Opinión
-Rafael Torres-
Una cosa es evitar la injusticia, y otra, muy distinta, consolidarla, que es lo que la alcaldesa Ángeles Muñoz y su PP de Marbella pretenden hacer con las aberraciones urbanísticas perpetradas por los delincuentes que se apoderaron durante quince años del Ayuntamiento para robar a dos manos e impunemente los recursos, todos los recursos, del hermoso enclave malagueño. De las 18.000 viviendas ilegales construidas por aquellos atilas, los Gil, Roca, Muñoz, Yagüe y compañía, bien que con el beneplácito expresado en las urnas de una mayoría de electores alienados o suicidas, la actual alcaldesa, que se revela como continuadora de semejante obra de destrucción, quiere salvar de la piqueta las 500 en que un blando y contemporizador Plan General de Ordenación Urbana auspiciado por la Junta de Andalucía había cifrado como únicas que necesariamente habrían de demolerse, salvando todas las demás, esas 17.500 que también se erigieron en suelo público, en zonas verdes, en los lugares donde habrían de ir colegios, parques de bomberos o centros de salud, o sobre dunas o ruinas milenarias, o arrasando pinares, o en medio de ramblas peligrosas.
La alcaldesa, Ángeles Muñoz, que se presentó como enésima "salvadora" de la ciudad, pretende no demoler ni una sola amparándose en que, habiendo obrado los compradores de buena fe, es de justicia legalizarles sus viviendas ilegales, como si la legalidad pudiera estirarse y encogerse, como una goma, a gusto del consumidor.
Lamentablemente,