La participación fomenta el debate y aumenta las posibilidades de que cualquier toma de decisión contará con la aprobación de una mayoría consciente.
Conchi : Increíble, la rapidez para demoler éstas y no las miles de edificaciones que adornan nuestro país.
Conchi : Marbella recuerda una fábula de Samaniego. A un panal de rica miel, 2.000 moscas acudieron y por golosas murieron presas de patas en él ........
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Publicado el 30/11/2008 a la(s) 22:36
Por Plataforma 29-marzo
El auditor censura al interventor, tesorero y oficial mayor
DIEGO NARVÁEZ - Málaga - 30/11/2008
El último informe del Tribunal de Cuentas sobre la gestión del Ayuntamiento de Marbella durante los 15 años de mandato del Grupo Independiente Liberal (GIL) cuestiona la labor laxa realizada por los funcionarios de habilitación nacional (secretario, interventor, tesorero y oficial mayor) a los que compete el control de la legalidad y la fiscalización de la gestión económica de los ayuntamientos.
Los habilitados percibieron sobresueldos con los gobiernos gilistas
La auditoría sobre los mandatos de Julián Muñoz y Marisol Yagüe desvela que estos funcionarios mayores no utilizaron todos los instrumentos que las leyes les atribuyen para oponerse al cúmulo de irregularidades y anomalías en la gestión municipal, en la que abundaron los pagos e ingresos sin justificar, las transferencias a las sociedades municipales sin soporte o la mala valoración de suelos y derechos urbanísticos.
En algunos casos la falta de intervención cuando no la autorización indebida han propiciado que el ex secretario municipal Leopoldo Barrantes y el interventor Juan Antonio Castro estén imputados en algunos de los procedimientos penales abiertos. Barrantes, de hecho, está procesado en el caso Malaya y se encuentra en libertad bajo fianza tras ser detenido en marzo de 2006.
Barrantes ya está jubilado, pero Juan Antonio Castro se mantiene como interventor municipal en el año que dirigió el Ayuntamiento una comisión gestora hubo un segundo interventor. El informe del Tribunal de Cuentas cuestiona su labor porque, sin que existiera nunca un acuerdo plenario que limitara su función, "la intervención se limitó a verificar la competencia del órgano, la existencia del crédito presupuestario y la intervención material del pago".
El tribunal sí reconoce que a veces emitió informes contrarios a algunas decisiones al borde de la legalidad que de hecho han motivado procedimientos penales, pero no de forma continuada y sistemática, sino aleatoria. "Sólo en ocasiones, sin ningún criterio objetivo de selección, realizó la intervención previa de determinados actos relacionados especialmente con la inexistencia de informes de valoración en permutas, con concesiones administrativas, con enajenaciones de bienes patrimoniales y aprovechamientos urbanísticos, con la falta de control de las multas de la policía local y con el pago indebido realizado por honorarios profesionales a determinados letrados", sostiene el informe. No obstante, como también consta en la auditoría, cuando emitió reparos no surtieron efecto porque el equipo de gobierno los ignoró.
El Tribunal de Cuentas explica que "la fiscalización que debió haber realizado el interventor debió haber sido crítica y previa y referida a todo acto susceptible de producir derechos u obligaciones de contenido económico o de movimiento de valores". El tribunal también lamenta que el interventor no llevara un archivo completo y sistemático de sus informes y reparos.
Sin establecer una relación causa efecto, el Tribunal de Cuentas desvela que los habilitados nacionales percibieron importantes cantidades complementarias a sus sueldos, como una productividad fija de 2.000 euros mensuales y ayuda para la vivienda que la Comisión Gestora eliminó. También la liquidación de vacaciones no disfrutadas o emolumentos por asistencia a juicio que son indebidos. En el año 2005, último ejercicio completo del GIL, el secretario cobró 149.309 euros y el interventor 137.331 euros.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Tribunal/Cuentas/cuestiona/control/GIL/elpepuespand/20081130elpand_11/Tes
Publicado el 29/11/2008 a la(s) 22:33
Por Plataforma 29-marzo
Los dueños, de 14 nacionalidades distintas, advierten que denunciarán el caso en sus embajadas si el PGOU no les da cobertura
29.11.08 - M. J. CRUZADO| MARBELLA
Los propietarios de Río Real Playa, una de las urbanizaciones que se quedan fuera del Plan de Ordenación Urbana elaborado por el Consistorio, han anunciado que están dispuestos a acudir a instancias internacionales hasta conseguir el mismo trato que han recibido otras promociones urbanísticas construidas al margen de ordenación y que serán regularizadas.
Se trata de 60 viviendas, en un 90 por ciento adquiridas por propietarios de 14 nacionalidades diferentes, 29 de las cuales están pendientes de la orden de demolición, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) anulara en sentencia la licencia que el propio Ayuntamiento de Marbella concedió con Jesús Gil como alcalde. La razón, ocupan suelo a pie de playa reservado para zona verde y equipamiento deportivo y cultural con protección arqueológica. Según la Junta, durante su construcción se destruyó un yacimiento arqueológico. El equipo de gobierno acordó, sin embargo, no ejecutar esta y otras sentencias hasta la aprobación definitiva del PGOU.
«Algunos propietarios extranjeros sopesan dirigirse al Ayuntamiento, solicitar su indemnización y marcharse a su país de origen porque no les merece la pena vivir bajo esta administración. Otros van a luchar por sus derechos», aseguró la comunidad de propietarios de la urbanización en un comunicado.
Tribunal de Estrasburgo
Entre las medidas que contemplan se encuentran querellarse contra el Ayuntamiento y la Junta por presunta prevaricación y dirigirse a sus respectivas embajadas para que sus gobiernos «les defiendan», apuntan. Además, tienen pensado dirigirse al Defensor del Pueblo, andaluz y nacional, y acudir, si así es necesario, al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo.
Los vecinos aseguran que todos ellos son compradores de buena fe que adquirieron los inmuebles de forma legal a través de una licencia otorgada por el Ayuntamiento , que después fue impugnada por la entonces concejal socialista, Isabel García Marcos. Recuerdan que la propia Junta de Andalucía «autorizó la continuación de las obras» tras el descubrimiento del yacimiento y aseguran que tampoco invade el dominio público marítimo terrestre «ya que el deslinde de 2006 sólo consideraba ilegal un restaurante ubicado en la playa que aún continua en pie».
No es la única urbanización de Río Real cuyo futuro pende de un hilo. El promotor inmobiliario imputado en el 'caso Malaya' José Ávila Rojas tiene hasta el 21 de diciembre para demoler una estructura levantada en esta misma zona al encontrarse en situación irregular.
Fuente: http://www.diariosur.es/20081129/marbella/vecinos-real-acudiran-organismos-20081129.html
Publicado el 28/11/2008 a la(s) 12:11
Por Plataforma 29-marzo
LaVozdeMarbella.com - Marbella - 27/11/08
Enrique Monterroso expresa públicamente su "malestar" por la actitud "desconsiderada e irrespetuosa" de Ángeles Muñoz, y Alba Exteberría, al responder a la petición por escrito del IU hace un mes para entrevistarse con el equipo redactor y responsables del planeamiento local durante el período de exposición pública, concediéndole un encuentro con una técnico programado por espacio de 30 minutos
Monterroso: "Sólo acudió un miembro del equipo redactor y se programó por espacio de 30 minutos en horario de atención al público"
Para Monterroso, es "una ofensa a la democracia y al derecho de participación política boicotear lo que tendría que ser un encuentro institucional para atender los planteamientos de uno de los tres grupos municipales de la actual Corporación en un asunto tan vital con el futuro PGOU, imponiendo un encuentro al que solo ha asistido una persona del equipo de Fustegueras y en el tiempo que dedica a atender quejas y dudas de particulares".
Este hecho prueba "cuál es el rasero democrático de la alcaldesa, que se ha entrevistado junto al redactor del PGOU, Manuel González Fustegueras, con los grandes imputados en el operación Malaya y los escándalos de ilegalidades urbanísticas en el municipio para buscarles una salida y ahora despacha a la oposición con un bis a bis al más bajo nivel frente al mostrador de una técnico de urbanismo".
LA ENTREVISTA REFUERZA LA POSTURA DE IU. El encuentro ha servido para que desde IU se planteen diversos asuntos y visiones sobre el nuevo planeamiento a la técnico que intervino en ausencia del equipo redactor, extrayéndose una postura de "refuerzo de las tesis de Izquierda Unida sobre la pérdidas de equipamientos irrenunciables para el municipio -como el Hotel Senator o la Casona Sindical-, el aumento de edificabilidad en general, el perdón a los promotores en muchos casos, la falsedad de algunas dotaciones que van a ser de uso privado aún cuando se les obliga a la cesión pública -La Concha, Parque Miraflores o Guadalpín- y la constatación de que se han realizado modificaciones sustanciales al plan inicialmente aprobado".
Del mismo modo, Monterroso ha podido constatar que el equipo redactor "se ha plegado a los intereses mostrados por la Alcaldesa". pudiendo citarse como ejemplos los casos de La Ermita, que se deja al libre designio de la regidora del PP ó La Serranía, donde se prevé ubicar el futuro parque empresarial.
(Nota: IU agradece la actitud de la persona que nos atendió con absoluta corrección).
Fuente: http://www.lavozdemarbella.com/article-view.html?aid=5533
Publicado el 28/11/2008 a la(s) 11:43
Por Plataforma 29-marzo
Tanto PP como PSOE votaron en contra de la iniciativa de IU.
La coalición asegura que se trata de un atentado medioambiental
VANESSA MELGAR/PLT/ AGENCIAS| RONDA/SEVILLA
28 noviembre 2008
Izquierda Unida ha visto frenada su iniciativa. El Parlamento andaluz ha rechazado la proposición no de ley de la coalición, con los votos en contra de PSOE y PP, que solicitaba la paralización del proyecto urbanístico Los Merinos, ubicado en el entorno de la Sierra de la Nieves. En este término se impulsa un complejo urbanístico, situado en la finca Los Merinos norte, perteneciente a la Reserva de la Biosfera Sierra de las Nieves. Sobre estos terrenos se proyecta construir 797 villas de lujo, un centro comercial, dos campos de golf y tres hoteles de cinco estrellas, en total ocho millones de metros cuadrados sobre los acuíferos que abastecen de agua a diversas poblaciones de la zona como Cuevas del Becerro o Arriate, entre otras, según ha asegurado Izquierda Unida.
La coalición ha reiterado en diversas ocasiones que el proyecto supone un atentado al medio ambiente y a los recursos hídricos de la zona, además, de un modelo de desarrollo urbanístico especulativo que se contradice frontalmente con la política de Ordenación del Territorio de Andalucía.
La formación solicitaba también que la Cámara instara a la Junta a garantizar el mantenimiento de dicha paralización hasta que el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía resuelva la alegación presentada por la administración autonómica.
Fuente: http://www.diariosur.es/20081128/interior/parlamento-rechaza-paralizar-urbanizacion-20081128.html
Publicado el 27/11/2008 a la(s) 11:40
Por Plataforma 29-marzo
Un inglés se vio perjudicado por una operación y denunció los hechos a un juzgado de su país que, a su vez, envió una comisión rogatoria que se ha saldado con numerosos registros en Fuengirola
JOSÉ ANTONIO SAU / EFE. MÁLAGA
27 de noviembre de 2008
Las fuerzas de seguridad practicaron ayer numerosos registros en Fuengirola y Mijas en relación a una presunta estafa a centenares de ciudadanos británicos a los que se les ofrecía invertir en falsas construcciones en la Costa del Sol, según fuentes próximas a la investigación.
Estos estafadores contactaban con los afectados a través de internet, donde les animaban a desarrollar inversiones millonarias en complejos urbanísticos que se iban a realizar en el litoral malagueño. En concreto, se les ofrecía que participaran como inversionistas o que adquirieran las viviendas de forma directa.
Los registros fueron desarrollados por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y podrían haber sido imputadas varias personas.
Imputados. Según informaron fuentes cercanas al caso, los registros se desarrollaron en negocios y viviendas de Fuengirola y de Mijas y ya hay varias personas encausadas por el caso.
Un ciudadano británico se sintió afectado por una estafa y decidió poner en conocimiento de las autoridades judiciales inglesas el hecho. Éstas, a su vez, emitieron un exhorto de cooperación judicial dirigido a España. La Audiencia Nacional lo remitió a un juzgado de Fuengirola, cuyo titular ordenó todos estos registros.
Blanqueo. En una investigación paralela, encabezada por la Fiscalía Anticorrupción, fueron registrados dos despachos de abogados "poco conocidos" en la Costa del Sol, ubicados ambos en Mijas. Al parecer, en este caso se estaría investigando un presunto delito de blanqueo de capitales que no estaría conectado con un caso de corrupción urbanística. Los fiscales Valentín Bueno y Juan Carlos López Caballero dirigen estas pesquisas.
Los registros por estos dos asuntos ´gemelos´ se iniciaron el pasado martes por la tarde y en ambos ha sido declarado el secreto de sumario para las partes, lo que hace que también se desconozca si existe algún detenido.
Las fuentes consultadas aseguran que hoy continuarán los registros y no se descarta que se efectúen detenciones. Eso sí, las intervenciones domiciliarias por este segundo caso fueron desarrolladas por la Unidad Contra las Drogas y el Crimen Organizado (Udyco) y tuvieron lugar no sólo en Mijas, sino también en Nerja y en la localidad de Marbella.
Tiempo compartido. No es la primera vez que la Fiscalía Anticorrupción lidera una operación contra una supuesta estafa masiva en inversiones inmobiliarias.
El pasado 14 de mayo se conoció que la Fiscalía solicitaba 84 años de cárcel para una red de multipropiedad que estafó 8,6 millones de euros. Los acusados se ponían en contacto con los propietarios de apartamentos en régimen de tiempo compartido y, después, los afectados ingresaban el dinero por la reventa de sus paquetes en numerosas cuentas creadas y mantenidas desde diversas sociedades creadas expresamente para perpetrar esta estafa.
En teoría, los afectados por este caso son más de 300 y se reparten por Estados Unidos, Francia y Alemania. De ser condenados, los dieciséis imputados deberán devolver casi 400.000 euros que pertenecerían a los estafados que sí denunciaron los manejos de esta compleja red que operaba desde la Costa del Sol y utilizaba el litoral como una plataforma para llegar a toda Europa.
Cuando se registraron sus domicilios, la policía halló numerosos listados de titulares de cuentas de tiempo compartido y sólo en 37 cuentas abiertas en numerosas entidades financieras consiguieron el ingreso de 8,6 millones de euros.
Fuente: http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008112700_2_220489__Malaga-Investigan-estafas-inmobiliarias-cientos-ingleses-Costa
Publicado el 27/11/2008 a la(s) 00:19
Por Plataforma 29-marzo
RTVE.ES/AGENCIAS MÁLAGA 22.11.2008
El Juzgado de lo Penal número 7 de Málaga ha condenado al ex alcalde de Benalmádena, Enrique Bolín, a ocho años de inhabilitación, así como al pago de una multa de 20 euros durante 12 meses, por un delito de prevaricación urbanística en la concesión de una licencia en la zona de La Leala en 2002.
El ex regidor benalmadense tiene la intención de recurrir esta sentencia y pretende, en el caso de que sea revocada, poder presentarse a las próximas elecciones municipales, según publican hoy los diarios 'Málaga Hoy' y 'El Mundo'.
Durante el juicio, la Fiscalía de Málaga mantuvo la acusación contra Bolín por un delito contra la ordenación del territorio, al considerar que concedió la licencia en la zona de La Leala "a sabiendas de la ilegalidad, transmitida por los técnicos, e incumpliendo la normativa urbanística".
La fiscal sostuvo la petición de ocho años de inhabilitación y una multa de 16.200 euros, según la defensa de Bolín, que pidió la libre absolución del ex regidor, quien ha asegurado al final de la vista que actuó "correctamente" y no había cometido "ningún delito".
Para la representante de la acusación pública, "se construyó en suelo no permitido" y se cambiaron los usos "para una mayor densidad" en una operación en la que "se tenía que haber seguido un orden riguroso", según ha dicho, y en la que Bolín "omitió los trámites necesarios a sabiendas de que no podía ser modificado el planteamiento general".
Asimismo, ha asegurado que el acusado "aprobó los decretos con informes contrarios de los técnicos" y precisó que "es posterior a la concesión de la licencia cuando se hizo la modificación de elementos necesaria", por lo que ah apuntado que "no se puede presumir buena fe" en el acusado.
Por su parte, la defensa ha insistido en que el suelo era urbanizable y que la licencia "no es ni injusta, porque el acto administrativo está legalizado, ni arbitraria ni se dio a sabiendas de su injusticia", al tiempo que ha señalado que el Ayuntamiento era competente para modificar los parámetros urbanísticos.
El letrado ha explicado que había un desfase en superficie de la parcela de unos particulares y se le iba a dar un uso diferente para las vías del tren, por lo que se firmó un convenio "con el que se pretendía compensar esos usos". Además, ha asegurado que la operación fue "amparada por el pleno y los informes técnicos" y dijo que en todo caso pudo haber "un desfase procedimental administrativo", pero no un delito.
Fuente: http://www.rtve.es/noticias/20081122/alcalde-benalmadena-condenado-ocho-anos-inhabilitacion-por-prevaricar/197377.shtml
Publicado el 26/11/2008 a la(s) 23:18
Por Plataforma 29-marzo
P. S. MARBELLA
26 de noviembre de 2008
Ocupar la zona protegida por el dominio marítimo-terrestre que establece la Dirección General de Costas le sale caro a Marbella, aunque no lo suficiente según algunas organizaciones ecologistas. En concepto del pago al canon anual de ocupación y aprovechamiento de esta zona, el gobierno municipal del PP aprobó ayer, en junta local, el desembolso de 589.522 euros, tres veces más que el año anterior, según la alcaldesa, Ángeles Muñoz.
Muñoz indicó que el importe abonado durante el anterior ejercicio ascendió a 184.457 euros y aprovechó para justificar que, de esta forma, el Ayuntamiento tiene que actualizar las tasas de chiringuitos. Eso sí, "no porque las subamos nosotros sino porque hay que repercutir el coste que Costas ha multiplicado por tres".
Canon. El canon establecido por Costas supone el abono de 60 euros por metro cuadrado para cada uno de los propietarios de los alrededor de 40 chiringuitos que se ubican en esta zona de servidumbre marítima, según explicó el concejal de Medio Ambiente, Antonio Espadas.
Además, la mayoría de ellos, incumplen, entre otras normativas, la extensión máxima de 150 metros cuadrados establecida por el Gobierno central; por lo que, de cara a la próxima adjudicación de estas concesiones, deberán ajustarse a la ley, según el edil, quien recordó que actualmente estos chiringuitos se encuentran en un proceso de modificación de sus ubicaciones.
Fuente: http://www.laopiniondemalaga.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008112600_4_220253__Municipios-Marbella-paga-600000-euros-ocupar-dominio-maritimoterrestre
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