El acuerdo con la Fiscalía que pretenden sacar adelante las defensas del resto de Malayos, colaboradores necesarios en el desastre urbanístico de Marbella, queda ridículo como castigo en comparación con el daño causado.
Se debería incorporar a la manifestación una fuerte protesta contra ese acuerdo a punto de ser aprobado.
El acuerdo para concentrar las condenas por licencias ilegales en Marbella y aún no sellado, recoge tramos de 6, 9 y 12 meses de cárcel · El mayor castigo será para los que aprobaron el PGOU en 1998
Esperanza Codina, málaga | Actualizado 11.04.2008 - 10:04
El pacto que intentan cerrar la Fiscalía y los ex ediles del GIL imputados en delitos urbanísticos para agilizar los casos por licencias ilegales en Marbella y concentrar las penas, pendiente de recibir el visto bueno de los órganos superiores del Ministerio Público, prevé tres condenas diferentes de seis, nueve y 12 meses de cárcel por delito en función de la Corporación a la que pertenecieron los acusados. Según fuentes cercanas a la negociación, la de 1995 estaría en lo más alto de la tabla, con un año de prisión, seguida por la de 1999 y la de 2003, que es la que presidió la ex alcaldesa, Marisol Yagüe. El Código Penal prevé hasta dos años de cárcel para este tipo de delito.
Los grupos se han establecido por los años de gobierno en el Ayuntamiento, circunstancia vinculada a si los concejales de turno autorizaron el proyecto básico de las obras o el de ejecución. Según dijo el jueves el abogado Ernesto Osuna, uno de los aspectos que habría tenido en cuenta la Fiscalía para castigar con una pena más alta la actuación de los ediles de la comisión de gobierno de 1995 es que aprobaron el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de 1998, el promovido por Jesús Gil que nunca fue aprobado por la Junta y que dio cobertura a todas las licencias ilegales de Marbella.
El objetivo del pacto es agilizar las causas porque existe un límite legal de cumplimiento de condena, ya que los delitos urbanísticos se consideran conexos. El Código Penal establece que ese tope de condena sería el triple de la pena impuesta, es decir, en caso de que el acuerdo se cierre en los términos actuales, los ex concejales cumplirían un máximo de tres años, 27 meses o 18 meses de prisión, según el caso.
Este acuerdo aún no está cerrado y debe recibir el visto bueno de
El futuro pacto se ciñe a los casos por delito urbanístico, se limita a las licencias ilegales y no afecta al resto de procedimientos en los que están imputados algunos ex concejales de Marbella, como Malaya o las investigaciones de los convenios urbanísticos que dirige
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Julián Muñoz, Manuel Calle, Marisa Alcalá y Dolores Zurdo fueron condenados a un año de cárcel que se conmutó por una multa de 7.200 euros.
Ernesto Osuna explicó que las penas impuestas van en la línea de lo que recogerá el futuro acuerdo que los abogados defensores negocian con la Fiscalía.
Fuente: http://www.diariodesevilla.es/article/andalucia/100093/pacto/entre/la/fiscalia/y/los/ex/ediles/gil/preve/penas/hasta/ano.html