La participación fomenta el debate y aumenta las posibilidades de que cualquier toma de decisión contará con la aprobación de una mayoría consciente.
Conchi : Increíble, la rapidez para demoler éstas y no las miles de edificaciones que adornan nuestro país.
Conchi : Marbella recuerda una fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él ........
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Publicado el 30/10/2008 a la(s) 16:13
Por Plataforma 29-marzo
El Ayuntamiento recurrirá el fallo que anula la reforma y los ecologistas admiten que no tendrá repercusión real .- El consistorio da a conocer otra sentencia que le da la razón respecto a un concurso de la vía
ELPAÍS.com - Madrid - 29/10/2008
El Ayuntamiento de Madrid recurrirá la sentencia dictada de 16 de octubre por el Juzgado número 22 de Madrid y conocida ayer, que anula una resolución sobre las obras de la M-30 en la zona del Manzanares y da la razón a Ecologistas en Acción. Esta organización ambiental ha celebrado lo que considera una victoria, aunque ha admitido que el fallo no tendrá repercusión real. Pero esta batalla judicial que el Ayuntamiento mantiene desde hace años con oposición y ecologistas ha dado hoy una nueva vuelta de tuerca con otra sentencia, en este caso del Juzgado Contencioso Administrativo número 18, que da razón al consistorio. Se refiere a una denuncia que partía de los socialistas y la ha hecho pública hoy el consistorio y eso que está fechada el 13 de octubre, dos días antes. Sin embargo, el alcance de este fallo es mucho menor, ya que se refiere a el concurso para la explotación de la reforma de la M-30, pero no a la obra misma.
Un juez anula la obra de la M-30
Obras de reforma de la M-30
GRAFICO - El Pais - 14-05-2007
Localización de las principales reformas llevadas a cabo en la M-30 y otros grandes viales de Madrid -
Varapalo al Ayuntamiento de Madrid
DOCUMENTO (PDF - 57,19Kb) - 29-10-2008
El fallo que da la razón al Ayuntamiento
DOCUMENTO (PDF - 6,73Mb) - 29-10-2008
En una entrevista en el programa El Círculo a Primera Hora de Telemadrid, la delegada de Medio Ambiente, Ana Botella, ha manifestado que el consistorio recurrirá la sentencia "en su momento" y ha elogiado la obra de la M-30 por la que asegura será recordado el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón. En todo caso, el equipo de Gobierno municipal no está en absoluto preocupado por la sentencia de un Juzgado de Madrid que da la razón a Ecologistas en Acción en contra de los proyectos de los túneles de la M-30 porque considera "finiquitado" el asunto en los tribunales.
Así lo ha dicho la delegada de Urbanismo, Pilar Martínez, en declaraciones a un grupo de periodistas tras la firma de un acuerdo para la erradicación del chabolismo. Según Martínez, el recurso que el Ayuntamiento presentará contra la sentencia hecha pública ayer por la ausencia de declaración de impacto ambiental en los proyectos de soterramiento llevará el asunto de nuevo al Tribunal Superior de Justicia de Madrid, que ya ha dado la razón al consistorio en este tema en dos ocasiones.
"Ilegales desde el principio"
Por su parte, Ecologistas en Acción ha dicho que las obras de ampliación de la M-30 son "ilegales desde el principio", pero la sentencia "no tendrá repercusiones reales", ya que si se volvieran a demoler, se abriría un nuevo período de "auténtica tortura" para los vecinos. Los portavoces de la oposición en el Ayuntamiento de Madrid, David Lucas (PSM) y Angel Pérez (IU), han coincidido en denunciar que la tardanza con que se pronuncian los tribunales sobre asuntos de interés público, como la declaración de impacto ambiental para la construcción de los túneles de la M-30, impide que se puedan ejecutar las medidas correctoras. "Que se diga años más tarde, la única reflexión que me provoca es que debería haber un tribunal que vigilara a los tribunales", ha argumentado Pérez.
En ese mismo sentido se ha pronunciado Lucas, para quien las sentencias "llegan muy tarde, cuando ya no se pueden ejecutar las medidas que hubieran impedido los desmanes". Pero por si el enredo judicial fuera sencillo, el Ayuntamiento ha dado a conocer esta mañana una nueva sentencia al respecto, con la salvedad de que esta vez les da la razón. La ha dictado el Juzgado Contencioso Administrativo número 18 de la capital y la denuncia no partía de los ecologistas sino de la oposición.
Este nuevo fallo favorable al Ayuntamiento, de fecha 13 de octubre pasado, desestima un recurso interpuesto por el ex concejal socialista Félix Arias contra la resolución municipal de 28 de julio de 2005 por la que se adjudica el concurso para la gestión del servicio público de reforma, conservación y explotación de la M-30 mediante sociedad mixta. El Juzgado confirma la resolución del Ayuntamiento "al entender que se ajusta a derecho", después de rechazar una a una todas las pegas planteadas por el edil del PSOE, entre ellas la falta de competencia del Pleno para llevar a cabo el acuerdo impugnado y la vulneración de las leyes de estabilidad presupuestaria y de haciendas locales.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/espana/Guerra/sentencias/M-30/elpepuespmad/20081029elpepunac_13/Tes
Publicado el 29/10/2008 a la(s) 17:04
Por Plataforma 29-marzo
El documento modificado establece la parcela de la sede como privada, frente a la propuesta inicial de Fustegueras que la fijaba como equipamiento público
PRINCESA SÁNCHEZ.-MARBELLA
Si en algún momento existió otra posibilidad, ya se ha desvanecido. Los cerca de medio millar de alumnos que estudian música y danza en el conservatorio municipal de Marbella se verán obligados a mudarse a finales de año, un destino que se refleja en la reciente modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ha efectuado el equipo redactor que encabeza el arquitecto Manuel González Fustegueras, bajo los criterios del gobierno municipal del PP.
Según ha podido comprobar La Opinión de Málaga, el nuevo documento urbanístico, pendiente de aprobación provisional, establece la parcela de 1.700 metros cuadrados que ocupa la actual sede como suelo privado, con la calificación especial de casco histórico que le confiere su ubicación en pleno centro de la ciudad, en la plaza Puente Ronda. Una situación muy diferente a la que Fustegueras había dibujado en un primer momento, al otorgarle el tratamiento de equipamiento público, una calificación que ponía sobre abría la posibilidad de que el Consistorio se hiciera con la titularidad del edificio para mantener su, hasta ahora, consolidado uso.
Ahora, la nueva calificación urbanística ha precipitado el futuro del conservatorio. A finales de diciembre, vence el contrato de alquiler que el Ayuntamiento ha mantenido durante quince años con los propietarios del inmueble, la sociedad familiar de la que forma parte el concejal de Sanidad, Antonio Maíz, cuyo cargo público le imposibilita mantener este beneficio privado y, por tanto, renovar el contrato.
Incompatibilidad.
La Ley de Contratos del Sector Público, que entró en vigor el pasado abril, prohíbe a las administraciones públicas contratar con aquellas sociedades en las que participe un concejal por cuantía superior a un 10%. En este caso, Maíz pertenece al 33,3% a esta sociedad, por lo que no ha percibido la parte proporcional de los alrededor de 6.000 euros mensuales que le corresponde por el alquiler, indicó él mismo a este diario.
La redacción del nuevo PGOU fuerza el traslado de la actual sede a otra ubicación, aún en el aire, al aceptar las alegaciones de la sociedad familiar y mantener la parcela como suelo privado. Así, se elimina la opción de que el Consistorio incorpore el edificio al patrimonio municipal. "Nunca ha sido suelo público, siempre ha sido una parcela privada", justificó a este diario el concejal de Sanidad, quien aseguró mantenerse al margen de estos asuntos.
Regularización.
Su compañero de partido, el edil de Medio Ambiente, Antonio Espada también se ve envuelto en un asunto de incompatibilidad, denunciado por el PSOE, pero la redacción del uevo PGOU aligera la dificultad urbanística. Espada es accionista, al 50%, de la empresa de materiales de construcción La Juanita, a la que el gobierno del PP le adjudicó dos contratos públicos, por un valor total de 230.000 euros.
La sede de La Juanita se ubica en unos terrenos calificados inicialmente como equipamiento público y previstos para la ampliación del cementerio, un servicio que el PP tiene previsto trasladar a unos terrenos de cerca de 200.000 metros cuadrados cercanos al municipio de Istán.
Ahora, en el nuevo PGOU, la situación de La Juanita mejora, según las fuentes consultadas, "al no ser incompatible" con la actividad económica. El documento urbanístico lo califica como suelo no urbanizable, lo que "no impide que se mantenga ahí". Un dato que Espadas afirmó desconocer hasta el momento.
Fuente: http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008102100_4_212403__Municipios-PGOU-fuerza-traslado-conservatorio-Marbella
Los profesores del Conservatorio, en pie de guerra por el inminente desalojo
29.10.08 - M. J. CRUZADO
Los profesores del Conservatorio de Música y Danza de Marbella mostraron ayer su indignación ante el inminente desalojo del edificio. A través de un comunicado, el colectivo explicó que ha perdido las dos sedes para dar clases, «tanto la de Marbella como la de San Pedro en tan sólo año y medio» y criticó que no haya reserva prevista en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que les compense a ellos, y a los 493 futuros licenciados.
La carta, firmada por el claustro de profesores, explica que las matrículas «están hechas y cobradas» y los expedientes académicos de los alumnos «en marcha», alertando de la posibilidad de que les corra convocatoria con el consiguiente perjuicio que significaría para los alumnos. Aseguran que, tras sobrevivir «a la etapa más oscura en la que la cultura no era rentable» y tras 22 años de historia «sienten vergüenza ajena» de este desalojo por lo que exigen que se asuman responsabilidades.
Esta crítica se une a la efectuada recientemente por la Asociación de Comerciantes y Profesionales del Casco Antiguo de Marbella que defendió la ubicación del Conservatorio en la plaza Puente Ronda. El colectivo asegura que este espacio cultural mueve a un millar de personas al día entre alumnos y padres, lo que da vida al centro y a los negocios de la zona.
Fuente: http://www.diariosur.es/20081029/marbellaestepona/profesores-conservatorio-guerra-inminente-20081029.html
Los profesores del Conservatorio de Marbella se preguntan ¿cómo es posible llegar a esta miserable situación?
En una carta dirigida a los políticos marbellíes denuncian que después de 22 años lamentan la desidia recibida
Parecen haber llegado al límite del aguante. Los profesores del Conservatorio de Música y Danza de Marbella han remitido una carta a los políticos locales, especialmente a los integrantes del equipo de Gobierno, para darles a conocer, si es que ya no lo conocen, su "punto de vista e inquietud sobre el abandono forzoso del edificio que es sede de nuestro centro".
En su escrito lamentan que "cuando pacientemente esperábamos que llegara el día en que se pusieran manos a la obra para conseguir algo tan simple como la homologación de las asignaturas de grado medio (tarea que no necesita inversión alguna solamente trabajo y eficacia) o la posibilidad del bachillerato artístico en música y danza que enriquecería la formación de toda la comunidad educativa de Marbella, sorprendentemente nos encontramos en abril pasado con la noticia de que la normativa de incompatibilidad afectaba a uno de los dueños de la casa que ocupamos". Pero además, señalan, "si esta novedad nos asombró, más estupefactos nos dejó la decisión de que finalmente fuéramos alumnos y profesores los que tuviéramos que irnos: ningún mal, en este caso, es peor que la decisión de jugar con la oficialidad de 493 carreras de futuros licenciados en música, danza e interpretación, solo en Marbella"
Recuerdan como desde abril pasado, y a instancias del equipo de Gobierno "hemos permanecido callados" hasta que ahora se les comunica oficialmente la salida definitiva del centro. Recuerdan como se consiguió la idoneidad del edificio que actualmente ocupan invirtiendo 400 millones del año 94 y tampoco han sabido si la posibilidad de la expropiación estaba prevista. Pero el desaliento también se produce en San Pedro Alcántara "donde actualmente compartimos aulas en un instituto, sin proyecto de futuro".
Los profesores, a estas alturas, dicen no querer oír hablar de que éste sea un problema irresoluble, "cuando no les tembló el pulso a la hora de cambiar la denominación del suelo de la actual sede". Por ello indican que el gobierno local no está en condiciones de pedir un esfuerzo por parte de alumnos, padres y profesores, "cuando son los máximos y únicos perjudicados. Queremos saber cuál es el esfuerzo que han realizado ustedes para paliar esta situación".
A modo de resumen del último año y medio destacan que se hayan perdido las dos sedes, tanto en Marbella como en San Pedro, que no haya reserva de suelo en el nuevo Plan General para ningún centro de educación artística, ni en Marbella, ni en San Pedro y lo que entienden mas hiriente "que el edificio que actualmente ocupamos ha cambiado su calificación urbanística de equipamiento educativo-conservatorio a vivienda".
Hasta aquí, prosigue el escrito, la labor política. "Del grado medio mejor no hablamos. La realidad es que las matrículas oficiales están hechas y cobradas, el expediente académico de los alumnos, en marcha. Pero las posibilidades de que dichos alumnos se vayan a adaptar a los vaivenes de ubicación son dudosos, y les recordamos que estas son carreras, carreras, y corren las convocatorias".
Terminan su carta-denuncia preguntándose "¿cómo es posible llegar a esta miserable situación? ¿Estamos hablando de dinero? ¿Quiénes y en cuánto se benefician?", y concluyen con el deseo de "no ser los únicos que sienten vergüenza, aunque en nuestro caso sea vergüenza ajena. Que la Disciplina que contemplemos no sea la "disciplina de partido", y que la Responsabilidad que exigimos no se convierta en la extendida costumbre en política de echar balones fuera. Que cada palo aguante su vela".
Fuente: http://www.diariosol.es/php/noticia.php?id_categoria=78435ee1f962d61e0ad4be2bbbd0066c&id_noticia=8be86ea23a7d4de61202e48ae1c47d6b
Publicado el 27/10/2008 a la(s) 16:46
Por Plataforma 29-marzo
La expresión 'momento histórico' suele utilizarse para tantos temas menores que cuando el asunto realmente lo merece lo más probable es que esté demasiada gastada como para que tenga algún significado. Cuando además se refiere a un proceso tan largo y con tantas etapas que es difícil recordar en qué momento comenzó, la expresión está tan chamuscada que mejor es dejarla de lado. De modo que esta semana se ha aprobado, provisionalmente, el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de Marbella, pero para referirse al momento en que los concejales del PP y del PSOE levantaron al unísono sus manos, habrá que ahorrarse el adjetivo 'histórico'.
La travesía que ha tenido que andar la ciudad para remendar la catástrofe del GIL ha sido tan larga y ha estado signada de tantos hitos que en su momento parecieron fundamentales, que lo más probable es que el personal esté hastiado ya de su papel de testigo de una historia memorable.
Seguramente exista el deseo generalizado de regresar a una situación de normalidad que no se recuerda, pero cuya principal cualidad era que la mayoría de los vecinos no habían oído hablar en su vida de una disciplina llamada Urbanismo. Ni falta que les hacía. Tuvieron que aprenderla a la fuerza, algunos para entender por qué podían levantarse bloques de cemento que les cortaban las vistas y vejaban su intimidad, y otros para saber por qué el piso que habían comprado con aval municipal corría el riesgo de caer derribado.
El problema es que en un asunto donde circula tanto dinero y en el que los tiburones se mueven con una comodidad que asusta, volver a desentenderse no es seguramente la mejor opción. Habrá que regresar a la normalidad y a la calma. Pero la lección que se ha aprendido es que en el futuro posiblemente sea recomendable imitar al centinela que dormita con un ojo abierto.
La historia va dejando sus huellas. Y las huellas dejan víctimas. El Plan –a cuyo respaldo, para regocijo del consejero de Vivienda, se sumó el PSOE tras un, según aseguran, sosegado debate interno en el que no existieron órdenes superiores– tiene plan. Y el plan es pasar página. El pragmatismo, una vez más, se ha impuesto a la justicia.
Posiblemente ser justos hubiese requerido de una acción contundente que al parecer la ciudad no quería y que con seguridad no ha exigido. Tal reclamo hubiese requerido de una autocrítica que Marbella todavía se debe a sí misma y que posiblemente nunca se haga. La demagogia inherente a la actividad política tal y como se la entiende hoy en día impide decirle a una ciudad entera que se equivocó durante 15 años. Por lo tanto nadie dará el primer paso en la autocrítica. Con lo necesario que sería y lo antipático que resulta decirlo.
Pero si no hay autocrítica, por lo menos no estaría de más un reconocimiento a los afectados por el cemento levantado al amparo de la corrupción que les hurtó, ahora ya sabemos que para siempre, vistas, calidad de vida y valor de sus viviendas.
Ya que hay que pasar página, por lo menos debería admitirse que se trata de un mal menor, no de la panacea, y que se reconozca a los damnificados su condición de tales. Durante meses, los compradores de viviendas ilegales se adjudicaron la condición de ‘afectados por el PGOU’. Hoy, cuando las viviendas ilegales se disponen a dejar de serlo, sabemos que los afectados son otros.
Fuente: http://blogs.diariosur.es/blogmalayo/2008/10/27/los-afectados-son-otros
Publicado el 27/10/2008 a la(s) 16:40
Por Plataforma 29-marzo
El nuevo cuerpo de inspectores rastrea el territorio para conocer la realidad
DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 26/10/2008
"La Junta de Andalucía gana el 85% de los pleitos en materia de urbanismo que plantea, pero eso no nos sirve para arreglar el mundo". La proclama resulta más llamativa en boca de quien la pronuncia, el director general de Inspección de Ordenación del Territorio, Urbanismo y Vivienda, José Antonio Ortiz. Tener razón jurídica no basta ante la magnitud de lo que hay que arreglar, decenas de miles de viviendas ilegales repartidas por todo el territorio.
Sayalonga es ejemplo de colaboración municipal con la revisión urbanística
En una visita se pueden hacer 100 fotos, no hay que saltarse un detalle
La función represiva no es el fin último del nuevo cuerpo de inspección urbanística cuyos primeros 25 componentes tomaron posesión el pasado día 6. Su labor tiene como objetivo reconducir el desorden territorial, para lo que resulta estratégica la colaboración con los ayuntamientos. "No podemos imponer un modelo a los municipios, ni quitarles su capacidad de ordenar el territorio, lo que podemos ofrecer es colaboración e incentivarlos a que se impliquen en el control urbanístico", explica Ortiz.
La Junta ha dado prioridad a áreas con más problemática de construcciones en suelo no urbanizable: Valle de Almanzora, Axarquía, costa de Vejer, Freilas, Medina Azahara, Sierra de Aracena y Quesada, en la sierra de Cazorla. En la comarca de La Axarquía, donde se estima que pueden existir unas 10.000 viviendas en suelo no urbanizable, ya han aceptado siete ayuntamientos.
Uno de los lugares donde el plan está más avanzado es Sayalonga, cuyo alcalde, José Luis Navas (PSOE), manifiesta la "voluntad inequívoca" que exige la Junta. "Se nos brinda la oportunidad de intentar regularizar lo que existe y darle cobertura legal. Ahora no sabemos lo que realmente hay. Yo no voy a ser quien diga que antes de demoler algo me voy del pueblo", afirma. Aunque recuerda el caso de Marbella, donde "al final se van a legalizar casi 18.000 viviendas".
El plan de inspección persigue la normalización. "Tendrá que haber demoliciones, de eso no cabe duda. Siempre debe primar el interés general y si hay intereses particulares que no vulneren los generales, trataremos de conciliarlos en la medida de lo posible", afirma Ortiz.
Lo primero de todo es el conocimiento exhaustivo de la realidad. Eso exige patearse el terreno, en el caso de Sayalonga para dejar de suponer que existen 750 viviendas en suelo no urbanizable, y conocer cuantas exactamente y todo detalle sobre cada una de ellas.
Por eso el trabajo se prepara minuciosamente. En una reunión antes de cada visita se trazan los itinerarios y "se establecen criterios de trabajo para que sea sistemático, recordamos que hay que poner en común cualquier cosa y que hay que seguir el inventario", relata Emilia García, jefa de planificación de la inspección.
Para hacer el inventario de edificaciones se elabora una ficha de cada una de ellas con datos de localización, promotor, fase de ejecución, año de construcción, si está habitada, si se trata de primera o segunda residencia, la situación jurídica, si existen impugnaciones, si cuenta con licencia y si en ese caso se ajusta al proyecto. cada ficha tiene una foto y un plano se situación.
"Miramos si hay contadores, postes de luz, o gomas de agua que indican que no llega la red", explica García tras visitar una vivienda. Y es que en lugares donde no ha habido planeamiento, como la inmensa mayoría de los pueblos, si hay suministros de servicios, se puede considerar el suelo urbanizable.
En una misma visita Teresa Molí ha llegado a tomar 100 fotografías, aunque en otras basta con dos o tres. "Permiten recordar detalles como un volumen de edificación por ejemplo o mil cosas", cuenta. De cada visita se levanta un acta muy detallada. Los datos se introducen en tres bases cruzadas y se vuelcan en mapas cartográficos y de ortofotos, hasta que se logra la identificación exacta de todas las construcciones. En Sayalonga ya se han completado 115 fichas. El viernes, antes de la visita, los inspectores se reunieron con la secretaria del Ayuntamiento. Le pidieron las licencias otorgadas antes de 2005. Esas no están informatizadas, por lo que hay que mirar los libros de acta de los plenos. Y la secretaria de un pueblo de 1.400 habitantes y dos millones de euros de presupuesto no tiene ayuda. Los inspectores le ofrecen personal para hacerlo. La colaboración es estratégica. Que haya 30 denuncias por irregularidades urbanísticas y seis licencias impugnadas no es en este momento lo esencial.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/urbanismo/admite/agentes/cordialidad/elpepuespand/20081026elpand_5/Tes
Blindados
D. N. - Málaga - 26/10/2008
Si exigente fue el concurso restringido que superaron los 25 funcionarios que componen de momento el cuerpo de inspección urbanística, no lo son menos las condiciones en que deben desarrollar su labor. Tienen terminantemente prohibido coger el teléfono a un alcalde, un promotor o un empresario, y sus reuniones deben estar previamente autorizadas. No pueden tener participaciones empresariales de carácter significativo, ni participar en órganos de gestión de sociedades, aunque sean de carácter familiar. Cuando ingresaron en el cuerpo debieron presentar una declaración de bienes e intereses.
Cuando salen lo hacen con una orden nominal que determina el lugar exacto a donde van y que queda archivada en un libro de registro, de forma que se pueda rastrear siempre donde estaba y en que momento un inspector.
El año que viene el cuerpo se verá reforzado con 11 nuevos agentes, esta vez seleccionados en oposiciones libres que constan de cuatro exámenes. Aún quedarán 24 para completar la plantilla inicialmente prevista.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Blindados/elpepuespand/20081026elpand_4/Tes
Publicado el 26/10/2008 a la(s) 17:56
Por Plataforma 29-marzo
A este artículo, que refleja historias individuales, añadiríamos nosotros las consecuencias comunes a todos los ciudadanos de Marbella, que perdieron para siempre una inmensa parte de su patrimonio en el sentido más amplio.
Por más que se pretendan corregir las deficiencias en el nuevo planeamiento, lo cierto es que el ordenamiento viene forzado por permitir la existencia del fruto de los delitos, es decir, por no reponer a su estado original aquellos suelos usurpados a los vecinos. Los equipamientos y zonas públicas que debieron ser respetados y habilitados por el anterior PGOU no se podrán asentar donde en su día se consideró adecuado. El aspecto de la ciudad habrá de soportar su configuración actual, pese a producir un efecto de empacho, y los servicios a los residentes se localizarán allá donde sea posible encontrar algún espacio que permita su ubicación. Triste solución a tan descomunal injusticia.
Detrás de la maraña de planos y de tecnicismos del Plan se esconde la historia de vecinos con sabores de boca bien distintos tras conocer los nuevos cambios Algunos se preparan para otra batalla y otros comienzan a respirar tranquilos
CRISTINA GONZÁLEZ - 26.10.08 –
Bueno o malo. Según el color del cristal con que se mire. La aprobación provisional del nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella reabrió el pasado jueves el debate sobre los beneficios o perjuicios para la ciudad del documento, retocado por el equipo de gobierno. No es sólo una maraña de planos y de tecnicismos. Muchos vecinos tienen sabores de boca encontrados según se regularicen o no sus viviendas, se legalicen las vecinas, que mermaron su calidad de vida hace años, o sean beneficiarios del blindaje a los compradores de viviendas ilegales para que no tengan que costear las compensaciones para su regularización. Estas son sus historias.
CARMEN SUÁREZ
Una lucha sin fin contra la ilegalidad
«En vez de echarlo abajo querían echarme a mí»
A sus 74 años, Carmen Suárez sigue anclada a sus recuerdos y a medio siglo de vida en una misma calle, Llano de San Ramón, donde nacieron y se criaron sus hijos y donde compartió su vida con su marido ya difunto. Ni la edad ni los achaques, algunos sobrevenidos de su lucha contra un Goliat de hormigón de diez plantas, la retiran de la primera línea de una batalla que emprendió contra el urbanismo desenfrenado del gilismo, que le plantó junto a su adosada de dos plantas una mole de hormigón, bautizada como edificio Belmonsa, donde había y debía seguir habiendo, un parque público y casas bajas.
La historia de su lucha es una de las más conocidas entre los vecinos. Se enfrentó a los obreros, a la promotora y hasta a la policía. Al menos consiguió que rebajaran el saliente de la terraza ajena, que casi colaba al vecino del primer piso en su terraza, donde hace años que el sol se deja ver con cuentagotas. «Yo lo que quiero es que me indemnicen. Han condenado a Sierra, a Roca y a toda la compañía pero siguen sin indemnizarme por lo que me han hecho», relata mientras la mirada se pierde en el coloso.
Los nuevos cambios en el PGOU le han dado la razón, al menos en parte. Consciente ya de que no verá a su imponente vecino hecho añicos, lo que no daba crédito es a que en el Plan General inicial, ahora retocado tras presentar su alegación, hubieran calificado su casa como parques y jardines. Sonaba, cuanto menos, a guasa. «Ponían lo mío ilegal y lo otro, que era zona verde, legal. Vamos, que en vez de echarlo abajo, querían echarme a mi», explica. Tras los cambios introducidos, se mantendrá su vivienda.
Su terraza, con todo, seguirá siendo inservible. Sólo sube a tender y casi ni eso. La sombra impide que la ropa se seque con normalidad. Y algunos vecinos transforman su modesto solárium en una basurero improvisado de colillas y papeles. No se atreve a mirar para arriba. Le invaden la rabia y los recuerdos de una obra que dejó la habitación sin vistas para siempre. Con nocturnidad, alevosía e impunidad. Y sin que nadie le haya resarcido por los daños, también los morales.
ISABEL CINTADO
A salvo de pagar compensaciones
«Ahora vamos a dormir tranquilos, por fin»
No ha echado cuentas, pero sabe que si las cosas se hubieran torcido y el promotor que construyó su vivienda estuviera desaparecido del mapa, le habría tocado pagar un buen pellizco para comprar los 5.000 metros cuadrados de suelo que separan a su edificio, levantado en terreno para aparcamientos, de cruzar la raya hacia la legalidad. Son las compensaciones que el Plan fija para que el edificio Plaza, en calle Mercado, sea lo que es también sobre los planos.
Ahora Isabel Cintado, que reside junto a sus padres, ya mayores, en uno de los inmuebles, respira tranquila al saber que su casa no le costará ni un euro más de lo que ya pagó. Como ella, miles de vecinos celebran el cambio de criterio en el PGOU, que blinda a los compradores de viviendas ilegales. «Ahora vamos a dormir tranquilos, por fin», comenta con alivio al conocer que el documento se pone en este punto del lado de los vecinos que no supieron, en muchos casos, que sus hogares tenían una larga historia de pleitos en ciernes o ya a cuestas.
La palabra demolición
Fue el caso de sus padres, que hace diez años dejaron Gerona para volver a la tierra paterna. «Cuando empezó a hablarse de demoliciones, yo les decía que se quedaran tranquilos. Era surrealista que pasara eso cuando ni en el notario ni en el registro ni nadie había hecho el más mínimo comentario cuando compraron», explica. Ese mensaje, el de los derribos, es el que más critica.
«La Junta debería pensar que detrás de los problemas hay personas, familias, y no papeles», remarca sobre los años de incertidumbre «y de miedo» que ahora parecen tocar a su fin. Por contra, sólo tiene palabras de elogio para la alcaldesa, Ángeles Muñoz. «Hemos recibido la noticia como una bendición», sostiene.
MERCEDES MORENO
A la sombra de Jardines del Príncipe
«Nos pondremos otra vez en pie de guerra»
Dicen que a veces los árboles no dejan ver el bosque pero en su caso, sin los árboles, la visión sería la de una mole de cemento en toda su extensión. Y aún a fuerza de plantar lo es. Mercedes Moreno engrosa una larga lista de damnificados por la construcción de un edificio de 81 viviendas y siete plantas donde sólo podían construirse un grupo de casas de poca altura, en consonancia con su entorno de chalés unifamiliares y fachadas blancas.
A todos dejaron de llegarle un día los rayos el sol y comenzaron una lucha sin tregua contra la ilegalidad urbanística que, tras un resquicio de esperanza, vuelve a torcerse con la aprobación provisional del Plan General. «No nos lo podíamos creer cuando lo supimos. No nos vamos a quedar parados; otra vez tendremos que ponernos en pie de guerra», explica Mercedes Moreno, propietaria de una vivienda unifamiliar que linda con los imponentes edificios Jardines del Príncipe, en El Capricho.
Los colosos han pasado en un año de no tener hueco en el nuevo modelo de ciudad a legalizarse a cambio de que los promotores entreguen 2.000 metros cuadrados construidos al Ayuntamiento. Mercedes aún no da crédito. «Hay sentencias firmes que dicen que es ilegal; no nos podemos explicar qué está pasando ahora. Además, no perjudicarían a nadie porque no está vendido ni habitado», comparte indignada.
Lo peor: la sensación de que el desgaste y el coste económico que ha supuesto la batalla legal no han servido de nada. «Reúne todas las condiciones para que se vea que de una vez que en Marbella no se permiten estos desaguisados», añade. Su caso suena familiar. Hace 34 años puso los ojos junto a su marido en una parcela con un horizonte «maravilloso» en las afueras del casco urbano. Pero un día, hace nueve años, llegaron las excavadoras. No hubo temor a nada más que a lo que decía el Plan: unas pocas casas adosadas de baja altura y zona verde.
La cosa empezó a subir. Comenzaron las movilizaciones y una historia que desemboca en dos edificios incólumes, inhabitados tras el precinto que decretó la comisión gestora pero inquietantes. «Tengo una pantalla total; he perdido horas de sol y aunque me he planteado vender alguna vez me da pena», confiesa. Ahora se prepara para otro capítulo más de la batalla vecinal que espera tenga un final feliz.
FRANCISCO BUGAYAL
Vecino del Banana Beach
«Confío en que no nos dejen en la estacada»
Hace cinco años que Francisco Bugayal, asesor de bolsa y sevillano de nacimiento, dejó Madrid tras casi medio siglo afincado en la caótica capital en busca de mayor calidad de vida. En el mapa, un destino: Marbella. Tras un periplo inmobiliario, su mujer y él coincidieron en que un piso a pie de playa y en pleno casco urbano era la mejor elección por comodidad. Poco sabían entonces que el nombre del edificio, Banana Beach, iba a protagonizar ríos de tinta y cientos de titulares de los periódicos.
«Me engañaron»
«Entonces me engañó todo el mundo. Me engañaron en el registro, en el notario, el Estado, la Junta, el Ayuntamiento, el promotor, la inmobiliaria. Nadie me dijo que pasara nada con la vivienda», relata este vecino. Los quebraderos de cabeza empezaron un año después, cuando los tribunales dictaron sentencia anulando el permiso de construcción y dejando en el limbo urbanístico los bloques, a expensas de la demolición o de la regularización.
Las noticias de los últimos meses no han sido buenas. El PGOU inicial, redactado por la Junta, cerró la puerta a la legalización de los inmuebles. Tras los cambios y la aprobación provisional, la situación no mejora. Banana Beach se queda como uno de los tres únicos puntos negros, de los 14 iniciales, sin hueco en la futura ciudad. Medio millar de viviendas, en suma. «Me sabe muy mal pero confío en los que rigen el municipio no nos van a dejar en la estacada», comenta desde su terraza, en un quinto piso. No teme a la palabra demolición: «Las excavadoras no las veo porque antes de eso hay otros recursos».
Fuente: http://www.diariosur.es/20081026/marbellaestepona/rostros-pgou-20081026.html
Publicado el 25/10/2008 a la(s) 17:34
Por Plataforma 29-marzo
El PP acusa a la Junta de ceder el protagonismo a los municipios y de no querer asumir su responsabilidad
Enlace: La regularización urbanística no anula el delito, advierte el fiscal de Medio Ambiente
Enlace: La provincia de Málaga se mira en el espejo de Marbella
JOSÉ CEJUDO. SEVILLA
Publicado Sábado, 25-10-08 a las 08:11
La ley de la selva que durante años imperó en el urbanismo de numerosos municipios de Andalucía, y que dio pie a la proliferación de construcciones ilegales amparadas por una normativa permisiva, ha devenido en la actualidad en un afán por conseguir la regularización de miles de viviendas, un proceso que buena parte los ayuntamientos afectados han emprendido a través de la revisión de los planes urbanísticos.
En la Comunidad andaluza se calcula que son más de 200.000 las viviendas que se encuentran al margen de la legalidad, al ocupar suelos no urbanizables. Si bien no existe un censo oficial, sobre la mencionada cifra parece que tanto la Administración, como la Oficina del Defensor del Pueblo y los partidos políticos están de acuerdo con que se aproxima mucho a la realidad.
Un informe especial elaborado por el Defensor del Pueblo Andaluz en el año 2000 contabilizó 190 municipios afectados por urbanzaciones ilegales. Dos años después se modificó la Ley del Suelo, y los jueces comenzaron a ordenar la paralización de construcciones, concluyendo algunos procesos con la demolición de los edificios.
Marbella y Chiclana
Dos de las más importantes bolsas de viviendas ilegales están en Marbella (Málaga) y Chiclana (Cádiz). De sus respectivos planes urbanísticos se ha encargado y se encarga la empresa Territorio y Ciudad, al frente de la cual se encuentra el arquitecto y urbanista Manuel Ángel González Fustegueras.
En Marbella, el nuevo PGOU,contempla la regularización de 16.000 viviendas. Y en Chiclana, una oficina de Fustegueras forma parte del equipo que se encarga de asesorar a los vecinos para la legalización de sus casas, unas 10.000.
«Las regularizaciones de las viviendas en Chiclana —señaló Fustegueras a ABC— son posibles porque el plan lo habilita. Cada lugar —añade— es especial, y no hay una regla general. En el caso de Chiclana se trata de una parcelación histórica, viviendas fundamentalmente de carácter unifamiliar. El Plan había preestablecido la ordenación pormenorizada de esa zona, y en definitiva lo que planteaba es que ya se podían posibilitar las cargas urbanísticas».
«La oficina —apuntó Fustegueras— lo que planteó fue una ordenanza para establecer esos mecanismos desde el punto de vista administrativo, y para coadyuvar a que los ciudadanos puedan hacerlo de una forma más fácil».
La clave, resaltó, está en modificar y adaptar el planeamiento a la nueva situación. Y a partir de ahí contrastar qué viviendas pueden entrar en el modelo urbano establecido por el Ayuntamiento y cuáles no. «Porque no todas las viviendas irregulares se pueden regularizar», y un porcentaje de ellas pueden correr el riesgo de la demolición siempre que medie la orden judicial.
González Fustegueras sostiene por otra parte que una regularización no supone «una amnistía», y en lo que afecta a Marbella, en su momento «las viviendas tienen que contribuir a aportar los servicios públicos necesarios para darles cobijo. De lo contrario se estaría cargando contra el resto de la sociedad».
Alicia Martínez, portavoz parlamentaria del PP en materia de Urbanismo, lamentó en declaraciones a este periódico que la Junta no esté abordando todo este proceso asumiendo una responsabilidad última y ejerciendo la tutela.
Muy al contrario, a juicio de la dirigente del PP el Ejecutivo andaluz ha optado por ceder el protagonismo a los ayuntamientos, con el argumento de que son los entes locales los que gestionan las competencias urbanísticas.
Normas generales
Martínez criticó que el Grupo Socialista no apoyara días atrás, en el Parlamento, una propuesta de los populares para elaborar una normativa directora para que los municipios que están redactando o modificando sus planes generales tuvieran una guía a la que ajustarse para la regularización «con las mismas condiciones de igualdad».
Sin embargo, en el Pleno de la Cámara andaluza del pasado jueves, sí prosperó una iniciativa del PSOE, a la que se opusieron sin éxito PP e IU, por la que se propone a los municipios, que aprueben planes locales de inspección urbanística.
Según Alicia Martínez, las competencias de la disciplina urbanística deben ser compartidas «y la Junta no puede mirar para otro lado. Quiere lavarse las manos ante lo que se le viene encima», concluyó.
Fuentes de la Consejería de Vivienda, señalaron que el interés de la Junta no es que se entreguen papeles de regularización «porque sí», sino ayudar a los ayuntamientos a propiciar la ordenación del territorio, para lo que hay que acometer obras de urbanización, etc, de forma que se satisfagan los intereses generales. Y en cuanto al coste, deberá asumirlo principalmente aquellos que se benefician, comenzando por los propietarios.
Fuente: http://www.abcdesevilla.es/20081025/andalucia-actualidad/planes-urbanisticos-pretenden-rescatar-200810242151.html
Publicado el 25/10/2008 a la(s) 17:32
Por Plataforma 29-marzo
El nuevo Plan General se expondrá al público la próxima semana en el Palacio de Congresos y en las tenencias de alcaldía de Las Chapas y San Pedro Alcántara. Rañada anuncia reuniones con colectivos para informarles de las modificaciones
CRISTINA GONZÁLEZ 25.10.2008
Empieza una nueva cuenta atrás para el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella. La próxima semana se expondrá de nuevo al público el documento pero con una salvedad respecto al periodo de información pública que se vivió tras su aprobación inicial: únicamente se informará de las modificaciones introducidas por el equipo de gobierno y el equipo redactor en los últimos meses y las alegaciones que presenten vecinos o colectivos deberán ceñirse por tanto exclusivamente a esos cambios en el planeamiento.
Así lo avanzó ayer la concejala delegada de Urbanismo, Alba Echeverría, que advirtió de que el resto de reparos, aunque se podrán presentar libremente, no tendrán en esta ocasión contestación por parte de Consistorio. «Si no ha habido cambios en lo que demandan, se entiende que ya tuvieron su respuesta en el trámite anterior», matizó la edil, que clarificó el calendario tras la aprobación provisional el pasado jueves del nuevo documento gracias a los votos a favor de PP y PSOE y la oposición de IU.
Tarea «ardua»
Tanto la concejala como el coordinador general de Urbanismo, Juan Carlos Fernández Rañada, auguraron que la nueva etapa será «ardua y dura» y anunciaron que, además de exponerse al público el documento en el Palacio de Congresos y en las tenencias de alcaldía de Las Chapas y San Pedro con la presencia de personal cualificado, podrá consultarse puntualmente en el propio Ayuntamiento o en Urbanismo. En concreto, los interesados tendrán un mes para conocer las modificaciones a partir del martes o miércoles de la próxima semana, cuando se publique el acuerdo en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP).
Rañada recordó que pese a no ser obligatorio por ley que se vuelva a exponer al público, el equipo de gobierno adopta esta decisión «como garantía para que los ciudadanos resuelvan todas sus inquietudes». Además, para divulgar las mejoras introducidas los responsables de Urbanismo mantendrán reuniones sectoriales a partir de la próxima semana con distintos colectivos como el Consejo Escolar, la Federación de Asociación de Vecinos o el Centro de Iniciativas Turísticas (CIT).
De forma paralela, el Consistorio contestará por escrito, vía correo postal, a las casi 5.000 alegaciones presentadas el año pasado contra el sistema de compensaciones previsto en el documento inicial y modificado para que los compradores no tengan que asumir el pago de las cargas para la regularización de las viviendas ilegales. Los documentos de respuesta a las 8.500 alegaciones también se colgarán en la página web del Ayuntamiento y se facilitará un CD a los interesados. TRAMITACIÓN
El nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), tras las modificaciones incorporadas por el equipo de gobierno y el análisis de las 8.500 alegaciones presentadas en la exposición pública que siguió a su aprobación inicial en junio de 2007, entra en otro trámite.
Publicación: El acuerdo de pleno del jueves, donde se dio luz verde al documento con los votos del PP y PSOE, se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia (BOP) entre el lunes o el martes.
Exposición pública: Comenzará justo al día siguiente de su publicación en el BOP y se prolongará hasta final de noviembre.
Aprobación provisional: Se llevará nuevamente a pleno, tras analizar las alegaciones sobre los cambios y retocar el planeamiento, a finales de diciembre.
Aprobación definitiva: El Plan General, tal cual se apruebe en pleno, será remitido a la Junta, administración competente para dar o no el visto bueno definitivo al documento. En caso de que haya discrepancias, puede aprobarlo parcialmente y ordenar al Ayuntamiento que haga un texto refundido con sus directrices sobre el resto.
Entrada en vigor: Podrá decirse que está definitivamente aprobado cuando lo secunde el Gobierno andaluz y publique la orden en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA).
Impugnaciones: Una vez en vigor, a las personas que sigan disconformes sólo les quedará impugnar el Plan ante los tribunales, por la vía contencioso administrativa.
Fuente: http://www.diariosur.es/20081025/marbellaestepona/ayuntamiento-solo-respondera-alegaciones-20081025.html
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