La división de la sociedad marbellí respecto a los derribos es patente, y el intenso debate sólo acaba de comenzar. El proceso contencioso-administrativo que ha activado la petición de la Junta se prolongará durante varios meses y coincide en el tiempo con la precampaña electoral de las próximas elecciones municipales (mayo de 2007); una época en la que los políticos locales son especialmente sensible a las reivindicaciones vecinales.

Una veintena de comunidades de vecinos ha creado la plataforma ciudadana 29 de marzo (fecha de inicio de la Operación Malaya contra la corrupción municipal) para luchar por la restauración de la legalidad urbanística y "hacer valer las sentencias firmes de derribos" para recuperar los suelos destinados a equipamientos públicos. "La falta de servicios y zonas verdes es clamorosa en Marbella. No se puede por oportunismo político defender ahora la impunidad de gente que ha construido con un gran desprecio hacia la ley. La Constitución garantiza el derecho del ciudadano a que las sentencias judiciales sean ejecutadas", reclama Rafael Ávila, portavoz de Ecologistas en Acción y miembro de la plataforma.

Este foro busca abrir una brecha social y realizar una llamada de atención a la clase política marbellí para que no obstaculice los derribos. "Los políticos deben ver que el pueblo quiere que se cumpla la legalidad, y que no ocurre como ellos presumen. Si no, Marbella se quedará coja para siempre en infraestructuras", añade Ávila.

Indemnizaciones

La plataforma, que va a ser ampliada a una treintena de comunidades de vecinos, quiere personarse como afectada en las causas abiertas por las peticiones de derribos "porque se trata de los derechos de los ciudadanos y su calidad de vida", pero será el juez el que decida si concede audiencia a los vecinos de los edificios aledaños a las viviendas ilegales.

Mercedes Vázquez, secretaria de la asociación Arroyo Guadalpín, representa a unas 500 familias de urbanizaciones como La Virginia y El Capricho, y ha luchado desde 2000 contra la construcción del Hotel Senator y la promoción Jardines del Príncipe. Ambas edificaciones son contrarias al Plan General vigente de 1986 y están precintadas por la comisión gestora. A juicio de Vazquez, los compradores "de buena fe deberán ser indemnizados, pero hay afectados primarios que compramos pensando en equipamientos y ahora vemos moles enormes. La decisión del juez nos parecerá bien siempre que se ajuste a la ley".

Por el contrario, las comunidades de vecinos de los edificios ilegales pergeñan los estatutos de una plataforma "de ciudadanos afectados", que exprese su repulsa por unos derribos que puede dejarles sin casa. El principal objetivo de dicha plataforma es lograr un acuerdo de las fuerzas políticas locales "que evite el derribo de todo edificio habitado".

"Por ahora estamos en la plataforma las comunidades afectadas por las siete primeras sentencias, pero hasta que otros vean que les puede llegar la hora", expone con crudeza José Ortiz, presidente de la comunidad de vecinos del emblemático edificio Banana Beach, que alberga 238 viviendas. En total, la Junta va a pedir la demolición de unas 5.000 viviendas, que se han alzado sobre suelos destinados en el planeamiento a sistema general de equipamientos y zonas verdes, pues considera muy grave la pérdida de dotaciones que ha sufrido la ciudad durante los últimos quince años.

Hasta ahora, el TSJA ha declarado ilegales unas 2.800 viviendas en 33 sentencias distintas, aunque sólo 17 son firmes (785 viviendas). Y, entre las sentencias firmes, sólo siete (334 viviendas) hacen referencia a edificios que se construyeron sobre suelo público o zonas verdes. El TSJA ya ha recibido la petición formal de demolición por parte de los servicios jurídicos de la Junta para estas 334 primeras viviendas, pero el proceso judicial será lento. El tribunal pedirá las opiniones del Ayuntamiento, de la Junta y de los compradores y residentes de las viviendas afectadas ante un asunto que puede originar indemnizaciones millonarias, y a las que tendría que hacer frente un consistorio (por dar las licencias cuando estaba gobernado por el GIL o sus sucesores) con las arcas municipales sin liquidez alguna.

Entre ambos bandos de esta batalla soterrada, el presidente de la comisión gestora, Diego Martín Reyes, ha matizado como un equilibrista su postura inicial, favorable a las demoliciones: "Hay argumentos en la ley para circunscribir las demoliciones sólo en aquellos casos que fueran absolutamente imprescindibles, porque estuviesen vinculados a la realización de un proyecto que arrojara un beneficio muy importante para la ciudad".