La participación fomenta el debate y aumenta las posibilidades de que cualquier toma de decisión contará con la aprobación de una mayoría consciente.
Conchi : Increíble, la rapidez para demoler éstas y no las miles de edificaciones que adornan nuestro país.
Conchi : Marbella recuerda una fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él ........
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Publicado el 30/04/2009 a la(s) 22:40
Por Plataforma 29-marzo
Achacan los casos de corrupción que les salpican a una “injusta” aplicación de la ley de prevención del blanqueo
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA
Jueves 30 de abril de 2009
Los abogados de la Costa del Sol están preocupados por su mala imagen. Los ocasionales registros, imputaciones y hasta encarcelaciones que han sufrido algunos compañeros de gremio no les han favorecido. Mucho menos, las últimas declaraciones del primer juez que instruyó el ‘caso Malaya’, Miguel Ángel Torres, que les elevó a la categoría de “industria auxiliar de la corrupción”, junto con los gestores fiscales.
Ayer, un centenar se manifestaron en las calles de Marbella para defenderse. “Ni abogado, ni asesor son sinónimos de blanqueador de capitales”, incidió el letrado Erik Jean Paul Möller, organizador de la protesta en calidad de representante de la Asociación de Juristas y Economistas Libres de la Costa del Sol (Ajures).
En su opinión, esta ‘confusión’ viene derivada de la forma en la que se aplican determinadas leyes, como es el caso de la normativa de prevención del blanqueo de capitales.
Presunción de inocencia. La detención, los registros de los despachos e incluso los encarcelamientos provisionales se han convertido en una “regla general” para comprobar datos u obtener informaciones “que siempre se les han facilitado a las autoridades competentes”, defiende este colectivo en un manifiesto que ayer repartieron a lo largo de su recorrido por la avenida Ricardo Soriano, la arteria que atraviesa la ciudad.
“Queremos que haya normativas que prohíban cualquier acto delictivo; pero esta normativa no debe chocar con un principio constitucional como es la presunción de inocencia”, añadió Möller. Desde su punto de vista, son las fuerzas y cuerpos de seguridad los que tienen que velar porque no haya delitos y no los ciudadanos de a pie. Los abogados integrantes y simpatizantes de Ajures reclaman su derecho a ser tratados como uno más .
Para garantizarlo, cuentan con más de 130 firmas para apoyar el requerimiento que dirigirán al Colegio de Abogados de Málaga. “Es importante que se pronuncien oficialmente en defensa de la dignidad de los abogados, aún no lo han hecho de forma expresa”.
Fuente: http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2009043000_4_255225__Municipios-Cien-letrados-manifiestan-Marbella-contra-mala-imagen
Publicado el 29/04/2009 a la(s) 22:28
Por Plataforma 29-marzo
Francisco Pimentel y Javier Ordovás pleitean desde hace meses en los tribunales con el futuro traslado de la zona industrial como telón de fondo
29.04.09 - M. J. CRUZADO| MARBELLA
PIMENTEL: «Están intentando hacerme el vacío y quitarme los apoyos con descalificaciones»
ORDOVÁS: «Nos ha metido en un costoso pleito con Promociones Salmantinas sin contar con nadie»
Francisco Pimentel y Javier Ordovás, ambos empresarios del polígono industrial La Ermita, pleitean desde hace meses en los juzgados de Marbella por hacerse con el control de la agrupación que aglutina a los 234 comerciantes de la zona. Pimentel sostiene que sigue siendo presidente del colectivo. Ordovás asegura que ostenta ese cargo desde el pasado 2 de abril, fecha en la que un juzgado le autorizó a celebrar la asamblea que le votó para el cargo. De fondo, el posible traslado de las naves industriales al norte de la autovía a través de una hipotética y polémica recalificación del suelo de La Serranía y los presuntos intereses especulativos que uno y otro denuncian.
El asunto se complicó ayer aún más después de que Pimentel anunciara en rueda de prensa la convocatoria de la asamblea anual de los asociados para mañana en el Hotel Fuerte Miramar. A lo que Ordovás contestó con una nueva amenaza de llevarlo a los tribunales. «No puede hacerlo. Ya no es presidente. Fue cesado tanto él como el secretario y el tesorero ». Pimentel ha recurrido la decisión.
La disputa interna se remonta al 5 de diciembre del año pasado, fecha en la que Javier Ordovás y otros cinco miembros de la junta directiva pidieron la dimisión de Pimentel. «Tomó decisiones e hizo gastos a cargo de la agrupación sin contar con el resto de los miembros incumpliendo de forma reiterada los estatutos», sostiene. El pasado 25 de marzo, después de varias peticiones de dimisión decidieron acudir a los tribunales para convocar una asamblea y cesarlo como presidente.
El detonante fue la demanda que la agrupación interpuso contra la mercantil Promociones Salmantinas, propietaria de parte de los terrenos de la zona norte donde los empresarios quieren trasladarse tras la aprobación definitiva del PGOU para ganar espacio.
Ordovás sostiene que se hizo de forma «unilateral sin contar con la aprobación del resto de los socios fundadores». Para Pimentel el pleito era necesario. «Nos engañaron ofreciéndonos unos terrenos de los que ya no podían disponer porque la empresa se disolvió meses antes y traspasó los derechos de la acción de compra», sostiene.
A pesar de que llevan varios meses viéndose las caras en los juzgados, ha sido necesaria la convocatoria de una asamblea para que la pugna saliera a la luz pública. «Hemos actuado de forma silenciosa, todo por la vía judicial, porque no queríamos perjudicar la imagen de los empresarios ni de Marbella con nuevos rumores sobre posibles especulaciones urbanísticas», apuntó Ordovás. A lo que añadió: «Mi cargo como presidente es provisional hasta que se resuelva este conflicto; me he visto empujado a ello pero espero que pronto se vote a un presidente que sea capaz de llevar la agrupación con dignidad. Lo único que queremos es deshacer legalmente la asociación y crear un nuevo colectivo que realmente represente los intereses del polígono. Pimentel no es la persona idónea para ello».
Descalificaciones
Este último también restó hierro al asunto. Apuntó que no existe división entre las filas de la agrupación «sólo cuatro personas que están intentando hacerme el vacío y quitarme apoyos basándose en descalificaciones».
Sólo coinciden en una cosa. Uno y otro apoyan el traslado a la zona norte. Pero mientras Pimentel quiere una parcela concreta que presenta ciertas complicaciones para el traslado por la existencia de una zona protegida de alcornocales, Ordovás deja la ubicación definitiva al criterio del Ayuntamiento con el que asegura haber mantenido ya varias reuniones en calidad de presidente del colectivo empresarial.
Fuente: http://www.diariosur.es/20090429/marbella/empresarios-atribuyen-presidencia-agrupacion-20090429.html
Publicado el 26/04/2009 a la(s) 23:23
Por Plataforma 29-marzo
26 Abr 2009JOSÉ MANUEL NAREDO
Nuestro país está muy castigado por el cemento. España ha venido siendo durante más de un lustro el primer país en consumo de cemento de Europa y el quinto del mundo, llegando a doblar el de países con mayores poblaciones y/o territorios, como Francia y Alemania. Durante los últimos años del auge han estado cayendo sobre la geografía hispana una media aproximada de diez toneladas anuales de hormigones y mezclas por hectárea. Y, para colmo, cuando los excesos del cemento han alimentado hasta el límite el endeudamiento y la crisis actual, el Gobierno sugiere echar todavía más para combatirla. Pues para suplir la caída del cemento asociado al ladrillo, el Gobierno pretende “acelerar” las obras públicas contenidas en un Plan de infraestructuras y transportes que se revela cada vez más sobredimensionado e impropio de la presente fase de declive.
Semejante proceder, unido al gran peso de la construcción en la economía española, sería incomprensible si no estuviera asociado al enorme poder de los intereses vinculados a este sector, que vienen operando desde el franquismo, pues el negocio de las obras públicas ha estado, y sigue estando, vinculado al manejo oligárquico de concesiones, recalificaciones y contratas. A diferencia de la agricultura y de la industria, el sector de la construcción ganó peso y se vio reforzado por la expansión de la actividad inmobiliaria desde la adhesión de España a la UE. Tras un proceso de fusiones, el núcleo central de este sector está hoy constituido por un puñado de grandes empresas, casi todas ellas enraizadas con la oligarquía franquista, que completan el negocio de la obra pública con el de contratas a largo plazo de servicios de mantenimiento, limpieza, recogida de basuras, etc. La continuidad en el cambio, propia de la llamada Transición política, hace que se siga operando sin tapujos una descarada connivencia entre estas empresas y los políticos de los dos principales partidos. Así lo atestigua, por ejemplo, el hecho de que el director de la Oficina Económica del Gobierno de Rodríguez Zapatero pasara a convertirse en presidente de la patronal de grandes empresas de construcción, la Sociedad de Empresas de Obras Públicas de Ámbito Nacional (SEOPAN).
La indefensión de los ciudadanos ante semejante neocaciquismo es manifiesta. Sin contar para nada con los ciudadanos, nos hemos tenido que tragar, y tendremos que pagar, un aquelarre de obras y megaproyectos de dudoso interés social. Madrid ha ejemplificado bien tal estado de cosas. Además de ser la única ciudad del mundo que llegó a contar con doce tuneladoras de gran sección funcionado a la vez, ahora el flamante ministro de Fomento ha acordado con la presidenta regional acometer dos megaproyectos de gran impacto ecológico y escaso interés social: cerrar la M-50 y hacer un nuevo aeropuerto privado, cuando apenas se acaba de ampliar el actual. Por lo que se ve, las semillas razonables de pensamiento siguen cayendo en suelo de cemento, aunque la crisis pida a gritos evitar el despilfarro y priorizar y consensuar mejor el gasto público.
José Manuel Naredo es Economista y estadístico
Fuente: http://blogs.publico.es/delconsejoeditorial/167/mas-cemento-que-es-la-crisis/
Publicado el 26/04/2009 a la(s) 23:11
Por Plataforma 29-marzo
ENTREVISTA A RAFAEL YUS
(GENA-Ecologistas en Acción Axarquía)
Asegura que el caso Arcos podría haber estallado en otros municipios de la comarca de haberse contado "con suficiente información" · "Rincón de la Victoria es uno de los mayores desastres del Mediterráneo", denuncia
| Actualizado 26.04.2009 - 01:00
Se conoce la Axarquía como la palma de su mano. La vigila y la mima difundiendo sus valores naturales y paisajísticos. Después de 15 años como presidente del Gabinete de Estudios de la Naturaleza de la Axarquía, su labor ha tomado protagonismo porque una de tantas denuncias urbanísticas que han interpuesto en la comarca desembocó en el caso Arcos. Sin embargo, ha colaborado con muchos ayuntamientos e instituciones en la elaboración de las Agendas 21. También consiguió el Premio Provincial de Medio Ambiente por su decisiva aportación tras las inundaciones de Rincón de la Victoria de 2004.
-¿Cómo llegó a la Axarquía?
-Llegué por razones laborales. Conseguí una beca predoctoral en el Centro Experimental La Mayora de Algarrobo y allí estuve dos años hasta que ingresé en el Departamento de Zoología de la Universidad de Granada, donde di clases otros dos años. Posteriormente ingresé en el cuerpo de profesores de Enseñanza Media y al poco tiempo fui nombrado Catedrático de Ciencias Naturales. Como tal he pasado por Torrox, Nerja y finalmente Vélez-Málaga, donde resido desde hace treinta años. El hecho de que su paisaje nos cautivara (a mi esposa y a mí) fueron concluyentes para quedarnos en este lugar, a pesar de que teníamos otras opciones a nuestro alcance.
-Y desde entonces, no existe una duna, una planta o un animal que se escape a su control.
-Lo hemos intentado, pero la Axarquía tiene infinidad de rincones y cada año descubrimos cosas nuevas. A lo largo de estos años hemos escrito más de veinte libros, verdaderos tratados sobre el medio natural de todos los ambientes de la comarca, que constituyen por sí solos el único inventario realizado sobre los elementos naturales de esta comarca. Pero lamentablemente nuestro control no es suficiente.
-¿Ha cambiado mucho la comarca desde que decidió instalarse?
-Sí que ha cambiado, y esto lo podemos demostrar con las típicas fotografías del "antes y ahora". El cambio ha sido vertiginoso en los últimos diez años, sobre todo en las partes más sensibles del paisaje de la Axarquía, no solo el litoral, que ya empezaba a estar degradado con las torres tipo Benidorm, sino en el campo, que se ha ido llenando de casas o mansiones, además con estilos arquitectónicos que desentonan con la arquitectura popular. La consecuencia es la banalización del paisaje y la degradación de un activo que ya es muy difícil ponerlo en valor para la auténtica actividad turística.
-Y las mansiones y casas en el campo empezaron a hacerse evidentes a la vista de todos. Hace años, usted ya lo advirtió.
-Es que es algo muy evidente. Mucha gente comenta que las casas crecen como hongos, a veces en un tiempo récord. Nuestra asociación, que inicialmente se dedicaba a hacer excursiones de estudio de la naturaleza, pronto se percató que algunos enclaves o hitos paisajísticos eran ocupados por casas, destruyendo el paisaje o eliminando el derecho a disfrutar del mismo, cuando no destruyendo vegetación o animales. Esto nos motivó a empezar a denunciar públicamente lo que calificábamos como desastre, inicialmente a la Junta de Andalucía, y finalmente a la Fiscalía de Medio Ambiente, ante la inoperancia de la administración.
-Han llegado a presentar más de 500 denuncias en toda la comarca.
-Si tenemos en cuenta que en la Axarquía hay unas 22.000 viviendas en suelo no urbanizable, de las cuales más de la mitad se construyeron en tan solo diez años y de éstas especialmente en los años 2006-2007, ya podemos darnos cuenta de que nuestras denuncias sólo rozan la realidad. Nosotros no solemos denunciar viviendas aisladas, nos centramos en procesos urbanizadores encubiertos en suelo no urbanizable, es decir en construir casas en una serie de parcelas de un mismo propietario que las vende una a una de una forma sistemática, como si fueran casas de aperos, con lo cual hace una urbanización sin plan parcial, y por tanto saltándose la obligación de urbanizar y dar al ayuntamiento el porcentaje de suelo estipulado por la Ley del Suelo. Un negocio redondo, con mucha ganancia, pero a costa de un daño irreversible.
-¿Considera una victoria que la Fiscalía haya abierto el caso Arcos contra la corrupción urbanística en Alcaucín?
-No lo calificaría como una victoria, porque nuestra intención nunca ha sido meter gente en la cárcel, ha sido más bien una triste consecuencia de nuestro tesón. Nuestro esfuerzo, aun sabiendo que tenía pocos frutos, ha ido dirigido siempre a que la población y los gobernantes, tomaran conciencia de esta especie de cáncer de la Axarquía. Somos de esta comarca y queremos lo mejor para ella y sus habitantes, pero ciertamente nuestras propuestas no dan un dinero de forma tan rápida y fácil como el negocio inmobiliario. El caso Arcos, que igualmente podría haberse producido en otros municipios de la comarca de haberse contado con suficiente información, ha tenido en cambio la virtud de que los alcaldes se enteren de que las leyes están para respetarlas y hacerlas respetar, y que el poder tiene sus límites.
-Sus denuncias por irregularidades urbanísticas se extienden por todos los pueblos.
-Prácticamente todos, aunque unos mucho más que otros. Por ejemplo, municipios como Alfarnate, Salares, Benamocarra, Totalán y El Borge tienen un ritmo más pausado. En cambio, en municipios como Alcaucín, La Viñuela, Cómpeta, Sayalonga, Torrox, Frigiliana, Canillas de Aceituno, Canillas de Albaida, Archez, Arenas, Moclinejo, Comares, Riogordo y Periana el ritmo ha sido trepidante en los últimos años. Los fundadores del proceso fueron Alcaucín, Cómpeta, Sayalonga, Torrox, Frigiliana y La Viñuela. Los demás, como Periana, Arenas y Canillas de Aceituno intentaron imitarles porque a fin de cuentas no les pasaba nada y se decían "¿si éste puede por qué yo no?"
-Así, algunos alcaldes lo consideran su azote porque nada pasa desapercibido a sus ojos
-Somos una modesta asociación que lo único que hace es protestar públicamente por el incumplimiento de leyes que son de todos. Algunos alcaldes nos consideran garbanzos en sus zapatos, otros son más comprensivos pero nos siguen viendo algo extremistas. El asunto es que en estos temas no hay término medio: o cumples o no cumples la ley.
-¿Puede entender, de alguna forma, que los alcaldes se quejen de recibir el mismo tratamiento que los políticos de Marbella o Estepona?
-Es evidente que no hay dos casos exactamente iguales. Algunas veces solo son delitos de ordenación del territorio, otras veces incluyen problemas de corrupción. Pero es raro que un político que se arriesga a cometer un delito de este tipo no pida algo a cambio (sea para su beneficio o para el ayuntamiento o para ambos), y aquí viene la corrupción. Por este motivo, los criminólogos tienen establecido un modelo básico de corrupción urbanística que se puede decir que, salvo matices locales, es el mismo en todos los lugares. Lógicamente pueden variar las cantidades porque no es lo mismo un negocio en la Costa del Sol que en la Axarquía, el suelo allí es mucho más caro, y por tanto hay que pagar más por delinquir.
-El proceso urbanizador en la Axarquía comienza hace décadas, y ahora empieza a intervenirse. Usted ha señalado la inoperancia de la Junta de Andalucía.
-Cuando ponemos una denuncia administrativa, a veces tarda un año en contestarnos y es porque se pone un marcha un pesado mecanismo burocrático que empieza por pedir información al ayuntamiento en cuestión, dándole un plazo de un mes, que frecuentemente se alarga, luego tiene que enviar inspectores, que son pocos y por tanto tampoco pueden aligerar el proceso, y así sucesivamente. Si encuentran que es una falta, inician un proceso judicial pero por el contencioso administrativo, que puede emplear de dos a tres años en resolverse. Luego están las presiones de los políticos que reclaman vista gorda porque son del mismo partido, a veces chantajeando con cambiar de partido, o amenazar con la pérdida de votos por el exceso de celo. La justicia es algo más rápida pero su falta de recursos también la enlentece, pero al menos es teóricamente neutral y no se ve colapsada por las influencias políticas.
-Las construcciones en suelo rural, ¿son un problema endémico de la Axarquía?
-No lo creo. Este problema se reproduce donde se juntan tres factores: hay minifundios, la agricultura ha perdido competitividad y el lugar tiene un alto interés turístico (por su clima, paisaje, etc.). Esta situación se da en muchos lugares, por ejemplo en Mijas, Estepona, Veger o Chiclana. Ciertamente hay un cuarto factor: la relajación de las autoridades ante los hechos. Los ayuntamientos tienen competencia urbanística y esto supone hay un enorme pastel urbanístico para gente muy golosa y hambrienta. La rentabilidad del negocio inmobiliario es enorme.
-¿Cree que el POT de la Axarquía es un buen instrumento para regular la situación?
-El POT de la Axarquía es un documento válido, posiblemente el único documento que yo conozca que defienda tan bien el paisaje, porque sus redactores se percataron de la importancia de este activo. Nosotros colaboramos en su redacción, junto con otros sectores, políticos y empresariales, por lo que es un documento consensuado. Los alcaldes se quejan de que este instrumento frena el desarrollo de los pueblos, pero es que el POT no puede ir en contra de la Ley del Suelo (LOUA) que es de rango superior, y si esta ley dice que no se puede construir en suelo no urbanizable, pues hay que cumplirlo.
-¿Qué tiene de especial la naturaleza de esta comarca del levante malagueño?
-El paisaje de la Axarquía es un cromo, una instantánea que te muestra el modo de vida de miles de agricultores, el resultado de una titánica labor de roturación en laderas escarpadas. Es una comarca muy humanizada, por lo que apenas hay lugares donde se ha permitido desarrollarse la naturaleza a su aire. Tan sólo los más agrestes y rocosos nos muestran una naturaleza de tipo mediterráneo cuya máxima expresión la tenemos en el Parque Natural de Tejeda y Almijara, donde se congregan las especies más singulares tanto de flora (el tejo) como de fauna (la cabra montesa). Pero la zona agrícola también es rica en fauna, siendo el elemento más destacado el camaleón, que encuentra en esta comarca la zona donde más ampliamente se ha desarrollado en todo el continente europeo.
-Y sus habitantes lo desconocen… Y los estudiantes, ¿se interesan?
-Las especies más corrientes son conocidas por todos los habitantes. Lo que se desconocen son los endemismos vegetales y animales, que lógicamente solo son reconocidos por los expertos. A través de artículos de divulgación hemos intentado que haya más gente que los conozca. A los estudiantes les interesa más la naturaleza viva, la que se ve en el medio natural, que la que está petrificada en los libros de textos. Están abiertos a conocer curiosidades.
-¿Cómo son vuestras relaciones con las instituciones?
-Nuestra actitud siempre es y será de colaboración, de ayuda desinteresada, como asociación sin ánimo de lucro que somos. Así lo hemos demostrado en la Diputación Provincial, los Ayuntamientos, la Mancomunidad, el CEDER, las escuelas, etc. Pero si observamos faltas graves, las denunciamos sin más. No hay paños calientes para nadie, mantenemos nuestra independencia y nuestra no alineación con ningún partido político.
-¿Existe hoy en día más concienciación con el medio ambiente o sólo es de boquilla?
-En la era de la información es lógico que la gente esté más enterada de la existencia de problemas ambientales. La concienciación es otra cosa, requiere un replanteamiento de valores y esto no sucede en personas que no reflexionan sobre lo que hacen, sobre lo que están contribuyendo con su actividad diaria, o bien son extremadamente antropocéntricas. El dato más palpable es la falta de movilización ciudadana ante los atentados más graves contra el medio ambiente. Fenómenos mediáticos y gregarios como la marea blanca de voluntarios frente al chapapote del Prestige no nos deben engañar.
Fuente: http://www.malagahoy.es/article/malaga/409135/hay/enorme/pastel/urbanistico/para/gente/muy/golosa/y/hambrienta.html
Publicado el 25/04/2009 a la(s) 21:08
Por Plataforma 29-marzo
En una conferencia en Granada José Carlos Villanueva | GranadaActualizado sábado 25/04/2009 10:20 horas
"Existe una industria auxiliar de la corrupción formada por abogados, gestores y asesores fiscales". De esta forma se ha expresado el que fuera juez instructor del caso 'Malaya', Miguel Ángel Torres, durante su intervención en el II Congreso Nacional de Estudios Penales celebrado en Granada.
Bajo el título 'La corrupción urbanística en la Costa del Sol', el que fuera titular del Juzgado de Instrucción Número 5 de Marbella se ha referido a los citados profesionales como "personas que dicen lo que se debe hacer y cómo blanquear los fondos" obtenidos de forma ilícita por las organizaciones criminales dedicadas a diversas actividades delictivas.
Torres no ha ejemplificado con casos concretos, debido a que todo está aún 'sub iudice', pero los sumarios de 'Malaya', 'Ballena Blanca' e 'Hidalgo', entre otros, estaban en boca de casi un millar de asistentes, en su mayoría estudiantes de Derecho, que tomaban apuntes en el concurrido Palacio de Congresos granadino.
Torres se refirió al papel de los "asesores" que utilizan los "políticos" implicados en casos de corrupción, así como en blanqueo de capitales, por medio de la figura de "los testaferros" en que se convierten determinados abogados y asesores fiscales, quienes no sólo aconsejan sobre la creación de sociedades e inversiones de fondos obtenidos de forma irregular, sino que aparecen en dichas empresas de sus clientes.
Como era de esperar, el magistrado ha hablado del "papel de las sociedades radicadas en paraísos fiscales como Gibraltar", utilizadas para adquirir bienes inmuebles en Marbella y otros lugares de la Costa del Sol "para ocultar la titularidad de sus propietarios reales, o bien para blanquear fondos".
El antecesor del juez Óscar Pérez, actual instructor de 'Malaya' y 'Ballena Blanca', se quejó de la "falta de medios policiales y judiciales" para combatir el crimen organizado en la Costa del Sol: "Eran insuficientes antes, cuando yo estaba y lo siguen siendo ahora", denunció Torres.
De hecho, el actual titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Granada, puso de manifiesto que "actualmente no se puede combatir la corrupción y todo lo que ella conlleva con una Ley de Enjuiciamiento Criminal del siglo XIX", lamentó el magistrado. La Costa del Sol, lugar ideal para delincuentesAl referirse a la Costa del Sol, como lugar de asentamiento del crimen organizado, Torres quiso subrayar que "aunque parezca absurdo, muchos delincuentes internacionales eligen esta zona por su buen clima y para pasar desapercibidos", si bien ha puesto de manifiesto otros ejemplos geográficos de asentamiento de mafias y casos de corrupción urbanística como las islas y el Levante".
Sin nombrarlo en ningún momento, Torres ha analizado lo que han supuesto los distintos gobiernos gilistas y postgilistas en Marbella, hasta la operación 'Malaya' que acarreó la disolución de la Corporación, en la primavera de 2006.
"Existen casos como el de algún municipio donde los ciudadanos justificaban la corrupción de sus gobernantes, porque hacían cosas buenas para la ciudad y creaban desarrollo urbanístico". Los que conocen un poco el fenómeno GIL, y las causas que acarrearon cuatro mayorías absolutas consecutivas en Marbella, pueden enseguida atar cabos y recordar aquella frase popularizada cuando comenzaron a conocerse los primeros escándalos del fallecido regidor: "Jesús Gil roba pero hace cosas". Esto no lo dijo el juez Torres, pero blanco y en botella.
"En estos municipios donde eran bien vistas determinadas actuaciones delictivas de sus gobernantes, las acciones de la Justicia eran mal vistas", ha señalado. De nuevo, a buen entendedor pocas palabras. En primer lugar, porque al otro juez Torres, Santiago, instructor del caso que acabó con la carrera política de Jesús Gil, le montaron manifestaciones en su contra.
En segundo lugar, cabría pensar que Miguel Ángel Torres quiso también referirse a todos aquellos que cuando él comenzó a instruir el caso 'Malaya' se rasgaban las vestiduras porque decían y siguen diciendo aquello de "esto hace daño a Marbella".
Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2009/04/24/andalucia_malaga/1240577283.html
Publicado el 23/04/2009 a la(s) 21:28
Por Plataforma 29-marzo
La oficina controla fincas de las localidades malagueñas de Marbella y Benahavís
JUANA VIÚDEZ - Málaga - 23/04/2009
El Cuerpo Nacional de Policía inspeccionó ayer durante casi todo el día el Registro de la Propiedad Número 4 de Marbella (Málaga) por una investigación de blanqueo de capitales. Los agentes comenzaron por la mañana a tomar fotografías de los distintos libros del registro y continuaban sobre las 19.00.
Los investigadores ya habían pedido explicaciones a la registradora
A esa hora, la registradora Nieves Ozamiz Fortis, no había sido detenida, aunque fuentes policiales consideraban "muy probable" que se le tome declaración como imputada. La Policía solicitó su detención, pero la juez no la autorizó, añaden otras fuentes. Este registro controla inmuebles del núcleo marbellí de San Pedro Alcántara y el municipio vecino de Benahavís.
El caso está en manos de la juez María Jesús del Pilar Márquez, a cargo del juzgado número 2 de Marbella. Se abrió el pasado noviembre como pieza derivada del caso Hidalgo contra el blanqueo de capitales, por delitos de blanqueo, contra la Hacienda Pública y falsedad documental. Por aquel entonces trascendió que las investigaciones se centraban en un registro de la propiedad, y la titular del Número 4 de Marbella acudió en el juzgado como decana de los registradores marbellíes para prestar colaboración, explicaron fuentes cercanas al caso.
Durante las primeras pesquisas del caso Hidalgo, los agentes pidieron explicaciones a Ozamiz porque descubrieron que dos empresas investigadas tenían códigos de identificación fiscal (CIF) iguales y esto imposibilitaba acceder a los bienes inmuebles.
En uno de sus informes inciden en el "nerviosismo de la registradora de la propiedad" cuando le preguntaron por qué aparecían vinculadas al CIF de la empresa Príncipe de Vergara Building S. A. propiedades inscritas en el Registro de la Propiedad Número 4 de Marbella a nombre de la sociedad Brijan S. A. Según su relato, les contestó: "No pasa nada, de todos modos es de los mismos, son los de siempre".
La Policía atribuye esta referencia "indudablemente" a que "todas estas sociedades son controladas y dirigidas por el despacho Cruz Conde y/o Santa Ana" y en los que se centraba el caso Hidalgo de blanqueo de capitales.
Según los agentes, durante esta conversación Ozamiz "dio a entender que no trabajaba en ese registro cuando sucedieron estas supuestas irregularidades" y ordenó a un funcionario que corrigierra de forma inmediata los "errores". Sin embargo, los investigadores sospechan que la firma que aparece en la venta de tres fincas de la sociedad Brijan SA a Dream Hill SL, hecha en 1999, "parece ser" la de la registradora.
"No se trata de un baile de cifras, sino de un cambio completo del conjunto numérico [del CIF]", aseguran en sus conclusiones. "No caben casualidades al ver claramente que, las titularidades afectan siempre al grupo Cruz Conde o a personas físicas y jurídicas relacionadas con el mismo".
Los registradores de la propiedad están obligados, al igual que los notarios y abogados, a informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales (Seplac) de cualquier operación sospechosa de blanqueo de capitales.
El 'caso Hidalgo'
- Está considerado la segunda gran trama de blanqueo de la Costa del Sol y se centra en el despacho de abogados Cruz Conde.
- Arrancó en 2006 e investiga unas 800 sociedades.
- Volvió a saltar a los medios porque el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abrió un procedimiento contra su principal instructor, Francisco de Urquía.
- La Unidad de Drogas y Crimen Organizado (Udyco) solicitó una nueva investigación, que se juzgará de forma separada, el 15 de octubre.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Policia/inspecciona/registro/propiedad/caso/blanqueo/elpepuespand/20090423elpand_9/Tes
Publicado el 23/04/2009 a la(s) 20:57
Por Plataforma 29-marzo
impugnación fuera de plazo
El Juzgado por el momento no anula la sentencia, pero dice que no se ajusta al proyecto
23.04.09 - 18:20 - E.P. | GRANADA
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Granada ha decidido no anular la licencia de obras para la construcción del Parque Comercial Nevada que otorgó a la empresa Galerías Comerciales S.A. el 30 de septiembre de 2005 el Ayuntamiento de Armilla (Granada), administración que sin embargo "tiene obligación" de revisar de oficio esa concesión.
El juez estima así parcialmente el recurso que interpuso la Junta de Andalucía el 4 de agosto de 2006, en el que pedía que se declarase nula de pleno derecho la licencia concedida, dejándola sin efecto y que se ordenase al Ayuntamiento, como finalmente se ha hecho, la revisión de oficio del acuerdo de la Junta de Gobierno Local.
Entre los argumentos que desgrana el juez en su sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, se encuentra el que el requerimiento efectuado por la Administración en cuanto a la declaración de nulidad de la licencia es "extemporáneo", al haberse interpuesto fuera del plazo que marca la ley. No existen "razones fundadas" para anular la licencia de obras concedida, al no haberse impugnado en plazo, pero "sí las hay de índole urbanística para la revisión de oficio solicitada, lo cual puede determinar no sólo la nulidad de la licencia, sino también, en su caso, eventuales indemnizaciones en los términos previstos en la Ley 30/1992, lo que debe de determinarse en el procedimiento de revisión de oficio que se incoe".
No obstante, el magistrado indica que en aras de los intereses públicos implicados, que en el presente caso, dice "afectan directamente a la generación de riqueza" (por la creación de empleo), "lo que es especialmente trascendente en la actual época de crisis",bien podrían buscarse, entiende el juzgador, "soluciones alternativas, ya fuese modificando el proyecto y adoptando una nueva resolución conforme a los parámetros urbanísticos vigentes o, incluso, aprobándose una nueva y clara normativa por las Administraciones implicadas en este procedimiento que tratase de convalidar los aspectos que se consideren incompatibles".
En la resolución judicial se precisa por otra parte que el hecho de que el constructor haya podido ejecutar la obra al margen o con vulneración de la licencia que en su día se concedió es un asunto diferente al que esa licencia sea o no conforme a derecho, por "lo que -esa circunstancia- no implica la nulidad".
"Lo que resulta del todo punto incuestionable es que la licencia concedida no coincide con la otorgada inicialmente y que fue aprobada e informada favorablemente por la Consejería de Economía y Hacienda en el año 2001. Por el contrario, se trama una estrategia de adquisición de suelo urbanizable que se desarrolla con el denominado Plan Parcial PP-B, cuyas determinaciones en materia de ocupación de parcela, edificabilidad y alturas son diferentes a las del proyecto inicialmente autorizado y para el que se concedió la oportuna licencia", incide el juez.
Por esa razón, en la sentencia mantiene que en el conjunto de impugnaciones de la Junta y atendiendo además a los "intereses públicos implicados" y a la "complejidad del asunto", existen "elementos de juicio suficientes" para acordar que se proceda a la revisión de oficio subsidiaria solicitada por la Administración Autonómica.
La supuesta tramitación irregular del Nevada se ha investigado también por la vía penal. De hecho, el titular del Juzgado de Instrucción 6 de Granada, Miguel Angel del Arco, ya ha decretado la apertura del juicio oral contra once imputados, entre ellos el ex alcalde José Antonio Morales Cara el ex edil de Urbanismo, Gabriel Cañavate, y el promotor Tomás Olivo, que se enfrentan a penas de hasta cuatro años de prisión y hasta 24 de inhabilitación.
La Fiscalía solicitó en su escrito de calificación provisional la demolición del Nevada, considerando al ex alcalde de Armilla ( Granada ) José Antonio Morales Cara y al ex edil de Urbanismo Gabriel Cañavate autores de dos delitos contra la ordenación del territorio en su modalidad de prevaricación y en su modalidad prevista para funcionarios públicos miembros de órganos colegiados y de otro de infidelidad en la custodia de documentos públicos, para los que pide dos años de prisión, 20 de inhabilitación y multa de 10.800 euros.
Al promotor de la construcción -también imputado en el 'Caso Malaya'- lo considera el Ministerio Público autor de un delito contra la ordenación del territorio, y de otro de desobediencia grave a la autoridad judicial, por los que solicita 2 años y dos meses de cárcel, multa de 10.800 euros y dos años de inhabilitación.
El PP, personado como acusación particular, que en un primer momento eximió de responsabilidad penal a Olivo y a cuatro personas más, se adhirió después a la petición del fiscal, mientras que Los Verdes, personado también como acusación particular, ha solicitado para los imputados penas de hasta cuatro años de prisión y seis de inhabilitación.
Fuente: http://www.ideal.es/granada/20090423/local/granada/juzgado-decide-anular-licencia-200904231747.html
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