La participación fomenta el debate y aumenta las posibilidades de que cualquier toma de decisión contará con la aprobación de una mayoría consciente.
|
<
|
Jun. 2008 |
>
|
| L |
M |
M |
J |
V |
S |
D |
| | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
Conchi : Increíble, la rapidez para demoler éstas y no las miles de edificaciones que adornan nuestro país.
Conchi : Marbella recuerda una fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él ........
|
1 conectado
76614 visitantes
Publicado el 30/06/2008 a la(s) 18:58
Por Plataforma 29-marzo
Luis Solana, ex presidente de Los Merinos, a Chaves: “¿No te había llegado ninguna noticia de la corrupción de la Costa del Sol?”
Redacción - 30/06/2008
Revuelto anda el patio del cortijo en que se ha convertido la Andalucía de Manuel Chaves a cuenta del entramado de corrupción destapado, de nuevo, en la Costa del Sol, concretamente en Estepona. Resulta que las pesquisas judiciales –y así se ha encargado de airearlo El País- apuntan a una red de financiación ilegal de partidos políticos, entre los que se encuentra el PSOE.
A propósito de esta nueva operación, resulta llamativo, cuanto menos, el reproche que desde la blogosfera le dedica a Manolo Chaves un socialista de pro como el hermano de Luis Solana –Mr. PESC-, Javier Solana Madariaga, ex portavoz del PSOE en la Comisión de Defensa, ex presidente de Telefónica, ex Director General de RTVE y hoy promotor de la sociedad de capital riesgo Graminsa.
“Vamos a ver, Presidente Chaves, ¿no te había llegado ninguna noticia de la corrupción de la Costa del Sol? Es que me parece que la Junta de Andalucía no ha montado los sistemas para enterarse de lo que la gente conocía hace tiempo. Presidente Chaves, vienen tiempos complicados ¿por qué no preguntas a la gente lo que ha pasado en la costa de tu territorio? Ya sé lo complicado que son las leyes. Pero, Don Manuel, compañero Manolo, este desastre para el PSOE se venía venir. ¿No tenías a nadie que te avisase del problema? Pues piensa que no tienes el mejor equipo”, son algunas de las lindezas que Luis le dedica a Chaves desde su blog.
Luis Solana y la macrourbanización Los Merinos en Ronda
Llamativas resultan, sin duda, estas palabras, teniendo en cuenta que el egregio Luis Solana Madariaga conoce demasiado bien las prácticas de los ayuntamientos malagueños cuando se trata de poner en pie grandes proyectos urbanísticos, al precio que sea. No en vano, Luis Solana presidió la polémica macrourbanización Los Merinos de Ronda (Málaga), a razón de 5.000 euros al mes. Al aparecer su nombre en los medios, Solana se vio obligado a apearse de un proyecto que ha sido denunciado ante Bruselas por carecer de permiso de aguas de Cuenca Mediterránea, acumular informes contrarios de la propia Junta de Andalucía, tener pendiente un recurso en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) y poner en peligro las reservas acuíferas de la zona, tal y como publicó en su día El Confidencial.
En un alarde de cinismo, tanto Manuel Chaves como Javier Arenas han criticado públicamente Los Merinos. Lo que ninguno de los dos han dicho es que miembros de PSOE, PP, CiU y Partido Andalucista han compartido allí intereses. Entre los nombres propios vinculados a la urbanización se encuentran los de los socialistas Juan Fraile -ex alcalde de Ronda cuando se aprobó el PGOU- y Jaime Montaner -arquitecto del proyecto y ex consejero de la Junta de Andalucía- ; el popular José Herrera –edil de Urbanismo de Ronda- y el empresario valenciano Jorge Juan Flor Gallén; el histórico de CiU en Amposta, Joan María Roig i Grau –ha formado parte del consejo de la promotora-; y el andalucista Antonio María Martín Lara –alcalde de Ronda-.
Como en tantos otros casos, el entramado empresarial de Los Merinos Norte de Ronda ha intentado intimidar a través de denuncias y amenazas a vecinos y periodistas que han osado denunciar las acciones de la promotora. No muy lejos de Los Merinos, también en la malagueña Serranía de Ronda, se encuentran el exclusivo circuito de F1 Ascari y la finca La Parchite, donde se han detectado obras de infraestructura para otro proyecto urbanístico ligado al golf, pese a que cuenta con una declaración de impacto ambiental negativa y vinculante por parte de la Junta de Andalucía. Casualmente, La Parchite guarda relación empresarial con David Shamoon, empresario libanés director financiero de los famosos hoteles Puente Romano y Marbella Club, recientemente imputado en el Caso Hidalgo, acusado de los delitos de blanqueo de capitales y delito fiscal.
Jaime Montaner, el Hotel Senator de Marbella y la trama vasca
Casualmente, el Jaime Montaner que fuera Consejero de Obras Públicas de la Junta de Andalucía, es el mismo Montaner que participó junto al marido de la popular Mar Agüero, José María Rosell Recasens en el Hotel Senator, emblema de la corrupción de Marbella, en una operación en la que aparece, como por arte de magia, Proinsa, una de las empresas de la trama vasca, que vuelve a estar implicada en la trama corrupta de Estepona. El que fuera socio de Montaner, Rosell, sigue activo en Vera (Almería), donde posee el Vera Playa Club Hotel, “el único hotel naturista de España”. Por cierto, muy cerquita de la casa de veraneo del presidente José Luis Rodríguez Zapatero y Sonsoles Espinosa y de un buen puñado de destacados socialistas.
“Resulta que el alcalde socialista de Estepona (Málaga) se sospecha que está implicado en operaciones irregulares. Que alguien robe me parece muy mal, que eso lo haga un socialista me deja sin capacidad de respuesta. Los socialistas tenemos un plus de responsabilidad pública. Si un “popular” roba, se puede tolerar entre sus gentes. Si un socialista roba, es un escándalo sin solución ni entre los socialistas ni entre los populares”, clama Luis Solana dirigiéndose a Chaves desde su blog. “Cuando un socialista hace negocios ilegales desde su puesto municipal, todos los socialistas tenemos que ser implacables”…
Fuente: http://www.elconfidencial.com/cache/2008/06/30/18_solana_presidente_merinos_chaves_habia_llegado_ninguna_noticia.html
Publicado el 22/06/2008 a la(s) 16:00
Por Plataforma 29-marzo
Marbella desveló un patrón que se repite en varias localidades mediterráneas - Los tres principales inversores en Andalucía son paraísos fiscales
JUANA VIÚDEZ - Málaga - 22/06/2008
Estepona (60.000 habitantes) ha sido el último municipio de la Costa del Sol sacudido por la corrupción urbanística. La ciudad, gobernada por el GIL en anteriores mandatos, había reproducido, de forma algo menos organizada, algunas de las prácticas descubiertas en su vecina Marbella hacía más de dos años. Convenios que despatrimonializaban poco a poco el municipio, tasaciones hechas a la baja, donaciones irregulares de promotores, blanqueo de capitales... La situación geográfica de Estepona y el devenir político y económico de los últimos años habían convertido a la ciudad en una joya de la costa a la que muchos inversores, nacionales y foráneos, habían echado el ojo.
El urbanismo sin control crece ahora en provincias con menos presión
Hasta llegar a la situación vivida esta semana, la población había ido adquiriendo varias de las características que más favorecen las prácticas corruptas.
La criminóloga especializada en delitos económicos, Alejandra Gómez Céspedes, y el catedrático en Derecho Penal, José Luis Díez Ripollés, detallan los ingredientes de esta receta de la corrupción urbanística en uno de sus últimos artículos de investigación (ver en este blog La corrupción urbanística: Estrategias de análisis). Entre ellos, destacan el crecimiento del parque inmobiliario, la llegada de capitales del exterior, inversiones de las mafias en viviendas, el aumento de la población con poco arraigo o la presencia del crimen organizado. En Estepona, como en otras muchas localidades de la costa mediterránea, se encuentran ejemplos de cada uno de estas situaciones.
Hace apenas dos días, que la juez Isabel Conejo ha enviado a prisión a Barrientos y a su jefe de gabinete, José Flores. Otros cuatro ediles del PSOE, también detenidos, están en libertad bajo fianza. La Operación Astapa, nombre que los fenicios daban a la ciudad, no sólo ha puesto en cuestión la Corporación que sus vecinos eligieron hace un año. Ha ahondado en la herencia del GIL. José Ignacio Crespo y Manuel Reina, antiguos socios de gobierno de Barrientos y ex gilistas, también han ido a prisión, junto con un técnico encargado de hacer las valoraciones.
La operación muestra el nivel de penetración de las formas del GIL y cómo el afán por el dinero fácil enganchó a los propios vecinos. A diferencia del caso Malaya, la mayoría de los imputados llevan toda la vida en la ciudad.
Entre 1999 y 2003 Málaga fue la provincia española donde más viviendas se iniciaron: 324.000. Superó incluso a Barcelona (224.000) o a la Comunidad de Madrid (198.000). Muchos de esos capitales, algunos de dudosa procedencia, venían del extranjero. Según datos de la Consejería de Economía, los tres principales países inversores en Andalucía son paraísos fiscales: Luxemburgo (el principal inversor), Gibraltar (el quinto inversor) y las Antillas Holandesas (el noveno).
Ese dinero habría llegado, según Gómez Céspedes, "fundamentalmente" a la Costa del Sol. "Es dinero no necesariamente criminal, pero desde luego es un capital no fiscalizado", puntualiza. "Como inversor, ya seas legal o ilegal, tienes que considerar muy seriamente tu índice de riesgo, y en la Costa del Sol es prácticamente nada", añade la especialista.
A Estepona, con grandes proyectos arquitectónicos en marcha, también llegaron esos capitales e inversores. La ciudad fue creciendo y cambiando. En las urbanizaciones del extrarradio los vecinos ya no se conocían, el 20% de la población censada es extranjera, y como ciudad costera, recibió numerosos turistas que se alojaban en esas construcciones.
En los últimos años, la Policía también ha comenzado a tener más trabajo. Se han detectado redes de blanqueo de dinero procedente del narcotráfico y más desembarcos de hachís. En una sola operación, en 2006, intervinieron 20 apartamentos, varias mansiones y 15 locales comerciales, adquiridos a través una red de testaferros constituida en dos despachos de Estepona. En dos de los casos de corrupción más importantes de los últimos años, el caso Malaya y el caso Hidalgo, los investigadores dieron con ilegalidades en el funcionamiento de las dependencias de urbanismo. Las personas que aparecían en esas escuchas, el ex gerente de urbanismo, Pedro López, y el arquitecto municipal, Arturo Cebrián, han sido detenidas esta semana.
Las venganzas entre clanes mafiosos también habían crecido. "Estepona está a apenas unos kilómetros de Marbella, pero pasaba más desapercibida", reconoce un veterano inspector de policía. En febrero, descerrajaron cuatro tiros a un conocido mafioso irlandés que llevaba dos años escondido en una de sus anónimas urbanizaciones.
El incremento de controles por parte de las administraciones y las actuaciones policiales de los últimos años (hacen creer a los criminólogos Ripollés y Gómez Céspedes, que la corrupción urbanística se está trasladando a provincias donde hay menos presión. "Se habla del urbanismo salvaje de la segunda franja del litoral malagueño", aseguran. Pero también piden atención para Murcia. "Ha venido a sustituir a Málaga en los primeros puestos de la jerarquía de los territorios con mayor carga urbanística".
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Estepona/logica/corrupcion/elpand/20080622elpand_3/Tes
Publicado el 22/06/2008 a la(s) 15:59
Por Plataforma 29-marzo
OPINIÓN
Lesa corrupción
Joaquín Estefanía 22/06/2008
¿Será Estepona para la actual legislatura democrática lo que Marbella supuso para la anterior?: el paradigma de la corrupción urbanística, hacia la que se desplazaron las irregularidades cometidas en la financiación ilegal de los partidos políticos de la década de los noventa. Lo que se sabe hasta ahora es que hay implicados dos docenas de funcionarios (entre ellos, el alcalde) y empresarios, acusados de delitos como prevaricación, cohecho, malversación de fondos o contra la ordenación del territorio.
Aunque ha habido sustanciales avances en la lucha contra la corrupción urbanística, el balance decepciona
Uno de los defectos de nuestra democracia, según se desprende del Informe sobre la democracia en España 2008, que edita la Fundación Alternativas, es que el sistema institucional, compuesto de reglas y derechos, funciona bastante bien, y es en el comportamiento y en las prácticas de los actores donde aflora la mayor parte de los problemas. Por ejemplo, parece que la libertad sindical está garantizada en nuestro país, pero al mismo tiempo las empresas no respetan, en muchos casos, los derechos de los trabajadores.
Algo parecido sucede con la corrupción. Los últimos años han sido proclives a establecer normas y actuaciones que la combatan: una nueva ley de financiación de los partidos, la regulación de los contratos del sector público, la Ley del Suelo, la creación de secciones de medio ambiente y urbanismo en todas las fiscalías (bajo la coordinación de un fiscal de sala que actúa como delegado del fiscal general) o la organización de una unidad contra los delitos urbanísticos en la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil. A ello se añade el Código del Buen Gobierno, la ley de regulación de los conflictos de intereses de altos cargos, la reorganización de la fiscalía anticorrupción, etcétera.
Pues bien, a pesar de los avances, el balance todavía es decepcionante. No es porque las autoridades locales españolas sean más corruptas moralmente que las de los países de nuestro entorno, sino que el marco en el que se lleva a cabo la política urbanística en España genera formidables incentivos para la corrupción, entre otros, la enorme repercusión económica de las decisiones públicas sobre los usos urbanísticos (en general, en manos de las autoridades locales).
Hay tres causas objetivas relacionadas con los casos de corrupción que van emergiendo de modo incesante: el extraordinario boom de la construcción de la última década (hubo años en que España construía más viviendas que el Reino Unido, Alemania y Francia juntos); los perennes problemas de financiación de las haciendas locales, y los cambios en las estructuras de financiación de unas organizaciones partidistas que parecen depender cada vez más de los fondos que las corporaciones locales destinan al sostenimiento de los grupos municipales. Esto último cobra especial importancia si se confirma que parte del dinero de las comisiones ilegales pagadas por los constructores en Estepona financiaron al PSOE local.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/panorama/Lesa/corrupcion/elpepusocdgm/20080622elpdmgpan_6/Tes
Publicado el 20/06/2008 a la(s) 19:05
Por Plataforma 29-marzo
ENTREVISTA: ÁNGEL NÚÑEZ Fiscal de Medio Ambiente
"La corrupción es contagiosa"
PEDRO ESPINOSA - Cádiz - 20/06/2008
Ángel Núñez (Sevilla, 1960) ejerce como coordinador de la red de fiscales de Medio Ambiente, Patrimonio Histórico y Urbanismo. Su última advertencia ha sido a los alcaldes que no comunican, como exige la ley, los indicios de delitos.
Pregunta. ¿Qué ocurre con los ayuntamientos? ¿Por qué los fiscales andaluces en sus memorias han arremetido contra ellos?
Respuesta. No es un problema específicamente andaluz. Por muy diferentes razones, los ayuntamientos hacen dejación de funciones de sus facultades de disciplina urbanística. No se tramitan, no se resuelven y no se ejecutan sobre todo los expedientes de restablecimiento de la legalidad.
P. ¿Y a qué atribuye esa actitud?
R. Hay supuestos de falta de medios, aunque podrían recurrir a las diputaciones. Otras veces no quieren asumir el coste electoral que conllevan las medidas sancionadoras. En otros casos, y a la vista está, hay corrupción.
P. ¿Cómo analiza lo que está ocurriendo en Estepona? ¿Podría haber más casos similares en otras provincias?
R. La realidad demuestra que las conductas delictivas se trasladan con facilidad de unos territorios a otros. El fenómeno de la corrupción es especialmente contagioso, en la medida que no se le ponga coto. Nosotros no hemos detectado fenómenos de la entidad cualitativa y cuantitativa de Málaga pero es importante que los cuerpos de seguridad del Estado tengan los medios suficientes para llegar a tiempo. La Guardia Civil y la policía autonómica están muy por debajo de sus necesidades. Tienen que suplirlo con dedicación y sacrificio.
P. ¿Esa falta de medios policiales puede provocar que no se detecten nuevos casos?
R. El caso Obra Nueva de Chiclana es un ejemplo de eso, una conducta que estaba muy generalizada pero que, por falta de investigaciones, no se había dado a conocer. En algunos casos, ya hemos llegado tarde porque ha prescrito.
P. Hay quien acusa a la Junta de no actuar con diligencia para evitar casos como el de Estepona. ¿Está de acuerdo?
R. Yo no estoy de acuerdo con que se atribuya esa responsabilidad a la Junta de Andalucía. El reparto de competencias que establece la legislación andaluza y estatal en materia urbanística no organiza una relación jerárquica de las comunidades autónomas con respecto a los ayuntamientos, son repartos horizontales. Y en ese sentido, las facultades de inspección respecto a los ayuntamientos son limitadas.
P. ¿Habría que quitar competencias a los ayuntamientos?
R. No. La autonomía local es compatible con la creación de instancias de control y de inspección. No se trata de extraer competencias sino someter esas competencias a los necesarios controles externos. El que actúa no se debe controlar a sí mismo.
P. ¿Y qué se puede hacer?
R. Los instrumentos legales de inspección a los ayuntamientos son insuficientes. Los que se regulan en la ley de ordenación urbanística se han revelado como defectuosos ante delitos de esta naturaleza y habría que mejorarlos. De lo que se trata es que cualquier actuación de las corporaciones locales que suponga la modificación de suelo o convenios urbanísticos cuenten con una instancia externa que permita de forma temprana controlar su adecuación a la legalidad. Porque muchas veces cuando se examina es demasiado tarde.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/corrupcion/contagiosa/elpepuespand/20080620elpand_6/Tes
Publicado el 18/06/2008 a la(s) 17:05
Por Plataforma 29-marzo
Consejo Consultivo andaluz, partidario de endurecer las penas contempladas en el Código Penal para delitos urbanísticos SEVILLA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo Consultivo de Andalucía, Juan Cano Bueso, se mostró hoy partidario del "endurecimiento" de las penas contempladas en el Código Penal para los delitos urbanísticos, ya que, a su entender, las leyes vigentes en España que penalizan esos hechos son "extraordinariamente leves, al tiempo que la conciencia ciudadana reprocha de manera leve las infracciones" en el ámbito del urbanismo.
En rueda de prensa tras entregar al presidente de la Junta la memoria de la institución correspondiente a 2007, Cano Bueso consideró que es necesaria una conciencia social que reproche los comportamientos contrarios a la legalidad urbanística, lo que propiciaría, a su juicio, un "endurecimiento" del Código Penal o una "ética" que evite esos hechos.
Cano Bueso lamentó que, en estos momentos, ante delitos urbanísticos, lo que se contemplen sean penas máximas de tres años de cárcel, que "no se cumplirán en su integridad ni de lejos". Por ello, recalcó que estos comportamientos deberían "sufrir un reprocho penal más duro".
Al hilo de las cuestión urbanística, el presidente del Consejo Consultivo puso de manifiesto que en el informe de la institución correspondiente a 2007 se pone de manifiesto un "notable incremento de las revisiones de oficio" de licencias urbanísticas por parte del Ayuntamiento de Marbella (Málaga), lo que, sin duda, ha redundado en una clara "reducción de la ilegalidad".
En concreto, son 31 las citadas revisiones de oficio que son fruto del hecho de que el Ayuntamiento, tras detectar una actuación urbanística ilegal, procede a instar un procedimiento por el que se declara que dicha actuación, ya sea una urbanización o cualquier otra construcción, no es legal. Se refieren en todos los casos a actuaciones que se llevaron a cabo por anteriores corporaciones locales que emitieron licencias que no se ajustaban al planeamiento urbanístico, según apuntó.
Para Cano Bueso, Marbella está claramente volviendo a la normalidad en relación con este asunto y el actual Ayuntamiento, en manos del PP, está haciendo un "notable esfuerzo para restaurar la legalidad y declarar ilegales las licencias que la corporación local anterior dio con la apariencia de legalidad".
El Ayuntamiento de Estepona (Málaga) también fue mencionado por Cano Bueso, tras la operación judicial y policial llevada a cabo ayer, para apuntar que hasta en tres ocasiones se han rechazado por parte del Consejo Consultivo informes sobre una determinada modificación urbanística.
Cano Bueso quiso dejar claro, en relación con los asuntos urbanísticos, que ni el Consejo Consultivo ni la Junta de Andalucía "se pueden responsabilizar de lo que no es de su competencia". "No creo que haya tanto problema con la ordenación del territorio, ya que Andalucía cuenta con unos buenos planes urbanísticos, como con la cuestión de ceñirse a la disciplina urbanística, que es competencia de los ayuntamientos", señaló.
Asimismo, manifestó que al margen de la ordenación del territorio y de la disciplina urbanística, también está la "cuestión de la moralidad pública, de la ética social y de la honestidad personal".
Fuente: http://www.europapress.es/nacional/noticia-consejo-consultivo-andaluz-partidario-endurecer-penas-contempladas-codigo-penal-delitos-urbanisticos-20080618154502.html
Publicado el 18/06/2008 a la(s) 16:07
Por Plataforma 29-marzo
Con motivo de la nueva acción contra la corrupción urbanística que la justicia está llevando a cabo en la vecina ciudad de Estepona, de una magnitud similar al infortunio que nos dejó como herencia en Marbella la operación Malaya, consideramos muy oportuno e ilustrativo dar difusión en este blog al trabajo "LA CORRUPCIÓN URBANÍSTICA: ESTRATEGIAS DE ANÁLISIS" , editado por la Revista Española de Investigación Criminológica y realizado por José Luis Díez Ripollés, Catedrático de Derecho Penal y Director del Instituto andaluz interuniversitario de Criminología en la Universidad de Málaga. y Alejandra Gómez-Céspedes, Criminóloga especializada en delincuencia económica y organizada, profesora investigadora del Instituto andaluz interuniversitario de Criminología de la Universidad de Málaga.
Este estudio de 37 páginas analiza con extrema claridad y profusión de datos las causas que han favorecido la proliferación, el asentamiento y el desarrollo de grupos de inversión que han propiciado la corrupción urbanística en nuestro país.
A modo de presentación, extraemos en su integridad el título 3 de esta interesante publicación a la que se puede acceder mediante el enlace
http://www.criminologia.net/pdf/reic/REICA5N6(2008).pdf:
3. DELINCUENCIA ECONÓMICA, DELINCUENCIA ORGANIZADA Y CORRUPCIÓN URBANÍSTICA
A pesar de que la delincuencia económica no es un fenómeno nuevo, puede afirmarse que la actitud europea de denuncia y puesta de relieve sí es una postura reciente. Hasta hace muy poco tiempo existía una especie de indulgencia, en algunos casos incluso una inmunidad de facto, de cara a la delincuencia económica, que era habitualmente definida como una delincuencia de cuello blanco. La delincuencia económica era considerada falsamente menos peligrosa para la sociedad o, cuando menos, menos perjudicial que la delincuencia tradicional, probablemente porque era difícil de advertir su amenaza. En todo caso, la estigmatización de los delincuentes económicos era reducida, ya que era compensada por cierto grado de reputación y prestigio.
Probablemente no fue hasta la salida a la luz de la quiebra fraudulenta de la empresa italiana Parmalat, a finales de 2003, que el triángulo institucional de la Unión Europea se dio cuenta de las ruinosas consecuencias que suponía para miles de personas el mayor escándalo financiero de Europa.
Del escándalo Parmalat pueden extraerse, quizás, tres importantes conclusiones: (i) Que los delitos económicos de gran magnitud son también posibles en Europa y no sólo en Estado Unidos. (ii) Que existen importantes deficiencias gubernamentales en la supervisión patrimonial de las empresas y, (iii) que hay que modificar actitudes preconcebidas y entender que la delincuencia económica grave no sólo la cometen delincuentes profesionales sino también personas respetables en el ejercicio de su profesión.
No es fácil definir la delincuencia económica. A la fecha, no se ha alcanzado un acuerdo internacional sobre la definición del concepto. Diferentes países europeos utilizan distintas definiciones. Incluso en algunos países los delitos económicos son considerados meras infracciones administrativas.
No obstante, en el año 1981, el Consejo de Europa hacía un listado de delitos que consideraba deberían calificarse como delitos de delincuencia económica. Estos delitos incluían distintos tipos de fraudes, delitos fiscales, relativos a sociedades tapadera, relativos al mercado de valores o a la alteración de precios en concursos y subastas públicas, entre otros.
En general, el Consejo de Europa observó que las consecuencias negativas de la delincuencia económica superaban la mera victimización de individuos e iban más allá de cualquier daño material tangible. En concreto, se ha reconocido que la delincuencia económica:
· Afecta a un gran número de personas, a la sociedad y al Estado en general.
· Daña el funcionamiento de las economías a nivel nacional o internacional.
· Socava la confianza y la seguridad que los individuos tienen en el sistema económico y/o democrático.
En cuanto a la delincuencia organizada, resulta difícil definirla con claridad e identificar sus elementos característicos, puesto que adopta formas muy versátiles y se aprovecha a fondo de la universalización y del uso de modernas y sofisticadas tecnologías. No obstante, la Convención de las Naciones Unidas contra la delincuencia organizada transnacional, en su Artículo 2, define lo que deberá entenderse por grupo delictivo organizado:
“Se entenderá un grupo estructurado de tres o más personas que exista durante cierto tiempo y que actúe concertadamente con el propósito de cometer uno o más delitos graves o delitos tipificados con arreglo a la presente Convención con miras a obtener, directa o indirectamente, un beneficio económico u otro beneficio de orden material”.
Por otro lado, se observa con preocupación que la delincuencia económica y la delincuencia organizada tienden a entrelazarse en muchas áreas, como por ejemplo en la evasión fiscal, la adjudicación de concursos públicos, las privatizaciones, las falsificaciones, los crímenes medioambientales, o el fraude de tarjetas de crédito. Sus necesidades, por lo demás, coinciden, dado que tanto la delincuencia económica como la delincuencia organizada generan grandes fortunas que no se gastan inmediatamente y requieren ser blanqueadas.
Tampoco hay que pasar por alto que ambas clases de delincuencia se sirven de lacorrupción administrativa y política para lograr sus fines y, por ende, fracturan el Estado de Derecho y el buen gobierno.
Dicho esto, conviene destacar que el término corrupción es una calificación omnicomprensiva que abraza un gran número de supuestos. En el caso de la corrupción urbanística podemos referirnos por ejemplo a:
· Un alcalde que acepta un soborno o exige una dádiva a cambio de una reclasificación de suelo.
· Un alcalde que incumple un plan general porque considera que conceder licencia para un macro-proyecto hotelero o de ocio generará empleo en la zona.
· Un alcalde que favorece a empresas mediante el uso parcial de información relativa a la publicación de concursos y subastas.
· Cualquier cargo político que actúe de forma que en la elaboración de normas o adopción de decisiones favorezca a grupos que hayan financiado a su partido.
· Cualquier autoridad o funcionario que abusen de su cargo para obtener descuentos, regalos o ventajas.
Si bien la especificidad de la corrupción urbanística es importante, sería conveniente que en el plano criminológico se renunciara a tratar a la delincuencia económica, la delincuencia organizada y la corrupción pública como tres fenómenos independientes. Sería más realista fundir estos conceptos en una categoría mucho más amplia. Es decir, estaríamos hablando de una delincuencia socioeconómica de la cual la delincuencia organizada o la corrupción urbanística o de otro tipo, serían meras subdivisiones.
Por supuesto que habría que destacar ciertas diferencias, como por ejemplo, en los objetivos de cada tipología. Las empresas se establecen, a priori, para gestionar negocios legales aunque acaben realizando actividades ilegales. Los grupos delictivos organizados se montan con el propósito de cometer delitos buscando siempre el lucro como fin principal. Y, por último, los funcionarios públicos que trabajan para el gobierno y son garantes del cumplimiento de las leyes en ocasiones pueden abusar sus cargos para lograr beneficios privados directos (sobresueldo, ascensión en la carrera política o multiplicación de la red de contactos) o indirectos (beneficios para el partido político al que pertenecen o favores para amigos y familiares).
Publicado el 03/06/2008 a la(s) 11:09
Por Plataforma 29-marzo
Es ya el cuarto deporte, tras el fútbol, la caza y el baloncesto - Es negocio seguro, pero polémico - Algunas comunidades echan el freno ante el exceso inmobiliario y el consumo masivo de agua
SARA VELERT 03/06/2008
El golf se ha asentado y ha cambiado el mapa deportivo y físico en España. Cientos de españoles se apuntan cada año a este deporte y aprenden a lanzar la bola al green. Ya no es sólo cosa de élites ociosas o de jubilados ricos. Cada vez son más los aficionados y también los campos de golf, grandes superficies verdes, con la hierba cortada al milímetro, que tapizan el territorio y en muchos casos están rodeados de un mar de casas. Son la imagen que acompaña al golf, envuelto como pocos deportes en una constante polémica por el consumo de suelo y agua que exigen sus instalaciones en un país donde la mitad del territorio padece cíclicamente fuertes sequías.
"El problema son sobre todo las miles de casas alrededor", dicen los ecologistas
La tecnología reduce el consumo de agua y facilita el uso de la reciclada
El modelo del golf con grandes urbanizaciones es "insostenible"
El deporte atrae al turista de alto poder adquisitivo y fuera de temporada
Dinero, especulación inmobiliaria, turismo, medio ambiente y deporte se entrecruzan en este mundo e invitan al debate. ¿Cuánta agua necesitan los campos? ¿Se han convertido en mera coartada de desarrollos urbanísticos? ¿Qué beneficios genera el sector? ¿Es España un país aficionado al golf?
Ahí van unas primeras cifras. En la última década, 207.000 personas han sacado su licencia para practicar el golf en España, que hoy roza la barrera de los 330.000 federados, sólo por detrás de los del fútbol, la caza y el baloncesto. Con este dato en la mano, desde la Real Federación Española de Golf se aprestan a contrarrestar uno de los "tópicos" que les persiguen, el del deporte para unos pocos: "El golf se ha popularizado, ya no se puede hablar de un deporte elitista". Los éxitos de profesionales como Severiano Ballesteros, José María Olazábal o Sergio García han despertado el gusto del español por el swing, que a partir de los noventa se ha visto favorecido por un creciente bienestar económico y animado por la apertura de canchas de aprendizaje. Aunque sigue sin ser un deporte barato, el número de jugadores ha aumentado un promedio que ronda el 10% anual. Un incremento destacado que todavía sitúa a España por detrás de los países europeos con niveles socioeconómicos similares. Un 0,67% de la población española está enganchada al golf, frente a más del 1% de la Europa Occidental, con países que superan claramente esa marca, como el Reino Unido (2%) o Suecia (5,9%), según recoge un estudio publicado el año pasado por la consultora y gestora de campos Aymerich Golf Management. Al mismo tiempo, España se distancia de otro grupo de países con menor crecimiento de aficionados, como Italia o Grecia.
Desde esa posición intermedia, el número de campos de golf ha crecido de forma espectacular: de los 222 registrados hace 10 años se ha pasado a los 374 actuales, según los datos de la Real Federación Española de Golf. El mapa del golf se colma de banderitas en Andalucía, la plaza fuerte del sector. Concentra casi un centenar de campos, y prácticamente la mitad se apiña en el litoral entre Málaga y Algeciras. La Costa del Sol se ha ganado así otro sobrenombre, el de la costa del golf. Le sigue, con 43 campos, Cataluña, y se mantienen como destinos asentados Canarias y Baleares. El norte exhibe una sólida tradición golfística y crece sobre todo en Galicia, mientras que pujan por alcanzar los puestos de cabeza la Comunidad Valenciana y Murcia. También Madrid pretende aumentar sus instalaciones, empujada por la mayor federación, con más de 90.000 licencias y una treintena de campos que no cubren la demanda. De ello se han beneficiado comunidades cercanas como Castilla y León, con muchos menos federados pero que se nutren del público madrileño.
La costa se ha llenado de hoyos en esta última década espoleada por los beneficios del turismo del golf, que genera anualmente en España unos ingresos de 1.300 millones de euros y atrae a extranjeros de alto poder adquisitivo que acuden fuera de la temporada de sol y playa. El turismo del golf en Europa representa al año más de 1,6 millones de viajes, y en este atractivo mercado España "goza de una destacada posición de liderazgo", destaca Turespaña.
La vorágine inmobiliaria de los últimos años, además, ha consagrado otro matrimonio de conveniencia muy rentable, el de las urbanizaciones con campo. El negocio del ladrillo ha movido miles de millones anuales en estos proyectos asociados al golf, y su vertiginosa carrera ha levantado las protestas y la preocupación por el fuerte impacto ambiental sobre el territorio y los recursos hídricos. Especialmente en esta última etapa de fuerte sequía en el litoral mediterráneo, durante la que se han aprobado decenas de campos en Andalucía, la Comunidad Valenciana y Murcia, el debate sobre su consumo de agua se ha reavivado.
Un campo de golf necesita cada año entre 300.000 y medio millón de metros cúbicos de agua, el equivalente al consumo de una población de 10.000 habitantes. Demasiado para zonas secas, que se quejan constantemente de falta de agua, en opinión de los grupos ecologistas. Los defensores del golf reducen el consumo a una pequeña parte de los recursos totales y aseguran que no sólo ha disminuido la dotación de los campos con la incorporación de riegos computerizados y nocturnos, y de céspedes más resistentes a la sequía, sino que son ya muchas las instalaciones que utilizan aguas recicladas o desaladas. "El agua depurada se ha impuesto en estos últimos años de una manera increíble, y las nuevas tecnologías han hecho reducir sustancialmente el consumo hídrico", apunta sobre Andalucía José Manuel Recio, profesor de ecología aplicada de la Universidad de Córdoba. También es el caso de las otras comunidades del arco mediterráneo, aunque el camino para la adaptación de todos los campos al riego con aguas depuradas será largo, y también depende de que las administraciones lo impongan.
"El problema del golf no sólo es el campo, sino sobre todo las miles de viviendas alrededor", objeta Carlos Arribas, portavoz de Ecologistas en Acción en Alicante. Lo certifica un reciente estudio pendiente de publicación de los profesores José Ramón Navarro y Armando Ortuño, de la Universidad de Alicante, para el Ministerio de Medio Ambiente. El informe, que analiza el golf en la Comunidad Valenciana y Murcia, sostiene que las urbanizaciones con campo consumen entre cuatro y cinco veces más agua. No es un problema del riego del campo, afirman los autores, sino de la urbanización extensa, con jardines individuales y piscinas, en la que se dispara el consumo de 25 y 40 metros cúbicos mensuales por abonado en verano, o más, frente a los nueve en una ciudad compacta. Además, mientras los campos de 18 hoyos ocupan normalmente entre 50 y 60 hectáreas, estos proyectos con miles de residencias alcanzan una superficie de hasta 300. Son enormes extensiones de un fuerte impacto territorial. Para Navarro y Ortuño, el campo de golf actúa como "tractor de demandas" inmobiliarias y el modelo actual se ha hecho ya "insostenible". Los campos públicos (sólo hay 35 en España) o complejos con hotel, de menor impacto, son vías de salida a la demanda de instalaciones, opinan los autores del informe.
Los golfistas se desmarcan de los excesos de la especulación urbanística y piden mayor reconocimiento para el deporte frente a las polémicas que arrastra. "Nos gusta probar campos nuevos, viajar, y nos da igual si hay casas alrededor o no", asegura Alfonso Fernández de Córdoba, gerente de la federación madrileña. La consultora Aymerich Golf destaca que con el golf como gancho, las casas se revalorizan entre un 20% y un 25%, un factor que ha sido determinante para su venta. De hecho, "el 80% de los compradores no juega, aunque muchos al tener el campo acaban haciéndolo", explica Jesús Durán, director de expansión de la empresa. "No se adquiere sólo una casa, sino un estilo de vida con vistas a un gran pulmón verde", sostiene Durán, que reivindica que en muchas zonas la mancha verde del golf ha recuperado paisajes degradados y ha evitado una mayor masificación de viviendas.
Pero el aluvión de planes urbanísticos asociados al golf en la última década ha obligado finalmente a algunas administraciones a elaborar regulaciones específicas. Llegan en un momento de crisis y parón inmobiliario que dejará en la cuneta más de un proyecto. Andalucía aprobó un decreto el pasado febrero para asegurar la sostenibilidad ambiental de sus instalaciones e incentivar el acceso público. Sólo los campos calificados de interés turístico podrán aspirar a vincularse a una urbanización. "Había que evitar que los campos fueran la excusa para nuevas urbanizaciones. Pero al final, la misma norma es la excepción al aceptar las viviendas por interés turístico sin establecer parámetros objetivos", critica Andrés Sánchez, portavoz de Los Verdes de Andalucía.
Para Ángel Salazar, secretario general de la asociación empresarial Promotur, aunque el plazo de adaptación a las mejoras medioambientales es corto, el decreto mejorará la calidad de la oferta, en la que se mezclan campos bien gestionados y otros "manifiestamente mejorables". Valora el que se haya dejado abierta la posibilidad de construir viviendas, sin las que considera que es "difícil" rentabilizar los campos. "Lo más importante es que al final el golf se considera un producto turístico de primer nivel", añade Salazar. La Junta de Andalucía se adjudica unos ingresos anuales de 512 millones de euros de 360.000 turistas del golf, de los que 250.000 son extranjeros, especialmente del Reino Unido y Alemania. Y apuesta por mantener el liderazgo en este segmento turístico, que considera "estratégico" para la comunidad. "El golf seguirá siendo un atractivo de primer orden para atraer visitantes y, desde luego, lo que ya no será es una excusa para vender casas", aseguran fuentes del Gobierno andaluz.
¿Pero caben más campos? Salazar cree que en Andalucía "aún no se ha tocado techo" y augura que se plantearán otros 20 o 25 proyectos en los próximos cinco años. La Comunidad Valenciana, donde los empresarios alicantinos pretenden que se abran 34 más, tampoco quiere dejar escapar este negocio. Una ley de enero de 2007 prevé tramitaciones separadas de campos y áreas residenciales -lo que en principio no impedirá una urbanización próxima-, pero al amparo de la normativa anterior se han aprobado en cinco años 21 proyectos, la mayoría con viviendas. Murcia también pisa el acelerador y elabora una ley de campos mientras ha dado salida a 14 proyectos y tramita otros 25. En ambos casos, las confederaciones hidrográficas no han dejado de advertir de que los recursos para miles de casas anexas no están garantizados a corto plazo. El PP, que gobierna en ambas comunidades, todavía fía la solución a todos los problemas hídricos en el derogado trasvase del Ebro.
Baleares, por el contrario, impuso hace años una moratoria y acaba de aprobar una ley de protección del territorio que insiste en excluir el golf residencial e impone nuevas condiciones a futuros campos. Cataluña también ha echado el freno. "Se evita al máximo que los campos sean la excusa de una urbanización. Deben ser sostenibles ecológicamente y muy especialmente en el tema del agua", subraya la Consejería de Política Territorial. "De acuerdo, pero si se cumplen los requisitos, que no nos tengan esperando ocho años para aprobar un proyecto", se queja Ramón Nogué, vicepresidente de relaciones institucionales de la federación catalana.
Los aficionados, no sólo catalanes, piden más campos y reivindican la vertiente social y económica del golf. Deporte al aire libre para toda la familia y todas las edades. Y el peso de una industria que, según Aymerich Golf, mueve más de 2.600 millones de euros al año en sus instalaciones, proyectos, torneos, medios de comunicación especializados, y turismo y revalorización de inmuebles, las dos actividades que más impacto económico generan. Los campos, con un ingreso promedio de 1,68 millones de euros, facturan 510 millones anuales y dan empleo a 11.000 personas, según los datos de su estudio de 2007 sobre 304 instalaciones. Los aficionados se declaran los primeros interesados en que el crecimiento del golf respete el medio ambiente. "Si alguien da un permiso y es una barbaridad, hay que mirar a quien lo da, no al golfista", apuntan en la federación nacional. Y lamentan: "Al final, de lo que menos se habla es del deporte".
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/sociedad/golf/cambia/mapa/Espana/elpepisoc/20080603elpepisoc_1/Tes
|
