La participación fomenta el debate y aumenta las posibilidades de que cualquier toma de decisión contará con la aprobación de una mayoría consciente.
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Conchi : Increíble, la rapidez para demoler éstas y no las miles de edificaciones que adornan nuestro país.
Conchi : Marbella recuerda una fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él ........
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Publicado el 31/07/2008 a la(s) 18:32
Por Plataforma 29-marzo
GRANADA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Audiencia Provincial de Granada ha condenado al constructor granadino José Ávila Rojas a ocho años de prisión y pagar una multa superior a los diez millones de euros por cuatro delitos consumados de defraudación a la Hacienda Pública en 2001 y 2002 en sendas operaciones inmobiliarias desarrolladas en Marbella (Málaga).
La sentencia, a la que tuvo acceso Europa Press, impone dos años de prisión por cada uno de los cuatro delitos, aunque el cumplimiento efectivo será de seis y añade que el constructor deberá indemnizar a Hacienda con una cantidad superior a los cinco millones de euros, perdiendo además la posibilidad de recibir subvenciones e incentivos de la Seguridad Social por un periodo de cuatro años.
El Tribunal indica que "está fuera de toda duda" que Ávila Rojas ejerce de manera pública y notoria como profesional de la actividad inmobiliaria, a pesar de que "todo el esfuerzo defensivo ha sido negar su carácter de empresario" en la compraventa de dos fincas y que son generadoras del pago de los impuestos del IVA e IRPF, "que se han eludido".
Añade además, que la adquisición de las operaciones enjuiciadas no pueden equipararse a la adquisición de una finca por parte de un particular, "dadas las personas que intervienen --profesionales del sector-- " y puesto que "difícilmente un particular está en condiciones de negociar un convenio urbanístico con un Ayuntamiento, sino es porque se dedique profesionalmente a la promoción inmobiliaria".
Así, en la sentencia se declara como hechos probados que José Ávilas Rojas y la sociedad mercantil CCF 21 Negocios adquirieron el 22 de mayo de 2001 la finca conocida como Huerta de las Monjas, ubicada en Marbella, por unos tres millones de euros y que ese día la vendieron a la mercantil Promociones y Propiedades Inmobiliarias Espacio S.L por 11,4 millones de euros.
Esta operación estaba sujeta al IVA, por lo que Ávila Rojas debía haber ingresado al Erario Público unos 918.000 euros y que al no haber reflejado esta cantidad en sus autoliquidaciones de 2001 obtuvo una defraudación en la cuota del impuesto por una cantidad de 583.570 euros. De igual modo, con la reventa de esta finca obtuvo este mismo año una ganancia empresarial de 4,2 millones de euros que no fue declarada en el Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, obteniendo una defraudación en la cuota del IRPF de 1,9 millones de euros que tampoco reflejó.
En una operación posterior llevada a cabo el 29 de julio de 2002, el Tribunal considera probado que de nuevo el acusado y CCF 21 Negocios vendieron la finca 'Coto de los Dolores' a la sociedad Arenal 2000 S.L por 7,6 millones de euros --la adquirieron por 1,8 millones--, declarándose esta operación sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido, según indica la sentencia.
No obstante, el 9 de octubre de 2002 se otorga nueva escritura y se acuerda elevar el importe inicial en 2,54 millones de euros, por lo que el precio de venta había quedado fijado definitivamente en 10,2 millones de euros, y no sujetado al IVA, con lo que eludió el pago de este impuesto y obtuvo, al no ingresar la cantidad que correspondía en el Tesoro, un beneficio de 823.000 euros.
Respecto al Impuesto de la Renta de las Personas Físicas del ejercicio 2002, el Tribunal considera que "se produjo un beneficio empresarial de 4,20 millones de euros, que debió incluir en la declaración del IRPF en vez de los 3,8 que reflejó, y al no hacerlo se produjo "un perjuicio para el Erario Público de 1,6 millones de euros".
Por último, se le absuelve del delito de apropiación indebida que pedía la acusación particular promovida por Promociones y Propiedades Inmobiliarias S.L.
Fuente: http://www.europapress.es/andalucia/noticia-condenado-empresario-avilas-rojas-ocho-anos-prision-diez-millones-euros-multa-20080731172015.html
Publicado el 31/07/2008 a la(s) 12:33
Por Plataforma 29-marzo
Diez comunidades de propietarios ya han mostrado su intención de hacerlo
Adolfo Valenzuela / Marbella | Actualizado 31.07.2008 - 05:01
Los vecinos afectados por las viviendas ilegales de la era GIL están en pie de guerra tras saber que el Ayuntamiento de Marbella pretende regularizarlas antes de que se apruebe definitivamente el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Por este motivo, diez comunidades de propietarios, que acudieron en su día a los tribunales para denunciar los inmuebles irregulares que se construían en sus proximidades, ya se han mostrado dispuestas a iniciar acciones legales contra el Consistorio en caso de que éstos se vean inmersos en el proceso de normalización. La abogada de estas comunidades de propietarios, Inmaculada Gálvez, explicó ayer que está elaborando un escrito que dirigirá al Ayuntamiento para hacerle saber que sus representados deben tener conocimiento inmediato de los expedientes de legalización que se abran a alguna de estas diez obras irregulares, ya que son partes afectadas en la causa. Una vez conozcan los trámites iniciados, los vecinos perjudicados por las tropelías urbanísticas del GIL los impugnarán por la vía contencioso-administrativa para evitar que las polémicas obras encuentren acomodo en el nuevo PGOU.
Entre las comunidades de propietarios dispuestas a emprender acciones legales contra el Consistorio se encuentran las de Los Monteros, Casablanca, Lomas de Marbella, La Carolina, Artola, Gran Marbella o Don Gonzalo.
Por otra parte, la plataforma en contra de los derribos de viviendas ilegales, integrada por más de 120 comunidades de propietarios, anunció ayer que van a presentar los escritos pertinentes para que sus inmuebles puedan regularizarse en los próximos meses. A pesar de que en el colectivo se encuentran vecinos de complejos residenciales como Banana Beach o Río Real que, a priori, no podrían acogerse a la legalización porque cuentan con sentencias del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) que anula sus licencias, el portavoz de los afectados, José Ortiz, apuntó que lo van a intentar al igual que otras construcciones ilegales tan emblemáticas como el hotel Senator. En cuanto a quién debe realizar las compensaciones que se tienen que hacer para regularizar las casas, Ortiz cree que las responsabilidades deben recaer en los promotores o en los políticos que concedieron las licencias.
Asimismo, el PSOE denunció ayer que se están realizando unas obras de remozamiento en el hotel ilegal que se construyó junto al Hospital Costa del Sol, cuya licencia fue denunciada porque la parcela donde se levantó está calificada como parques y jardines en el nuevo PGOU.
Fuente: http://www.malagahoy.es/article/provincia/193340/vecinos/denunciaran/ayuntamiento/si/regulariza/las/viviendas/ilegales.html
Publicado el 30/07/2008 a la(s) 18:41
Por Plataforma 29-marzo
La empresa rebaja la compensación que establece el Plan y sólo ofrece 27 de las 99 viviendas de un edificio que se levanta en suelo de equipamiento. El complejo fue precintado por la gestora en mayo de 2006
30.07.08 - HÉCTOR BARBOTTA
La empresa Hoteles Playa, propietaria del hotel Senator, presentará hoy en el Ayuntamiento un escrito para solicitar la licencia de primera ocupación del establecimiento, acogiéndose a la medida aprobada por el pleno municipal el pasado viernes por la que se adelanta la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana.
En su solicitud, la sociedad pide la concesión de la licencia en base a las alegaciones presentadas por la propia empresa al documento urbanístico elaborado por la Junta y en las que propone una sensible reducción de las compensaciones originalmente establecidas.
Según el escrito, al que ha tenido acceso este periódico, la empresa ofrece ceder al Ayuntamiento de Marbella 27 viviendas, 27 garajes y un local comercial situado en el edificio anexo al hotel, que cuenta con un total de 99 apartamentos. El documento original del PGOU preveía la cesión del edificio completo.
El hotel, construido junto al Palacio de Congresos de Marbella con una licencia ilegal concedida por Julián Muñoz en 2002 y anulada por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) cuatro años más tarde, se levantó sobre suelo calificado en su mayor parte como zona verde, y como residencial y viario público en el resto.
Complejo residencial
Junto al hotel se levanta el edificio de 99 apartamentos, garajes y locales comerciales, también construido con la citada licencia. El establecimiento hotelero nunca llegó a inaugurarse por la negativa de la Consejería de Turismo a conceder la correspondiente licencia, y ambos edificios fueron precintados por la gestora del Ayuntamiento de Marbella en mayo de 2006. Desde entonces, la situación de ambos inmuebles no ha variado.
El PGOU elaborado bajo la dirección de la Junta cuando esta administración retiró al Ayuntamiento presidido por Marisol Yagüe las competencias urbanísticas, establece para regularizar los edificios ilegales un sistema de compensaciones.
En el caso del Senator, la ficha incluida en el Plan detalla que tanto el conjunto residencial como el complejo hotelero están amparados en licencias ilegales otorgadas sobre un suelo calificado por el anterior PGOU como sistema general de equipamiento cultural-social, y como consecuencia de ello se produce «un incremento considerable de aprovechamiento sin la correspondiente reserva de suelo dotacional necesaria».
Para la regularización del hotel, el documento urbanístico fija un ámbito de ordenación integrado en el que la empresa aporta un 50 por ciento de suelo dotacional, tanto de equipamiento como de espacios libres públicos respecto de la supeficie total.
De ese modo, la legalización del hotel tiene como compensación el mantenimiento como suelo de equipamiento público el terreno sobre el que se levanta el edificio de 99 aparamentos.
27 apartamentos
Sin embargo, en la solicitud para obtener la licencia de primera ocupación, el hotel ofrece la entrega al Ayuntamiento de Marbella de sólo 27 de los 99 apartamentos, además de 27 garajes y un local, todo por un total de 5.056 metros cuadrados, emplazados en el portal cuatro del edificio. Además, se ofrece a ejecutar las obras de urbanización correspondientes a la plaza pública, que sería cedida al Ayuntamiento.
A cambio, reclama que se establezca el uso residencial para los 72 apartamentos restantes, manteniendo la edificabilidad y la densidad ya existentes, y la concesión de la licencia de primera ocupación y de apertura provisional al hotel.
Historia polémica
La historia del hotel Senator ha estado marcada por la polémica. Antes de que la comisión gestora se hiciera cargo del Ayuntamiento, los gobiernos municipales del GIL habían dictado cuatro órdenes de paralización, pero ninguna de ellas habían sido ejecutada, una situación que sólo encuentra explicación en el extravagante mandato de Marisol Yagüe al frente de la ciudad.
Posteriormente, fue la propia gestora la que propuso a la Consejería de Obras Públicas que se barajara el uso social del edificio o de parte de él como fórmula compensatoria para conseguir su regularización urbanística.
La construcción del Senator y del edificio contiguo, según el propio José María Rossell, presidente de Hoteles Playa requirió de una inversión de 30 millones de euros, por lo que su precinto supone para la sociedad un lucro cesante de dos millones de euros anuales, según sus propias estimaciones.
Fuente: http://www.diariosur.es/20080730/marbellaestepona/hotel-senator-acoge-adelanto-20080730.html
Publicado el 30/07/2008 a la(s) 11:29
Por Plataforma 29-marzo
El portavoz del gobierno municipal, Félix Romero, afirma que los tribunales podrían declararlas como ilegales · Algunas están pendientes de las alegaciones al PGOU
Adolfo Valenzuela / Marbella | Actualizado 30.07.2008 - 05:01
El acuerdo alcanzado entre el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía para ir regularizando las viviendas ilegales de la era GIL no tiene un carácter definitivo. El portavoz del equipo de gobierno, Félix Romero (PP), matizó ayer que se podría dar el caso de que algunas de las licencias de primera ocupación que se concedan, provisionalmente, en los próximos tiempos, "decaigan" cuando un tribunal las declare nulas por ser "ilegal" su mantenimiento en el planeamiento urbanístico.
Es decir, las personas que soliciten estos permisos para normalizar sus casas antes de que se apruebe el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), no las tienen todas consigo si su promoción está inmersa en algún procedimiento judicial derivado de las 997 impugnaciones que hizo el Gobierno andaluz en los 15 años de gilismo.
Así, los vecinos podrían ver en un futuro que su inmueble vuelve a quedar en un limbo jurídico, a pesar de que el PGOU que está elaborando Manuel González Fustegueras lo legaliza. En esta situación, los afectados no podrían pedir indemnizaciones de ningún tipo al Consistorio, ya que en el convenio, promovido por ambas administraciones, se deja claro que no se podrán exigir responsabilidades municipales si los jueces fallan en contra de las licencias concedidas por las corporaciones gilistas. Tampoco tendrán opción de hacerlo los propietarios que soliciten los permisos provisionales de apertura para sus establecimientos comerciales, según comentó Romero.
Por otra parte, aunque esta opción parece más complicada a priori, la regularización de algunas edificaciones podrían peligrar si se aceptan alegaciones presentadas al PGOU que impidan su normalización.
Asimismo, el portavoz de los populares quiso salir al frente de las acusaciones realizadas el lunes por colectivos vecinales y ecologistas en las que criticaban el acuerdo por no estar acompañado de informes del secretario municipal y del Consejo Consultivo de Andalucía. En su opinión, al tratarse de "una declaración política" no tiene los "efectos jurídicos inmediatos" de una normativa, por lo que los servicios técnicos del Ayuntamiento sólo tendrán que informar "jurídicamente" de las licencias que se vayan solicitando.
Fuente: http://www.malagahoy.es/article/provincia/192489/las/licencias/regulara/marbella/podrian/ser/invalidadas/por/los/jueces.html
Publicado el 29/07/2008 a la(s) 18:50
Por Plataforma 29-marzo
28.07.2008 - MIGUEL NIETO
MARBELLA, todos contentos con el pacto urbanístico, faltaría más. Los promotores hacen palmas con orejas de elefante africano, más grandes que las de los malayos. Escama. Como todo guionista sabe, que te adivinen el desenlace de la 'peli' es un demérito imperdonable: no sólo qué va a pasar, sino cómo y de qué manera. Suena a chiste aunque son cosas serias. Toda la desvergüenza, la caradura, la rapiña de la panda de sanguijuelas que gobernó esta ciudad va a quedar en libreto de vodevil. Apuntes rápidos: los cientos de denuncias por construir viviendas ilegales se amazacotan y les salen, máximo, a tres años de condena. Hasta Roca está largando. Se ha puesto de moda salvar los muebles y mirar no para otro lado sino justo para el lado opuesto donde todo ocurría. Igual pensaban que los edificios sobre zonas verdes, las urbanizaciones en suelo rústico, los ladrillos en parcelas para centros de salud y hormigonar presuntas escuelas quedarían, mal menor, en un purgatorio sin caducidad. Nadie en un su sano juicio iba, pese al yunque de la legalidad, a demoler 30.000 viviendas con propietarios dentro. Este pueblo es amable. También serio. El chalaneo fulmina problemas pero atufa. Gil montó su celebrado PGOU, su plan de 'Ordeñación'. Ahora pactan otro: 'Pasteleo Generoso de Ordenación Urbana'. La dignidad, y hasta la moral, tocadas. Pero da igual, siempre barritan los mismos. Con fuerza.
Fuente: http://www.diariosur.es/prensa/20080728/opinion/pasteleo-urbano-20080728.html
Publicado el 29/07/2008 a la(s) 18:42
Por Plataforma 29-marzo
Vecinos impugnarán el acuerdo que regulariza las ilegalidades del GIL
Colectivos sociales y ecologistas recuerdan que la decisión pactada por la Junta y el Ayuntamiento no está acompañada de informes favorables del secretario municipal
Adolfo Valenzuela / Marbella | Actualizado 29.07.2008 - 01:00
"Aquí ha habido una amnistía que se ha cocinado por la puerta trasera". Con estas palabras, varias asociaciones de vecinos y de ecologistas expresaron ayer su rechazo al acuerdo alcanzado por el Ayuntamiento de Marbella y la Junta de Andalucía para regularizar las viviendas y comercios ilegales que se construyeron durante la era GIL.
A pie de las obras del hotel Senator, una de las construcciones que mejor simboliza la ocupación de zonas destinadas a equipamientos públicos, Rafael Avila Bayón, portavoz de la Plataforma 29-marzo, que engloba a un buen número de colectivos sociales del municipio, anunció que en los próximos días se va a impugnar la propuesta que el viernes aprobó en solitario el gobierno de Ángeles Muñoz (PP).
Como aún no han tenido tiempo suficiente para estudiar las acciones que van a llevar a cabo, Bayón comentó que ahora se analizará si la impugnación la realizará únicamente la Plataforma 29-marzo, donde están presentes Ecologistas en Acción, varias comunidades de propietarios afectados por las obras irregulares y distintos colectivos vecinales, o si cada uno de éstos elaborará la suya para que la presión sea mayor.
El portavoz de la asociación dudó de la legalidad del acuerdo alcanzado entre ambas administraciones porque normaliza la situación de una serie de inmuebles irregulares, a pesar de que ni siquiera se han contestado las más de 8.000 alegaciones que presentaron los vecinos tras la aprobación inicial del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).
Otro punto que ha enfadado bastante a los afectados por las casas levantadas ilegalmente durante los años gilistas es que el polémico acuerdo no viene acompañado de informes técnicos favorables del secretario municipal. Tampoco ha sido consensuado con los colectivos que durante lustros denunciaron la corrupción urbanística de Marbella, por lo que dudan de que sea una solución "impecable jurídicamente", tal y como señaló la semana pasada el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas (PSOE).
La nueva situación es tan "grave" para los perjudicados por el cemento, que la portavoz de la asociación de vecinos Arroyo Guadalpín, Mercedes Vázquez, no descarta denunciar por "daños y perjuicios" al Consistorio marbellí, ya que considera que este pacto alcanzado con el Gobierno andaluz pone en evidencia que sólo ha habido preocupación por satisfacer las peticiones de las personas que compraron de buena fe sus pisos en inmuebles que atentaban contra el PGOU de 1986.
Más duro se mostró otro representante de la misma asociación, Alejandro Dogan, que criticó que "los partidos políticos, que siempre se llevan tan mal, sólo se ponen de acuerdo cuando hay dinero de por medio". En ese sentido, apuntó que el hotel Senator, construido por el grupo Hoteles Playa y cuya licencia fue suspendida por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en diciembre de 2004 por invadir una parcela de equipamiento público, ahora podrá abrir sus puertas si cede 98 de sus apartamentos al Ayuntamiento. "Es como si un ladrón pone de fianza el dinero que ha robado para salir de la cárcel", comentó Dogan, que recordó como distintas organizaciones cívicas han propuesto que el inmueble sea entregado al Consistorio para que tenga usos sociales, como una residencia de ancianos o una escuela de idiomas.
Asimismo, la dirigente vecinal Mercedes Vázquez mostró su temor de que el acuerdo consensuado por el gobierno de Ángeles Muñoz y la Junta termine afectando a los procedimientos judiciales que se abrieron contra las edificaciones ilegales. ¿Los motivos? Existen varias sentencias firmes del TSJA que ordenan la demolición total o parcial de obras que están pendientes de la aprobación definitiva del PGOU. En ese caso se encuentra la promoción de apartamentos de lujo Jardines del Príncipe, de la que se tendría que derribar casi el 70% del complejo para dejar sólo en pie la parte que se ajusta a la norma urbanística vigente.
Pero no todas las piezas del puzzle marbellí opinan lo mismo sobre la ejecución anticipada del PGOU que permitirá legalizar las tropelías del pasado. El presidente de la Asociación de la Pequeña y Mediana Empresa de Marbella (Apymem), Antonio Núñez, se mostró ayer satisfecho con la posibilidad de que se conceda licencia de apertura a casi un millar de locales comerciales, que desde hace demasiado tiempo se encuentran en un limbo jurídico. De hecho, la organización empresarial ha centrado sus esfuerzos "humanos y económicos" de los dos últimos años en buscar fórmulas jurídicas que posibilitasen conseguir esos permisos en precario hasta que el nuevo PGOU lograse la aprobación definitiva.
Por otra parte, el presidente de la plataforma vecinal que se creó en contra de los derribos, José Ortiz, se mostró ayer cauto a la hora de valorar la moción aprobada el viernes, debido a que está pendiente de mantener una reunión con la alcaldesa para que ésta le explique los pormenores del acuerdo. Quienes siguieron ayer defendiendo su abstención en el Pleno del viernes fueron los concejales del PSOE, que insistieron en que el pacto no ha sido rubricado por ningún responsable autonómico, y que tampoco cuenta con informes favorables del secretario. Su secretario provincial, Miguel Ángel Heredia, que ofreció una rueda de prensa en Marbella, intentó eludir la cuestión e hizo hincapié en que la Junta apuesta por buscar "soluciones" para los vecinos y evitar las "confrontaciones" planteadas por el PP.
Fuente: http://www.malagahoy.es/article/malaga/191661/vecinos/impugnaran/acuerdo/regulariza/las/ilegalidades/gil.html
Vecinos y ecologistas, contra la legalización del Senator
La legalización en el nuevo PGOU del hotel Senator es un ejemplo de aplicar la "ley de punto y final", según los vecinos . P. S.
Aseguran que la aplicación anticipada del PGOU es "una amnistía encubierta" para los edificios ilegales y adelantan que van a impugnarlo
PRINCESA SÁNCHEZ. MARBELLA
Anticipar la ejecución del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella es ilegal. Ecologistas en Acción y varias asociaciones de vecinos de la ciudad se basaron en este argumento para manifestar ayer su oposición a esta propuesta, planteada por el gobierno municipal del PP y la Junta de Andalucía, y anunciaron su intención de impugnarla ante el propio Ayuntamiento.
"Es una amnistía encubierta, una legalización por la puerta de atrás", denunció el activista Rafael Ávila, quien puso como ejemplo la situación del hotel Senator.
"En el avance del Plan General se suponía que la propiedad iba a compensar a Marbella, con parte del edificio para usos públicos como la creación de una residencia de mayores", recordó.
Ahora ya no. "Los propietarios del hotel van a poner como aval los 98 apartamentos que hay en la parte trasera. Es como si un juez le pide fianza a un ladrón y le paga con el dinero robado", afirmó el representante del colectivo vecinal Guadalpín, Alejandro Dogan.
Normativa. Los demandantes creen que el pacto no ofrece seguridad jurídica, ya que ofrece licencias de primera ocupación y apertura "en precario" a construcciones aún por regularizar sin adjuntar informes que garanticen el cumplimiento de la Ley.
"El propio acuerdo establece la provisionalidad de la solución" y al ser un convenio político del que "no derivan consecuencias jurídicas" no requiere de estos informes, explicó a este diario el portavoz del PP, Félix Romero, quien avanzó que cada una de los permisos otorgados si lo incluirá.
Fuente: http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008072900_4_195702__Municipios-Vecinos-ecologistas-contra-legalizacion-Senator
Ecologistas y vecinos impugnan la puesta en marcha anticipada del PGOU
Califican la decisión del Ayuntamiento de «amnistía encubierta de ilegalidad». Critican que no habrá compensaciones y que la ciudad no recuperará suelo
29.07.08 - JOSÉ ANTONIO GARCÍA
Ecologistas en Acción y vecinos anunciaron ayer su intención de impugnar la decisión del equipo de gobierno del Ayuntamiento de Marbella de ejecutar de manera adelantada del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) en tramitación. Apoyada por los representantes vecinales de las zonas de Arroyo Guadalpín y El Cruce en San Pedro Alcántara, la plataforma, a través de su portavoz, Rafael Ávila, calificó la actuación del Ayuntamiento de una «amnistía encubierta de actuaciones fuera de ley, de ilegalidad, a espaldas del ciudadano».
Ávila, con el hotel Senator como telón de fondo, «ejemplo de la caótica política urbanística de los últimos años», recordó que el «gran perjudicado» de esta decisión del Ayuntamiento es el «pueblo de Marbella, al que se le negarán todas las infraestructuras que necesita». El referido edificio, a juicio del portavoz de los ecologistas, aparecía en el avance del PGOU como «normalizable» mediante la fórmula de «compensar a la ciudad con parte del mismo para uso público».
Ecologistas en Acción justificó la impugnación de la ejecución anticipada del documento urbanístico, que se aprobará definitivamente en el primer trimestre de 2009, en dos cuestiones. «Carece de seguridad jurídica», expuso Ávila, quien lamentó que el equipo de gobierno no comunicará antes su intención. Según el portavoz, el servicio jurídico del Ayuntamiento no fue consultado.
Sin contestación
«Tampoco hay informes al respecto», estimó. La contrariedad alcanza su máxima expresión, concretó Ávila, cuando se da la circunstancia de que las alegaciones no fueron todavía contestadas, «por lo que cabe la posibilidad de que el PGOU tuviera que se nuevamente expuesto».
La plataforma se atrevió incluso a anotar que «no habrá compensaciones» por parte de los promotores con esta puesta en marcha adelantada del PGOU. «Al final aquí se legalizará todo y a la ciudad no le será devuelto su patrimonio de suelo», informó.
Alejandro Dogan y Juan Antonio García, en representación de la asociaciones de vecinos Arroyo Guadalpín y El Cruce, se asombraron de que justo en este tema los partidos los partidos políticos «se pongan de acuerdo», en relación a una iniciativa en principio consensuada entre el propio Ayuntamiento y la Junta de Andalucía. «Aquí nadie cuenta con el pueblo de Marbella, que vuelve a ser engañado», citó Dogan. Coincidieron en destacar que ni se respeta la ley ni tampoco las sentencias judiciales. Ambas administraciones «han cocinado un documento que es un paso adelante hacia una ley de punto final», recalcó Ávila.
Fuente: http://www.diariosur.es/20080729/marbellaestepona/ecologistas-vecinos-impugnan-puesta-20080729.html
Ecologistas ven una 'amnistía encubierta' en Marbella
El Correo
Ecologistas en Acción y varias asociaciones de vecinos de Marbella impugnarán el acuerdo al que el Ayuntamiento y la Junta de Andalucía han llegado para conceder licencias provisionales a los edificios "fuera de ordenación" y que el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) prevé regularizar.
Según ha asegurado el portavoz del colectivo medioambiental en Marbella, Rafael Ávila, dicho acuerdo, aprobado en pleno ordinario el pasado viernes, representa una "amnistía encubierta" y conlleva la "legalización por la puerta trasera de actuaciones ilegales".
Ávila ha lamentado que desde que el PP alcanzó la Alcaldía del Ayuntamiento de Marbella se ha escuchado "el 'mantra diario' de que la culpa de todo lo que había pasado la tenía la Junta de Andalucía, pero ahora parece que no tiene culpa alguna".
Ha añadido que el acuerdo se ha elaborado "a espaldas del ciudadano" y ambas administraciones "han cocinado un documento que es un paso adelante hacia una ley de punto final".
El portavoz de Ecologistas en Marbella ha mencionado el caso del Hotel Senator como uno de los ejemplos de la citada "amnistía encubierta", un recinto que en el avance del PGOU aparecía como "normalizable" mediante la fórmula de "compensar a la ciudad con parte del edificio para uso público".
"Consideramos que el documento no tiene seguridad jurídica" ha sentenciado el ecologista quien ha apuntado además que "el servicio jurídico del Ayuntamiento no ha sido consultado" como otra razón para impugnar el documento ante el propio Consistorio.
Ávila ha asegurado además que "al secretario del Consistorio no se le ha pedido un informe" sobre dicho acuerdo y que las alegaciones al PGOU "no se han contestado".
A este respecto ha explicado que en el caso de que las "alteraciones contenidas en las alegaciones superen el quince por ciento, el Plan tendría que volver a exposición pública".
Asimismo, se ha mostrado sorprendido por que se pueda ejecutar un avance "en el que siquiera se han contestado las alegaciones" y ha lamentado en este sentido que proceder de esta manera es "ignorar y despreciar al pueblo".
Fuente: http://www.correoandalucia.com/noticia.asp?idnoticia=4424170093099099091091424170
Publicado el 25/07/2008 a la(s) 18:52
Por Plataforma 29-marzo
El consejero de Vivienda, Juan Espadas, se muestra «satisfecho» por el acuerdo con el Ayuntamiento que permitirá adelantar de forma provisional la ejecución del PGOU.
Promotores y comerciantes aplauden la medida para «reactivar» la economía de la ciudad
25.07.08 - M. J. CRUZADO
LA MOCIÓN
La moción que hoy presentará el equipo de Gobierno para su aprobación en el pleno municipal contempla las siguientes premisas:
-- Licencias de apertura o primera ocupación en edificios que contravengan el PGOU de 1986: Están condicionadas a su inscripción registral. Los afectados deberán unir a la solicitud su renuncia expresa a cualquier indemnización en el caso de que el PGOU definitivo no ampare su viabilidad jurídica. Hasta su aprobación, mantendrán su carácter «precario». En el caso de primera ocupación, los promotores deberán avalar la compensación que recoge el PGOU.
-- Licencias de apertura o de primera ocupación en edificaciones fuera del ordenamiento que han prescrito: Se concederá la licencia y las obras de reforma siempre que su uso no contradiga el Plan.
El consenso en empezar a otorgar licencias de apertura y primera es absoluto. Pocas veces una decisión política ha arrastrado tantos adeptos. Promotores, comerciantes, vecinos, partidos e instituciones alaban la «valentía» del Ayuntamiento de Marbella de conceder licencias en base a un plan urbanístico que podría aprobarse de forma provisional en septiembre y de manera definitiva en los primeros meses del próximo año. La mayor garantía es el aval de la Junta de Andalucía que, a la postre, será quien dé luz verde al PGOU. Las declaraciones efectuadas ayer en Sevilla por el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas, daban el espaldarazo definitivo a la iniciativa y demostraba la buena sintonía entre ambas instituciones. Espadas se mostró «muy satisfecho» con el trabajo realizado por el Ayuntamiento hasta el punto de calificar de «jurídicamente impecable» las condiciones de ese «plan de transición» que permitirá regularizar 18.407 viviendas de las 30.000 ilegales que quedaron fuera del Plan de Ordenación de 1986 actualmente en vigor además de amparar a 600 comerciantes en situación de alegalidad.
Las alabanzas del consejero son lógicas teniendo en cuenta que el documento que hoy se presentará en pleno para su debate y posterior aprobación ha sido fruto de intensas negociaciones entre Ayuntamiento y Junta que, durante meses, han dejado al margen el distinto color político de sus dirigentes por un bien común: la economía. No en vano, Marbella es una de las principales fuentes de ingresos de la provincia y de la comunidad autónoma, ingresos que estaban mermando como consecuencia de la paralización del PGOU que tiene al Ayuntamiento atado de pies y manos en urbanismo, su gallina de los huevos de oro junto al sector turístico. Espadas llegó incluso a poner fechas a la aprobación definitiva del PGOU marbellí anunciando que podría estar listo para finales de este año. De paso mandó un «mensaje» al líder el PA andaluz, Javier Arenas, asegurándole que la Junta sí sabe «priorizar lo importante». Y Marbella lo es.
El PSOE fue más comedido a la hora de valorar el anuncio de la concesión de licencias que el miércoles realizaba la alcaldesa, Ángeles Muñoz. La portavoz socialista, Susana Radío, ha exigido un informe técnico a los servicios jurídicos municipales que «garantice» la legalidad de las medidas que contempla el acuerdo «para que no haya sorpresas de última hora» con la aprobación definitiva del PGOU.
IU, en contra
Tanto Radío como Enrique Monterroso, portavoz del grupo municipal de IU, se abstuvieron ayer en la votación de la comisión informativa extraordinaria para la ejecución anticipada del plan. Monterroso llegó a anunciar que hoy votará en contra por tratarse de «un acuerdo por debajo de la mesa con la Junta de Andalucía para bendecir todas las ilegalidades».
Los promotores, por su parte, no caben en sí de gozo. «Es una de las noticias urbanísticas más importantes desde hace mucho tiempo; nos da mucha alegría, es una medida que contenta a todos porque por primera vez empiezan a verse soluciones», apuntó ayer José Prados, presidente de la Asociación de Constructores y Promotores de Málaga. La noticia no les ha caído por sorpresa. Prado reconoce haber mantenido «conversaciones» con la alcaldesa y el consejero para que todas las partes implicadas estén satisfechas de la solución final. «Los promotores tienen ahora un mayor margen de maniobra porque pueden entregar legalmente los pisos a sus dueños; y éstos, pueden realizar por fin la escritura, subrogar la hipoteca con su entidad bancaria y tener legalmente el suministro de agua y de luz en sus viviendas. Hasta los bancos salen ganando».
Provisional
Para el representante de los promotores malagueños no se trata de una medida de carácter provisional porque, según apuntó, «no habrá ninguna institución que se oponga a los términos del documento porque a ninguna le interesa. Esta decisión beneficia a todos». La recién constituida Mesa de la Construcción, en la que participan los colegios oficiales de Arquitectos, Aparejadores, Ingenieros y la propia Asociación de Promotores, también dio el visto bueno a la iniciativa, recordando la importancia de «recuperar la seguridad jurídica».
La medida no sólo beneficiará a promotores y compradores de inmuebles que quedaron fuera del plan de ordenamiento de 1986, aún vigente. También permitirá regularizar la situación de unos 600 comercios -concretamente 587- que desde hace años piden a gritos una licencia de apertura o de obras para efectuar reformas en el local. En algunos casos, como apunta Miguel Gómez Molina, presidente del Centro de Iniciativas Turísticas (CIT) de Marbella, superan los diez años de espera. A partir del próximo lunes podrán solicitar nuevamente la licencia con la confianza de que, en esta ocasión, les será concedida.
Sólo hay un pequeño requisito: los beneficiarios deberán adjuntar junto a la solicitud su renuncia expresa a cualquier tipo de indemnización que pudiera pertenecerles en caso de finalmente el PGOU no ampare la viabilidad jurídica del edificio en cuestión. Algo que, en principio, no debería pasar.
Una vieja reivindicación
Gómez ha acogido con los brazos abiertos la concesión de licencias en base a la redacción provisional del plan. «Va a impulsar la economía local y las arcas municipales», comenta. «Es una demanda largamente acariciada por los empresarios que no pueden trabajar en precario pero, sobre todo, supone volver a la normalidad». Él también está convencido de las garantías jurídicas del proyecto. «Siempre queda la duda de que pueda haber cambios en la aprobación definitiva del PGOU, pero cuando el Ayuntamiento y sus servicios jurídicos han tomado esta decisión es porque hay consenso».
Hasta los abogados marbellíes están satisfechos. «Nuestros clientes están muy contentos porque llevan años pleiteando para conseguir la legalidad», comenta Alejandro Criado, miembro de la Sección de Seguimiento del PGOU del Colegio de Abogados en Marbella. Una solución que Criado calificó de «flexible» sin olvidar, dijo, que «fue la gestora quien puso el germen».
Fuente: http://www.diariosur.es/20080725/marbellaestepona/junta-considera-impecable-concesion-20080725.html
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