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Conchi : Increíble, la rapidez para demoler éstas y no las miles de edificaciones que adornan nuestro país.
Conchi : Marbella recuerda una fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él ........
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Publicado el 27/07/2007 a la(s) 17:26
Por Plataforma 29-marzo
La regularización, que afecta también a otros tres edificios ilegales, exige la compra de un área libre de 14.000 metros El documento, ya aprobado por el Ayuntamiento, establece un plazo máximo de dos años para que se ejecute la operación
27.07.07 - HÉCTOR BARBOTTA
ZONA VERDE. El suelo previsto como compensación para la regularización del hotel se encuentra junto al paseo marítimo. / JOSELE-LANZA
REGULARIZACIÓN
Marina del Puente
Licencia: 2000.
Estado: Terminada y habitada
Infracción: 24 viviendas construidas en suelo destinado a equipamiento público.
Huerta de las Medranas
Estado: Terminada y habitada
Infracción: 46 viviendas que ocupan en parte suelo calificado como espacio libre público
Regularización: Aportación de 7.291 metros de suelo.
Jardines de Nagüeles
Licencia: 1998
Estado: Terminado, sin habitar.
Infracción: 28 viviendas que ocupan en parte suelo de espacio libre público
Regularización: Aportación de 1.703 metros de suelo.
3.590 metros cuadrados de parques y jardines a pie de playa y en plena Milla de Oro. Ése es el precio que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella fija para regularizar la situación del Hotel Guadalpín, construido bajo el mandato del GIL con una licencia que no se ajustaba a la norma vigente. Según refleja la documentación incluida en el PGOU, que ya cuenta con la aprobación inicial del Ayuntamiento, la regularización del Guadalpín forma parte de una operación de recuperación para la ciudad de más de 14.000 metros cuadrados de zona verde situados en dos parcelas de Las Merinas de Casablanca y en la margen izquierda de la desembocadura del arroyo Guadalpín.
Todo ese suelo, en una de las zonas más caras de Marbella, ya se encontraba señalado como Parques y Jardines en el PGOU de 1986, y en los 21 años transcurridos el Ayuntamiento no gestionó su recuperación para la ciudad. Ahora, el proceso de legalización del Hotel Guadalpín y de otras tres edificaciones ilegales ofrece la oportunidad de convertir en públicos esos jardines privados.
La operación diseñada en el Plan encuentra amparo un artículo de la Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía, que establece los mecanismos para la transferencia de aprovechamientos, y deberá realizarse en un plazo de dos años.
Además de la promotora Aifos, propietaria del Hotel Guadalpín, están implicadas las sociedades que en su día ejecutaron otras tres promociones con amparo en licencias ilegales: 24 viviendas en Marina del Puente ejecutadas por Inmo Andaluz, 28 viviendas en Jardines de Nagüeles y 46 viviendas en Huerta de las Medranas, junto al Hotel Don Pepe.
Procedimiento
El suelo que ocupan estas edificaciones aparece en el nuevo PGOU con la calificación de urbano no consolidado, lo que abre la puerta para su regularización si se cumple el procedimiento incluido en la memoria de ordenación del documento.
Para ello, el Plan prevé lo que se denomina como «ámbitos de actuación asistemática», a través de los cuales la regularización de las edificaciones ilegales se resuelve a través de la obtención de suelo de dotación pública en suelos vacantes lo más próximo posible a los emplazamiento donde en su día se ocupó el territorio de forma irregular.
De esa forma, las cuatro sociedades deberán adquirir de manera proporcional a las infracciones cometidas 14.000 metros cuadrados de suelo repartidos en tres parcelas calificadas como zona verde. Dos de ellas -una de 4.127 metros y otra de 3.095 metros- están situadas sobre el paseo marítimo en plena Milla de Oro, mientras que la restante transcurre por la margen izquierda del arroyo Guadalpín, y ocupa un total de 4.200 metros cuadrados. Todas pasarán a formar parte del patrimonio municipal una vez que se ejecute la operación.
Fuente: http://www.diariosur.es/20070727/marbella/pgou-marbella-legaliza-guadalpin-20070727.html
Publicado el 21/07/2007 a la(s) 19:29
Por Plataforma 29-marzo
LaVozdeMarbella.com - Marbella - 21/07/07
Don Rafael Ávila, coordinador de Ecologistas en Acción y Portavoz de la Plataforma 29 de Marzo, buenos días. En primer lugar, ¿por qué surge la plataforma 29 de Marzo?
El nombre de la plataforma conmemora la fecha del comienzo de la Operación Malaya por dos motivos, en primer lugar porque se atrevieron a luchar contra la corrupción y en segundo lugar porque pretendemos la aplicación del Estado de Derecho. En definitiva, tratar de impulsar la regeneración democrática.
El juez ha terminado la instrucción de las investigaciones, solicitando la incoación del Sumario. ¿Cree que se debería seguir investigando?
No somos quien para poner en tela de juicio la instrucción sumario. Por otra parte, ya dijimos que el Plan General del Ordenación Urbana sería una ley de "punto y final", una amnistía encubierta.
Trae Vd. a colación la aprobación del PGOU que acaba de producirse. ¿Qué opina sobre la aprobación del Avance?
Lo conozco sólo de una forma parcial, lo que está claro es que la normalización es la regularización de las licencias ilegales, es decir, vaciar de contenido muchísimas sentencias firmes del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de una forma incomprensible.
Yo siempre pongo como ejemplo Jardines del Príncipe. Esta promoción contemplaba una decena de adosados y dos unifamiliares con mil metros de jardín y se han hecho casi cien apartamentos. Se ha calificado la sentencia como ilegal, tiene orden de paralización y no está habitada, y ahora se negocia para normalizarla. Estamos negociando a la baja, y nos quedaremos con una mano delante y una detrás.
Desde un punto de vista jurídico, o se ejecutan las sentencias o no se ejecutan, pero no se ejecutan a medias. Estas licencias han dado con los huesos en la cárcel de quienes las dictaron, y sin embargo, las acabaremos legalizando por la puerta de atrás.
Por otra parte, es difícil de creer que las personas que compraron y habitaron esas casas no supieran lo que estaba pasando en el Ayuntamiento. Los compradores de buena fe son aquellos que han visto el valor de sus viviendas disminuido porque le han construido un bloque delante quitándoles las vistas. Les quitan la luz, les quitan el sol y, en definitiva, disminuye el valor patrimonial de esas viviendas. Esos sí que son compradores de buena fe. Además en el derecho administrativo no existe la figura del comprador de buena fe. Los habitantes del Banana Beach, es difícil defender que eran de buena fe cuando todavía no han demandado a Ávila Rojas por la vía Penal.
Sin embargo, al comprador "de buena fe" lo define la ley como aquél que compra sin que conste ninguna carga o gravamen en el Registro de la Propiedad. Por eso va a ser muy difícil exigirles responsabilidad, porque no se anotaron las demandas en los Registros.
Entonces, ¿quién debe pagar, los compradores o los promotores?
Los promotores, por supuesto.
¿Qué opina sobre la incidencia del Plan General en los procedimientos sancionadores?
Existen ciertos procedimientos sancionadores en curso, por ejemplo el de El Corte Inglés con una propuesta de Sanción de 19 millones de euros. El Plan prevé la compensación de una parcela de 5000 metros cuadrados. Los grandes beneficiarios de la normalización son don Isidoro Álvarez (presidente de El Corte Inglés), don Tomás Olivo (propietario de La Cañada). El pueblo parece que preocupa menos.
¿Qué opina sobre la posibilidad de que vecinos de Marbella tengan que pagar las compensaciones con Impuestos especiales?
Habría que diferenciar entre primeras viviendas y viviendas para la especulación. El problema se encuentra en que son procesos para encajar con calzador las viviendas ilegales en un Plan. Y se va a hacer lo mismo en Chiclana y en Barbate. De lo que se trata es de legalizar al mayor número de viviendas posible. El Plan lo han aprobado por unanimidad, también Izquierda Unida ¿verdad?
Efectivamente, así es
Yo quiero levantar una bandera, una bandera que no es mía, es del fiscal del Medio Ambiente de la provincia de Cádiz, que dijo muy claramente que la no demolición de las viviendas ilegales equivale a la demolición del estado de Derecho. Nos estamos jugando mucho. Debemos ser la punta de lanza de la regeneración democrática. Este pragmatismo obsceno es intolerable.
¿Vd. piensa que hay que demoler las 18.000 viviendas ilegales habitadas?
Nosotros llevamos el San Benito de Plataforma pro-demolición. No, somos la Plataforma que busca el cumplimiento de las resoluciones judiciales, que para eso están, para cumplirlas. Estamos jugando con el Estado de Derecho. ¿Qué es esto de jugar con componendas, de llamar a las viviendas “alegales” como hacía una persona llamada Moya? O son legales o son ilegales... en caso contrario estamos sentando un precedente peligrosísimo. Si alguien no establece unas reglas del juego de la ética, vamos cuesta abajo. Yo esperaba que un partido de Izquierdas, por lo menos, como es Izquierda Unida, votara en contra de este Plan. Me temo que vamos a negociar todavía más a la baja. Hemos perdido una oportunidad, encima nos vamos a quedar sin Patrimonio Municipal, sin dinero y sin servicios municipales.
¿Cabría una solución intermedia? Es decir, indemnizar previamente a los compradores de buena fe.
Hay que indemnizar de todas formas. Como ya te he dicho, desde el punto de vista filosófico, los compradores de buena fe son aquellos que habían comprado previamente. O indemnizas a unos, o indemnizas a otros. Lo que pasa es que el Ayuntamiento de Marbella no tiene ingresos suficientes, por lo que tiene que recurrir a Planes Generales como instrumento de recaudaciones, lo cual es absolutamente aberrante.
¿Qué opina de la política de medio ambiente del nuevo consistorio?
Yo no he visto ninguna política de medio ambiente. Estoy absolutamente convencido de que la actitud política del pueblo de Marbella es sumisa. No creo que la gente de Marbella se acueste Gilista y se levante progresista. Bastaba con entrar a un colegio electoral para ver a esa masa intimidatoria que daba la misma sensación de las estrategias de Gil. El concejal de Medio Ambiente... no recuerdo su nombre...
D. Antonio Espada
¿Qué méritos tiene para ser concejal de Medio Ambiente?
Bueno, me gustaría pasar a lugares que merecen una especial protección. ¿Cómo quedan las Dunas de Artola y El Lago de las Tortugas?
Han convertido al Lago de las Tortugas en lago privado, en perjuicio de la zona de esparcimiento que había ante la pasividad del pueblo de San Pedro, lo cual me parece asombroso.
Las Dunas de Artola son una zona de interés comunitario, es lo poquito que queda de Marbella Este y ahora se plantean cargárselo. No me lo puedo creer, además, la Junta prevé aumentar la figura de protección.
El Parque de los Tres Jardines, antes conocido como el Vivero de San Pedro, yo creo que ya se puede abrir, al menos parcialmente. Ya es necesario que la gente de San Pedro exija su apertura.
La Junta ha empezado a invertir en mejorar el saneamiento de Marbella...
Parece increíble el estado del saneamiento en Marbella, un lugar que es destino turístico de élite cuyas defecaciones se tiran al mar por la playa del hotel el Fuerte. También han anunciado la inversión de 38 millones de euros para ampliar la depuradora.
Con respecto a la depuradora lo que tenemos que hacer es gastar menos agua. ¿Para qué quieren más agua? ¿Para llenar piscinas? ¿Para regar campos de golf? Yo creo que son medidas de impacto político que no van al problema. Se trata de que la política depredadora urbanística ha causado una carencia de equipamiento social, de infraestructuras... yo he escuchado que Gil robaba "pero al menos hacía algo". ¿Qué hizo? Si no hay residencias de mayores, ni colegios, ni hospitales... Me gustaría que la gente se dé cuenta que nadie da duros a cuatro pesetas. El pueblo necesita que sus impuestos se inviertan en lo que realmente necesitan.
Fuente: http://www.lavozdemarbella.com/article-view.html?aid=536
Publicado el 15/07/2007 a la(s) 19:31
Por Plataforma 29-marzo
Las siete promociones del constructor suman 456 casas de las 752 'condenadas' en el plan
DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 15/07/2007
El empresario granadino José Ávila Rojas fue el promotor de siete de las 14 construcciones que según el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella no podrán ser legalizadas porque ocupan "suelos estratégicos" que no son compensables. Las siete promociones suman 456 viviendas del total de 752 que quedan fuera de ordenación y a expensas de que los tribunales pudieran decretar su demolición, además de un hotel de 168 habitaciones y un apartotel con 80 estancias.
Ávila Rojas está imputado en la Operación Malaya y, según el juez instructor, llegó a abonar más de cinco millones de euros e "innumerables pisos" en comisiones al presunto cerebro de la trama, Juan Antonio Roca.
El nuevo PGOU de Marbella redactado por el urbanista Manuel González Fustegueras y amparado por la Junta, a quien compete su aprobación definitiva, contempla un sistema de compensaciones de suelo que permitirá legalizar 18.000 viviendas construidas en los últimos 16 años en Marbella en contra de la normativa urbanística.
Para ello, sus promotores deberán entregar al Ayuntamiento 1.879.904 metros cuadrados de terreno -una media de 104 por vivienda- para compensar por la ocupación de suelos de zonas verdes y equipamientos que estas promociones han ocupado.
El plan condena sin posibilidad de legalizar 752 viviendas y dos centros hoteleros repartidos en 14 promociones por considerar que son "incompatibles con el modelo de ciudad" al ocupar suelos estratégicos. Se trata de construcciones que ocupan espacios libres en primera línea de costa, impiden el desarrollo de proyectos estratégicos como por ejemplo el corredor ferroviario o equipamientos "irrenunciables" o suponen un factor de riesgo al invadir cauces.
Siete de estas promociones, que suman 456 viviendas, y los dos centros hoteleros (162 habitaciones y 80 apartamentos) fueron promovidas por sociedades del grupo presidido por Ávila Rojas, uno de los promotores más activos en Marbella durante el gilismo y que tuvo unas privilegiadas relaciones con Juan Antonio Roca, de quien ha sido además socio en varios negocios.
De las 752 viviendas ilegalizables, 377 están habitadas. La mayoría de ellas, 297, en Banana Beach, uno de los edificios que más famosos se han hecho dentro y fuera de la ciudad, promovido por Turismo y Recreo Andaluz (Turasa), una de las sociedades del grupo Ávila Rojas.
Condena firme
La licencia de Banana Beach fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en sentencia ratificada por el Supremo por ocupar suelo no urbanizable en primera línea de playa que estaba destinado a sistema general de espacios libres.
Por la concesión de esta licencia hubo además un procedimiento penal que se saldó con una condena, igualmente firme, de seis meses de prisión para el ex alcalde Julián Muñoz y otros seis ex concejales del GIL, la primera por delito urbanístico en Marbella.
Los otros dos complejos ilegalizables ya habitados son 50 viviendas en Golf Río Real, de Millenium Propierties y 30 casas en Torrevigía Beach Resort, promovidas por Playa Real Management. La primera porque ocupa un sistema general con equipamiento cultural (yacimiento fenicio), y la segunda porque ocupa suelo inundable en la zona de Artola.
Las otras 377 viviendas ilegalizables no se han llegado a terminar al dictar el TSJA órdenes cautelares de suspensión por estar impugnadas las licencias. De ellas, 159 pertenecen a sociedades de Ávila Rojas, incluida una mansión en suelo no urbanizable protegido en la Cascada de Camoján que el promotor granadino tenía intención de utilizar como su residencia particular.
El resto son un edificio de 114 viviendas, Crucero Banús, de la sociedad Yambali, que ocupa suelo de equipamiento público. Ávila Rojas compró esta sociedad ya con la licencia concedida a una empresa participada por Juan Germán Hoffman, uno de los socios de Roca, y el ex primer teniente de alcalde Pedro Román, ambos imputados en Malaya. Asimismo, otra sociedad del grupo granadino, Naviro Inmobiliaria, tiene dos promociones ilegalizables en Nueva Andalucía, un edificio con 33 casas y 11 unifamiliares que, en ambos casos, invaden suelo reservado a zonas verdes. De Naviro es también el apartotel de 80 apartamentos en la conocida como supermanzana F de Nueva Andalucía y de otra sociedad de Ávila Rojas, Etursa, un hotel de 168 habitaciones junto al Hospital de la Costa del Sol en suelo de equipamiento público sanitario.
Las promociones ilegalizables que no han llegado a terminarse y no son del grupo Ávila Rojas suman 216 viviendas y pertenecen a Los Jardines de la Costa (61 viviendas en suelo de espacios libres en San Pedro), Quatrovillas (dos chalés en zona verde junto a un arroyo en La Coneja), Anotaciones 24 (14 viviendas en el edificio Centro Forestal Sueco en zona inundable del río Verde), Hoteles Playa (edificio de 99 viviendas junto al Hotel Senator, en suelo de equipamiento cultural) y Promotora Edificio Jem (40 viviendas en parcela de equipamiento deportivo y educativo junto a la playa de El Arenal).
José Ávila Rojas está imputado en el caso Malaya de presuntos delitos de cohecho, blanqueo de capitales y contra la Hacienda Pública, por los que se encuentra en libertad bajo fianza de 500.000 euros.
Según el juez instructor, el promotor granadino no sólo pagó comisiones al Ayuntamiento, sino que participó en negocios con el presunto cerebro de la trama de corrupción y gerente de Urbanismo durante los mandatos del GIL en Marbella. "Roca y Ávila Rojas en Marbella son uno", llegó a afirmar el juez en uno de sus autos, en el que explicaba: "Saben qué suelos deben comprar a bajo precio en la seguridad de poder desarrollarlos, bien a nombre de empresas de Ávila Rojas o de testaferros de Roca, obteniendo las licencias en cualquier caso aunque sean ilegales, y repartiéndose las ganancias seguras".
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/mitad/obras/ilegalizables/PGOU/Marbella/avila/Rojas/elpepuespand/20070715elpand_4/Tes
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