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Conchi : Increíble, la rapidez para demoler éstas y no las miles de edificaciones que adornan nuestro país.
Conchi : Marbella recuerda una fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él ........
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Publicado el 23/05/2007 a la(s) 12:40
Por Plataforma 29-marzo
La Costa del Sol está enladrillada
EL PAÍS fotografía desde el aire el salvaje crecimiento del litoral, que triplicará su población en 2015
DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 23/05/2007
La hipertrofia urbanística que ha vivido la provincia de Málaga en la última década -313.000 viviendas entre 1996 y 2005- ha acabado por enterrar la Costa del Sol bajo un muro de hormigón. Los espacios libres en los 90 kilómetros de litoral entre Málaga capital y Manilva, en el límite con Cádiz, son escasos y el territorio, de clima privilegiado, padece ya las consecuencias del desarrollo caótico: problemas de tráfico, abastecimiento, residuos e inseguridad. El problema no se limita a Marbella, se extiende a Mijas, Fuengirola y Estepona, y amenaza con saltar a la segunda línea de costa. El Plan de Ordenación del Territorio elaborado por la Junta de Andalucía prevé que en 2015 Benahavís pasará de los 2.860 habitantes actuales a 67.000 residentes. Y Mijas alcanzará los 475.000 habitantes en ocho años.
El intenso desarrollo urbanístico, con crecimientos que dejan pequeño al boom inmobiliario de los años setenta, y la masificación que sufre la Costa del Sol, suponen una amenaza para uno de los motores turísticos de Andalucía y España, según el documento de diagnóstico del Plan de Recualificación Turística de la Costa del Sol.
El fenómeno parece no tener freno. El documento del Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol Occidental estima que la población de los nueve municipios que abarca casi se triplicará en el horizonte de una década, y alcanzará los 1,7 millones de personas. El equipo redactor del plan parte de la base de que ya hay suelo calificado suficiente para este desarrollo residencial, por lo que incide en la preservación de espacios libres y la dotación de equipamientos adecuados a una gran urbe de tamaña dimensión. El plan identifica reservas estratégicas para la restauración paisajística y parques públicos y aumenta al doble el espacio protegido declarado ahora en la Costa del Sol.
Para frenar la expansión y evitar el salto a la llamada segunda línea de desarrollo, pone como límite del crecimiento la frontera que delimita el trazado de la autopista AP-7, por encima de la cual sólo se permitirán en algunos casos determinadas construcciones de baja densidad (0,1 metros de techo por metro cuadrado de superficie). MIJAS Segunda urbe tras MarbellaGobernada por el PSOE desde 1979, esta ciudad, que dispone de 14 kilómetros de costa y un amplio término municipal, ha dejado de ser el pequeño pueblo blanco típico de excursión obligada para los turistas (son muy populares sus burrotaxis) para convertirse en una ciudad residencial en la que aproximadamente la mitad de su censo es extranjero. Se estima que actualmente viven en Mijas unas 114.000 personas, aunque su censo es casi la mitad, y que en el 2015 podría alcanzar 475.000 habitantes, lo que la convertiría en la segunda urbe de la zona tras Marbella. La extensión de su huella urbana hacia el interior es especialmente llamativa desde la AP-7. FUENGIROLA Crecimiento limitadoLas expectativas de crecimiento de Fuengirola son más limitadas porque se trata de un término municipal muy pequeño en el que prácticamente se ha agotado el suelo disponible. Con un censo de 57.000 habitantes, la población real se estima en 121.000 personas que, con los planes previstos, podrían alcanzar los 205.000 dentro de 10 años. Desde 1991 la ciudad está gobernada por el PP con holgadas mayorías absolutas. Recientemente, el PSOE ha denunciado en la fiscalía presuntas irregularidades en el desarrollo de un plan parcial de las que se habría beneficiado una sociedad vinculada al ex concejal de Urbanismo Guillermo Rodríguez. ESTEPONA 80.000 nuevas viviendasAunque el desarrollo urbanístico se inició en Estepona más tarde que en otras ciudades de la Costa del Sol, su crecimiento en los últimos años ha sido imparable y cuenta ya con unos 91.000 residentes. El Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en tramitación contempla más de 80.000 nuevas viviendas, de forma que en una década podría superar los 316.000 residentes. Gobernada en los últimos cuatro años por el PSOE en coalición con un grupo independiente surgido de la descomposición del GIL, entre 1995 y 1999 tuvo como alcalde a Jesús Gil Marín, hijo del fundador del partido, etapa de la que están pendientes de aclaración en el Tribunal de Cuentas varias operaciones urbanísticas que supusieron una importante pérdida patrimonial para la ciudad. MANILVA El objetivo inmobiliarioAl municipio más occidental de la Costa del Sol se ha trasladado en los últimos años la presión de inmobiliarias y constructoras que buscaban nuevas zonas de desarrollo. La recalificación de una finca de 1,3 millones de metros cuadrados que benefició a dos sociedades implicadas en la Operación Ballena Blanca motivó en 2005 la detención y dimisión de su ex alcalde Pedro Tirado, imputado por cohecho y delito urbanístico. Desde entonces ha estado gobernada por Salvador Zotano, que encabeza ahora la candidatura del PSOE.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/Costa/Sol/enladrillada/elpepuesp/20070523elpepinac_8/Tes
Publicado el 21/05/2007 a la(s) 19:43
Por Plataforma 29-marzo
ENTREVISTA:
ÁNGEL NÚÑEZ ,Fiscal de Medio Ambiente de Cádiz
"Regularizar casas ilegales acaba con la esencia del urbanismo"
PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 21/05/2007
El fiscal de Medio Ambiente de Cádiz, Ángel Núñez, saluda en su memoria de 2006 la llegada de la primera orden de derribo en una sentencia de la Audiencia Provincial sobre construcciones ilegales. En su resumen de 2005 alertaba de que la ausencia de estas decisiones por parte de los jueces favorecía las actuaciones irregulares de particulares. Núñez se vuelca ahora en denunciar la pasiva actitud de las administraciones, sobre todo las locales, para poner fin al descontrol urbanístico.
"Hay mecanismos legales suficientes para poner coto al desmán urbanístico actual"
Pregunta. ¿Cuál es el motivo de la incapacidad de las administraciones para hacer cumplir con la legalidad urbanística?
Respuesta. En algunas ocasiones, es una negligencia o una deliberada voluntad de incumplir las normas urbanísticas. En otras ocasiones, sin duda, se pone de manifiesto la falta de medios y, tal vez, en otras aparezca la voluntad de no querer asumir costes políticos.
P. ¿Se puede perseguir esta falta de aplicación de la ley?
R. Existen procedimientos en distintas fiscalías y juzgados, precisamente por conductas omisivas. El Tribunal Supremo da pie a la imputación de prevaricación en casos de omisión y a mí me consta de que en las provincias de Cádiz y Sevilla hay procedimientos abiertos por esta naturaleza.
P. Usted afirma que se están creando bolsas de impunidad. ¿La actuación de los políticos favorece las prácticas ilegales?
R. No es un problema de jurisprudencia. Hay mecanismos legales suficientes para poner coto al desmán urbanístico al que estamos asistiendo. En la medida que se está produciendo una especial actuación de los tribunales en esta materia, yo espero que las administraciones asuman sus competencias
P. ¿Puede ser ya demasiado tarde?
R. Los procesos de regularización brutales a los que hemos asistido dan cuenta de que algunos fenómenos de deterioro del suelo son irreversibles. De lo que se trata es de terminar con este fenómeno que afecta a un bien escaso.
P. Municipios como Chiclana han optado por ambiciosos planes de regularización de viviendas ilegales, ¿cómo los analiza?
R. La experiencia demuestra que ese tipo de planes acaba con la esencia de lo que debe ser el urbanismo que es el planeamiento hacia el futuro y no regularización de lo realizado en el pasado al margen de las normas jurídicas, y por otra parte, en los casos que ha habido regularización, a lo que han dado es que 10 metros más allá de donde se regularizan construcciones comienzan otras ilegales. Quien realiza estas construcciones acaba convirtiéndose en un grupo de presión que trata de coaccionar a la Administración exigiendo servicios públicos, equipamientos, viales...
P. Entonces, ¿la regularización no es la solución?
R. En determinados momentos la regularización se impone como irremediable. Lo que tenemos que conseguir es que no tengamos que llegar a esa situación en la que, además, cada vez intervienen más sujetos: inmobiliarias, técnicos, intermediarios...
P. ¿Y cuál sería la solución ideal?
R. Desde luego imponer el imperio de la ley como existe en el resto de la vida social. La represión penal es el último instrumento. Nosotros actuamos cuando han fracasado el resto de los elementos del ordenamiento urbanístico. El problema es que ahora no están interviniendo los primeros escalones que, en primera instancia, son los ayuntamientos.
P. Usted alertó de la falta de órdenes de demolición en su memoria de 2005. En 2006 la Audiencia Provincial ha empezado a atender su demanda. ¿Cómo la ha recibido?
R. Me parece fundamental porque se fomenta un efecto preventivo que debe ser el mayor éxito para nosotros. No sólo se está dando en Cádiz. Ya otras audiencias como Sevilla, Jaén o Almería han llevado sentencias con orden de derribo. Es lo que puede hacer cambiar la dinámica de la situación.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Regularizar/casas/ilegales/acaba/esencia/urbanismo/elpepuespand/20070521elpand_15/Tes
Publicado el 10/05/2007 a la(s) 16:46
Por Plataforma 29-marzo
Insertamos hoy un artículo publicado en El País que expone con gran claridad cuál es el recorrido de la corrupción política y en el que su autora, Susana Corzo, asevera "que el hábitat más prolífero para la multiplicación de la corrupción está en torno a la gestión del suelo y el urbanismo".
Esta noche tendrá lugar la tradicional "pegada" de carteles que abre la campaña electoral para que la ciudadanía otorgue su voto a su futuro alcalde. La reflexión que ofrecemos invita a pensar sobre las cualidades que, en todos los sentidos, deberíamos buscar en quién será nuestro representante y gestor del patrimonio público, ya que la corrupción acecha con sus múltiples facetas en perjuicio del bien común y el propio espíritu democrático.
La corrupción política es negra y no rosa
SUSANA CORZO FERNÁNDEZ 10/05/2007
Cuando hace aproximadamente un año se inició el proceso que tan popular se ha hecho con el nombre Malaya (Desde Málaga a Ayamonte), pocos consideraban la trascendencia que tendría para la política, el que "una ciudadana" que se dedica al mundo de la canción, pudiese incurrir en un delito contra la Hacienda Pública, si es que llega a demostrarse tal imputación. Sorprende comprobar que lo que es muy serio para la solvencia de nuestra Democracia, es decir, la lucha eficaz contra la corrupción, pudiese convertirse en un circo romano, donde la ira se enfila hacia quienes pueden ser producto del propio sistema, distorsionando hacia donde se deben dirigir las miradas.
La Justicia debe de actuar eficazmente contra aquellos que han incumplido la ley. La Opinión Pública no debe disculpar a aquellos que han ejercido una de las peores acciones humanas, al aprovecharse de la confianza que los ciudadanos ponen en sus representantes políticos; pero hay que aprender a diferenciar al sujeto que ejerce la representación política de aquel que en la gestión de su patrimonio comete ilegalidades. Sobre todo, porque aún tratándose de un mismo hecho, como puede ser apropiarse de lo ajeno, las consecuencias son diferentes al estar tratando mundos tan diferentes como el público y el privado.
La corrupción política es una seta que nace y se multiplica con la oscuridad, y con la existencia de una débil moral que permite que prevalezca la oportunidad política sobre otros valores como el de la honestidad y la honradez. Aparece y se propaga con la falta de concreción de las leyes, o el excesivo poder discrecional que provoca cierta debilidad en el Estado de Derecho. La corrupción política surge y se reproduce con la lentitud, en los procesos administrativos, que manifiestan ineficacia y poca agilidad que se suple, en demasiados casos, con el soborno, el pago de comisiones, el tráfico de influencias, etcétera. La corrupción política se extiende como una plaga cuando se ejerce una Gobernanza incipiente, donde no se combinan la responsabilidad, la transparencia y la participación en todo lo relacionado con lo público.
Así mismo, la corrupción es uno de los instrumentos más eficaces para impedir la consolidación de un Estado de Derecho. Es la forma más utilizada para ralentizar su eficacia, pero sobre todo, la corrupción, si no se erradica, puede ser quien destruya una Democracia, al provocar que la ciudadanía llegue a aceptar que es inevitable, y mucho peor aún, que entienda y asuma como normal su aparición en la política.
En España hemos encontrado a tiempo, y gracias al escandaloso caso Malaya, y algunos otros, que el hábitat más prolífero para la multiplicación de la corrupción está en torno a la gestión del suelo y el urbanismo. La respuesta por parte de los que tienen alguna responsabilidad, o la pueden tener en el futuro, suele ser la de entrar en la ya utilizada costumbre de discutir quien tiene mayor responsabilidad, y hacer ver que es el adversario el culpable de la situación. O propiciar que cada una de las administraciones públicas culpe a la del color político diferente, mientras se gestan nuevos casos y se aumentan las posibilidades de que la corrupción siga su curso y multiplicación. Sería deseable que, sin dejar de juzgar lo ocurrido hasta este momento, se manifieste una voluntad política clara de acabar con este lastre de forma eficaz.
Por ello, no cabe la distracción sorprendente de enfocar hacia Isabel Pantoja, personaje mediático del mundo del corazón, para alejarnos de lo que es un problema, mucho más complejo, y que afecta a demasiados intereses, no del todo visibles. Sobre todo, porque pudiéramos vestir de "rosa" lo que debe tener un color negro, y además, pudiéramos debilitar los derechos fundamentales de quienes son inocentes, hasta que no se demuestra lo contrario, con tal de distraer al público y entretenerlo en lo intrascendental, fortaleciendo la cultura que se genera a partir de los programas basura.
Existen numerosos estudios realizados por organismos internacionales que luchan contra la corrupción, en países en vías de desarrollo, en los que se demuestra, empíricamente, que cuando aumenta el tiempo que duran los encuentros entre gerentes de empresas privadas, y burócratas del ámbito público, el índice de sobornos aumenta. O también, que cuando las decisiones están concentradas en un ámbito reducido de poder, la capacidad de obtener beneficios particulares, a costa de lo público, crece. E incluso, que en los procesos de descentralización, no regulados de forma exhaustiva, dejando márgenes grises donde la legalidad y la ilegalidad conviven amigablemente, la corrupción anida profundamente. Estos deben ser los focos de atención si se pretende luchar contra la corrupción política.
En la actualidad, y ante los acontecimientos ocurridos, la acción judicial es imprescindible, pero sobre todo lo es la acción legislativa que marque las pautas claras para evitar el mal uso de lo público. Un alcalde no debería poder vender suelo como si fuese su cortijo. No debería poder intercambiar usos de ese suelo, para financiar la precariedad económica de su ayuntamiento. No debería poder firmar convenios donde hipoteca el futuro del patrimonio de todos, de los parques, de las zonas de uso público, de los espacios verdes o de uso para el ocio. Desde el poder que los ciudadanos conceden a los políticos que los representan para legislar, es desde donde cabe ver la eficacia en la lucha contra la corrupción, no en los escándalos mediáticos. La única forma eficaz para controlar la discrecionalidad del político está en las normas claras donde no quepa ninguna de las acciones que hoy han provocado la situación de Marbella. Esta localidad se ha convertido en la mejor oportunidad para abordar un problema de peores consecuencias para el Estado de Derecho, si no se ataca desde sus raíces.
Los partidos políticos no pueden cambiar el pasado, eso queda para los jueces que lo juzgarán, pero sí tienen la responsabilidad de que, en el futuro, nadie pueda recibir comisiones. Tienen en sus manos la fórmula para que nadie necesite blanquear dinero, porque no habrá posibilidad de recibirlo. Y sobre todo, tienen en sus manos el hacer visible sus apuestas por la transparencia, no sólo para que se tenga la convicción moral de que se le está robando al pueblo, al de hoy y al de mañana, cuando se actúa como se ha hecho en este caso, sino para mostrar que nadie se dedique a la política con el fin de enriquecerse económica o políticamente, ni sea utilizada para tal fin por interés privado y contra el interés general. Una de las mejores formas de demostrar esa voluntad política es hacer público el patrimonio de alguien que comienza en la política y en qué medida se transforma, cuando decide dejarla.
Una gobernanza eficaz, basada en la responsabilidad, la transparencia y la participación ciudadana, son la mejor fórmula para que los partidos políticos aprovechen la oportunidad que el caso Malaya nos ofrece. Por eso, que no nos distraigan con Isabel Pantoja, que los tiros no van por ahí, y que mientras no se demuestre lo contrario, tiene la presunción de inocencia. Porque... ¿cuantas veces muchos imputados, en diferentes procesos judiciales, finalmente, han quedado absueltos y declarados inocentes, sin que nadie haya restablecido su honor, en las mismas proporciones en las que se hizo su acusación?, ... Esta inmoralidad es equiparable a la que sustenta a la corrupción, no sólo por el sufrimiento que provoca en el inocente que lo sufre y en su familia, sino por la injusticia social que se comete cuando se trata de hacer Justicia.
Susana Corzo Fernández es profesora titular de Ciencia Política de la Universidad de Granada.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/corrupcion/politica/negra/rosa/elpepuespand/20070510elpand_12/Tes
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