Una vez presentada públicamente, la Plataforma 29-Marzo expone en este espacio abierto el manifiesto que supone la base de sus objetivos, con el propósito de favorecer un amplio debate y participación que acompañen la consecución de sus fines. MOTIVOS PARA LA CREACIÓN DE ESTA PLATAFORMA
A la vista de la confusa situación surgida del conflicto de intereses en la resolución de los problemas urbanísticos existentes en nuestra ciudad, hemos considerado de utilidad y de la máxima conveniencia para el bien común la creación de una plataforma que acoja en su seno a todos aquellos CIUDADANOS AFECTADOS POR LAS EDIFICACIONES ILEGALES, que somos absolutamente todos, Y EN DEFENSA DEL INTERES PÚBLICO DE MARBELLA.
Es evidente que las edificaciones ilegales constituyen una violenta afrenta contra el desarrollo urbanístico coherente en Marbella y San Pedro Alcántara, tanto el presente como el futuro, consolidando problemas de imposible solución en zonas muy masificadas.
Es justo pensar que la legalización de las edificaciones ilegales supone imponer el derecho de unos pocos propietarios frente a toda la colectividad que se ve afectada. La hipotética legalización de las edificaciones ilegales representa un gravísimo agravio comparativo a todos los vecinos que rodean estas construcciones, que han visto como han perdido calidad de vida, han perdido vistas, han perdido horas de sol, han perdido intimidad y como sus propiedades han perdido valor patrimonial
El no cumplimiento de las sentencias de demolición de las edificaciones ilegales representa un insulto a muchos vecinos, colectivos y asociaciones de Marbella y San Pedro Alcántara que, desde su inicio, las han venido denunciando en el Juzgado, en sede administrativa, en la calle y en todos los foros posibles.
Las edificaciones ilegales ocupan suelos dotacionales públicos que pertenecen no sólo a todos los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara sino también a las generaciones venideras.
Asimismo, las edificaciones ilegales impiden que los vecinos de Marbella y San Pedro Alcántara puedan disponer de los suelos sanitarios, escolares, deportivos, institucionales, sociales, culturales, así como viarios, aparcamientos, zonas verdes, etc., con que el PGOU de 1986 dotaba a zonas con altos niveles de masificación urbanística.
En consecuencia, las edificaciones ilegales obligan a nuestros hijos a tener colegios mal ubicados, muy lejos de sus lugares de residencia y con enormes problemas de acceso.
Además, las edificaciones ilegales impiden poder disponer de suelos sanitarios adecuados en zonas próximas a usuarios y enfermos.
Por último, las edificaciones ilegales impiden la implantación de parques, zonas verdes o lugares de juegos infantiles en zonas próximas a las grandes aglomeraciones urbanas de nuestro municipio.
En el T.M. de Marbella existe en la actualidad un parque de 80.172 viviendas, de las que 35.252 son vivienda principal, 25.859 segunda residencia y un total de 16.418 viviendas vacías. Según estas cifras, Marbella tiene más viviendas vacías que ciudades como Córdoba o Jaén y ello cuando, según informes de la UNESCO, más del 25% de la población española no puede acceder a su primera vivienda, derecho reconocido en nuestra constitución en su artículo 47.
El daño que producen en Marbella y San Pedro Alcántara las edificaciones ilegales es muy superior al daño que el cumplimiento de las sentencias de su demolición ocasionaría a los llamados “propietarios de buena fe”. Marbella, 17 de Diciembre de 2006
Publicado el 19 diciembre 2006 a 19:22 Por Plataforma 29-marzo
NACE LA PLATAFORMA DE VECINOS PARA PEDIR LA EJECUCIÓN DE SENTENCIAS JUDICIALES EN MARBELLA El foro apoya la drástica medida aunque ésta conlleve demoliciones J. MARTÍN- ARROYO - Marbella - 19/12/2006
La plataforma vecinal 29 de marzo se presentó ayer en Marbella para solicitar el cumplimiento de las sentencias judiciales firmes que podrían devenir en el derribo de los edificios ilegales.
Tras la petición de la Junta al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) para que ordene la demolición de 334 viviendas, la controversia generada en Marbella ha copado el debate social. Los vecinos de una decena de comunidades de propietarios de edificaciones aledañas a los inmuebles ilegales presentaron ayer su plataforma junto a Ecologistas en Acción."Nuestro propósito es salir al paso de la manipulación que pretende enfrentarnos con los propietarios de los pisos que podrían demolerse. Ellos también son afectados por los edificios ilegales porque comparten nuestras carencias de parques, colegios, y equipamientos de sanidad", resumió ayer Rafael Ávila, uno de los tres portavoces de la plataforma. En dicho foro están incluidas una decena de comunidades de vecinos de barrios como Las Chapas, Artola, Guadalpín y San Pedro Alcántara, así como la Federación de Asociaciones de Vecinos.
A pesar de que la división es patente en la sociedad marbellí, este foro pretende evitar el enfrentamiento con los compradores de buena fe de las viviendas ilegales, a los que recuerda que son ciudadanos que asimismo sufren esta patente carencia de espacios públicos que vive la ciudad tras los quince años de gilismo. Estas comunidades de vecinos de los edificios ilegales han creado en paralelo una plataforma que exprese su repulsa por unos derribos que puede dejarles sin casa.
El principal objetivo de dicha plataforma es lograr un acuerdo de las fuerzas políticas locales "que evite el derribo de todo edificio habitado". Por el contrario, la Plataforma 29 de marzo aboga por el cumplimiento de la legalidad y las sentencias que dicten los jueces en los procesos contencioso-administrativos abiertos, aunque estos conlleven la demolición de viviendas habitadas y el Ayuntamiento deba afrontar indemnizaciones millonarias."Hay que devolver la legalidad a este pueblo. Hay precedentes en Cantabria donde una urbanización ilegal fue demolida y los propietarios indemnizados. Queremos que las sentencias judiciales sean cumplidas porque es un derecho constitucional", insistió Ávila.
La plataforma considera que la hipotética legalización de las edificaciones ilegales representaría un gravísimo agravio comparativo a todos los vecinos que rodean estas construcciones. "Han visto como han perdido calidad de vida, han perdido vistas, han perdido horas de sol, han perdido intimidad y sus propiedades han perdido valor patrimonial", expresaron en un comunicado. Asimismo consideran que dicha legalización conllevaría imponer el derecho de unos pocos propietarios frente a toda la colectividad que se ve afectada. "Supondría un insulto a muchos vecinos, colectivos y asociaciones que las han venido denunciando en el Juzgado, en sede administrativa, en la calle y en todos los foros", añadieron.
Los portavoces de la plataforma alegaron ayer que en la ciudad existe un parque de viviendas que cuenta con numerosas casas como segunda residencia. Marbella cuenta con un parque de viviendas en torno a las 80.000 unidades, según la última revisión realizada por la Junta. De éstas, más de 35.000 poseen un uso como vivienda principal, el 44%, 25.800 son viviendas secundarias, propiedad de visitantes y turistas de la ciudad y 16.400 se encuentran vacías a la espera de ser vendidas, alquiladas, y en muchos casos, regularizadas o desprecintadas.
La plataforma solicita que todas las edificaciones ilegales queden fuera de ordenación en el nuevo Plan General que elabora la Junta. Estas edificaciones incluyen los bloques construidos en suelos públicos, los edificios con aumento de edificabilidad y los situados en suelos calificados como no urbanizables.
"El daño que producen las edificaciones ilegales es muy superior al daño que el cumplimiento de las sentencias de su demolición ocasionaría a los llamados propietarios de buena fe", apuntó ayer Ávila. La intención de la plataforma es que las diferentes comunidades de vecinos se personen en los procesos judiciales en marcha como "personas afectadas", tal y como les permite la Ley, según anunció ayer la abogada de la plataforma, Lourdes Pérez.
Fuente: http://www.elpais.com/articulo/andalucia/Nace/plataforma/vecinos/pedir/ejecucion/sentencias/judiciales/Marbella/elpepuespand/20061219elpand_9/Tes
Colectivos ciudadanos piden que se ejecuten las órdenes de demolición de viviendas ilegales
Yolanda Jarczewska, Lourdes Pérez, Rafael Ávila y Corinna Nath Mertgen, integrantes del '29 Marzo'. / J-L
La Plataforma 29 Marzo exige que estas edificaciones no se legalicen «por la puerta de atrás» Quieren participar en la redacción del nuevo plan ROSARIO FLORES/MARBELLA
La decisión de la Junta de Andalucía de solicitar al alto tribunal andaluz que ejecute siete sentencias firmes y ordene la demolición de 334 viviendas ilegales ha dividido a la ciudadanía. A la recién creada plataforma vecinal en contra de estos derribos, le ha salido competencia.
La Plataforma 29 Marzo -en conmemoración de la fecha en la que se inició la 'operación Malaya' contra la corrupción municipal en el Consistorio marbellí- no quiere dar su brazo a torcer en esta pugna y exige, sin tapujos, que se ejecuten dichas órdenes judiciales firmes contra edificaciones levantadas al margen del Plan del 86, cuyas licencias municipales de obras -impugnadas por el Gobierno andaluz- ya han sido suspendidas con carácter definitivo.
Varias comunidades de propietarios y asociaciones vecinales de la ciudad, Ecologistas en Acción, la Asociación en Defensa del Guadalpín, la Federación de Residentes Extranjeros de Andalucía y los comités de empresa del Don Miguel y del Don Pepe, han aunado sus fuerzas en una plataforma asamblearia para «defender el interés público de Marbella» y para que «el imperio de la ley vuelva a la ciudad». Así lo manifestó ayer Rafael Ávila, de Ecologistas en Acción, que asume una de las tres portavocías creadas en el seno del 29 Marzo.
Sus planteamientos son claros. Consideran que estas promociones levantadas al margen de la legalidad urbanística vigente «consolidan un modelo de desarrollo urbanístico que pone en peligro el futuro de la ciudad». En este sentido, insisten en que ocupan zonas destinadas a equipamientos públicos, como colegios, institutos y centros de salud, así como espacios verdes y de ocio.
En el comunicado remitido por estos colectivos ciudadanos, se apunta que la legalización de las promociones ilegales «supone imponer el derecho de unos pocos propietarios frente a toda la colectividad que se ve afectada», a lo que añade el escrito: «Representa un agravio comparativo a todos los vecinos que rodean estas construcciones, que han visto cómo han perdido calidad de vida, vistas, horas de sol e intimidad y cómo sus propiedades han perdido valor patrimonial». Además, consideran que «se están manipulando con fines electorales» las cifras sobre estas casas. «Hablar de 30.000 familias afectadas es pura invención», subraya.
Reclamación El portavoz de la Plataforma 29 Marzo va más allá, al reclamar que estas construcciones «no sean legalizadas por la puerta de atrás y que todas las decisiones se adopten en favor del interés público de la ciudadanía». «El no cumplimiento de las sentencias de demolición de las edificaciones ilegales representa un insulto a muchos vecinos, colectivos y asociaciones de Marbella y San Pedro Alcántara, que desde su inicio las han venido denunciando», señalan desde el 29 Marzo. Además, quieren estar presentes en las negociaciones para la redacción del nuevo Plan General de Ordenación Urbana.
Otro de sus principales caballos de batalla estará en los juzgados. Según informó Lourdes Pérez, abogada de Ecologistas y una de las afectadas, las comunidades de propietarios «tienen pensado» personarse, en la fase de ejecución, en todas las sentencias firmes en las que se declara nulo el permiso municipal de obras y se ordena el derribo. Incluso la nueva plataforma se plantea «en un futuro» seguir estos mismos pasos. Según Ávila, «el daño que producen en Marbella y en San Pedro las edificaciones ilegales es muy superior al daño que el cumplimiento de las sentencias de su demolición ocasionaría a los propietarios de buena fe». Fuente: http://www.diariosur.es/prensa/20061219/marbella/colectivos-ciudadanos-piden-ejecuten_20061219.html Crean una plataforma en defensa de la ejecución de sentencias de demoliciones
Una quincena de colectivos vecinales y sociales de Marbella han constituido una plataforma para defender la ejecución de las sentencias de demolición sobre las edificaciones ilegales existentes en el municipio malagueño.
Según explicó a Efe el portavoz de la plataforma, Rafael Avila, el objetivo del colectivo, que se presentó hoy en el Ayuntamiento, es que el interés general de los ciudadanos de Marbella prevalezca sobre el particular de los compradores de las construcciones irregulares que están denunciando 'desde 1991'.
La 'Plataforma 29 de Marzo' -que toma su nombre de la fecha en la que se produjo la primera fase de la 'Operación Malaya'- está integrada por una decena de comunidades de vecinos, la Asociación de Extranjeros Residentes en Marbella, los comités de empresa de los hoteles Meliá Don Pepe y Don Miguel y Ecologistas en Acción.
'No podemos consentir que se negocie la legalización por la puerta de atrás de una actuación ilegal continua y deliberada', apuntó el portavoz del colectivo, que señaló que 'las sentencias judiciales están para ser ejecutadas'. Avila indicó que no es competencia de la plataforma enjuiciar la buena fe de los compradores, pero destacó que el número de afectados 'no es tan elevado como cuentan', porque el número de viviendas ocupadas como primera residencia 'no alcanza el cuarenta por ciento'. En este sentido, el representante del colectivo y portavoz de Ecologistas en Acción recordó que el número de viviendas existentes en la ciudad supera las 80.000, de las cuales más de 28.000 son vivienda principal, cerca de 25.900 son segunda residencia y más de 16.400 se encuentran desocupadas.
Subrayó que las edificaciones ilegales ocupan suelos públicos que 'pertenecen' no sólo a los vecinos de Marbella, 'sino también a las generaciones venideras', y el incumplimiento de las sentencias de demolición 'representa un insulto' a aquellos que han denunciado dichas actuaciones tanto públicamente como en los juzgados. Para la plataforma, la hipotética legalización de las construcciones supondría 'un gravísimo agravio comparativo' para los vecinos que rodean las mismas, 'que han visto cómo han perdido calidad de vida, vistas, horas de sol e intimidad, y cómo sus propiedades han perdido valor patrimonial'.
Avila indicó que el colectivo quiere además ser tenido en cuenta a la hora de elaborar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Marbella con el fin de que 'no se legalicen actuaciones ilegales a través de modificaciones puntuales'.
Fuente: http://actualidad.terra.es/nacional/articulo/crean_plataforma_defensa_ejecucion_sentencias_1281962.htm
Crean en Marbella una plataforma en defensa de la demolición de edificios ilegales ABC.MARBELLA
Una quincena de colectivos vecinales y sociales de Marbella han constituido una plataforma para defender la ejecución de las sentencias de demolición sobre las edificaciones ilegales existentes en el municipio malagueño.
Según explicó a Efe el portavoz de la plataforma, Rafael Ávila, el objetivo del colectivo, que se presentó ayer en el Ayuntamiento, es que el interés general de los ciudadanos de Marbella prevalezca sobre el particular de los compradores de las construcciones irregulares.
La «Plataforma 29 de Marzo», que toma su nombre de la fecha en la que se produjo la primera fase de la «Operación Malaya», está compuesta por una decena de comunidades de vecinos, la Asociación de Extranjeros Residentes en Marbella, los comités de empresa de los hoteles Meliá Don Pepe y Don Miguel y Ecologistas en Acción.
Menos del 40% son afectados Ávila indicó que no es competencia del colectivo enjuiciar la buena fe de los compradores, pero destacó que el número de afectados «no es tan elevado como cuentan», porque el número de viviendas ocupadas como primera residencia «no alcanza el 40%».En este sentido, el representante del colectivo y portavoz de Ecologistas en Acción recordó que el número de casas existentes en la ciudad supera las 80.000, de las cuales más de 28.000 son vivienda principal, cerca de 25.900 son segunda residencia y más de 16.400 se encuentran desocupadas.Subrayó que las edificaciones ilegales ocupan suelos públicos que «pertenecen» no sólo a los vecinos de Marbella, «sino también a las generaciones venideras».
Fuente: http://www.abc.es/20061219/andalucia-andalucia/crean-marbella-plataforma-defensa_200612190314.html
Una plataforma pide el cumplimiento de las sentencias de derribo en Marbella Adolfo Valenzuela. MARBELLA.
La posibilidad de que se produzcan demoliciones en Marbella está dividiendo a la ciudadanía. Tras la constitución de una plataforma formada por compradores de viviendas ilegales que defienden que no haya derribos y se pase página, ayer se presentó otra bajo el nombre 29 de marzo, fecha en la que dio comienzo la operación Malaya, que sostiene que las sentencias judiciales deben ejecutarse para que “el imperio de la ley vuelva a la ciudad”.
Uno de los miembros de este colectivo, Rafael Ávila, señaló que las promociones que se hicieron al margen del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1986 no se pueden mantener porque suponen “el desarrollo de un modelo urbanístico que pone en peligro el futuro de la ciudad”. La plataforma, compuesta por varias comunidades de propietarios afectados por obras ilegales, ecologistas y sindicatos, cree que la no ejecución de los dictámenes de los jueces dejaría “vacías de contenido” las denuncias que durante años han realizado las distintas asociaciones y se avalaría “la filosofía de los delincuentes que decían que una casa ocupada no se puede demoler”.
Durante la presentación, Ávila comentó que 29 de marzo estará pendiente de que no se legalicen “por la puerta de atrás” estas viviendas, porque “todos los vecinos somos víctimas de la falta de equipamientos”. Por esta razón, solicitarán una reunión con el vocal de Urbanismo, Rafael Duarte, y con el director de la Oficina de Planeamiento, José María Ruiz Povedano, para “estar presentes en la tramitación del PGOU”. También matizó las informaciones dadas sobre el número de afectados. “Se dice que se van a quedar sin vivienda miles de familias para sacar rédito electoral y eso no es más que una invención porque el 32 por ciento de las ilegales son segunda residencia y un 21 por ciento están vacías”, continuó.
Fuente: http://www.diariomalagahoy.com/27971_ESN_HTML.htm | |