo que el propio juez ha amenazado con acusarle de prevariación”, ilustra Canales.
Alguna de estas sentencias van camino de los 10 años de espera para su ejecución. Y nada. “Con la sentencia sólo tienes un papel. Su ejecución es larguísima, porque la otra parte te plantea todo tipo de impedimentos. Te pasas la vida presentando papeles en el juzgado, atento a que no se te pasen los plazos, lo que echaría al traste todo el proceso”.
Con todo, todavía puede ser peor: “En algún caso el juez, cansado de tanto juego evasivo, ha amonestado a un ayuntamiento para que licite de una vez el derribo de la construcción ilegal. Entonces, los afectados han llegado a amenazar a la empresa adjudicataria de la demolición y ésta ha preferido retirarse. Ahora, los concursos para derribos quedan desiertos. Estamos en un callejón sin salida”, remacha, “pero no nos damos por vencidos”.
En Cantabria, son entre dos y tres mil los afectados por la compra de una vivienda ilegal. Se han organizado en grupos para presionar a las administraciones y los poderes políticos, y de momento han encontrado eco en el parlamento regional. El pasado mes de diciembre todos los partidos representados en la asamblea cántabra emitieron una resolución pidiendo al gobierno autonómico que dé una salida legal a esta situación. “Este es un hecho gravísimo”, valora Gonzalo Canales, “supone la quiebra del sistema, porque se está transmitiendo el mensaje de que las leyes y los jueces no sirven para nada”. Pescadores en favor de los peces
Pedro Brufao no ha disfrutado tanto de sus paseos por el Tajo como aquella jornada de 2005 en que le comunicaron la sentencia del Supremo. Quince años después de comenzar la batalla judicial, David había vencido a Goliat. Una sencilla aunque veterana asociación de amantes de la pesca y la naturaleza había conseguido tumbar a los gigantes: la Confederación Hidrográfica del Tajo, Unión FENOSA y la electroquímica Navarro S.A.
La historia se remonta a 1990, cuando la CHT otorgó tres concesiones a Unión FENOSA para rehabilitar otras tantas presas hidroeléctricas abandonadas: Zahorejas, Peralejos de las Truchas y Hozseca, en los ríos Tajo y Hozseca. “Las recurrimos” señala Pedro Brufao Curiel, profesor de Derecho Administrativo y presidente de la Asociación para el Estudio y Mejora de los Salmónidos-Ríos de Vida, la organización denunciante.
“Los datos científicos demuestran que este tipo de presas ocasionan graves daños al medio fluvial. No son tan limpias como se nos quiere vender: transforman el lecho y orillas del río, alteran el bosque de ribera, crean barreras a los peces, los engullen en las tomas y turbinas y alteran sus ciclos de actividad. A veces incluso las violentas sueltas de agua han puesto en grave peligro la integridad física de las personas, especialmente de los pescadores.”
Brufao cuenta con orgullo: “En esa zona creamos el primer coto sin muerte de pesca deportiva, para proteger a la escasa trucha común autóctona y apoyamos su declaración como Parque Natural, uno de los más importantes de España.”
La sentencia del Supremo confirmó en 2005 la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 1999: “pese a no anular las tres concesiones, como pretendíamos, impuso graves limitaciones a la explotación de las presas a favor del río y afirmó que los caudales mal llamados ecológicos por la CHT no se basan en criterios científicos ni técnicos.”
Era todo un hito, pero de nuevo, la justicia se convirtió en papel mojado, pues hasta la fecha, las empresas “siguen turbinando como lo han hecho siempre y ya está. Los hechos consumados les son favorables”.
En este periplo judicial no faltan, como en otros casos, situaciones rocambolescas. La CHT reconoce disponer de estudios ambientales propios que avalan la sentencia, pero alega que no los puede dar a conocer porque iría contra los derechos de propiedad intelectual del ingeniero de la CHT autor del trabajo, “algo absurdo e ilegal, pues son documentos de acceso público”, aclara Brufao.
La asociación intenta que al menos sea inviable la presa llamada Hozseca, la más perjudicial y que se proceda a su demolición para restaurar el río. “ En los EEUU y en otros países son los mismos dueños de las presas obsoletas quienes las demuelen para recuperar la confianza de sus clientes, ahorrar dinero y restaurar el medio ambiente”. Feixolin, 'la escopeta nacional'
“Con Feixolín llevamos diez incidentes de ejecución de sentencia firme, ¡diez!”, recalca Carlos González- Antón, el letrado que consiguió que el TSJCyL ordenara en noviembre de 2005 la clausura de la mina a cielo abierto de Villablino. El primero de varios fallos contundentes y firmes que declaran la mina ilegal y sin posibilidad de ser legalizada en el futuro.
“Feixolín es un caso realmente paradigmático de quiebra del sistema legal. Si no fuera tan grave parecería el guión de un sainete”, añade González-Antón, catedrático de derecho administrativo de la Universidad de León.
La mina comenzó a ser explotada en 1995 por MSP , empresa del conocido y bien relacionado empresario Victoriano Alonso. Ya entonces carecía tanto de licencias urbanísticas como medioambientales. La explotación, que entre otros daños ha hecho desaparecer un monte de 200 hectáreas, se encuentra en pleno espacio natural del Alto Sil, y es ZEPA y LIC con importantes valores paisajísticos y ecológicos, entre ellos la presencia de osos y urogallos. Cuenta, por tanto, con la protección de una directiva europea, a pesar de lo cual no se realizó la preceptiva Evaluación de Impacto Ambiental, ni del proyecto inicial ni de sus ampliaciones.
Pero el cúmulo de irregularidades no acaba aquí, y a lo largo de estos trece años éste no ha hecho más que engrosar aderezado con todo tipo de acontecimientos peregrinos: alcaldes que dimiten el mismo día que han de firmar la paralización de la mina, informes de la Junta castellanoleonesa atreviéndose a prohibir la ejecución de la sentencia (afirmando que sólo se restaura, cuando los informes del SEPRONA indican que diariamente bajan centenares de camiones cargados de carbón), amenazas de despidos masivos para crear alarma social, anuncio de interminables planes de cierre de la explotación......
“Todo un muestrario de maniobras de dilación para no acatar la sentencia. En los incidentes de ejecución la empresa ha llegado a alegar que no podía parar porque pondría en peligro la vida de los mineros”, ilustra García-Antón, quien remarca que “esto es posible porque la Junta y el gobierno central miran para otro lado. No se entiende, si no, que Feixolín haya recibido subvenciones del ministerio de industria, que haya sido explotada hasta el agotamiento del recurso, y que encima hayan comenzando a explotar el monte adyacente, también sin licencia. En el colmo de la desfachatez, MSP alega que necesita extraer el material para rellenar Feixolín y cumplir así, con el mandato de restauración de la zona”.
“Estamos ante una flagrante desobediencia auspiciada por las administraciones”, diagnostica González-Antón, quien cree que asistimos a una crisis del estado de derecho. Al menos, concluye, está en proceso otro pleito en el que se encuentran imputados por delitos ambientales y urbanísticos tanto responsables de las administraciones como de la empresa”.
Publicado el 11/04/2008 a la(s) 18:39
Por Plataforma 29-marzo
11/04/2008 | Actualizada a las 18:08h
Salamanca. (EFE).-
El titular del juzgado de lo penal número 5 de Granada, Miguel Ángel Torres, instructor del Caso Malaya, ha aseverado en Salamanca que "el Estado está cada vez más retrasado y perdiendo la lucha contra la corrupción", una situación que ha atribuido a "la carencia de medios".
El que fuera juez instructor del caso Malaya ha hecho estas declaraciones durante su intervención en la mesa redonda sobre "Corrupción. La gran amenaza al Estado Democrático" dentro del XX Congreso Universitario de Alumnos de Derecho Penal que hoy se clausura en Salamanca.
Torres ha advertido de que en España "se ve la corrupción como algo normal, y en algunos casos, como defraudar a Hacienda, está bien vista".
A esta situación contribuyen, a su juicio, la falta de unidades policiales y juzgados especializados y el que "no todo el mundo está dispuesto a luchar contra la corrupción".
El juez ha abogado por "aumentar los medios para conseguir pruebas", al tiempo que ha reclamado la "regulación de las intervenciones telefónicas" y la mejora en "la obtención de información de la Agencia Tributaria y de las entidades bancarias".
Además, se ha mostrado partidario de "modificar los tipos penales" y de que "se avance en la devolución de los bienes sustraídos más que en las penas".
Torres ha lamentado que los jueces tengan cada vez "menos autoridad" y ha criticado que en los medios de comunicación "aparezca la versión de los abogados de los implicados" en los casos de corrupción, algo que, según ha dicho, no sucede con los jueces, fiscales y policías, "porque no hablamos de estos temas".
Fuente: http://www.lavanguardia.es/lv24h/20080411/53455156083.html
Publicado el 11/04/2008 a la(s) 17:43
Por Plataforma 29-marzo
Mientras nos concentramos en protestar por la puesta en libertad de Juan Antonio Roca, los demás implicados saldrán por la puerta de atrás.
El acuerdo con la Fiscalía que pretenden sacar adelante las defensas del resto de Malayos, colaboradores necesarios en el desastre urbanístico de Marbella, queda ridículo como castigo en comparación con el daño causado.
Se debería incorporar a la manifestación una fuerte protesta contra ese acuerdo a punto de ser aprobado.
El acuerdo para concentrar las condenas por licencias ilegales en Marbella y aún no sellado, recoge tramos de 6, 9 y 12 meses de cárcel · El mayor castigo será para los que aprobaron el PGOU en 1998
Esperanza Codina, málaga | Actualizado 11.04.2008 - 10:04
El pacto que intentan cerrar la Fiscalía y los ex ediles del GIL imputados en delitos urbanísticos para agilizar los casos por licencias ilegales en Marbella y concentrar las penas, pendiente de recibir el visto bueno de los órganos superiores del Ministerio Público, prevé tres condenas diferentes de seis, nueve y 12 meses de cárcel por delito en función de la Corporación a la que pertenecieron los acusados. Según fuentes cercanas a la negociación, la de 1995 estaría en lo más alto de la tabla, con un año de prisión, seguida por la de 1999 y la de 2003, que es la que presidió la ex alcaldesa, Marisol Yagüe. El Código Penal prevé hasta dos años de cárcel para este tipo de delito.
Los grupos se han establecido por los años de gobierno en el Ayuntamiento, circunstancia vinculada a si los concejales de turno autorizaron el proyecto básico de las obras o el de ejecución. Según dijo el jueves el abogado Ernesto Osuna, uno de los aspectos que habría tenido en cuenta la Fiscalía para castigar con una pena más alta la actuación de los ediles de la comisión de gobierno de 1995 es que aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, el promovido por Jesús Gil que nunca fue aprobado por la Junta y que dio cobertura a todas las licencias ilegales de Marbella.
El objetivo del pacto es agilizar las causas porque existe un límite legal de cumplimiento de condena, ya que los delitos urbanísticos se consideran conexos. El Código Penal establece que ese tope de condena sería el triple de la pena impuesta, es decir, en caso de que el acuerdo se cierre en los términos actuales, los ex concejales cumplirían un máximo de tres años, 27 meses o 18 meses de prisión, según el caso.
Este acuerdo aún no está cerrado y debe recibir el visto bueno de la Fiscalía Superior de Andalucía y la Fiscalía General del Estado. Otras fuentes cercanas indicaron que uno de los escollos es la exigencia del Ministerio Público de que todos los afectados deben ingresar en la cárcel, aunque sea poco tiempo.
El futuro pacto se ciñe a los casos por delito urbanístico, se limita a las licencias ilegales y no afecta al resto de procedimientos en los que están imputados algunos ex concejales de Marbella, como Malaya o las investigaciones de los convenios urbanísticos que dirige la Fiscalía Anticorrupción.
Las citas judiciales continúan para los ex concejales. El jueves se sentaron en el banquillo de los acusados del Juzgado de lo Penal número 6 el ex alcalde Julián Muñoz y otros ocho ex ediles por conceder una licencia a la empresa Proinsa para construir una promoción de viviendas en un suelo clasificado como zona verde deportiva.
Julián Muñoz, Manuel Calle, Marisa Alcalá y Dolores Zurdo fueron condenados a un año de cárcel que se conmutó por una multa de 7.200 euros. Rafael González, José Luis Troyano, Tomás Reñones, Javier Lendínez y José Luis Fernández Garrosa fueron penados con nueve meses de prisión, sustituibles por una multa de 5.400 euros.
Ernesto Osuna explicó que las penas impuestas van en la línea de lo que recogerá el futuro acuerdo que los abogados defensores negocian con la Fiscalía.
Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/100093/pacto/entre/la/fiscalia/y/los/ex/ediles/gil/preve/penas/hasta/ano.html
Publicado el 11/04/2008 a la(s) 17:39
Por Plataforma 29-marzo
La constructora ve "muchas posibilidades" de aceptar la demolición de la obra
J. MARTÍN-ARROYO - Granada - 11/04/2008
El Ministerio de Medio Ambiente ha propuesto la compra de un terreno donde se construyen 40 viviendas ubicadas en el paraje de Los Yesos (Granada), para su posterior demolición. La promoción, a medio construir, no invade por escasos metros la franja de dominio público marítimo terrestre, que abarca 20 metros desde la orilla. Pero a simple vista se observa que los bajos de la promoción, encajonada entre la carretera N-340 y el mar, resultarían anegados por cualquier temporal dada su proximidad.
"Entra dentro de nuestras posibilidades y les hemos hecho una oferta", confirmaron ayer fuentes del ministerio. La constructora ha recogido el guante, pese a que la obra es legal al situarse en suelo urbano, y cuenta con licencia municipal del Ayuntamiento del cercano pueblo de Sorvilán. "Hay muchas posibilidades de que se pueda cerrar la operación y llegar a un acuerdo. La gerencia lo está estudiando porque son precios razonables", afirman fuentes de la constructora Ibáñez Molero. La empresa no quiso cuantificar ayer la oferta lanzada por Medio Ambiente. La promoción sería finalizada en verano de 2009, y previsiblemente la crisis del sector se habrá agudizado para entonces. "La coyuntura es de decrecimiento, diga lo que diga el Fondo Monetario Internacional, porque la oferta es muy superior a la demanda y ahora mismo la obra está un poquito parada", apuntaron dichas fuentes.
Ecologistas en Acción denunció a la Demarcación de Costas la construcción, pero la delegación ya había iniciado las negociaciones. "Ya se construye en la arena de la playa. Nos parece de locos esta construcción y pedimos a Costas que actúe antes de acudir nosotros a la Fiscalía o los tribunales", aclaró ayer su coordinador en Granada, Javier Egea.
La Estrategia para la sostenibilidad de la Costa que aborda Medio Ambiente busca "la liberación efectiva de los 100 primeros metros". A pesar de que Costas ha negado que su estrategia sea un plan masivo de demoliciones, el documento explica que "la remodelación de las fachadas urbanas litorales exige realizar simultáneamente el levantamiento de edificaciones e instalaciones del dominio público".
En esta construcción de Los Yesos, Costas pone en marcha el programa de adquisición de fincas, que incluye las edificaciones legales. "No tiene por qué ser ilegal. A veces es mejor un mal acuerdo que un buen pleito", ilustran fuentes del ministerio. La Demarcación de Costas de Cádiz ha ampliado este año la zona de servidumbre de protección a los 200 metros para asegurar espacios libres en lugares donde existe un riesgo de retroceso en la costa debido a la subida del nivel del mar. De momento, la demarcación de Granada no ha tomado dicha determinación para sus 81 kilómetros de costa.
El informe Impactos en la costa española por el efecto del cambio climático, encargado por Medio Ambiente para el Mediterráneo, concluye que como media el retroceso en la playa será de 10 metros. Ni las consecuencias previstas por el calentamiento global, ni la difícil orografía de la costa granadina, llena de acantilados y playas de piedra, han sido obstáculo para los promotores.
A pesar de que el grueso del urbanismo desmedido se concentra en la zona occidental de la costa granadina, esta promoción en Los Yesos no es la única polémica en la costa más oriental. En Melicena está prevista la construcción de 96 viviendas y 101 garajes en un solar junto a la arena de la playa. Los vecinos a los que el nuevo bloque tapará las vistas se han movilizado durante las últimas semanas. De momento, las obras no cuentan con licencia para su comienzo.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Costas/negocia/el/derribo/de/40/viviendas/junto/al/mar/en/Granada/elpand/20080411elpand_2/Tes
Publicado el 10/04/2008 a la(s) 17:37
Por Plataforma 29-marzo
Los partidos políticos con representación en el Ayuntamiento de Marbella, PP, PSOE e IU, y las federaciones vecinales de la ciudad y su núcleo San Pedro Alcántara se manifestarán para protestar contra la posible salida de la cárcel del presunto cerebro de la operación Malaya, Juan Antonio Roca.
Con esta intención, han convocado para el próximo día 17 de abril, a las 20.30 horas, en el paseo de la Alameda de la localidad una manifestación, según ha informado hoy a Efe el presidente de la federación que agrupa las asociaciones de vecinos de Marbella, Alejandro Dogan.'La iniciativa surge del sentimiento de malestar que nos ha producido la posible excarcelación de Roca', ha reconocido Dogan, después de que el pasado 28 de marzo el actual instructor del caso Malaya, Oscar Pérez, decretara su libertad bajo fianza de un millón de euros.A este respecto, argumenta que la causa no es la baja cantidad impuesta por la fianza, sino el riesgo de fuga que considera que existe y la posibilidad que se le daría de poner en orden las sociedades que posee fuera de España.'No nos vale que le pongan un millón de fianza, ni cinco ni diez; debe permanecer en prisión hasta que se celebre el juicio', ha explicado.Dogan ha insistido en la importancia del hecho de que esta convocatoria haya logrado poner de acuerdo a todos los partidos políticos, que también manifestaron en el pasado pleno de marzo su disconformidad con la decisión judicial.Recientemente, el Ayuntamiento de Marbella solicitó a la Audiencia Nacional la prisión provisional para el ex asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca como medida cautelar por el caso 'Saqueo I', que investiga la presunta malversación de caudales públicos.Esta iniciativa se une al recurso subsidiario de apelación contra el auto de libertad bajo fianza de Roca que el Consistorio presentó ante el Juzgado de instrucción número 5 de Marbella.
Fuente: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/partidos_roca_politicos_vecinos_manifestaran_2389786.htm
Publicado el 07/04/2008 a la(s) 18:09
Por Plataforma 29-marzo
Los casos se suceden y multiplican por todo el territorio nacional, lo que viene a demostrar que, a pesar de su altísima repercusión, Marbella no es por desgracia un caso aislado. Como claro ejemplo de la ambición a toda costa, véase otro de los desastres amparados por el populismo y la supuesta benéfica liberalización del suelo a favor de la construcción sin orden propiciada en anteriores legislaturas.
Casi dos años separan estos dos reportajes sobre el muy conocido promotor Francisco Hernando y su proyecto de viviendas en Seseña (Toledo).
Todos los datos, y aquí se recogen los más relevantes, daban buenas pistas para saber de antemano el terreno tan resbaladizo en el que los clientes pondrían su inversión y su confianza. No es, pues, de extrañar el lamentable estado en que se encuentran tanto la urbanización como los mismos compradores, que no se debería achacar a la crisis existente en el sector inmobiliario sino a la excesiva especulación urbanística unida a un absoluto desprecio a las leyes y al entorno, además de falta de previsión y tantas otras carencias.
Hay situaciones cíclicas de crisis que pueden pasar por imprevisibles y requieren esfuerzos comunes para superarlas. Hay demasiados casos de especulación excesiva que, como cualquier atracón, deben ser resueltas por quienes tienen un desmesurado apetito.
REPORTAJE: La crisis inmobiliaria pasa factura
Seseña, capital del fiasco inmobiliario
El parón urbanístico hace del sueño de El Pocero una ciudad fantasma
NATALIA JUNQUERA - Seseña - 07/04/2008
Una maraña de grúas mustias, en reposo, planea sobre la macrourbanización de Francisco Hernando, Paco El Pocero, en Seseña (Toledo). Tras la pomposa entrada, con un retorcido monumento y el nombre del constructor en letras doradas, aparece una ciudad fantasma. Las persianas de las miles de viviendas están selladas a cal y canto. Apenas hay coches ni personas, y las que hay provocan un inquietante eco sólo con el ruido de sus pasos. La conversación de móvil que una mujer mantiene desde el balcón del cuarto piso de un bloque de casas se convierte, en mitad de nada y de nadie, en un tranquilizador escándalo. Las calles, bautizadas con nombres de pintores, están sembradas de bancos relucientes en los que nadie se sienta y de señales de tráfico que obligan a ceder el paso. ¿A quién? El único signo de vida omnipresente son los carteles de Se vende. Cuelgan de cada fachada y no los ha puesto el constructor, sino sus compradores. Un ejército de especuladores de carne y hueso, la feroz competencia.
La mayor parte compró una vivienda para vivir de ella, no en ella
El promotor quería construir 13.508 casas, pero sólo tiene licencia para 5.096
"Te lo rebajo a 203.000 euros. La promotora lo vende por 10 millones más, ¿eh? Yo pierdo dinero. A mí me costó hace tres años 10.000 euros más de lo que te pido. Tengo prisa, muchísima prisa por venderlo", confiesa Santiago al otro lado del teléfono, tras bajar en 6.000 euros el precio en el primer minuto de conversación. Vende un piso de 109 metros cuadrados en el que nunca pensó vivir. "Lo compré como una inversión. Tengo otros dos chalés en Madrid. Le pagué a El Pocero los 3.000 euros de entrada y una letra de 645 euros al mes durante tres años, pero ahora el banco no me concede la hipoteca para pagar lo que me queda porque dice que tengo dos casas más y con mi nómina no se arriesgan", explica.
También tiene tres casas Ian, de 41 años. En las dos que ha comprado en el residencial Francisco Hernando acaba de poner un cartel: Se alquila o se vende. Él vive con su mujer y sus dos hijas en Rivas Vaciamadrid. "El ático, de 210 metros cuadrados, y el piso, de 164, los compramos por 45 millones cada uno. Ahora vendemos por 54 porque la promotora los vende por 55. Todos pensábamos que esto era el chollo del siglo. Hay gente aquí que ha comprado 10 pisos. Yo compré estos dos para que mis hijas pequeñas tengan la vida solucionada".
Y mientras, en la oficina de ventas de Onde 2000, la empresa de El Pocero, cuatro empleadas, sentadas en torno a la mesa de una de ellas, pasan el rato. Nadie quiere hacer declaraciones. No hay clientes. La cosa pinta mal para los planes de Hernando de levantar 13.508 viviendas en este secarral de Seseña, multiplicando por seis la población del municipio. Ya tienen licencia de primera ocupación 2.536, pero sólo hay 750 personas censadas en la macrourbanización. Cuando la mayor parte de los compradores de El Pocero adquirieron su vivienda, no lo hicieron con la intención de vivir en ella, sino de ella. Pero la inversión en el ladrillo ha dejado de ser "el chollo del siglo". Los bancos han cerrado el grifo. La concesión de hipotecas ha bajado un 25% en el último año con la crisis financiera, según el INE, y sin créditos es imposible comprarse una casa.
"La desconfianza de los bancos y la falta de liquidez han frenado la demanda. Y hay un claro exceso de oferta porque el momento en el que un promotor decide construir queda ya muy lejano a todo esto, se remonta a 2005 o 2006. Hay promotores de zonas turísticas de la costa que llevan siete meses sin vender un piso. El exceso de oferta se traduce en una desaceleración de los precios. Y la gente no compra porque piensa que pueden bajar más", explica Julio Rodríguez, ex presidente del Banco Hipotecario.
El precio de la vivienda bajó de enero de 2007 a enero de 2008 un 3,08%, tras haber subido una media del 12,8% en los seis años anteriores. 2003, el año en que El Pocero puso en marcha su urbanización, fue el año del pico de los precios: subieron un 18% respecto al año anterior. "Tardará años en vender lo construido y seguir con el plan de 13.000 casas sería suicida", opina Rodríguez. "Ha construido al margen de la demanda, de los puestos de trabajo, de la disposición de agua y de transporte... Tal y como está diseñada, esta urbanización iba más encaminada a inversores que a gente que quisiera vivir allí, pero los que compraron lo hicieron con unas expectativas de revalorización que ahora no existen. Seseña es el símbolo de los excesos urbanísticos del periodo anterior".
El Pocero rechazó hacer cualquier declaración a este diario.
Carlos y Yolanda confían en que vayan llegando más vecinos, pero hoy sus hijos, de 12 y 6 años, tienen pocos niños con los que jugar. "Yo estoy contenta. En el colegio que iba antes, el mayor suspendía siempre y ahora lo está aprobando todo", dice Yolanda. Compraron un piso de 121 metros en el residencial Francisco Hernando por 40 millones (240.404 euros). "Este piso es imposible en Madrid", asegura Carlos. Pero a costa de algunos sacrificios. Carlos hace 50 kilómetros cada día para ir a trabajar. "Yo me quedo encerrada porque no tengo coche y aquí sólo llega un autobús a primera hora de la mañana y otro por la tarde". El pan se puede comprar en el único bar de la urbanización. Pero si un día falta azúcar, hay que hacer 11 kilómetros hasta el comercio más cercano.
De momento, El Pocero tiene licencias para edificar 5.096 viviendas, y mucho tienen que cambiar las cosas para que el resto, hasta 13.508 que pretende construir, la consigan. "No damos más licencias porque faltan infraestructuras y agua y hay una línea de alta tensión que pasa por la zona y habría que desplazar. Tenemos que ejercer cierto control para no poner en peligro las necesidades de los ciudadanos. Ningún municipio puede asumir un aumento poblacional tan grande en un plazo tan corto", señala el alcalde de Seseña, Manuel Fuentes (IU), el azote de El Pocero, que le ha puesto seis querellas.
"Tiene su temperamento, pero es un gran hombre", dice del constructor alguien que le conoce muy bien. "Llevo 20 años trabajando con don Francisco. Desde que empezó a construir en Boadilla [Madrid], me ha dado trabajo en todas las obras que ha hecho", señala José Antonio, mientras recorre con una escoba y un cubo las calles desiertas de la urbanización. "Me levanto a las siete de la mañana y termino a las siete de la tarde, porque soy el único empleado de limpieza. Estoy muy agradecido. Con lo que me paga pude comprar aquí un piso para vivir con mi mujer y mis tres hijos. Yo sólo creo en dos cosas, en Dios y en don Francisco".
Crisis inmobiliaria
- La concesión de hipotecas ha bajado un 25% en el último año.
- El precio de la vivienda descendió un 3,08% en 2007, tras una subida media del 12,8% en los seis años anteriores.
- En Seseña, El Pocero preveía construir la urbanización más grande de España, con 13.508 viviendas. Sin embargo, sólo 5.096 casas tienen licencia de edificación, y únicamente se han censado en este conjunto residencial 750 personas.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/Sesena/capital/fiasco/inmobiliario/elpepiesp/20080407elpepinac_9/Tes
REPORTAJE: Construcción masiva de viviendas en Seseña
Paco el Pocero, una vida de polémicas
Zaplana le dio la medalla al trabajo tras perder las elecciones pese a que un municipio del PP le había declarado persona no grata
R. M. - Madrid - 03/07/2006
El 27 de marzo de 2004, Francisco Hernando Contreras, Paco el Pocero, recibió una de sus mayores alegrías. Ese día, Eduardo Zaplana (PP), entonces ministro de Trabajo en funciones y amigo de Hernando, le otorgó la medalla al trabajo en su modalidad de plata. Esa distinción la había promovido Carlos García Cano, jefe del gabinete del subsecretario del ministerio.
Fue condenado en 1991 por amenazar a un alcalde que precintó su planta hormigonera
El 27 de marzo de 2004, Francisco Hernando Contreras, Paco el Pocero, recibió una de sus mayores alegrías. Ese día, Eduardo Zaplana (PP), entonces ministro de Trabajo en funciones y amigo de Hernando, le otorgó la medalla al trabajo en su modalidad de plata. Esa distinción la había promovido Carlos García Cano, jefe del gabinete del subsecretario del ministerio. Una hija de García Cano está casada con un hijo de Paco el Pocero. Éste asegura: "La medalla la promovió mi consuegro, que lleva toda la vida en la Administración y la firmaron todos mis empleados". El Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón e IU han pedido al Gobierno que retire el galardón por las denuncias de corrupción contra Hernando.
La polémica medalla culminaba la trayectoria de Paco el Pocero, nacido en Madrid el 2 de junio de 1945 y que apenas aprendió a leer y escribir: "No fui a la escuela porque tenía que trabajar. Vendí agua, carbón y trapos por las calles de Vallecas desde los ocho años. He robado lechugas para comer y no me avergüenzo".
En los años 60 y 70 hizo fortuna construyendo alcantarillas a la vez que tuvo esporádicos problemas con la justicia (fue detenido por hurto y por apropiación indebida de 60.000 pesetas).
En los 80, pasó de las alcantarillas a los pisos. Aunque algunas fuentes afirman que construyó en Benidorm, donde conoció a Zaplana, con el que mantiene amistad, él lo niega. También hizo negocios en Boadilla del Monte hasta que el alcalde Aquiles Aparicio ordenó cerrar su planta hormigonera. Entonces, Hernando se fue a la gasolinera de Aparicio y le espetó: "Sal, que te voy a matar", según consta en los hechos probados de la denuncia de 1991 que le condenó a 30.000 pesetas.
Tras el altercado, con este y con otros concejales, Hernando se fue a Villaviciosa de Odón, otro pueblo de Madrid. Allí compró a través de su empresa Horpavisa 400.000 metros cuadrados de suelo no urbanizable, en el polígono de Quitapesares. Intentó una recalificación, pero la alcaldesa Pilar Martínez (PP), hoy concejal de Urbanismo de Madrid, se opuso. La entonces alcaldesa denunció ante la Guardia Civil que, tras el parón del proyecto, recibió amenazas de muerte por teléfono. La denuncia contra Hernando se archivó, pero un diario financiado por el constructor fue condenado por vejaciones a la alcaldesa. El Ayuntamiento acabó declarando persona no grata a Hernando tras una investigación municipal que concluyó que el constructor financiaba a la escisión del PSOE Renovación Democrática, que apoyaba la urbanización. Además, una cajera del consistorio denunció que Hernando intentó pagarle 183.286 pesetas de más por un trámite.
Hernando no consiguió construir en Villaviciosa, y se arruinó. Horpavisa suspendió pagos y dejó a los trabajadores en la calle. Que quebrara por la paralización de la urbanización sorprende porque Hernando presume ahora de ser uno de los hombres más ricos de España, de tener un yate más grande que el de Florentino Pérez y de saludar al Rey si lo ve en el puerto que ha comprado en Mallorca.
Paco el Pocero se recuperó construyendo en el norte de Madrid, con la ayuda de Ricardo Romero de Tejada, ex alcalde de Majadahonda y ex secretario general del Partido Popular de Madrid, según fuentes del sector. Y de allí llegó a Seseña, donde planeó su ciudad.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/Paco/Pocero/vida/polemicas/elpporesp/20060703elpepinac_9/Tes
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